El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue el poder ejecutivo unipersonal creado el 31 de enero de 1814 por la Asamblea del Año XIII para las Provincias Unidas del Río de la Plata, de acuerdo al cual un director supremo ejercía el gobierno por un mandato de dos años.
A diferencia de los gobiernos que tuvieron lugar tras la Revolución de Mayo la autoridad era ejercida por una sola persona en lugar de un grupo de personas, procurándose así hacer frente a la amenaza del Ejército Realista, agravada por enfrentamientos internos patriotas. El título no tenía las características propias de un sistema presidencial.
Comúnmente conocido como el nombre institucional de Directorio, con el fin de evitar los abusos de poder, debía estar integrado además por un Consejo de Estado compuesto por 7 personas, y responder ante un Congreso destinado a ejercer funciones legislativas.
En septiembre de 1813, la Asamblea del Año XIII decidió suspender sus sesiones, facultando
El 1º de octubre se facultó a cinco diputados para convocar a la Asamblea solo en caso de gravedad y por asuntos urgentes, manteniendo así las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo.
A pedido del Poder Ejecutivo, en enero de 1814, se convocó a los diputados para sesionar. El Triunvirato, dirigiéndose a la Asamblea expresó:
Luego de extensos debates, la Asamblea reformó -el 26 de enero de 1814- el Poder Ejecutivo creando el Directorio.
Después de la renuncia de José Rondeau, provocada por la derrota en la Batalla de Cepeda, asumió interinamente Juan Pedro Aguirre, quien no pudo retener su cargo, por lo que el Congreso se disolvió y el Cabildo asumió el mando de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Con la disolución del Congreso se inició la llamada Anarquía del Año XX. Días después designó una Junta de Representantes que tuvo como misión nombrar al nuevo gobernador.
A partir de allí, con la carencia de una constitución que regulara la organización del país, la conducción de la Provincias Unidas Del Río de la Plata fue ejercida en forma fáctica por los gobernadores bonaerenses. Legalmente solo se encargaron de las relaciones exteriores, pero el manejo del puerto de Buenos Aires les permitió ejercer una fuerte presión política sobre las provincias del interior.
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