Las elecciones vicepresidenciales de Guatemala de mayo de 2015 se llevaron a cabo el jueves, 14 de mayo de 2015 tras la crisis que se creó por el descubrimiento del Caso de La Línea el 16 de abril del mismo año. Fueron elecciones extraordinarias e indirectas para reemplazar el puesto de Vicepresidente de Guatemala que había quedado vacante por la renuncia de Roxana Baldetti, situación que invoca al artículo 189 de la Constitución de Guatemala, por lo que los diputados del Congreso votaron por ternas compuestas de tres personas que fueron elegidas por el Presidente de Guatemala. Se tenían previstas dos vueltas de votación pero debido al conseso de los diputados por designar a Maldonado, solamente hubo una ronda. Triunfando con 115 votos y 29 en contra.
En abril de 2015, el secretario privado de Roxana Baldetti, vicepresidente de Guatemala, fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser el cabecilla de una importante banda dedicada a la defraudación al fisco guatemalteco, en un caso que ha sido denominado como el caso de La Línea. Aunque no fue incluida en el listado de acusados que presentó la CICIG, se sospechó desde un principio que los seudónimos «La R», «La 2» y «La Señora» —los cuales se mencionan en las miles de escuchas telefónicas presentadas por la CICIG y el Ministerio Público— hacían referencia a Roxana Baldetti, por lo que el 25 de abril de 2015 se realizó marcha pacífica exigiendo su renuncia como Vicepresidente.
Se organizaron marchas multitudinarias donde participaron personas de todas las edades con gran entusiasmo, mismas que fueron convocadas principalmente por Un grupo llamado anónimos Guatemala en las cuales se demostró el repudio hacia el actual gobierno y hacia los principales partidos políticos del país. No obstante no se ha producido una propuesta que ataque frontalmente el sistema que ha permitido que el gobierno de turno se aproveche del erario nacional. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala aunque el 53% de la población esté por debajo de la línea de pobreza y existan agudos problemas -de ignorancia, racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, y sobre todo impunidad- que tengan a la población a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva. Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupada por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a éstos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la vicepresidente Baldetti Elías -a quien se le inició el trámite de antejuicio el 6 de mayo- no así contra el sistema corrupto que ha funcionado Guatemala por décadas.
Tras descubrirse una serie de capturas que se realizaron el 8 de mayo de 2015, el presidente Otto Pérez Molina anunció que Baldetti Elías había renunciado al cargo de vicepresidente.
El 11 de mayo, Otto Pérez Molina anunció que la terna para sustituir a Baldetti, era integrada por Carlos Contreras, Ministro de Trabajo; Adela de Torrebiarte, comisionada presidencial para la reforma policial; y Adrián Zapata, secretario ejecutivo del gabinete de Desarrollo Rural.
El 14 de mayo, Pérez Molina propuso una nueva terna, ya que Carlos Contreras tenía impedimento constitucional para ser Vicepresidente, ya que la constitución establece que no podrán aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia, el que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección. Nominó a Oliverio García, diputado del Congreso para sustituir a Contreras pero el Congreso no llegó a ningún consenso por lo que nominó al magistrado Alejandro Maldonado Aguirre para sustituir a García. Maldonado fue elegido el 14 de mayo como nuevo Vicepresidente de Guatemala, derrotando fácilmente a Torrebiarte y Zapata.
Alejandro Maldonado Aguirre,
magistrado de la CC desde 2006
Adela de Torrebiarte,
comisionada presidencial desde 2012
Adrián Zapata,
comisionado presidencial desde 2012
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