Escándalo por Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de Argentina
El escándalo por vacunación irregular en el Ministerio de Salud de Argentina, llamado por parte de la prensa escándalo por "vacunatorio VIP" en el Ministerio de Salud (o simplemente "vacunatorio VIP"), se refiere al escándalo político referido a la aplicación de vacunas contra la covid-19 en el Ministerio de Salud de Argentina a ciudadanos que, por las limitaciones dispuestas en el protocolo de vacunación, no debían aún recibir dichas vacunas. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ordenó publicar la lista de los vacunados en el Hospital Posadas o bajo indicación del Ministerio de Salud, que sumaron setenta personas, afirmando que la gran mayoría era personal estratégico, negando que funcionara un vacunatorio VIP en el Ministerio e informando que se trató de «una situación muy puntual, excepcional, equivocada y que se han tomado las medidas necesarias».
El primer acto fue denunciado por la intelectual Beatriz Sarlo, quien denunció que le ofrecieron vacunarse «por debajo de la mesa», y se negó a identificar a las personas que lo hicieron. Ante esta denuncia, Fernán Quirós, el ministro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), indicó que esto no sucedió en su jurisdicción. El 10 de marzo Sarlo modificó su declaración original y se «autocriticó fuertemente, por decir por 'debajo de la mesa'», aclarando que se trató de un ofrecimiento formal, para apoyar una campaña pública a favor de la vacunación, sin que ella supiera los nombres de las otras personalidades que participaban de la campaña, razón por la cual decidió no participar de la campaña.
El segundo acto fue revelado por el periodista Horacio Verbitsky, quien dijo que fue vacunado en las oficinas del Ministerio de Salud de la Nación, dirigido entonces por Ginés González García. Este hecho derivó en el inmediato pedido de renuncia a González García por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fue reemplazado por la entonces secretaria de Acceso a la Salud y viceministra, Carla Vizzotti.
El escándalo se dio en el marco de la escasez de vacunas, de los rumores de vacunación por favoritismo o militancia política y del uso de locales partidarios para que voluntarios inscriban a la población para vacunarse.
Algunos medios de comunicación compararon el hecho con el vacunagate acontecido en Perú. Otros medios lo compararon también con el escándalo en Chile, donde se constató que 37 000 personas, menores de 60 años y sin enfermedades crónicas que no pertenecen a los grupos prioritarios, fueron vacunadas antes de lo establecido en su calendario de vacunación.
El 27 de febrero, una semana después de desatado el escándalo, se realizaron protestas en distintos puntos del país, principalmente en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, convocadas por la oposición al gobierno de Fernández. La forma de protestar de un grupo perteneciente al PRO, que instaló bolsas mortuorias con nombres de políticos y referentes sociales como Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo o el expresidente de la Nación Eduardo Duhalde, fue criticada por distintos sectores de la sociedad y por políticos tanto oficialistas como opositores como algo "siniestro" o "despreciable." Las bolsas mortuorias fueron colocadas por la Juventud del partido Propuesta Republicana (PRO), que según un comunicado era un acto donde "claramente se representan a los argentinos que murieron por el irresponsable manejo de la pandemia" (del gobierno). El expresidente Mauricio Macri, miembro del PRO, apoyó la manifestación. Por estos hechos denunciaron a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff
Previo al escándalo, la vacuna Sputnik V era aplicada a la población considerada esencial o de riesgo, mediante un calendario y protocolo establecidos en la campaña de vacunación contra la COVID-19.
Durante las semanas previas, se dieron a conocer casos de políticos, funcionarios (el presidente, gobernadores, intendentes), «poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones», «figuras públicas se vacunen para apuntalar el plan», militantes políticos y otras personas que no estaban dentro de los supuestos que habilitaban a recibir la vacuna, pero que igualmente la recibieron.
Alejandro Cellillo, Vicepresidente Segundo del Senado bonaerense, manifestó que desaparecieron 400 vacunas y aparecieron en el Hospital de Oncología de Olavarría y refirió que esto se debió a cuestiones ideológicas y no técnicas de salud.
También, algunas personalidades como Beatriz Sarlo habían manifestado que les ofrecieron la vacuna por fuera de los canales formales.
El 18 de febrero de 2021, la prensa comenzó a recibir rumores de un supuesto operativo secreto para conformar un «vacunatorio VIP» en el edificio del Ministerio de Salud de la Nación.
El 19, luego de que comenzaran a darse a conocer versiones sobre el supuesto operativo, el periodista Horacio Verbitsky, uno de los vacunados, decidió comentar el hecho en un programa radial, indicando que fue vacunado en la sede del Ministerio de Salud:
La difusión de este acontecimiento en los medios hizo que se conocieran otras personas que se habrían vacunado incumpliendo las limitaciones que dictaba el protocolo; entre ellos figuran Jorge Taiana (senador), Eduardo Valdés (diputado), Florencio Aldrey Iglesias (Empresario, dueño del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles), Dolores Noya Aldrey (familiar de Aldrey), Lourdes Noya Aldrey (familiar de Aldrey), Dolores Noya Aldrey (familiar de Aldrey), Salomón Schachter (traumatólogo, profesor emérito de la UBA), Seza Manukian (empresario) entre otras figuras importantes.
El diario La Nación aseguró que Ginés González García se reservó 3000 dosis para distribuir entre figuras políticas, a las cuales también accedió su sobrino.
La prensa también dio a conocer que el sindicalista Hugo Moyano, su esposa y su hijo menor habían sido vacunados. Moyano indicó luego que su caso no era el de un "vacunado VIP", sosteniendo que recibió la vacuna (entre las entregadas para el personal sanitario por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) por ser Presidente de dos obras sociales, y sus familiares por trabajar en un sanatorio perteneciente a su Obra Social.
Sin embargo, distintos periodistas y miembros del gobierno nacional indicaron que personas que estaban siendo incluidas en listas de los "vacunados VIP" en realidad habían sido vacunados siguiendo el procedimiento, entre ellos, Estela de Carlotto (de 90 años al momento del escándalo) y Hugo Moyano.[cita requerida] Además, las principales figuras políticas del gobierno, como el presidente Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof fueron vacunados al inicio de la campaña con el objeto de concientizar a la población, por lo que no correspondería considerarlos "vacunados VIP".[cita requerida] En las redes sociales, se difundieron algunas noticias falsas sobre supuestas listas de vacunados.
Entre los ciudadanos extranjeros vacunados irregularmente, se encuentra la abogada, influencer y activista política María José Gómez, quien presuntamente habría suplantado a su pareja, médica cirujana, para ser inoculada con las dos dosis de Sputnik V. Estos hechos se dieron a conocer en redes sociales, luego de que Gómez misma afirmara en varios trinos haber sido vacunada anticipadamente por intermedio de su pareja.
El 26 de febrero, la nueva ministra Carla Vizzotti firmó una resolución que define quiénes serán considerados como “personal estratégico” y establece un sistema para transparentar el proceso de vacunación.
El 22 de febrero, el gobierno de la Nación comunicó una lista de personas que fueron vacunadas por la estructura del Hospital Posadas a pedido del Ministerio de Salud. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró que «la gran mayoría de las personas incluidas en el listado brindado por el Hospital Posadas son personal estratégico [...] Es decir, son relevantes para mantener el funcionamiento del Estado».
El periodista Roberto Navarro echó a Horacio Verbitsky de su radio El Destape manifestando que “Es una inmoralidad lo que hizo”. A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización de la cual Verbitsky es miembro, también tomó distancia de la situación y en su cuenta de Twitter mostró el rechazo indicando: "Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias". A raíz del escándalo, Verbitsky también solicitó una licencia en el CELS, pedido que fue aprobado por la Comisión Directiva de la organización. Como reemplazo, asumió la presidencia de manera interina la académica y militante de derechos humanos Sofía Tiscornia mientras la organización inicia una transición en sus formas de gobierno.
El Presidente de la Nación quitó al senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdés, acusados de haberse vacunado irregularmente, de la comitiva de un viaje oficial que se iba a realizar hacia México.
Una vez hecho público el hecho derivó a que el presidente Alberto Fernández solicitara la renuncia a Ginés González García. González García entregó una carta de renuncia, alegando que hubo un "error involuntario" de su secretaría privada.
Mediante el Decreto 118/2021, se aceptó la renuncia agradeciéndole "al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", y mediante el Decreto 119/2021 fue reemplazado por Carla Vizzotti desde el 20 de febrero.
Tras el escándalo, se presentaron quince denuncias en la Justicia federal contra Ginés González García, Carla Vizzotti, Alberto Fernández, Hugo Moyano, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Ginés González García y Horacio Verbitsky por supuesto "abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público", indicando que "resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal", y calificando el hecho como "un acto de inusitada gravedad institucional".
La causa recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y su investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien imputó a González García en principio por "abuso de autoridad". Asimismo, Taiano consideró que "se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo".
El 22 de febrero, personal policial y judicial llevó a cabo un allanamiento en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, donde se secuestró documentación e imágenes de las cámaras de seguridad para corroborar lo denunciado y verificar si hubo más vacunados.
El dirigente de la UCR Alfredo Cornejo manifestó "el oficialismo acaba de destruir la esperanza de los argentinos". Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "en Argentina hay dos clases de personas: los ciudadanos que pagan impuestos y con esos las vacunas, y los amigos del poder, que van al Ministerio y se vacunan".
A su vez en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se presentó «un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por el escándalo del "vacunatorio VIP"».
Al mismo tiempo, se presentaron pedidos de informes, tanto ante el gobierno nacional como ante el de la Provincia de Buenos Aires, por parte de varios legisladores.
Eduardo Valdés expresó que «Ginés me mandó al Ministerio de Salud a que me vacune», a su vez indicó que «Nos citaron en un vacunatorio, había 4 médicos, nada ilegal. Acá no es posible vacunarse ilegalmente porque todo va por escrito, hay un registro» y que «El domingo a la noche sale la comitiva y me parece que es lo que corresponde para una persona de mi edad».
En una declaración conjunta, Taiana y Valdés sostuvieron que "jamás ejercimos un privilegio" para acceder a la vacuna y que sus casos aplican a la categoría prioritaria de personal estratégico: "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del estado", tal cual lo establece el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en Argentina, comprendido en la Resolución 2883/2020.
El 27 de febrero de 2021 se realizó una protesta frente a la Casa Rosada, convocada por la oposición, y con la presencia de figuras como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y los excandidatos presidenciales José Luis Espert y Luis Rosales. Un gran número de personas protestó frente a la Casa Rosada. También hubo protestas en otras zonas del país, entre ellas Bariloche, Córdoba, Neuquén y la Quinta de Olivos. En este último lugar hubo enfrentamientos físicos entre manifestantes opositores y otros con remeras de la CGT.
El 27 de febrero, una semana después de desatado el escándalo, se realizaron protestas en distintos puntos del país, principalmente en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, convocadas por la oposición al gobierno de Fernández. La forma de protestar de un grupo perteneciente al PRO, que instaló bolsas mortuorias con nombres de políticos y referentes sociales como Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo o el expresidente de la Nación Eduardo Duhalde, fue criticada por distintos sectores de la sociedad y por políticos tanto oficialistas como opositores como algo "siniestro" o "despreciable." Las bolsas mortuorias fueron colocadas por la Juventud del partido Propuesta Republicana (PRO), que según un comunicado era un acto donde "claramente se representan a los argentinos que murieron por el irresponsable manejo de la pandemia" (del gobierno). El expresidente Mauricio Macri, miembro del PRO, apoyó la manifestación. Por estos hechos denunciaron a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff
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