Heriberto Manuel Benítez Rivas (Lima, 4 de octubre de 1959) es un abogado y político peruano. Fue Congresista de la República durante los periodos 2001-2006 y 2011-2016.
Nació el 4 de octubre de 1959.
Estudió derecho en la Universidad de San Martín de Porres, obteniendo el título de licenciado en derecho (abogado) en el año 1983.
Entre 1985 y 1990 se desempeñó como asesor legislativo del entonces Senador Javier Valle Riestra. Ha ejercido como abogado en Lima a partir del año 1991, ocupando cargos en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, tales como presidente de su Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos (1997-1999) y director de comisión y consultas de derechos humanos (2000-2001).
En la década de 1990 actuó como abogado en varios casos importantes de defensa de los Derechos Humanos bajo el régimen autoritario que encabezaba Alberto Fujimori. Intervino como defensor en los casos de La Cantuta, General EP Rodolfo Robles, General EP Jaime Ríos Araico, Sub Oficial EP Leonor La Rosa entre otros; también, defendió al exconsejero regional de Ancash Ezequiel Nolasco para evitar su vacancia e interpuso un habeas corpus en su favor cuando injustamente lo acusaban de ser responsable de actos violentos durante un paro regional en Chimbote. y
Benítez inicia su carrera política en las elecciones del año 2000 donde fue candidato al Congreso por Somos Perú, si bien el partido tuvo representación en el parlamento, Benítez no resultó elegido.
En las elecciones generales del 2001, postuló nuevamente al Congreso, esta vez por el Frente Independiente Moralizador, siendo elegido Congresista para el período parlamentario 2001-2006.
En las elecciones generales del 2011, postuló al Congreso en representación de Ancash por Solidaridad Nacional resultando elegido con 34, 027 votos preferenciales para el periodo parlamentario 2011-2016.
Durante su labor parlamentario fue miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (2011-2012-2013); así como también miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas; también integró la Comisión de Seguridad Ciudadana.
En 2011, en el cumplimiento de sus labores de control político y de fiscalización, presentó una Moción de Orden del Día para que investiguen los actos de corrupción y las sospechosas conmutaciones de pena otorgadas por el expresidente Alan García durante su segundo gobierno (2006-2011), que favorecieron a más de 5000 condenados por tráfico ilícito de drogas y robo agravado; sustentó su pedido en el pleno del Congreso, el tema aprobó e incorporó en la Mega Comisión, comprobándose que la denuncia era cierta y había una acusación constitucional contra Alan García por el tema de los "narcoindultos".
En este periodo parlamentario, también, presentó varias iniciativas legislativas, una referida a la defensa de la libertad de expresión, buscando que se deroguen los delitos cometidos por medio de la prensa; otra para que el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación sean elegidos con el voto de todos los magistrados titulares; una reforma constitucional para que los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público ante el Consejo Nacional de la Magistratura sean también elegidos con el voto de todos los miembros titulares.
Igualmente, presentó un proyecto para modificar el artículo 112 de la Constitución Política y poder instaurar el juicio de residencia a los expresidentes de la república, cuya investigación estaría a cargo del Congreso de la República, por una comisión en la que estén representados todos los grupos parlamentarios, la pesquisa no debería durar más de un año (tiempo en el cual el expresidente de la República no podría abandonar el país) y de esa manera determinar si el gobernante actuó correctamente en el desempeño de su función pública; esto ayudará a que la democracia peruana se fortalezca, sea más sólida y se puedan aplicar sanciones ejemplares.
La instauración del juicio de residencia, con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales, es necesaria ya que en los últimos 30 años, los peruanos hemos tenidos jefes de Estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, delitos de corrupción, lavado de activos y otros graves ilícitos penales; Alberto Fujimori fue inhabilitado hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública y condenado a 25 años de prisión efectiva por crímenes de lesa humanidad, y Alan García esta duramente cuestionado y tiene una denuncia por infracción a la Constitución, por haber otorgado conmutaciones de pena a cerca de 5,000 condenados por tráfico ilícito de drogas y robo agravado durante su segundo periodo presidencial (2006-2011).
Benítez ha sido cuestionado varias veces, pesando sobre él serias denuncias por corrupción; ha sido señalado de estar implicado en el crimen del consejero regional Ezequiel Nolasco.
Ha sido denunciado públicamente por la hija del asesinado Ezequiel Nolasco y por la ex-procuradora anti-corrupción Yeni Vilcatoma como integrante de la cúpula de la red de crimen organizado relacionada al caso de "La Centralita".
El 16 de diciembre de 2014, la Comisión para el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria declaró procedente la solicitud de la Corte Suprema de Justicia del Perú para levantarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas Heriberto Benítez y Crisólogo Espejo.
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