Invasión del Duque de Angulema
Los Cien Mil Hijos de San Luis (conocida en Francia como "l'expédition d'Espagne") fueron un contingente del ejército francés que invadió España en 1823 para restaurar el absolutismo borbónico y sostener el Antiguo Régimen que deseaba imponer Fernando VII de España, y junto a los voluntarios españoles, poner fin a la Guerra Realista y al Trienio Liberal. El ejército francés permaneció ocupando España hasta el año 1828.
Según el marqués de Miraflores, los Cien Mil Hijos de San Luis fueron recibidos por el pueblo español como libertadores al grito de «¡Viva el rey absoluto!» y «¡Viva la Religión y la Inquisición!». El escritor Benito Pérez Galdós novelaría los hechos en Los cien mil hijos de san Luis, uno de sus Episodios nacionales.
La Ilustración y la Revolución francesa de 1789 pusieron en el panorama político al liberalismo. Sin embargo, la situación política en Francia derivaría en el Imperio Francés de Napoleón que, conservando ciertas ideas liberales, proponía la expansión imperial francesa.
En 1808, Francia aprovecha su alianza con España en el Tratado de Fontainebleau (1807), para introducir tropas en el territorio español al mismo tiempo que invade Portugal. Napoleón terminará tomando toda la península ibérica provocando una sublevación de los españoles en Madrid que dio comienzo a la Guerra de la Independencia. En esta guerra, algunos españoles, aún enfrentándose a los invasores franceses, abrazarían las ideas liberales del nuevo siglo, mientras que otros mantendrán las viejas posiciones proclives a que el retorno de Fernando VII, supuesto vástago y sucesor de Carlos IV y de María Luisa de Parma, que junto con su progenitor había abdicado de la monarquía en Bayona, se hiciese en calidad de monarca absoluto.
Las Cortes Españolas de la España libre aprobarían en 1812 en Cádiz una Constitución de orden liberal que, preservando el catolicismo del Estado y la Corona, traía consigo ciertas ideas de liberalismo político y económico tanto para España como para sus territorios en las Indias.
Ya dentro de las propias cortes gaditanas algunos miembros mostraron su oposición a implementar el liberalismo y se mostraron partidarios de conservar por completo las antiguas estructuras absolutistas. En las Cortes este grupo fue denominado los "serviles", aunque esa denominación no se popularizó y se fue sustituyendo por la de absolutistas o realistas.
Sin embargo, cuando los franceses son derrotados, Napoleón Bonaparte acuerda el Tratado de Valençay con Fernando VII, y éste llega a España en 1814. El monarca derogará la Constitución liberal y reinstaurará la monarquía absoluta.
El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del Riego se pronunció y proclamó la restauración de la Constitución de Cádiz y el restablecimiento de las autoridades constitucionales, dando comienzo el Trienio Liberal, donde los liberales se impondrán en España.
Los países europeos, tras el fracaso de Napoleón, ya habían vuelto a reinstaurar las monarquías absolutas y veían con recelo este régimen liberal español. Estos países eran los que habían sido miembros de la Santa Alianza: Prusia, Rusia y Austria, a los que se sumó Francia cuando la monarquía borbónica fue restaurada en ese país.
La resistencia absolutista entre algunos colectivos españoles era palpable y conseguía su apoyo social de aquellos que se habían visto perjudicados con el capitalismo liberal y el liberalismo político, como eran algunas partes del campesinado, el artesanado antiguo de las ciudades, el aparato clerical eclesiástico, la vieja hidalguía y algunos elementos de la nobleza titulada que habían encontrado una buena posición en el Antiguo Régimen.
Desde agosto de 1822 la tensión política fue aumentando en España. Las insurrecciones en el campo tomaban la forma de "partidas" encabezadas por algunos mandos que habían sido combatientes en la guerra de la Independencia (1808-1814) y en algunos casos por militares en activo. También fue habitual en muchos sitios la participación del clero rural o regular, a veces en la cabeza de las partidas o bien instigando a los ideólogos del movimiento. Las partidas tuvieron su máxima extensión en Cataluña, Navarra, el levante interior (Maestrazgo) y menos en algunas zonas de Valencia, Castilla, Aragón, Murcia, Galicia, etc. Esto coincidiría con lo que, posteriormente, sería el mapa de adhesión al carlismo.
Desde 1821 estaban tomando cierta fuerza los grupos de españoles absolutistas que se encontraban exiliados en el sur de Francia, con el apoyo del monarca francés Luis XVIII.
Estos realistas se reunían en una Junta formada en Bayona en torno a la figura del anciano general Eguía. Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, llegó a constituir una regencia absolutista en Urgel el 15 de agosto de 1822 cuando este lugar fue ocupado por los realistas. Fernando VII había aprobado secretamente la creación de esta regencia, de la que también fueron fundadores el obispo de Tarragona, Jaime Creux, y el barón de Eroles, Joaquín Ibáñez Cuevas.
Sin embargo la Regencia no logró el apoyo de los realistas más veteranos como Eguía, Balmaseda, Calderón, Erro y otros, ni de los realistas más jóvenes como Quesada, O'Donnell, etcétera. Tampoco lograron el apoyo de las principales potencias absolutistas. Existían discrepancias entre los que querían el absolutismo a ultranza y los que querían un absolutismo con algunas reformas como había hecho Francia.
El movimiento insurrecto absolutista llegó a reunir un ejército de 30 000 hombres al que se denominó Ejército de la Fe. En él había personas de diversa índole: desde guerrilleros que habían luchado contra el francés, pasando por curas armados, caudillos populares y militares retirados. La insurrección tuvo un desarrollo irregular, con combates más intensos en Navarra y Cataluña, y se constituyeron juntas por España en apoyo a la causa realista entre las que destaca la Junta Apostólica de Santiago de Compostela.
La insurrección ya estaba casi totalmente controlada por el gobierno cuando se produjo la entrada en España de las tropas de duque de Angulema y el movimiento realista casi derrotado acabó como auxiliar de las tropas francesas.
El 26 de enero de 1823, Francia retira a su embajador en Madrid. El 28 de enero, Luis XVIII pronunció un discurso en la apertura de las Cámaras diciendo que "Cien mil franceses estaban dispuestos a marchar invocando al Dios de San Luis para conservar en el trono de España a un nieto de Enrique IV". Con "nieto de Enrique IV" se refería a Fernando VII, descendiente del rey navarro del siglo XVI Enrique III de Navarra (Albret) (luego Enrique IV de Borbón, de Francia). Fernando VII solicitó dicha intervención.
Se produjo una polémica que duró hasta el mes de febrero, pero el ejército francés comenzaba a prepararse. Para evitar pillajes similares a los que se habían llevado a cabo en la invasión napoleónica, el gobierno francés encargó al negociante Gabriel Ouvrard encargarse de toda la operación de aprovisionamiento, que gestionaba con proveedores españoles a los que se les pagaba al contado.
Francia intervino militarmente en España el 7 de abril de 1823 para apoyar a Fernando frente a los liberales y restablecer el absolutismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza. El ejército francés, denominado con el nombre de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue encabezado por el duque de Angulema, hijo del futuro Carlos X de Francia. Otro de los mariscales al mando de parte del ejército fue Bon Adrien Jeannot de Moncey y también participó el príncipe Carlos Alberto de Saboya-Carignano.
El ejército lo formaban 95 062 soldados, formados en cuatro cuerpos y uno de reserva. El ejército español constitucional que se formó para hacerle frente lo formaban unos 130 000 hombres, divididos en cuatro cuerpos de unos 18 000 o 20 000 cada uno y 52 000 hombres apostados en las plazas fuertes. Estaban desmoralizados y mal organizados, solo ofrecieron resistencia con Riego en Málaga, Granada y Jaén, con Francisco Espoz y Mina en Cataluña y las Cortes mismas en Cádiz.
Voluntarios Realistas (Vanguardia) 35 000 efectivos
Ejército francés 55 000 efectivos
Total 90 000 efectivos, conscriptos sin instrucción.
El objetivo fundamental de la intervención francesa era terminar con el gobierno liberal que estaba en el poder desde hacía tres años. Las fuerzas españolas leales se enfrentaron con los franceses en Cataluña al mando de Espoz y Mina, pero no hubo apenas reacción popular de apoyo y debieron retirarse.
Con el avance de las tropas de Angulema, el Gobierno y las Cortes en Madrid decidieron trasladarse a Sevilla, e instaron a que Fernando VII les acompañase. El ejército francés ocupó Madrid sin resistencia y siguió hacia Andalucía en persecución de los liberales.
Una vez en Madrid, los absolutistas decidieron nombrar una nueva regencia. Se reunieron el Consejo de Castilla y el Consejo de Indias y acordaron una regencia en los siguientes términos:
El presidente sería el duque del Infantado Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm. Existírían cuatro vocales: Antonio Ponce de León Dávila, duque de Montemar, Joaquín Ibáñez Cuevas, barón de Eroles, Juan Cavia González, obispo de Osma y Antonio Gómez Calderón. El Gobierno estaba formado por las carteras de Estado, Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia, Marina e Interior de la Península y Ultramar.
El 10 de abril de 1823 llegó la familia real española a Sevilla, y al día siguiente la Comisión Permanente de las Cortes. Hasta el 11 de junio Sevilla fue la capital de España de facto, pero la llegada de las tropas francesas obligó a trasladar la capital a Cádiz, llevándose al monarca con ellos.
Cádiz fue sitiada y bombardeada. La resistencia fue muy fuerte y los franceses no pudieron tomar la ciudad, aunque acabaron con las fortalezas que la protegían, como el fuerte de Trocadero. La situación de los sitiados era desesperada, pues no llegaban refuerzos de parte alguna. Al final se llegó a un pacto: Fernando VII saldría y prometería defender la libertad alcanzada por los españoles con la Constitución de 1812 y a cambio se rendiría la plaza.
Acordado con los franceses, Fernando VII salió de la ciudad, pero de forma inmediata se unió al invasor y el mismo 1 de octubre decretó la abolición de cuantas normas jurídicas habían sido aprobadas durante los tres años anteriores, dando fin al Trienio Liberal.
Entre las reacciones internacionales a la intervención en España podemos citar por ejemplo a James Monroe, presidente de los Estados Unidos: