Masacre de Capilla del Rosario nació en Argentina.
Se denomina masacre de Capilla del Rosario a la muerte de dieciséis guerrilleros tras una operación fallida por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia de Catamarca, Argentina, en agosto de 1974. Hugo Irurzún —alias Capitán Santiago— había comandado el frustrado ataque en Catamarca.
El hecho dio lugar a una causa penal en la que se juzgó a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta —exintegrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 del Ejército Argentino—. En 2008 fueron encontrados culpables en el juicio, pero en 2016 la Cámara Nacional de Casación negó que se hubieran probado los hechos, excluyó que pudieran considerarse delitos de lesa humanidad y absolvió a los acusados. Dicha absolución fue apelada ante la Corte Suprema, y el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la anulación de las absoluciones.
En 1974 el ERP planeó tomar la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, próxima a la localidad cordobesa de Villa María, que sería conocido como el copamiento de la fábrica militar de Villa María y el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 en San Fernando del Valle de Catamarca. El objetivo de ambas operaciones era la toma de las unidades y obtención de armamento a fin de intentar provocar un levantamiento ´popular y tomar el poder.
El jueves 9 de agosto partieron de Tucumán, en un ómnibus alquilado, 47 militantes de la Compañía del Monte «Ramón Rosa Jiménez» del ERP, cuya edad oscilaba entre los 18 y 22 años. Se detuvieron en Banda de Varela (9 km al norte de San Fernando del Valle de Catamarca) donde redujeron al chofer. En ese lugar hicieron contacto con las unidades locales, quienes llegaron con los uniformes militares y el armamento que sería utilizado en el operativo. En la noche siguiente establecieron su base operativa. Poco después de medianoche dos ciclistas que pasaron por el lugar observaron a los guerrilleros preparándose, y dieron aviso a un oficial de la policía de Catamarca, quien inmediatamente dio parte a la División de Investigaciones.
A las 00:30 del 11 de agosto, llegaron al campamento cuatro patrulleros policiales con ocho efectivos, pertenecientes a la División de Investigaciones y la Comisaría 3.ª. Allí se produjo un primer enfrentamiento armado, que finalizó cuando los guerrilleros disfrazados como soldados del Ejército Argentino lograron reducir al grupo policial, este combate dejó como saldo dos militantes muertos, uno gravemente herido y dos policías heridos.
Una vez descubierta la presencia de la guerrilla en Catamarca, el mando del ERP ordenó la retirada. El grueso del grupo principal logró replegarse y quedaron aislados, en distintos grupos, un total de 28 guerrilleros.
El domingo 11, tras una intensa búsqueda, fueron apresados nueve guerrilleros, incluyendo el que había resultado gravemente herido durante el primer enfrentamiento. Otros huyeron hacia la provincia de Tucumán. Los 19 guerrilleros restantes acamparon en las cercanías de la quebrada de los Walther, a 3 km de la Iglesia de Capilla del Rosario, en el pueblito Piedra Blanca. Cinco miembros del grupo guerrillero fueron enviados a conseguir alimentos, vigilar los movimientos de las tropas enemigas y conseguir vehículos para el repliegue, todos ellos fueron apresados.
El lunes 12, la policía envió una comisión para capturar a los guerrilleros restantes. Allí se produjo otro enfrentamiento armado, en el que resultó muerto un oficial. Ante este fracaso, el jefe de la policía provincial, teniente coronel Anello, pidió apoyo al Regimiento 17 e informó la posición de los insurgentes.
Al mediodía llegaron al lugar 60 soldados comandados por un oficial, apoyados por cuatro aeronaves, y se produjeron varios combates y finalmente resultaron muertos todos los guerrilleros. Según fuentes militares, los 14 guerrilleros murieron en combate. Según los autores de Detenidos - Aparecidos. Presas y presos políticos desde Trelew a la dictadura, los guerrilleros lucharon hasta quedarse sin municiones, en ese momento se rindieron, pero fueron golpeados por los soldados y posteriormente fusilados. Los militantes, rendidos y desarmados, fueron fusilados por orden del 2.º comandante del III Cuerpo de Ejército, general de división José Antonio Vaquero, por ir disfrazados vistiendo el uniforme del Ejército. Los fusilados identificados fueron Antonio del Carmen Fernández, Hugo Cacciavillani, Rutilio Betancour, Luis Roque López, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Mario Héctor Lescano, Juan Carlos Lescano, Juan Olivera, Roberto Jerez, Héctor Moreno, Luis Billinger, Raúl Sianz y Pedro Urbano.La policía y el Ejército tuvieron 2 (1 policía y un militar) muertos y 6 heridos en los combates de Villa María y Catamarca.
Conocidos los sucesos, la oposición política al justicialismo cerró filas en apoyo del gobierno en tanto se resquebrajaron los vínculos de Santucho con sus aliados debido al nivel de violencia guerrillera.El periódico Nuestra Palabra, del Partido Comunista calificó a los guerrilleros que actuaron en Catamarca de “agentes de la CIA” y “provocadores ultraizquierdistas: simples “terroristas”.A su vez Santucho respondió en la edición del 14 de septiembre del periódico El Combatiente afirmando que la dirección del PCA había “traicionado al socialismo, a la clase obrera, al pueblo, poniéndose al servicio de la burguesía”.
En el n° 38 del 19 de agosto de 1994 de Estrella Roja, el órgano del ERP, se publicó la nota editorial titulada Villa María y Catamarca. Heroicos combates de las armas del pueblo, en el que decía: "No conocemos en su totalidad la nómina de los compañeros caídos en el combate de Catamarca. Pero todos ellos, que murieron combatiendo heroicamente contra el enemigo, así como los que lo hicieron en Villa María son ya HÉROES DEL PUEBLO."En el n° 39 del 26 de agosto de 1974 de Estrella Roja, se publicó la nota titulada Capilla del Rosario la verdad de lo ocurrido en la que afirma que 5 los 14 guerrilleros que integraban un grupo que se había refugiado en el monte fueron sorprendidos por una patrulla militar y fusilados luego de ser detenidos en tanto los otros 9, incluyendo a Antonio del Carmen Fernández, habían intentado resistir heroicamente hasta ser muertos.
Luego de estos hechos el PRT-ERP estableció:
En agosto de 1974, los familiares y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Clemente Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet presentaron una denuncia por las torturas y el fusilamiento de los detenidos. Marca, Ripodas, Marcolli y Díaz Martínez fueron detenidos posteriormente y permanecieron en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet fueron asesinados por la organización terrorista Triple A.La denuncia fue archivada en el contexto del inicio del terrorismo de Estado.
De los dieciséis cuerpos hubo cuatro que no fueron entregados a sus familias, a pesar de ser identificados por las fuerzas gubernamentales, debido a que portaban documentos de identidad, según consta en el expediente principal de la causa y consecuentemente enterrados en el cementerio capitalino Fray Mamerto Esquiu. Con la reactivación de la causa empezó la investigación para identificar a los guerrilleros. Los restos de los guerrilleros exhumados e identificados corresponden a:
Actualmente hay una placa en homenaje a los fusilados en Capilla del Rosario.
Recién en 2004, con una denuncia presentada por Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y los autores de la masacre e identificar a los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. El juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, en 2009 rechazó el pedido de eximición de prisión que presentaron los exmilitares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, aunque el defensor de ellos, Marcelo Herrera Castellanos, argumentó que los estadounidenses dictaron órdenes similares de ejecución de soldados alemanes sorprendidos con uniforme estadounidense en la Batalla de las Ardenas.
La reactivación de la causa logró corroborar las denuncias gracias a las pericias médicas que establecían que algunas de las heridas presentadas en los cadáveres de los guerrilleros fueron producidas a corta distancia y certeramente en zonas vitales, además de diversos testimonios.
En 2008, el Tribunal Oral Federal de Catamarca dio por probados los fusilamientos de 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y encontró culpables a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta – exintegrantes del Regimiento A -17 del Ejército Argentino – de 14 cargos de «homicidio doblemente agravado» con la calificación de «delitos de lesa humanidad», por lo que fueron condenados a prisión perpetua.
El 9 de junio de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal revocó las condenas y declaró a los acusados «absueltos de culpa y cargo» y se liberaran a los condenados. Nagakama y Carrizo Salvadores fueron liberados, pero Acosta cumple una condena de 22 años por delitos en el centro clandestino de detención «La Perla» de Córdoba. La Cámara Nacional de Casación declaró que era inexplicable que se procesara solamente a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta —exintegrantes del Regimiento 17 del Ejército Argentino—, a pesar de que en el procedimiento llevado a cabo en el monte participaron oficiales del ejército y miembros de la fuerza policial local. Incluso, tampoco se explicaría por qué razón no se han vinculado a esta causa las personas que ordenaron al Ejército que actuara, como los jefes del Regimiento, o hasta las autoridades civiles y la propia Presidente de la Nación, que desde la referida reunión con gobernadores había acordado la intervención de las fuerzas armadas para hechos de esta naturaleza.
En el fallo, los jueces de casación dictaminaron que los hechos no podían constituir crímenes de lesa humanidad; que la acción militar fue ordenada durante un gobierno de autoridades legítimas y que se dispuso en la emergencia recién cuando las fuerzas policiales habían sido superadas y que no es posible afirmar con certeza y más allá de toda duda razonable si verdaderamente se produjo el fusilamiento. Asimismo, rechazaron pruebas utilizadas en la sentencia en primera instancia: los testimonios de los exintegrantes del ERP, de abogados que habrían procurado interceder y negociar antes de que se produjera la masacre, de Antonio Méndez, del ex conscripto José Fernando Gambarella. Además, consideraron inexplicable que se procesara solamente a tres exintegrantes del Regimiento a pesar de que en el procedimiento monte participaron oficiales del ejército y miembros de la fuerza policial local, y que tampoco se explicaría por qué razón no se han vinculado a esta causa las personas que ordenaron al Ejército que actuara, como los jefes del Regimiento, o hasta las autoridades civiles.
El fiscal de la causa recurrió estas absoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En octubre de 2017, el procurador fiscal ante la Corte acordó con los argumentos del fiscal, y solicitó la revocación de las mismas.
Para 2012, el Gobierno de Argentina había señalizado al lugar de la masacre como sitio de la memoria.
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