Escándalo de las mensualidades (en portugués, Escândalo do Mensalão) es el nombre dado a la crisis política sufrida por el gobierno brasileño en 2005 en relación con un caso de corrupción política en la Cámara de Diputados de Brasil. El término «mensalão», en ocasiones adaptado al español como «mensalón», es un neologismo y significa «gran mensualidad» o «gran mesada». Fue acuñado por Roberto Jefferson, uno de los involucrados y principal responsable de que el hecho se hiciera público. El caso tuvo como protagonistas a algunos miembros del Partido de los Trabajadores, Partido Popular Socialista, Partido Laborista Brasileño, Partido de la República, Partido Socialista Brasileño, Partido Republicano Progresista y Partido Progresista.
El sábado 18 de septiembre de 2004, llegó a los quioscos brasileños la edición 1.872 de la revista semanal Veja, con fecha del miércoles 22 de septiembre, en cuya portada se podía leer el titular: "El escándalo de la compraventa del PTB por el PT. Salió por 10 millones de reales". En la página 44, el artículo "10 millones de divergencias" cuenta las bases sobre las que se pudo haber asentado la alianza entre el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de los Trabajadores (PT). Según la publicación, el PT se comprometía a pagar la suma de 150 000 R$ a cada diputado federal del PTB, en pago del apoyo de los parlamentarios del este último partido al Ejecutivo. El incumplimiento de la promesa habría provocado la ruptura entre los dos partidos, lo que vino a culminar con la serie de denuncias de corrupción difundidas a partir de mayo de 2005.
El 24 de septiembre de 2004, el periódico carioca Jornal do Brasil publica en su sección 'Brasil' el artículo "Miro denuncia sobornos en el Congreso", destacado en la primera página con el titular "Planalto paga mensualidades a diputados". El artículo, que hace mención al que había sido publicado anteriormente en la revista Veja, dice que Asesto Teixeira, exministro de las Comunicaciones, había comunicado la existencia del "mensalão" (mensualidad) al Ministerio Público Federal.
Al día siguiente, el mismo Jornal do Brasil publica otra noticia que dice que el entonces Presidente de la Cámara de los Diputados, João Paulo Cunha (PT), se comprometía a investigar profundamente la denuncia. Según el diario, el Presidente Nacional del PPS, Roberto Freire, comentó: "Este asunto circula desde hace meses en el Congreso sin que nadie tenga el valor de encararlo".
El sábado 14 de mayo de 2005, sale a la venta el número 1905 de Veja, con fecha del miércoles 18 de mayo. En la página 54, el artículo "El hombre clave del PTB" denuncia un esquema de corrupción en los Correos, lo que fue destacado en la portada de la revista con el titular "El vídeo de la corrupción en Brasilia". El artículo relata, con base en grabaciones hechas con una cámara escondida, que el director del Departamento de Contratación y Administración de Material de los Correos, Maurício Marinho, les explica a sus interlocutores (dos empresarios) el funcionamiento del esquema de pago de propina para defraudar licitaciones, esquema que sería gestionado por el director de Administración de los Correos, Antônio Osório Batista, y por Roberto Jefferson, diputado federal por Estado de Río de Janeiro y presidente del PTB. El vídeo, anteriormente divulgado por las principales cadenas de televisión, muestra a Marinho desembolsando la suma de 3000 reales, como adelanto para garantizar el fraude.
En función de la participación de agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en la investigación del fraude en los Correos, se sospecha que fue el propio gobierno quien comandó las investigaciones, con el objetivo de engañar y deshacerse de aliados indeseados sin asumir el correspondiente coste político.
A partir de ahí, se traba una batalla política en la que el gobierno intenta sistemáticamente obstruir la instalación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Interrogatorio (CPI) para investigar los hechos.
Un acontecimiento decisivo para la instalación de la Comisión fue el titular del periódico Folha de São Paulo de viernes 3 de junio: "Operación sofoca de la CPI cuesta R$ 400 millones". En el artículo "Operación contra CPI envuelve R$ 400 millones en enmiendas", publicado en la sección 'Brasil', el periódico denuncia que el gobierno estaría liberando la suma antes mencionada en la forma de enmiendas al presupuesto, como moneda de cambio para que el Legislativo no hiciera ninguna investigación.
Ante esa denuncia, buena parte de la base gobernante se une a la oposición y defiende la instalación de la CPI. Frenado y abandonado por sus ex aliados, Roberto Jefferson empieza el contraataque. El lunes 6 de junio, el mismo Folha de São Paulo publica una entrevista con el diputado del PTB, hasta entonces miembro de la bancada aliada del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En la entrevista, Jefferson cuenta que Delúbio Soares, tesorero del PT (el mismo partido del presidente) les pagaba una mensualidad de 30 000 reales a algunos diputados del Congreso Nacional brasileño, para que ellos votaran según la orientación del bloque del gobierno. Roberto Jefferson se refirió a esa mensualidad como "mensalão".
La palabra "mensalão", o mensualidad pagada a los diputados, se vuelve famosa en todo el país por esta entrevista. Según Jefferson, el operador del "mensalão" sería el empresario Marcos Valério de Souza, cuyas agencias de publicidad SMP&B y ADN eran responsables de varias cuentas de órganos públicos. La divulgación de la noticia profundiza la grave crisis política en el gobierno brasileño y el episodio queda conocido como "escândalo do mensalão" o escándalo de las mensualidades.
Después de la denuncia de una operación para acabar con la CPI y de la entrevista con Jefferson, se hace ineludible la instalación de la Comisión para investigar tanto las denuncias de corrupción en los Correos como las mensualidades.
Luego de perder esa batalla, el gobierno asume entonces la conquista de los cargos clave de la CPI de los Correos, instalada el 8 de junio. La presidencia y la relatoría son ambas ocupadas por aliados del Palacio de Planalto: el senador Delcídio Amaral (PT-MS) y el diputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR), respectivamente.
Respecto de la CPI del mensalão, es instalada el 20 de julio, también con aliados del gobierno en los principales cargos. Como presidente es escogido el senador Amir Lando (PMDB-RO) y como relator, el diputado federal Ibrahim Abi-Ackel (PP-MG). Este último fue Ministro de Justicia en el gobierno Figueiredo, época en que fue acusado de implicación en el "escándalo de las joyas".
A continuación, algunos de los principales personajes de la crisis.
La llamada "bancada aliada" está conformada por los partidos que daban apoyo político al PT antes del inicio del escándalo: el Partido Laborista Brasileño (PTB), el Partido Progresista (PP), el Partido Libertador (PL) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
A lo largo de siete años de investigación, la causa acumuló 38 detenidos, 50 mil folios y 650 testimonios, involucrando a cinco partidos políticos, tres exministros y 11 diputados. El juicio comenzó el 2 de agosto de 2012. En la acusación, el entonces procurador general de la República Antonio Fernando de Souza calificó el escándalo como la acción de una «sofisticada pandilla» destinada a comprar el apoyo de partidos para el proyecto político del Partido de los Trabajadores y del expresidente Lula da Silva. En el alegato final, el procurador general Roberto Gurgel lo denominó como «el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público ocurrido en Brasil». Durante el proceso, el abogado defensor de Roberto Jefferson acusó al expresidente Lula da Silva de ser la persona que ordenó el pago de los sobornos e instó a investigar al procurador general por el hecho de no haber presentado cargos contra el mandatario.
El 22 de abril de 2013 el Supremo Tribunal Federal presentó formalmente el texto completo de la sentencia de primera instancia, iniciando al día siguiente el plazo de 10 días para presentar las apelaciones.
El 24 de diciembre de 2015 se publicó en el boletín oficial un decreto otorgándole el indulto a los diputados Roberto Jefferson, Pedro Henry, Romeu Queiroz y Bispo Rodrigues, el exdiretor del Banco Rural Vinícius Samarane y el abogado Rogério Tolentino. Tras ser confirmado por el Supremo Tribunal Federal, recuperaron su libertad el 22 de marzo de 2016. En junio de 2016 la justicia ordenó un embargo contra João Paulo Cunha y Marcos Valério, y amplió las multas a 10,9 millones de reales para Cunha y 536,4 mil reales para Valério, por considerar que se enriquecieron ilícitamente a costa del erario público.
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