Raúl Fernando Torrealba del Pedregal (Puente Alto, 4 de diciembre de 1948) es un empresario y político chileno, exmilitante de Renovación Nacional (RN). Se desempeñó como alcalde de la comuna de Vitacura durante seis periodos consecutivos, desde 1996 hasta 2021.
Realizó sus estudios secundarios en el Saint George's College y posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sin recibirse de abogado. Fue jugador de rugby por el Country Club y luego se desempeñó como dirigente deportivo durante 18 años en el Club Deportivo Universidad Católica, y también como vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
Está casado con María Soledad Simonetti, con quien tuvo cuatro hijos. Es tío del cientista político Sebastián Torrealba.
Fue fundador del partido Renovación Nacional en 1987. Restablecida la democracia en Chile, fue elegido concejal por Las Condes para el periodo 1992-1996, durante la alcaldía de Joaquín Lavín.
En diciembre de 1996 resultó elegido como alcalde de Vitacura, siendo reelegido por otros cuatro periodos. En 2009 sometió a una consulta ciudadana los cambios al plano regulador de su comuna, la cual resultó desfavorable a la propuesta, siendo considerada una derrota política para Torrealba. Sin embargo, ello no le impidió ser reelecto en la elección municipal de 2012 por más del 80% de los votos.
Fue vicepresidente de Renovación Nacional entre 2001 y 2004. También fue presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, cargo que ejerció entre junio de 2011 y abril de 2013, cuando asumió como vicepresidente de la entidad.
Debido a la investigación penal que se desarrolla en su contra, a raíz de supuestas irregularidades en su gestión como alcalde, presentó su renuncia a Renovación Nacional en septiembre de 2021.
El 18 de agosto de 2021 la nueva alcaldesa de Vitacura Camila Merino (Evópoli) denunció irregularidades en los programas municipales Vita que pertenecen a la gestión de Torrealba, denuncia que fue presentada a la fiscalía a finales de julio de ese año contra quienes resulten responsables y que en cuanto Merino se enteró de dichos antecedentes se puso en contacto con el Ministerio Público y la alcaldesa pidió que se realizara una auditoría externa. La investigación interna realizada por la División de Control detectó la falsificación de firmas presentadas por Domingo Prieto (expresidente y representante legal del Consejo Local de Vitacura y exrepresentante de Vitasalud y Vitadeporte). Días después el 26 de agosto la Policía de Investigaciones incautó los computadores de la municipalidad los cuales pertenecían al directo de Administración y Finanzas José Bucarey, el contralor municipal Sergio Beaumont Araya y de la directora de Desarrollo Comunitario Antonia Larraín Prieto. La PDI allanó también la casa de Torrealba de la cual se llevaron una serie de documentos, sin acceder a su computador personal ni su celular.
El 30 de agosto la municipalidad de Vitacura presentó una querella al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. Al día siguiente se hizo público el testimonio de Antonia Larraín (sobrina de Domingo Prieto y amiga personal de una de las hijas de Torrealba) en el cual revela que inmediatamente luego de asumir su cargo como directora del Desarrollo Comunitario de Vitacura, el exalcalde Torrealba le señaló que todos los meses recibiría un sobre con 5 millones de pesos en efectivo de parte de Prieto, y en algunas oportunidades de Arnaldo Cañas y César Silva (encargado por Prieto). También Antonia Larraín aseguró que Prieto le entregaba la suma de 3 millones de pesos en la semana de la chilenidad para que gastara en temas propios de celebración, pero que de dicha suma le sobraban siempre 1 millón aproximadamente que debía entregar en efectivo a Torrealba. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó alzar el secreto bancario de tres cuentas bancarias de Torrealba con el fin de verificar si sus movimientos financieros se condicen a sus ingresos como alcalde y sus inversiones. Previamente, la Contraloría General de la República ya había emitido un informe en marzo de 2021 que señalaba diversas irregularidades en el municipio.
El 9 de septiembre de 2021 la Policía de Investigaciones allanó la segunda vivienda de Torrealba ubicada en el lago Colico en la comuna de Cunco, Región de la Araucanía, donde se incautó dispositivos electrónicos, computadores, celulares y dinero en efectivo.
El 31 de agosto de 2021 a raíz de estas denuncias, el alcalde de Lo Barnechea Cristóbal Lira (UDI) solicitó a través de un oficio a la Contraloría General de la República "incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los recursos públicos otorgados por la Municipalidad de Lo Barnechea a sus corporaciones, organizaciones funcionales y asociaciones durante la gestión anterior y la actual", administración anterior que era presidida por el también militante de Renovación Nacional, el actual Delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago Felipe Guevara. También Lira denunció ante el Ministerio Público el no pago de derechos de publicidad y ocupación de un letrero ubicado en calle Raúl Labbé, calculando un perjuicio de 1.800 millones de pesos entre 2017 y 2020.
El 1 de septiembre el diputado por el Distrito N° 11 Tomás Hirsch (Acción Humanista) ofició a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para ampliar la investigación de Vitacura a las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, aseverando que se entregaron 14 mil millones de pesos a entidades privadas desde los municipios, transacciones que no fueron auditadas ni fiscalizadas. Al día siguiente, Hirsch junto a otros diputados presentaron un proyecto de ley que buscar darle a la Contraloría General de la República facultades para fiscalizar entidades privadas que reciban dineros públicos.
El 3 de septiembre la Contraloría General de la República solicitó un informe a las municipalidades de Vitacura y Las Condes sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 y 2021; respecto a Lo Barnechea, el órgano contralor comentó que «hace cuatro meses iniciamos una amplia auditoría a dicho municipio». El 6 de octubre el concejo municipal de Vitacura decidió por unanimidad remover a Antonia Larraín Prieto como directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad.
(Se consideran sólo los candidatos que resultaron elegidos para el Concejo Municipal)
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