El segundo gobierno de José Pardo y Barreda en el Perú se inició el 18 de agosto de 1915 y culminó el 4 de julio de 1919. Fue el último gobierno de la llamada República Aristocrática, que dio pase al llamado Oncenio de Augusto B. Leguía.
Este gobierno sufrió una tenaz oposición, que se agudizó aún más por la crisis económica derivada de la primera guerra mundial. Hubo un gran malestar entre la clase trabajadora por la carestía de artículos de primera necesidad y la subida de los precios. Estallaron numerosas huelgas, destacando la de los días 13, 14 y 15 de enero de 1919, en demanda de la implantación de la jornada de las 8 horas de trabajo.
José Pardo y Barreda, líder del Partido Civil, había ya sido presidente del Perú, entre 1904 y 1908. Era hijo del también presidente del Perú y fundador del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle. Una vez finalizado su mandato, dejó el país por varios años. De retorno a su país, y habiendo fracasado en su intento de unificar el partido civil, fue nombrado rector de la Universidad de San Marcos en 1914. Al año siguiente fue designado como candidato a la presidencia por una Convención de los partidos Civil, Liberal y Constitucional, que convocó el general Oscar R. Benavides, entonces gobernante de facto. Pardo desplazó fácilmente a su rival, el general Pedro E. Muñiz, en esta especie de “primarias” electorales.
Prácticamente sin opositor, Pardo fue elegido presidente constitucional, inaugurando una nueva edición del predominio civilista en el Perú, luego de un breve paréntesis de gobierno militar.
Las elecciones de 1915 se llevaron a cabo, principalmente, entre los candidatos José Pardo y Barreda, candidato del partido Civil, en alianza con los partidos Constitucional y Liberal, y Carlos de Piérola, candidato del partido Democrático y hermano del expresidente Nicolás de Piérola. José Pardo supo imponerse categóricamente a su rival, aprovechando la popularidad que tenía debido a su anterior mandate entre 1904 y 1908, resultando el proceso electoral con un total de 131.289 votos del candidato civilista frente a únicamente 13.151 votos del candidato demócrata.
Los personajes que acompañaban a Pardo también obtuvieron grandes votaciones. Los resultados electorales que declararon como ganador al candidato civilista fueron los siguientes:
La fecha para la inauguración del gobierno de Pardo fue fijada por el Congreso para el 24 de septiembre de 1915. Pero el 17 de agosto estalló la rebelión del prefecto de Huaraz, Manuel Rivero y Hurtado, que desconoció al Congreso y la elección del presidente Pardo, y propuso que se prorrogase el mandato de Benavides. Ante ello, Benavides decidió abandonar inmediatamente el poder, para evitar que la ciudadanía le creyera involucrado en la intentona anticonstitucional. El 18 de agosto, José Pardo juró como presidente de la República ante el Parlamento, presidido por Manuel Barrios. Esa fecha de inicio de mandato fue considerada como de celebración y feriado, por lo que circularon invitaciones para la transmisión del mando, entre esas invitaciones estaba a la clase obrera del país.
El presidente Pardo formó su primer gabinete (Gabinete Riva Agüero), que fue considerado como de “concentración nacional”. Lo conformaron los siguientes ministros:
Pardo se mostró respetuoso de las leyes y libertades públicas. En el Congreso había una minoría opositora, muy combativa, compuesta por ex partidarios de Guillermo Billinghurst (el presidente derrocado en 1914) y de partidarios de Augusto B. Leguía (expresidente del Perú y disidente del civilismo).
Pardo, en su ánimo de realizar un gobierno de concordia y unión nacional, dio tres leyes de amnistía política, entre 1915 y 1917. Pero su gobierno hubo de afrontar una tenaz oposición periodística, representa fundamentalmente por el diario El Tiempo, dirigido por Pedro Ruiz Bravo. Uno de los colaboradores de dicho diario era Luis Ulloa, hermano de Alberto Ulloa Cisneros. También figuraban como colaboradores, jóvenes y combativos periodistas, como José Carlos Mariátegui y César Falcón, que se solidarizaron con los reclamos populares. Otra publicación opositora era El Mosquito, cuya crítica soez caló hondamente en la opinión pública.
En el periodo de Pardo ocurrieron dos crímenes que consternaron a la población y exacerbaron más los ánimos contra el gobierno:
El primer gabinete de Pardo, presidido por el canciller Enrique de la Riva Agüero, debió renunciar en julio de 1917, debido a las críticas desatadas con motivo del asesinato de Rafael Grau. Influyó también la posición tibia adoptada por la cancillería ante el asunto del hundimiento de la barca peruana Lorton, en costas españolas, por obra de submarinos alemanes (ver más adelante).
El 27 de julio de 1917 se instaló un nuevo gabinete ministerial, presidido por el canciller Francisco Tudela y Varela, y en donde figuraban Germán Arenas y Loayza (Gobierno), Ricardo L. Flores Gaviño (Justicia e Instrucción), el coronel César A. de la Fuente (Guerra), Baldomero Maldonado (Hacienda) y Héctor Escardó (Fomento).
En abril de 1918 surgió otra crisis ministerial, pero esta vez se solucionó ratificando al gabinete Tudela solo con dos cambios: Víctor M. Maúrtua asumió el portafolio de Hacienda, y Clemente J. Revilla el de Fomento.
El 26 de noviembre de 1918 renunció el gabinete Tudela y juró uno nuevo presidido por Germán Arenas y Loayza, quien tomó a su cargo el portafolio de Gobierno. Formaron parte de este gabinete: Arturo García Salazar (Relaciones Exteriores), Ángel Gustavo Cornejo (Justicia e Instrucción), el general Juan Manuel Zuloaga (Guerra), Héctor Escardó (Hacienda) y Manuel Vinelli (Fomento).
A raíz de un atentado contra su vida que sufriera el líder del Partido Liberal Augusto Durand, Arenas renunció al gabinete, que pasó a ser presidido por el ministro de Guerra Zuloaga. El único cambio se dio en el ministerio de Gobierno, siendo investido como su titular el marino Óscar Mavila (26 de abril de 1919). Fue este el último gabinete de Pardo, hasta el golpe de estado del 4 de julio de 1919.
En líneas generales, a este gobierno le tocó afrontar las consecuencias de la primera guerra mundial, entonces llamada Gran Guerra. Debido a esta coyuntura mundial hubo una efímera sensación de prosperidad económica: aumentaron las exportaciones de azúcar, algodón, lana, petróleo y cobre. Ello impulsó los cultivos agroindustriales de la costa, instalándose grandes y modernas maquinarias en varias haciendas, como en Laredo. Un pequeño grupo de hacendados se beneficiaron de esta situación. En contraparte, el cultivo de productos alimenticios disminuyó considerablemente, surgiendo la escasez y el aumento de precios en perjuicio de las clases populares. Todo ello trajo inevitablemente una gran agitación social, que se vio reflejada en la ola de huelgas y paros laborales que se desataron a lo largo del gobierno de Pardo.
Las decisiones que tomaría José Pardo en el plano financiero fueron expuestas en su Manifiesto a la Nación, el 30 de abril de 1915, cuando fue proclamado candidato a la presidencia de la República. Los resumió en tres puntos básicos:
Ya en el poder, Pardo encontró un billete fiscal del que se desconfiaba, un exceso de exportación que permitía la salida de muchos capitales y una corta importación que recortaba la entrada de divisas. Por lo tanto, tomó una serie de decisiones para recuperar la economía, tendientes al fortalecimiento de la moneda y la creación de nuevas rentas, aunque afectando más que nada a los productores y exportadores, antes que a la masa de la población.
El presupuesto de la República evolucionó así:
En cuanto a las importaciones y exportaciones, hubo un alza considerable de estas últimas. Ello debido al alza del algodón, que superó casi cinco veces su valor de 1913, y la del azúcar, que se elevó a casi siete veces. Veamos la tabla:
El capital tuvo los siguientes aumentos:
Capitalización del país en este periodo. Caja total de los bancos:
Depósitos y cuentas acreedoras:
A pesar de estas cifras positivas, la oposición, en ejercicio de sus funciones, interpeló a varios de los Ministros de Hacienda. Francisco Tudela, canciller y presidente del Consejo de Ministros, fue otro de los intervenidos, en fechas del mes de febrero de 1918. Según denotaba, la interpelación en curso requería saber si el Ejecutivo tenía la facultad de aplicar los ingresos de los presupuestos entre los años de 1916 y 1917.
En el sur andino, los hacendados y gamonales cometían abusos sobre los indígenas, que fueron reducidos prácticamente a la condición de siervos. Todo ello, sumado a la indiferencia o complicidad de los gobiernos de turno, ocasionó el estallido de muchas rebeliones indígenas.
Una de esas rebeliones fue la encabezada en 1915 por un sargento mayor de caballería, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumi Maqui (en idioma quechua: mano de piedra), que se puso al frente de grupos de indígenas de Huancané y Azángaro.
Los sublevados atacaron las haciendas, símbolos de la opresión gamonal. Arrasaron la hacienda de Arias Echenique, donde hubo 60 muertos; luego hicieron lo mismo con otra en Juliaca. Pero la indisciplina de las tropas campesinas jugó a favor de los hacendados, quienes se organizaran y desataran una brutal represión. Rumi Maqui logró huir y se ocultó por un tiempo, hasta que fue capturado y denunciado por traición a la patria (aludiéndose a su supuesto plan de secesión de Puno a favor de Bolivia). Fue condenado a 20 años de prisión.
En el Congreso de la República, Rumi Maqui fue defendido por el diputado Luis Felipe Luna, que enfatizó que su delito fue solo el querer reivindicar la libertad y la igualdad de derechos para los indígenas, y que la acusación de querer ceder territorio a Bolivia fue inventada por los hacendados, que pretendían así tapar sus propios crímenes y ganarse el apoyo de la opinión pública (sesión parlamentaria del 18 de octubre de 1916). Se desconoce el destino final de Rumi Maqui.
Desde 1913 la lucha por la Jornada de las 8 horas se toma como bandera común de la mayoría de huelgas o movilizaciones. La penosa situación económica de la clase trabajadora fue el campo propicio para el desenvolvimiento de la acción sindical. Las sucesivas huelgas que se produjeron durante el gobierno de Pardo tenían como exigencia el abaratamiento de las subsistencias, la implantación de la jornada de las «8 horas de trabajo», entre otras reivindicaciones laborales.
Su signo central, salvo el mitin organizado en apoyo a Billinghurst y por el "pan grande", es reivindicativo corporativo. En 1918 el trabajo del grupo La Protesta desembocó en la constitución de la Federación Obrera Local de Lima, que asumió oficial y centralizadamente la lucha por la Jornada de las 8 horas.
Un paro general se produjo en Lima y Callao los días 13, 14 y 15 de enero de 1919, en pro de la jornada de las 8 horas. La iniciativa provino de los obreros de las fábricas textiles Inca y Vitarte. Fueron tres días en los cuales se paralizó toda actividad en Lima y Callao, incluyendo el servicio de los tranvías y los trenes. Hubo también enfrentamientos entre la gendarmería y los obreros.
El ministro de Fomento Manuel Vinelli abogó ante el presidente Pardo por la dación del decreto de la jornada de las 8 horas, único requisito que exigían los obreros para levantar la huelga. El decreto se dio el 15 de enero de 1919, otorgándose tal beneficio a los trabajadores de los talleres y dependencias del Estado; en los talleres o establecimientos particulares los patrones y obreros deberían ponerse de acuerdo sobre el horario de trabajo, pero en caso de no llegarse a un acuerdo regiría la jornada de 8 horas.
Los principales promotores del paro general de enero de 1919 fueron los sindicalistas Nicolás Gutarra, Julio Portocarrero, Manuel Casabona, Fausto Navarrete, Julio Tataje, entre otros; la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) apoyó también a los obreros y uno de sus delegados fue un joven universitario trujillano, que a partir de entonces tendría gran figuración en la vida política del país: Víctor Raúl Haya de la Torre.
El 27 de mayo de 1919 se inició otro gran paro de obreros y empleados, esta vez en pro del abaratamiento de las subsistencias. Duró hasta el 2 de junio en Lima y hasta el 5 en el Callao. Fue reprimido duramente por las fuerzas del orden. Hubo varios muertos y heridos, y muchos fueron conducidos a El Frontón, acusados de participar en los saqueos e incendios.
Además del decreto del establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo, Pardo dio otras leyes de carácter social, derivadas de los proyectos que José Matías Manzanilla que había presentado en su primer gobierno. De ellas mencionamos las siguientes:
En el marco de la primera guerra mundial, el país tuvo una posición neutral en el conflicto internacional entre los imperios centrales y el Triple Entente, aunque se pudo denotar la preferencia por este último. Pero ocurrió entonces el hundimiento de la embarcación Lorthon, de patente peruana, cargada de nitrato de soda, hecho que ocurrió frente al puerto de Suances, en el Mar Cantábrico, por acción de submarinos alemanes (4 de febrero de 1917). La cancillería peruana, entonces encabezada por Enrique de la Riva Agüero, reclamó al gobierno de Berlín, pero este adujo que la barca había sido hundida por llevar cargamento de guerra y anunció que sometería el asunto a un tribunal de presas. La cancillería peruana, ya bajo la dirección de Francisco Tudela y Varela, protestó enérgicamente, y al no obtenerse las satisfacciones necesarias, el Congreso peruano aprobó la ruptura de las relaciones con el Imperio Alemán (6 de octubre de 1917). Como secuela de este hecho, el Perú incautó algunos mercantes alemanes surtos en el puerto del Callao. Meses antes, Estados Unidos había declarado la guerra a Alemania y este hecho contribuyó en mucho a decidir la actitud peruana ante la potencia europea.
En el Perú se discutió sobre la postura que se debía tomar frente al conflicto mundial. Muchas voces, entre ellas la de Mariano H. Cornejo, sustentaban los beneficios que podría traer la declaratoria de guerra a Alemania. Otros países latinoamericanos, como Brasil y Cuba, ya habían dado ese paso, sumándose a los Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, el gobierno peruano, si bien se orientó al bando aliado, no llegó a declarar la guerra a Alemania.
Una delegación peruana se hizo presente durante las conferencias de Versalles, enfocadas a negociar la paz entre los aliados y los imperios centrales (1919). Estaba conformada por Isaac Alzamora, Víctor M. Maúrtua y Francisco García Calderón Rey. Desde el primer momento los peruanos vieron con desilusión que los organizadores de las conferencias, es decir las potencias vencedoras, desestimaran tratar los asuntos latinoamericanos (se había pensado en llevar a esa instancia la cuestión de Tacna y Arica). De todos modos, el presidente estadounidense Woodrow Wilson advirtió que esos asuntos se podían tratar en la Sociedad de Naciones próxima a constituirse.
Las relaciones diplomáticas con Chile se hallaban interrumpidas desde 1909, a raíz de los problemas suscitados por la cuestión de Tacna y Arica, provincias peruanas bajo administración chilena desde los días de la Guerra del Pacífico de 1879-1883. Finalizada la primera guerra mundial, el Perú se dejó seducir por los principios de justicia internacional proclamados por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, uno de los cuales era el derecho de libre determinación de los pueblos. Muchos peruanos creyeron que al amparo de ello se podría recuperar Tacna, Arica y, eventualmente, Tarapacá.
El gobierno peruano intensificó entonces su campaña para la recuperación de Tacna y Arica; en respuesta, el gobierno chileno acentuó su desalmada política de chilenización en las mismas. Muchos peruanos fueron expulsados de esas provincias y de Antofagasta, y muchos otros fueron enrolados a la fuerza en el ejército chileno. Esta situación se agravó con el ataque de turbas de chilenos a la residencia del cónsul peruano en Iquique, Santiago Llosa Argüelles. La cancillería peruana protestó enérgicamente y retiró a todos sus cónsules de territorio chileno (25 de noviembre de 1918). La cancillería chilena se limitó a negar cualquier exceso contra los peruanos y adujo que la salida de estos del norte de Chile era consecuencia de la crisis salitrera. El rompimiento de relaciones con Chile llegó pues a ser total, pues al plano diplomático se sumó el comercial, con grave daño para los intereses económicos de ambas naciones.
Los principios wilsonianos no contribuyeron pues en nada para la solución de la cuestión de Tacna y Arica. Este problema sería solo superado durante el siguiente gobierno de Augusto B. Leguía (el Oncenio), bajo la fórmula que impuso Chile: retención de Arica y devolución de Tacna (1929).
Otro aspecto internacional fue la mejora en las relaciones con los Estados Unidos, la cual se tradujo en la nueva Embajada, la cual reemplazaba a la Legación en Washington. El primer embajador en dicho país fue Francisco Tudela y Varela, que fuera importante ministro de Estado de la gestión pardista.
Por ley Nº 2193 del 11 de noviembre de 1915 se estableció la libertad de cultos, haciéndose la enmienda constitucional respectiva. Se siguió reconociendo a la religión católica como la religión del Estado, pero se borró la parte del artículo 4º de la Constitución vigente entonces (la de 1860) donde decía que «no se permite el ejercicio público de alguna otra». Es decir, a partir de entonces se permitió el ejercicio de otras religiones, fuera de la católica.
Por ley N.º 2553 del 26 de noviembre de 1916 se dio una ley que aseguraba el ejercicio del Habeas Corpus contra la detención arbitraria y se amplía ese mismo recurso para que pueda ser ejercido contra la violación de cualquiera de las garantías constitucionales.
El gobierno encaró el enojoso problema de La Brea y Pariñas, yacimiento petrolífero explotado por la London Pacific Petroleum Company y situado en el departamento de Piura. El escándalo había estallado en 1911, cuando se descubrió que dicha compañía explotaba muchísimas más pertenencias que las registradas originalmente, no obstante lo cual se negaba a pagar los impuestos a los que estaba obligada según las leyes peruanas. En 1916 la London Pacific vendió sus derechos de arrendamiento sobre el yacimiento a la International Petroleum Company (IPC) dependiente de la Standard Oil de New Jersey, Estados Unidos.
Ante la actitud decidida del gobierno peruano de resolver el pleito, la IPC hizo intervenir en su favor a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. El 26 de diciembre de 1918 las dos cámaras del Congreso del Perú aprobaron la Ley N.º 3106, que autorizaba al Estado a someter el asunto a un arbitraje internacional. De esa manera, el gobierno peruano se despojaba de sus facultades soberanas para resolver un asunto interno, llevándolo a los tribunales internacionales.
En el plano educacional, Pardo se preocupó del progreso de la educación en el país. Según cifras oficiales, el número de escuelas, para 1915, eran de 2276; el número de preceptores era de 3246 y el número de alumnos matriculados era de 165,724. Para 1919, el número de escuelas era de 2980, el número de preceptores llegó a 4,284 y el número de alumnos fue de 175,320.
Sin embargo, a decir de algunos autores, no hubo avances importantes en materia de educación, como si había ocurrido en su primer gobierno de 1904-1908; aunque si hubo algunas realizaciones, entre las que destacamos las siguientes:
La protección de la salud de la población fue un tema importante para el gobierno. En su mandato se combatían la viruela y la peste bubónica, a la par que se empezaba a fabricar un suero contra esta última. El ejecutivo, además, sometió dos proyectos ante la Cámara de Diputados los cuales eran: organización de la Sanidad Publica y a la creación de rentas para dotar de servicios de agua y desagüe a las poblaciones.
El país se modernizó a paso acelerado. Destacamos algunos de los logros realizados en este periodo:
En este campo no hubo ninguna novedad, pues se frustraron los proyectos que creaban el Fondo de Defensa y el Consejo de Defensa Nacional. Sin embargo, se hicieron algunos progresos, que pasamos a detallar:
Cercana ya la fecha para las elecciones presidenciales, el líder del Partido Constitucional, general Andrés A. Cáceres, se contactó con Augusto B. Leguía, quien por entonces se encontraba en Londres, invitándolo a postular a la presidencia de la República. Pardo, alejado de Cáceres, continuó especulando con la posibilidad de reunir una Convención semejante a la que lo había llevado al poder. Leguía aceptó la propuesta de Cáceres y emprendió viaje de retorno al país, seguro de su victoria.
Como candidato gobiernista (es decir, por el Partido Civil) se presentó Ántero Aspíllaga, rico hacendado del norte, que no tenía arraigo popular, a diferencia de Leguía, que había sido presidente de la República entre 1908 y 1912 y que incluso fue proclamado “Maestro de la juventud” por los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos (entre ellos Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Guillermo Luna Cartland y Américo Vargas Treviño).
Los comicios, que no fueron muy limpios, dieron por ganador a Leguía; pero ocurrió entonces que la Corte Suprema anuló gran cantidad de votos que favorecían a este candidato. Hubo entonces el riesgo de que fueran anuladas las elecciones y que estas se trasladaran al Congreso, donde los civilistas tenían mayoría. Frente a este panorama adverso, Leguía y sus partidarios, con el apoyo de la gendarmería, dieron un golpe de estado el 4 de julio de 1919. Apresaron a José Pardo y lo deportaron a Europa. Leguía asumió el poder como presidente provisorio y su primer acto fue disolver el Congreso que le era adverso.
Pardo se estableció en Biarritz, Francia, en donde residió durante 25 años, retornando al Perú en 1944. Tres años después falleció y fue enterrado en el Cementerio Presbítero Maestro.
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Segundo gobierno de José Pardo (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)