Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron empresas (conformadas por capitales privados, estatales o mixtos) dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaron por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993, en Argentina, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem. El sistema de capitalización individual funcionaba en paralelo al sistema estatal de reparto. El objetivo era gradualmente transferir todos los trabajadores al sistema de capitalización individual.
La AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
En 2007 se realizaron reformas tendientes a reducir los afiliados en el sistema de AFJP y aumentar los afiliados en el sistema estatal de reparto, durante la administración de Néstor Kirchner (PJ-FpV). Para 2006, el régimen de reparto contaba con 1,4 millones de miembros, un 19 % del total de aportantes al sistema jubilatorio. Una de las reformas permitió a los afiliados de las AFJP pasarse de forma voluntaria al sistema de reparto. El 17,79 % de los afiliados al sistema de capitalización individual decidió pasarse al sistema de reparto Además de la transferencia voluntaria, en 2008 el gobierno nacional forzó la asignación automática al sistema de reparto a todo nuevo trabajador que no optase expresamente por el de capitalización.
En 2008, el sistema de las AFJP fue eliminado, creándose en su lugar un único régimen estatal de reparto, el Sistema Integrado Previsional Argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (PJ-FpV).
El sistema de seguridad social de Argentina encuentra su regulación básica en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se establece que: «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.»
En 1973 se fijó el haber ordinario en el 70 % del cargo ocupado al cese de actividad, se incorporó un millón de nuevos jubilados y se eliminaron las Contribuciones Patronales. La dictadura militar que tomó el gobierno en 1976 llevó adelante una desartición de los sindicatos como interlocutor social del sistema deprevisión y salud (Rulli, 2008). En este marco, en 1980 logró impulsar una reforma profundamente regresiva sobre el sistema previsional, que buscó sostener su financiamiento con base en los recursos de las capas medias y bajas. Esta transferencia de recursos se concretó a través de la eliminación, en 1980, de las contribuciones patronales y su reemplazo por recursos públicos recaudados a través de la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), socializando los costos del sistema previsional (Arza, 2009). Al consolidar las desigualdades intra e intergeneracionales, esta reforma fue un intento de disolver el principio de justicia distributiva sobre el que todavía se sostenía, desde el peronismo. En 1986 el presidente Raúl Alfonsín decreta el «Estado de Emergencia del Sistema Previsional».
En la década de 1990, el crecimiento de la deuda y las presiones ejercidas por los organismos multilaterales de crédito internacional llevaron a la aplicación de las recetas de ajuste fiscal . Entre ellas el criterio de que la previsión social no debe tener como función la redistribución de ingresos de la extrema izquierda, sino el fomento del mercado de capitales, a través de un esquema obligatorio de capitalización individual. De este modo, quedaba allanado el camino para la privatización del sistema previsional en la Argentina.
En 1994 durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995), se promulga la ley 24.241 que creó el llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) administrado por empresas privadas (AFJP), sin embargo el trabajador no podía retornar al sistema de reparto estatal. Esto significó una privatización de los servicios sociales, que produjo grandes controversias. Durante su vigencia la ley establecía que no había posibilidad de reajustes, ni carácter de intangibilidad de los depósitos aportados.
La esperada reducción en el gasto público y la mejora en la rentabilidad de los planes de pensiones no se cumplieron. Al continuar pagando las jubilaciones vigentes pero ya sin contar con los recursos provenientes de las cotizaciones, la transición implicó un costo fiscal insostenible, que devino incluso en el irónico endeudamiento del Estado con los propios fondos de pensión. Por otro lado, la prestación previsional en el nuevo sistema correspondía solo parcialmente a las AFJP, que capitalizaban el aporte del trabajador. El Estado debía complementar dichos aportes, pero seguía sin resolver uno de los problemas originarios que había llevado a que el sistema jubilatorio deviniera una carga fiscal: recuperar los aportes patronales (de los empleadores) para el financiamiento de la seguridad social. Por otra parte, el Estado debía responder por los problemas de cobertura del sistema privado, así como por la insuficiencia de los ahorros capitalizados. Esto último era un punto particularmente preocupante, teniendo en cuenta que en torno al 30 % del aporte de los trabajadores no era destinado a sus cuentas individuales, sino al pago de las comisiones de las AFJP.
De acuerdo con el Diario La Nación, de las diez AFJP existentes, cuatro eran propiedad de bancos, dos de compañías de seguros. Según el diario Perfil, la siguiente sería la nómina de las AFJP que existieron y sus respectivos accionistas: De las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, en 2008 quedaban solo 10. Con una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios.
Las AFJP eran fiscalizadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (dependiente del Ministerio de Trabajo), encargado de hacer cumplir las leyes aplicadas a los aportes jubilatorios y pensiones. este organismo fue denunciado por favorecer a las AFJP a través de la condonación de millonarias multas. El primero y más grave de los problemas fue que los economistas que impulsaron la reforma no previeron la transición entre los dos sistemas. Cuando se hicieron los estudios preliminares estaba claro que iba a haber un desfinanciamiento, que se estimó en 100 000 millones de dólares o pesos. Uno de los ejes del estallido de la deuda fue no haber previsto recursos; el Estado tuvo que endeudarse y lo hizo por el mecanismo de meterles bonos a las AFJP con tasas de interés muy altas. Eso alimentó el proceso recesivo, ya que el sector privado, cuando iba a buscar plata al sector financiero, se encontraba con que tenía que pagar tasas muy altas porque a los bancos les convenía prestarle al Estado.
El trabajador que optara por las AFJP debía aportar compulsivamente un porcentaje de su salario (que varió entre el 11 y el 7 %). Las AFJP actuaban como administradoras financieras. y cada una fijaba las comisiones que se le descontaban al trabajador sobre dicho aporte, en concepto de costo de seguro de vida y de gastos administrativos. Las comisiones reducían el aporte del trabajador que finalmente era capitalizado en un porcentaje en torno al 30 %, alcanzando en algunos momentos hasta un 54 % del aporte mensual del trabajador, dependiendo de la AFJP y el monto del aporte (ya que una parte de la comisión podía establecerse como un cargo fijo, y no porcentual). Las AFJP se apropiaron de unos 10 000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35 000 millones se repartieron en concepto de utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales.
La importante merma de ingresos públicos fue en parte una de las causas de la crisis económica que se desencadenó en el país a fines de la década de 1990 hasta el año 2001. Para hacer frente al creciente déficit público, el Estado nacional tomaba deuda, de la que las acreedoras más importantes eran las propias AFJP, dándose la paradójica situación de que un monto de dinero que antes administraba directamente el Estado ahora era utilizado por empresas privadas para ganar intereses financiando al mismo Estado. Tras la aparición de las AFJP, se dio una transferencia de recursos al sector privado, que generó una merma en los ingresos públicos, que debía ser cubierta de alguna manera. Paradójicamente, el Gobierno solicitó gran cantidad de préstamos a las propias AFJP, aunque a cambio de ese dinero, ahora el Estado debía pagar tasas de interés.
Respecto a las comisiones cobradas por las AFJP, su monto desde 1994 asciende a 19 000 millones de pesos corrientes, que equivalen a 37 mil millones de pesos a valor de hoy, y al 31,5 % de la recaudación. Medida en dólares nos encontramos que las AFJP embolsaron 12 000 millones de dólares por este concepto, en sus 14 años de existencia. Lo cual representa casi la mitad del fondo existente a la fecha expresado en dólares, US$27 000 millones.
Entre el año 2002 y el año 2008, debido a los recurrentes problemas del régimen privado se estudiaron diversos proyectos para modificar el sistema, ya sea volviendo al anterior «sistema de reparto» estatal o implementando un sistema mixto. Sin embargo, en 2007, solo se modificó la posibilidad de que quienes ingresan en la vida laboral puedan optar ingresar al sistema público de reparto, no debiendo estar obligados a aportar a una AFJP. Al asumir Felisa Miceli el Ministerio de Economía a fines de 2005, expresó que uno de sus objetivos era revisar el sistema de las AFJP, al que veía como un fracaso.
Durante la administración privada de las AFJP se dieron situaciones irregulares en el manejo de los fondos de los afiliados, destacándose casos donde diferentes empresas tomaron los fondos de las jubilaciones para cancelar deudas propias. Esta maniobra fue denunciada a la justicia por la Unidad de Información Financiera (UIF), la justicia ratificó que hubo una estrategia financiera pergeñada por el directorio de la compañía a fines de 2006, cuyo objetivo fue usar los fondos de los jubilados depositados en las AFJP para subsanar la crítica situación económica que atravesaba la empresa. Los balances de 2005 demuestran que tenía pérdidas acumuladas por $1303 millones; un pasivo corriente (deudas a corto plazo) de $3345 millones; un quebranto impositivo de $200 millones.
En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, en 2008 quedaban solamente 10. Con una tendencia a la oligopolización del mercado, las AFJP se apropiaron vía comisiones, en promedio, de un tercio de los montos recaudados.
Ya en la década de 2000, el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP (instalado en 1994) empezaba a mostrar señales de vulnerabilidad frente a la inestabilidad del capitalismo financiero y las variaciones de los mercados mundiales, principalmente durante la Crisis del Efecto Tequila, la llamada «crisis del Fondo Monetario Internacional», en 1997 (donde, entre otros efectos, perdieron en pocas semanas unos 600 millones de pesos/dólares), y la «crisis del rublo» que golpeó principalmente a Rusia en el año siguiente y generó el «Efecto Vodka» en los mercados internacionales.
Con la pesificación de los ahorros en el año 2002, el valor en dólares de los fondos se redujo a menos de la mitad. A tan solo 8 años de la reforma previsional impulsada por Carlos Menem, el debate sobre una nueva reforma volvía al centro de la escena. En poco tiempo, el sistema privado se hizo insostenible, considerando los datos de aquellos que efectivamente realizaban aportes, se observa que a enero de 2007 se contabilizaban 4 669 469 en enero del 2007 y una disminución a mediados del 2008 de 3 600 007, o sea 1 069 462 menos.
La debacle del sistema privado fue total con el advenimiento de la crisis de las hipotecas subprime en el año 2007, cuando las AFJP llegaron a perder todo lo capitalizado en el año. Esto se sumó a una profunda crisis de confianza por la que a las empresas se les hacía cada vez más difícil conquistar nuevos afiliados para el sistema, y a una orden de repatriar fondos por 8.000 millones de pesos que habían invertido de manera irregular en el extranjero. Esta secuencia de reveses hundió a las AFJP en una crisis que culminaría con la estatización de los fondos que administraban.
El 22 de octubre de 2008, el de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado». La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, a través de la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense. A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación.
A pesar de las promesas de que la privatización de las pensiones aliviaría la carga del Estado, debido a que el dinero en las AFJP se había evaporado, el Estado tenía que pagar a unas 33 000 personas la totalidad de su jubilación, a 220 000 personas al menos la mitad de la jubilación y a otras 100 000 una fracción de su jubilación. Solo el 23 % (103 000 jubilados) cobró enteramente sus haberes de las AFJP.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES el 21 de octubre de 2008 anuncian que enviaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones. Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.
Un día después del envío al Congreso del proyecto de reestatización de los fondos, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la que acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado». La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense. A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación, ordenando varias investigaciones en relación con el posible ilícito. Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones se repartieron en concepto de utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales.
El proyecto de ley fue enviado para su apreciación en Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, con 162 votos afirmativos y 75 negativos, se aprobó en Diputados la UCR, el PRO y la Coalición Cívica a la cabeza, se opusieron a la iniciativa aduciendo "violar el derecho de propiedad", "generar inseguridad jurídica" y "utilizar la reforma para apropiarse la caja de los jubilados".
En 2004, un informe del Banco Mundial alertaba sobre el fracaso de la reforma previsional impulsada en toda América Latina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la década de 1990, siguiendo el modelo de jubilaciones privadas impuesto por la dictadura militar del General Augusto Pinochet Chile en 1980. De acuerdo con este informe, la privatización del sistema no ofrece los beneficios que se prometían a los afiliados. Entre las causas se mencionan las «excesivas comisiones» cobradas por las AFP, que se han mantenido desde los primeros años, así como la formación de oligopolios.
Al igual que en la Argentina, en numerosos países latinoamericanos se impusieron políticas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, que impulsaron la privatización de los fondos de pensiones. Este modelo presentó varios problemas entre ellos los inconvenientes de ser vulnerables a la inestabilidad cíclica del capitalismo financiero y las variaciones de los mercados mundiales, en las que se pueden obtenerse grandes beneficios o cosechar importantes pérdidas que podrían poner en riesgo los ahorros de jubilados y pensionados que no cuentan con otro ingreso para subsistir. Se ha verificado además, que en los casos de Chile y de Nicaragua, que con la privatización de los fondos no se logró aumentar la cobertura de la seguridad social, premisa fundamental de la defensa de los sistemas privados sobre los estatales. En Bolivia, debido a la descapitalización de los fondos privados y sus múltiples atrasos en el pago de jubilaciones, desde el 10 de diciembre de 2010 se inició el retorno de la administración de los fondos de pensiones al Estado.
En Latinoamérica, la privatización de los sistemas públicos de pensiones arrancó en Chile con la creación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, eliminando los sistemas de reparto estatales a través de aseguradoras estatales de pensión. De acuerdo a un estudio de noviembre de 2013 del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo (CENDA) y liderado por el economista Manuel Riesco, los trabajadores chilenos en 2012 cotizaron a las AFP más del doble (4,3 billones de pesos) que las pensiones finalmente pagadas (2,1 billones) y adicionalmente el Estado entrega 1,4 billones en subsidios a las AFP, equivalente a dos tercios de las jubilaciones. Es decir, aproximadamente de cada 3 pesos ingresados a las AFP privadas, por cotizaciones y subsidios, solo sale uno (37 %) para pagar jubilaciones y pensiones. la caída de rentabilidades accionarias mundial debido a la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos provocó serios daños al sistema, para compensarlo el 16 de junio de 2014 la presidenta Michelle Bachelet firmó proyecto para la creación de una AFP estatal.
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