La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fue un organismo estatal argentino creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como autoridad encargada de la aplicación de dicha ley. Sucedió al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que era el encargado de aplicar la anterior Ley de Radiodifusión № 22.285. Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia, el 267/2015, ordenando la disolución del organismo y su fusión con la AFTIC en un nuevo organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin embargo, mediante dos medidas cautelares impuestas el 11 de enero de 2016, fue anulada temporalmente la disolución, por violar la ley de medios vigente. Aun así, avanzado el mes de enero del mismo año, se desestimaron las medidas cautelares y finalmente se creó el ENACOM.
La ley № 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, derogando la ley № 22.285. El artículo de creación de la AFSCA dice:
La entidad inició sus actividades el 10 de diciembre de 2009 según lo estableció el decreto presidencial 1525/2009, siendo designado Martín Sabbatella como presidente del mismo, a la cabeza de un directorio integrado por parlamentarios de los tres principales bloques, representantes de las universidades y del Consejo Federal.
El 23 de diciembre de 2015 la AFSCA fue intervenida por el presidente Mauricio Macri, mediante una decisión impugnada ante la Justicia. El 30 de diciembre de 2015 el Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que el presidente Macri había sancionado un decreto de necesidad y urgencia, cuyo número no precisó y que ese día no apareció publicado en el Boletín Oficial, que disponía la eliminación de la AFSCA y su fusión con la AFTIC, para dar origen a un nuevo organismo público denominado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El 4 de enero de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 267/2015 firmado el 29 de diciembre de 2015, anunciado por el Jefe de Gabinete.
El anuncio dio lugar a diversas medidas legales y a un fallo judicial suspendiendo dicha decisión. El gobierno por su parte decidió no cumplir la orden judicial argumentando que el juez no tenía competencia. El 7 de enero un nuevo fallo judicial dejó sin efecto la medida cautelar.
Tiene como función ser la «autoridad de aplicación» de la ley, es decir, ser el organismo que se hace cargo de la aplicación diaria de lo estipulado por la ley, más concretamente:
Están contempladas en el articulado entre el 10 y el 14 incluidos. Conformado por 7 miembros el presidente de la AFSCA y un director ; tres designados a propuesta por la Comisión bicameral, con la finalidad de que representen a las primera, segunda y tercera minorías del Congreso Nacional y dos designados a propuesta por el Consejo Federal, de los cuales uno tiene que ser un académico de la comunicación.
La conducción y administración de la AFSCA fue ejercida por un directorio, integrado por 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, por lo que se conformó por:
Sus miembros durarán en el cargo 4 años y deben ser designados con 2 años de anticipación de la asunción del Presidente de la Nación.
El primer antecedente de organismo regulatorio de medios en Argentina fue el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART), instituido por el Decreto-Ley Nº15.460 (de Radiodifusión) sancionado en 1957 durante el gobierno de facto del presidente Aramburu.
Este decreto anuló la Ley Integral de Radiodifusión Nº 14.241, sancionada en octubre de 1953 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
La Ley Nacional de Telecomunicaciones № 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, reemplazó al CONART por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Esta ley, a pesar de su nombre, regularía aspectos de la radiodifusión que estarían bajo la órbita del COMFER como organismo autárquico en jurisdicción de la Presidencia de la Nación.
El 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, se sancionó la ley Nacional de Radiodifusión № 22.285 y se determinó que el órgano de control sería el COMFER. Entre sus funciones se encuentran las de «controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos», «supervisar la programación y el contenido de las emisiones» y «calificar en forma periódica a las estaciones». Dicha ley estableció además que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete miembros, cada uno de ellos representante de los siguientes sectores:
La ley establece también que el directorio debe ser asesorado por una comisión integrada por representantes de todos los ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Desde que asumió democráticamente el presidente Raúl Alfonsín, y hasta la creación de la AFSCA en el 2009, el COMFER estuvo intervenido por diferentes interventores que fueron nombrados en todos los casos por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual № 26.522, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 y la que deroga la ley №22.285, le otorga a este organismo como autoridad de aplicación de dicha ley, la cual inicia sus actividades el 10 de diciembre de 2009 según lo establece el decreto presidencial 1525/2009.
Esta ley, conocida como Ley de Medios, reemplazó al COMFER por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En septiembre de 2012, el exintendente de Morón y diputado nacional Martín Sabbatella fue designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El 1 de octubre del mismo año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó la designación de Martín Sabbatella al frente del AFSCA mediante un decreto, a pesar de los intentos de impugnación por parte de Elisa Carrió, Laura Alonso (PRO) y Patricia Bullrich (Unión por Todos).
De este modo, Sabbatella quedó confirmado como titular del AFSCA de cara a la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De acuerdo con el fallo de Corte Suprema de Justicia esto debía suceder el 7 de diciembre de 2012. Para esa fecha, debían reasignarse las señales operadas por el Grupo Clarín que excedían los límites previstos por la ley sancionada tres años antes por el Congreso, ya que expiraba el plazo concedido por la justicia a la vigencia de la medida cautelar que había suspendido el artículo 161 de la norma, que estableció un plazo de un año para que las empresas mediáticas se desprendiesen de las señales que excedieran los límites fijados por la ley.
En diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente, el jefe de gabinete Marcos Peña anunció modificaciones a la Ley de Medios y la desaparición del AFSCA y la AFTIC. La ley votada por amplia mayoría del Congreso después de múltiples debates y ratificada por la Corte Suprema fue suspendida con un decreto de necesidad y urgencia.
El 11 diciembre de 2015 a través de un decreto presidencial, Mauricio Macri, decidió que AFSCA y AFTIC pasaran a depender del entonces Ministerio de Comunicación, —disuelto a mitad de 2017—, que conducía el radical Oscar Aguad. El DNU iría en contra del texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que AFSCA es un ente descentralizado e independiente. Diferentes agrupaciones y sindicatos denuncian que la creación de la nueva cartera atenta contra la independencia de la AFSCA.
En la tarde del 14 de diciembre se realizaron multitudinarias manifestaciones en la Plaza de Mayo en defensa del AFSCA y la Ley de Medios, convirtiéndose en la primera marcha opositora al gobierno de Macri. También hubo movilizaciones en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Tucumán, en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación y en el centro de las ciudades de Rosario, Salta, San Salvador de Jujuy y Santa Fe, entre otras capitales.
El 23 de diciembre el presidente Mauricio Macri dispuso intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El entonces Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y la justificó diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión" y que su presidente Martín Sabbatella era un "militante político".
El directorio de AFSCA y AFTIC, —integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades—, fue depuesto, aun cuando sus cargos finalizaban recién en 2017. En su lugar Macri designó a Agustín Garzón, miembro de Jóvenes PRO. A pesar de que la Justicia tiene pendientes de resolución más de diez pedidos de amparo en favor de la continuidad de Sabbatella, Garzón se hizo cargo de la Afsca. Una de las primeras medidas del interventor fue despedir a 15 directores, en medio de fuertes manifestaciones en las puertas del organismo.
Posteriormente la justicia ordenó la reincorporción de nueve trabajadores de la ex Afsca cesanteados tras la intervención del organismo. La resolución judicial le ordena al Enacom reincorporar a los trabajadores por considerarlos despedidos por razones de discriminación política.
Sabbatella afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus. Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación de ciudadanos para oponerse a la medida. El titular del organismo consideró “ilegal” e “inconstitucional” el decreto firmado por el Presidente, que también alcanza a la Aftic. Aseguró que hay un “conflicto de poderes”, que debe ser resuelto por la Justicia. El ministerio dispuso un despliegue policial que incluyó un vallado y un operativo de infantería para que Sabatella no ingrese al edificio luego de la intervención. Finalmente el operativo fue retirado y el ministro Aguad sostuvo que se trató de “un error de información”. Por la noche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz, lo que efectivamente ocurrió.
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto de Macri. Posteriormente Macri fue denunciado ante la CIDH por el decreto que modifica la Ley de Medios y dispone la intervención y disolución de los organismos autónomos (AFSCA Y AFTIC). Al conocerse la noticia de la intervención, hubo multitudinarias marchas reclamando el respeto por la ley de medios y contra la intervención del organismo, reclamando en pancartas contra el avasallamiento institucional y contra la censura.
El 30 de diciembre de 2015, el Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que el presidente Mauricio Macri había dictado un Decreto de necesidad y urgencia cuyo número no precisó, por el que se modificaba la Ley № 26.522, disponiéndose la fusión de la AFSCA y la AFTIC en la Ente Nacional de Comunicaciones a cargo de Miguel de Godoy.
El 4 de enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el respectivo decreto con el №º 267/2015 del 29 de diciembre de 2015, disolviendo el organismo. Horas más tarde, Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, dictó una medida cautelar que prohíbe la disolución y fusión de la AFSCA y la AFTIC.
El 11 de enero, los jueces Iván Garbarino (de la Ciudad de Buenos Aires) y Martina Forns (de la localidad bonaerense de San Martín) aceptaron los recursos de amparo presentados por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, dejando de forma temporal sin efecto los decretos mediante los cuales se intervino y disolvió la AFSCA, y se modificaron artículos de la Ley de Medios. El gobierno apeló los fallos el día siguiente. El 14 de enero, el juez Garbarino aceptó la apelación, pero mantuvo la cautelar vigente. El 15 de enero, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal estableció que la apelación de la medida cautelar realizada por el Gobierno nacional tenía efecto suspensivo. Sabbatella pudo ingresar durante poco tiempo al edificio, ingresando a su despacho.
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