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CELCO



Celulosa Arauco y Constitución (conocida como Celco, Celulosa Arauco o simplemente Arauco) es una empresa chilena dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa y derivados como madera aserrada y paneles, parte del grupo económico de Anacleto Angelini. Para 2006, Celco tiene seis plantas de celulosa en Chile y Perú. Además de las pasteras, Celco tiene cuatro plantas de fabricación de madera reconstituida, 2 en Argentina y Brasil.

Celulosa Arauco y Constitución es una sociedad anónima constituida en septiembre de 1979 como resultado de la fusión de Celulosa Arauco S.A. (1967) y Celulosa Constitución S.A. (1969), ambas empresas de la Corporación de Fomento de la Producción privatizadas en 1977 y 1979, respectivamente.

En mayo de 2009 Arauco y la compañía finlandesa Stora Enso anunciaron un trato por € 253 millones que las haría una empresa conjunta con el mayor terrateniente (Arauco) en Uruguay.[1]​ A principios de junio de 2014, la planta de Montes del Plata inició sus operaciones.

En septiembre de 2009, Arauco compró la empresa del estudio Brasileño Tafisa Brasil por un trato por US$227m.[2]

Arauco es hoy en día la empresa más cotizada en la Bolsa de Valores de Chile.[2]

CELCO distingue 5 áreas de negocios:

Desde 2004 se vio involucrada en un escándalo ecológico. Ese año inauguró una planta en San José de la Mariquina, a pocos kilómetros de Valdivia, río arriba. Al ponerse en marcha la planta generó una gran demanda de mano de obra, lo que benefició principalmente, a personas provenientes de otras regiones del país, sobre todo la VIII región, y a algunos de los lugareños. En cambio los humedales del río Cruces, sufrieron una grave contaminación de dioxinas y en un grado menor metales pesados. El Santuario de la naturaleza Carlos Anwandter, en el río Cruces sufrió la muerte y emigración de la mayoría de sus aves silvestres incluidos los emblemáticos cisnes de cuello negro. Al conocerse esta situación se generó una movilización ciudadana, que luego daría inicio a participación de los trabajadores contratistas, pero no tuvieron éxito. Un estudio de la Universidad Austral de Chile relacionó las emisiones de CELCO con la disminución de la cantidad de luchecillo (alimento de los cisnes) en el río,[3]​ sin embargo, dos estudios realizados de manera independiente por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile refutaron esta tesis.[4][5]

La planta se vio obligada a cerrar varias veces por orden judicial, pues entre otros motivos tenía una producción mayor a la aprobada en el estudio de impacto ambiental.

En junio del 2007, Celco consigue frenar, tras pagar $614 millones, la querella interpuesta por un grupo de operadores turísticos del río Cruces contra quienes resultaran responsables del daño ambiental ocasionado en 2004. En el documento notarial se indica que "ni la empresa, como tampoco ninguno de sus ejecutivos, directores, funcionarios ni personal, tienen responsabilidad alguna en el cambio ambiental (...) que afectara al río Cruces y santuario de la naturaleza y sus afluentes". El acuerdo contempla un aporte de $2 millones mensuales durante 3 años para apoyar actividades turísticas.[6]

Hoy en día, la planta Valdivia sigue vertiendo efluentes tratados al Río Cruces y al Santuario de la Naturaleza y continúa en la búsqueda de otra vía de evacuación. Y aun cuando su primera opción se encuentra en la zona de la Bahía de Mehuín, CELCO ha encontrado la oposición permanente de las comunidades lafkenche y asociaciones pesqueras de la costa asociadas en el Comité de Defensa del Mar.

En diciembre de 1999 la planta Licancel, ubicada en el camino a la costa de Curicó, Región del Maule, es acusada de provocar la muerte de centenares de peces al derramar desechos líquidos al río Mataquito.[7]​ A inicios de junio de 2007 el hecho se repite, por lo que la autoridad sanitaria ordena su cierre por 30 días y la empresa despide a tres ejecutivos. Dos semanas después 200.000 litros de desechos industriales escapan de una cañería rota, de los cuales 50.000 alcanzan nuevamente el cauce del río. La empresa aduce una rotura accidental y opta por su paralización indefinida.[8]​ Este nuevo derrame tóxico provoca la reacción inmediata del gobierno, que critica fuertemente a la empresa,[9]​ y la protesta de los pescadores artesanales.[10]​ La presidenta Bachelet indica que los costos del desastre deberán ser asumidos por los responsables. Celco estima que el solo cierre de la planta Licancel le significa pérdidas mensuales de US$ 4 millones.[11]

Celco posee además otras plantas en San Bernardo, Nueva Aldea, Horcones y Constitución.

La planta de Nueva Aldea, Ránquil, también es responsable del ducto conocido como "Emisario Nueva Aldea". Este vierte sus efluentes en la desembocadura del río Itata donde, gracias a las corrientes marinas, llegan al litoral del norte. Tras superar la objeción ciudadana y ayudados por estudios en conjunto con la Universidad de Concepción iniciaron el vertimiento de desechos ante la expectación de la comunidad cobquecurana y de la costa de Ñuble.



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