El Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue una Asamblea Constituyente instalada en el Perú luego de que el presidente Alberto Fujimori disolviera el Senado y la Cámara de Diputados en 1992, tras un autogolpe de estado. Su principal función fue dar una nueva Constitución, reemplazando a la de 1979.
El 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori inició una nueva etapa de su gobierno y de la historia republicana peruana, anunciando el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país, orientada a lograr una auténtica democracia; ello implicaría necesariamente la reforma constitucional. El gobierno asumió la totalidad del poder, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales.
El autogolpe de Fujimori contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, según encuestas publicadas con extraordinaria rapidez. Ello se comprende por el descrédito en que habían caído los partidos políticos y sus representantes en el parlamento, vistos como un lastre para el desarrollo y la pacificación del país, acosado entonces por el terrorismo de extrema izquierda. Al margen de la propia conducta de la clase política, hay que destacar que esa campaña de desprestigio hacia la “partidocracia” fue fomentada y estimulada desde muy temprano por el mismo gobierno.
En el plano interno el régimen fujimorista contó pues, con “legitimidad social”. Las dificultades vinieron del exterior. En el contexto mundial, el fin de la guerra fría había traído una ola de democratización en Europa y en Sudáfrica, que se expandió al resto de África y a Asia; en América su efecto jurídico más importante fue la resolución 1080 de la OEA aprobada en 1991 en una reunión realizada en Santiago de Chile. Dicha resolución estableció que si se rompía la institucionalidad democrática en un país miembro de la OEA debía celebrarse obligatoriamente una “Reunión de Consulta” de cancilleres para adoptar las medidas contempladas en la carta.
Los embajadores representantes reunidos en Washington D. C., sede de la OEA, “deploraron” el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blacker Miller justificó el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia; caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú.
En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la XXII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas; en la cumbre se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como a convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración, a través de representantes elegidos, de un nuevo contrato social
Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático (CCD), pero el gobierno complicó de tal modo el diálogo con los partidos políticos que logró su propósito de dividirlos: unos aceptaron ir al CCD (como el PPC) y otros rechazaron esta alternativa (como el Partido Aprista Peruano). Por su parte, el gobierno estuvo representado por la alianza oficialista formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría (C90-NM)
Las elecciones de los 80 representantes del Congreso Constituyente Democrático o congresistas se realizaron el día 22 de noviembre de 1992. La alianza oficialista resultó triunfadora, obteniendo una cómoda mayoría en el Congreso al beneficiarse del alto índice de votos blancos y viciados. Estos fueron los resultados que obtuvieron las principales fuerzas políticas en competencia:
El partido oficialista logró 44 escaños, lo que le dio mayoría absoluta en el CCD.
La labor fundamental del CCD fue la redacción de una nueva Constitución, la duodécima en la vida republicana del Perú, y que se halla actualmente vigente. Presidió el Congreso el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, del partido oficialista.
En aspectos generales, esta nueva Constitución no varió mucho comparada con su antecesora, la Constitución de 1979. Se conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, mas no el fondo. Sin embargo, buena parte de sus pocas innovaciones son de importancia fundamental:
Por ley constitucional del 31 de agosto de 1993, el CCD sometió al voto popular la aprobación de la carta política. El gobierno fijó como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año. Los ciudadanos deberían optar por una de las dos opciones: por el “Sí”, si estaban a favor de aprobar la Constitución; y por el “No” si eran contrarios a ello.
Los partidos opositores al gobierno, tanto aquellos que habían participado en el CCD como aquellos que se abstuvieron, sumaron esfuerzos a favor del “No”. Mientras que el gobierno puso todo su aparato de publicidad al servicio de la campaña por el “Sí”, en medio de un proceso que se vio denunciado por varias irregularidades.
Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes:
El gobierno obtuvo así el triunfo, pero este no fue abrumador como lo había esperado. Aprobada así la Constitución, Fujimori procedió a su promulgación el 29 de diciembre de 1993.
Tras la caída del régimen fujimorista, por ley Nº 27600 del 15 de diciembre de 2001 promulgada por Alejandro Toledo, el Congreso del Perú retiró la firma de Fujimori de la Constitución, sin perjuicio de mantener la vigencia de esta.
El CCD se mantuvo en funciones como Congreso legislativo hasta el 28 de julio de 1995 cuando lo reemplazó el Congreso ordinario elegido en las elecciones generales de ese año y cuya primera Presidenta fue Martha Chávez, también la primera mujer en acceder a ese cargo.
Con la instalación del CCD y la ratificación vía referéndum de la Constitución de 1993, el gobierno consideró haber dado pasos fundamentales para el retorno a la democracia, la que se ratificaría con las elecciones generales de 1995, en la que Fujimori sería reelecto con mayoría abrumadora. Sin embargo, para algunos no fue sino la instauración de una “democratura” o “dictablanda”; en todo caso resultó un régimen sui géneris, ya que si bien en el plano formal existía democracia, elecciones libres, libertades, división de poderes, en un plano más profundo había un “super-ejecutivo” y una “presidencia imperial”; la mayoría del CCD (y luego el Congreso ordinario instalado en 1995) se sometió de lleno al Ejecutivo, no escatimando en violar la Constitución que ellos mismos aprobaron (como en lo referente a la “interpretación auténtica” del artículo constitucional sobre la reelección presidencial). El Tribunal de Garantías no existió hasta 1995; el Ministerio Público estuvo totalmente sometido al régimen; el Poder Judicial influenciado; los mandos militares y policiales dependientes del presidente o de su entorno.
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