El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y Control Social de la República de Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial.
Tras la Asamblea Constituyente de 1998 y la caída de Abdalá Bucaram en medio de la presión popular, apareció la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) con el objetivo de "representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción". Este organismo tenía autonomía e independencia económica, política y administrativa. Sus miembros eran seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil y designados por colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral.
El CCCC realizó revisiones ante la deuda externa, la violación de derechos humanos en el caso Gonzáles y Otros, investigaciones ambientales como el caso Texaco o casos de estafa como los de Filanbanco o del Notario Cabrera. El régimen de Lucio Gutiérrez intentó disolverla pero fue impedido.
Para la llegada de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente de 2008 una nueva constitución sería creada y otorgaría una nueva concepción de la estructura del estado ecuatoriano que cambia el concepto y contenido de los anteriores tres poderes tradicionales del estado y establece, en su lugar, cinco Funciones del Estado, las cuales son:
La cuarta Función del Estado, según el orden constitucional, integra, fomenta e incentiva a la Participación Ciudadana. En este contexto y como su avance más importante en materia de participación, la Constitución de la República del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la cual le entregaría los bienes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
El primer pleno se formó el 26 de enero de 2009, sus integrantes fueron designados por la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Días después sus miembros designaron a Julián Guamán Gualli como primer presidente del organismo durante el periodo de transición en el cual tendría el pleno el deber prioritario de elaborar la propuesta de la Ley Orgánica y la reglamentación de las comisiones que seleccionarán a autoridades de control, tras realizar esto el pleno cesó en sus funciones el 14 de septiembre de 2009.
Bajo la nueva forma de elegir a los consejeros, por medio de concursos de méritos y oposición efectuados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se impedía la participación de militantes de cualquier partido político, el 18 de marzo de 2010 fue posesionado por la Asamblea Nacional el nuevo pleno constituido por los consejeros principales a Marcela Miranda Pérez, Luis Pachala Poma, Tatiana Ordeñana Sierra (a quien reemplazó Hugo Arias Palacios), David Rosero Minda, Mónica Banegas Cedillo, Fernando Cedeño Rivadeneira y Andrea Rivera Villavicencio. El 25 de marzo de 2010 en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a la Ley Orgánica de Participación, la elección se produjo tras una reunión del Pleno del Consejo que duró unos 40 minutos, siendo designados la socióloga Marcela Miranda Pérez y el abogado Fernando Cedeño como Presidenta y Vicepresidente del Consejo respectivamente.
Varios opositores al gobierno de Rafael Correa argumentaron que el pleno tenía una mayoría cercana al ejecutivo, mas no miembros o militantes oficiales de Alianza País, también acusaron al pleno de manipular los concursos para favorecer al régimen, llegando a señalar como un "deficiente" al proceso de selección de autoridades. Exentos de esta acusación estarían los consejeros Rosero y Rivera que varias veces votaron en contra en las sesiones del pleno, siendo una minoría en el consejo.
En cumplimiento del artículo 40 de la Ley Orgánica del CPCCS, que dispone que “La Presidencia y Vicepresidencia se ejercerá de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer por la mitad del periodo para el que fueron elegidos”, de septiembre de 2012 a julio de 2015, el Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira quién fuese vicepresidente en el primer pleno ejerció la presidencia y como vicepresidencia del consejo asumió la Dra. Mónica Banegas Cedillo, quien fue elegida por unanimidad.
El 23 de julio de 2015, los consejeros para el periodo 2015-2020, fueron posesionados en la Asamblea Nacional. Este no estuvo exento de críticas y acusaciones, las cuales incrementarían ante la posibles anomalías en su designación en un concurso realizado por el CNE que igualmente era criticado por los concursos del anterior pleno.
Sus miembros fueron cesados por medio de la Consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno que efectuó ello por las críticas que tenía el organismo. La consulta dio paso a un pleno de transición el cual se encargaría de evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado, pudiendo terminar anticipadamente sus periodos, encargándose también de organizar concursos públicos de mérito y oposición, a la vez que surgía una nueva forma de designación del consejo de participación mediante la elección popular.
El tercer pleno dejó sus funciones el 28 de febrero de 2018 tras haber intentado permanecer con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que terminó sin efecto.
El 28 de febrero de 2018 fue la designación de la autoridades del Consejo por los miembros de la Asamblea Nacional tras el presidente Moreno enviar siete ternas con tres candidatos cada una de los cuales algunos habían sido sugeridos por organizaciones sociales, de estos resultaron elegidos Luis Macas Ambuludi, Luis Hernández Peñaherrera, Pablo Dávila Jaramillo, Xavier Zavala Egas, Eduardo Mendoza Paladines, Miryam Elizabeth Félix López y Julio César Trujillo, este último sería uno de los más votados en este proceso siendo posteriormente designado como presidente del CPCCS-T el 6 de marzo por los demás miembros.
El Transitorio inició su trabajo destituyendo a Patricio Rivera, exministro de Correa, de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, mientras iniciaba procesos contra el resto de autoridades que tienen que evaluar y que igualmente habían sido acusadas de supuestas irregularidades, con lo cual la mayoría de las autoridades de los organismo designados por anteriores plenos del consejo terminaron destituidos. Únicamente se mantendrá a Pablo Celi como Contralor General, indicando Trujillo que no se realizó tal evaluación por la propuesta del presidente Moreno de la creación del Tribunal de Cuentas que reemplazaría a este organismo.
El Transitorio recibió críticas de Marcela Aguiñaga acusando al organismo extralimita en sus competencias por supuestamente realizar interpretación de la ley constituyendo ello una flagrante violación al estado de derecho, arrogándose funciones exclusivas del poder legislativo. Acusaciones similares son las realizadas por la Fundación Democracia y Desarrollo y Gustavo Jalkh en lo que incluye la crítica sobre la designación de autoridades de control transitorias, por esto no hallarse en sus funciones.
La expresión de Trujillo de “Jalkh y su caterva” para referirse al Consejo de la Judicatura, levantó cuestionamientos del referido por delatar una animosidad que no es propia de un evaluador independiente y que denotan que antes de la evaluación tenían una decisión. Posteriormente denunció animadversión contra de Pablo Dávila quién adelantó criterios sin leer los argumentos de descargo de la Judicatura, en su evaluación.
Designado bajo la nueva forma, elección mediante votación popular sin la participación de partidos políticos y con la promoción de los candidatos dirigida desde el Consejo Nacional Electoral. Su posesión se vio retrasada resultado de unas difíciles elecciones donde el exconsejero David Rosero señaló la promoción hecha por Rafael Correa de ciertos candidatos, acusación la cual no tendría efecto. Finalmente el 13 de junio de 2019 se dio la posesión del organismo e inmediatamente se indicó que había una división en dos grupos donde se formó una mayoría entre los consejeros Walter Gómez, José Tuárez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio; y una minoría compuesta de Christian Cruz, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida. El resultado será la designación de José Tuárez y Rosa Chalá como presidente y vicepresidenta.
Nuevamente el organismo es acusado de ser cercano a Correa, sumando a esto que este pleno buscaría evaluar el trabajo de sus antecesores, pese a que la Corte Constitucional haya indicado que no se puede. Tuárez a su vez se ha visto cuestionado por su hoja de vida que sería falsa, así como su supuesta desafiliación reciente del Partido Socialista.
Tras 60 días de dificultades, el 14 de agosto, finalmente la mayoría de Tuárez, Chalá y Gómez serían destituidos por la Asamblea Nacional con los votos de Alianza País, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano, Movimiento SUMA, entre otro; y el rechazo de la Bancada de la Revolución Ciudadana. Meses después, en noviembre de 2019, el exvocal José Tuárez sería detenido por presunto tráfico de influencias, siendo condenado a 5 años de prisión.
Hasta febrero de 2018, el CPCCS estaba integrado por siete consejeros y consejeras principales y siete suplentes que fueron seleccionados de entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana. Tras la consulta popular de 2018, el Consejo será formado mediante votación popular.
Su estructura se organiza a través de:
Fuentes:
Según la Constitución y la Ley Orgánica del CPCCS, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social su estructura se organiza a través de:
La Constitución le confiere al CPCCS las siguientes atribuciones generales:
A las atribuciones constitucionales se suman otras atribuciones generales señaladas en su Ley Orgánica:
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