La Corporación Nacional Forestal (Conaf) es una institución autónoma del Estado chileno, creada originalmente como corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, encargado de administrar la política forestal chilena, fomentar el desarrollo del sector, combatir incendios forestales y administrar áreas silvestres protegidas como parques nacionales y reservas nacionales. Su personal más visible para la comunidad son los llamados brigadistas, que combaten los incendios forestales, y los guardaparques, responsables de las áreas silvestres protegidas.
La misión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es contribuir al manejo sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la sociedad.
Ya en el siglo XIX surgen en Chile numerosas voces preocupadas por la situación de deforestación que observaban en el país.
El estudio fundacional en el tema es un informe realizado en 1838 por el naturalista Claudio Gay para el Ministerio del Interior, Sobre las causas de la disminución de los montes de la provincia de Coquimbo. En él, Gay se queja de que «las ordenanzas de la minería autorizan a las minas para cortar (árboles) y destruirlo todo», y observa en la zona analizada sólo remanentes aislados de la población arbórea original.
Al año siguiente Gay, con otros autores (José Miguel Irarrázaval, Manuel Carvallo, Pedro Nolasco Mena, José Vicente Iñiguez, Francisco García Huidobro, Eugenio Cortés y Félix Solar) reunidos por la Sociedad Nacional de Agricultura reiteraron estas preocupaciones en Memoria Económico Legal sobre los bosques..., donde se afirma que «los montes se han cortado en nuestro país sin número ni tasa, sin orden ni medida... de este eterno azote con que se les ha castigado ¿qué podrá esperarse sino la aridez y la devastación? ¿El aspecto que presentan nuestros campos se parece en algo al que ofrecían cincuenta años atrás? Las llanuras de Maipo y la Dehesa, la Punta y lo de Aguirre, pobladas según la historia de espesísimos montes ¿Qué demuestran ahora sino los vestigios de las selvas que en otros tiempos las cubrieron?».
Entre otras opiniones que en la segunda mitad del siglo XIX circularon en el mismo sentido, en 1870 Benjamín Vicuña Mackenna aseguraba que: «se está incendiando a Chile en nombre de la agricultura. Se está decretando el desierto en el sur a nombre del trigo, así como en el norte se consumió y decretó a nombre del cobre». Mientras que en 1872 Rafael Larraín Moxó, miembro de Sociedad Nacional de Agricultura, alertaba de la sobrexplotación de la masa forestal por parte de la minería y la hornos de fundición asociados a ella. Larraín aseguraba que a raíz de ese uso no quedaban «más que restos escasos de aquel tesoro inmenso» que alguna vez fueron los bosques entre los ríos Maipo y Copiapó. En 1874, el historiador Carlos María Sayago hacía el mismo diagnóstico respecto al Valle de Copiapó, donde «apenas si quedan (...) unos cuantos de esos añosos árboles».
En concordancia con esta reiterada preocupación se tomaron medidas algunas legislativas que, sin embargo, no tuvieron en lo inmediato aplicación en la práctica. En 1857 el Código Civil declaró que el «goce del usufructuario de una heredad se extiende a los bosques y arbolados, pero con cargo de conservarlo en un ser, reponiendo los árboles que derribe».
En 1871 se intentó limitar mediante modificaciones de la Ordenanza de Minería el derecho de tala indiscriminada que gozaban los mineros, pero el cabildeo de éstos atenuó las restricciones al año siguiente. Para enfrentar el mismo problema se decretó un Reglamento General de Corta en 1873, mismo año en que Cödigo Penal tipifica el delito de "incendio de bosques". Mientras que un decreto de 1879 establece el concepto de "Reserva de Bosque Fiscal", pero sin que se implemente.
Uno de los primeros ecosistemas que intentaron ser protegidos oficialmente en lo que hoy es territorio de Chile fueron los bosques de tamarugos que crecen en medio del Desierto de Atacama, considerado habitualmente el más seco del mundo, gracias al agua proporcionada ocasionalmente por aluviones que bajan cada cierta cantidad de años desde la precordillera y el altiplano de la zona. Estos árboles fueron fuertemente explotados producto del auge de la explotación del salitre.
El gobierno de Perú, que anteriormente ejercía soberanía en Tarapacá, promulgó un decreto el 13 de mayo de 1873 intentando proteger estos árboles, que eran talados para ser usados como leña. Pero la normativa no fue acompañada de medidas prácticas. El político peruano Guillermo Billinghurst señalaba en esos años, respecto a un tamarugal ubicado cerca del Salar de Llamara, que «es evidente que con una pequeña vigilancia se habría evitado la destrucción por medio del hacha y el fuego de miles de árboles en el Monte (bosque) de la Soledad».
Luego de la Guerra del Pacífico, las recién instaladas autoridades chilenas continuaron con la misma preocupación. En 1883 Francisco Valdés Vergara, intendente de la provincia, ofició una orden al inspector general de salitreras para que se prohibiera por completo el corte de árboles en la Pampa del Tamarugal. En 1885, debido a que continuaba evidentemente la explotación, un nuevo intendente, Exequiel Fuentes Villarroel,[cita requerida] designó al primer guardabosques que oficialmente operó en Chile, Manuel Hidalgo, especialmente encargado de proteger el llamado Monte (bosque) de la Soledad, en el Salar de Llamara, a pocos kilómetros al norte de Quillagua.
El 10 de octubre de 1900 se creó, bajo la dirección del botánico alemán Federico Albert, el organismo que sería el verdadero punto de partida de la instucionalidad forestal en Chile: la Sección de Ensayos Zoológicos y Botánicos del Ministerio de Industria. Esta oficina se transformó en la Sección de Aguas y Bosques, también dentro del Ministerio de Industria, en 1906. En 1907, siguiendo este mismo impulso, se creó por iniciativa de Albert la Reserva Forestal Malleco, la primera área protegida por el Estado, aprovechando el decreto anterior, de 1879 que había creado legalmente la figura de "Reserva de Bosque Fiscal", pero que no había sido implementado hasta esa fecha.
Siguiendo a una propuesta hecha por Albert en 1911, en 1912 la anterior sección se transforma la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza, alojado en el entonces Ministerio de Industria y Obras Públicas. El ambicioso proyecto original consideraba para esta nueva institución un personal de más de 600 funcionarios entre "conservadores de bosques", silvicultores y numerosos guardabosques, además de dos cargos de inspectores a nivel nacional: uno de "repoblaciones y correcciones" y otro de "reservas y ordenaciones". También en el mismo año de 1912 crean nuevas reservas forestales de Villarrica, Llanquihue y Alto Bío Bío.
El avance logrado por la nueva Inspección General ya era concreto en 1914. Entonces las reservas de bosques fiscales alcanzaron el número de ocho (Malleco, Villarrica, Tirúa, Chiloé, Puyehue, Petrohué, Alto Bío Bío y Llanquihue); también ya estaban activas tres unidades dedicadas a repoblación y contención de dunas (Chanco, Llico y San Antonio); había tres servicios provinciales de fomento de plantaciones forestales (Atacama, San Fernando y Linares) y otros cuatro destinados a la repoblación forestal en suelos áridos, salobres o quebradas (Noguen, El Canelo, Las Tablas y Bosque de Santiago). Los viveros de la Inspección General habían entregado en esa facha ya 63.502 árboles.
Todas estas iniciativas de Albert, que dejó el cargo y el país en 1915 por problemas de salud, estaban inspiradas por un enfoque conservacionista; alarmado de la deforestación, el avance de las dunas, la erosión y, como derivado de estas situaciones, el daño sobre los recursos hídricos que el botánico alemán diagnosticaba como graves problemas de Chile. Actualmente se le recuerda en el nombre de la Reserva nacional Federico Albert, en Chanco, fruto de su proyecto de detención de dunas. Allí se considera que Albert salvó al pueblo de ser absorbido por el campo dunar.
La Corporación de Reforestación fue creada el 13 de mayo de 1970 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva siguiendo el impulso de un anterior “Plan de Reforestación de Colchagua”. Pocos años más tarde, en abril de 1973, el gobierno de Salvador Allende firma un decreto con fecha 19 de abril de 1973 donde se unifica esta y otras reparticiones similares y mediante el cual se aprobó las reformas a los estatutos de la Corporación de Reforestación, siendo la principal restructuración de la corporación cuando integra a su gestión la administración de las Áreas Silvestres Protegidas y la prevención y combate de incendios forestales ese mismo año se modifica el nombre a Corporación Nacional Forestalcon el acrónimo actual de CONAF.
Durante el régimen militar, Augusto Pinochet designó a su yerno, Julio Ponce Lerou, casado entonces con María Verónica Pinochet, el cargo de director ejecutivo de Conaf entre 1974 y 1980. Ese mismo año se prueba el Decreto Ley 701, un polémico bono destinado a las empresas forestales cuyo objetivo era incentivar la plantación y reforestación de árboles y que a la fecha sigue vigente.
Ponce Lerou, que anteriormente había administrado un aserradero en Panamá, privatizó complejos madereros y fundos que estaban en manos de Conaf. Además se enajenaron tierras indígenas y campesinas que terminaron siendo entregadas a grandes empresarios forestales, además de subvencionar la masiva plantación de especies exóticas destinadas a la producción de celulosa y papel por parte de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, que había sido uno de los pilares de la oposición a Salvador Allende. Al finalizar su gestión pública, Ponce Lerou terminó ostentando la propiedad de numerosos y extensos fundos, incrementando significativamente su propia fortuna personal.
En 1976 la Conaf crea como mascota un coipo llamado Forestín.
En 1984 mediante la aprobación de la ley 18.348, se crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, con el mismo acrónimo de CONAF, asimilando a sus funcionarios bajo el régimen de servicio público, sin embargo fue excepcionada por la misma ley de los preceptos generales o especiales que regulan la administración del Estado, salvo expresa mención. Aún no se disuelve la corporación privada previa de 1973, por lo que ambas entidades funcionan aún en un régimen de carácter mixto.
En varias oportunidades se ha criticado que una corporación privada como CONAF tenga mandatos públicos y además se financié con recursos del Estado. Se ha sugerido que este organismo debiera ser completamente público. Por esta razón, en marzo de 2011 bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para transformar a CONAF en un servicio público bajo el nombre de Servicio Nacional Forestal. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Senado en mayo de 2012.
En abril de 2017, nuevamente se presenta un nuevo proyecto al Congreso, esta vez bajo la administración de Michelle Bachelet para crear el Servicio Nacional Forestal como un servicio público.
Conaf es encabezada por un director ejecutivo, que es secundado por un secretario ejecutivo. El director ejecutivo responde de sus actividades a un Consejo Directivo. Esta instancia es encabezada por el Ministro de Agricultura y está integrada por el propio director ejecutivo de Conaf, el Ministro del Medio Ambiente, director nacional de Servicio Agrícola y Ganadero, director nacional de INDAP, dos representantes de CORFO, dos "representantes del sector privado agrícola" y un representante de los trabajadores de Conaf.
El director ejecutivo es asesorado por una fiscalía interna, un jefe de gabinete y una Secretaría de Comunicaciones. De este cargo dependen las diversas gerencias de Conaf:
También dependen del director ejecutivo las 15 direcciones regionales y una oficina provincial especial para la Isla de Pascua, que realizan el trabajo de la institución a nivel local.
A su vez, el secretario ejecutivo es responsable de las siguientes áreas:
Conaf, para administrar y cuidar su red de 101 áreas silvestre protegidas, además de educar al público que los visita, recurre al Cuerpo de Guardaparques que, aunque en los hechos estaba activo desde mucho antes, fue denominado con ese nombre en 1999. El Cuerpo cuenta con una fuerza estable de 432 personas, a los que suman en las temporadas de alta afluencia de público (verano austral) varios cientos de "guardaparques transitorios". En el año 2013 la cifra de "guardaparques transitorios" fue de 419. Eventualmente estos funcionarios son apoyados también por otros trabajadores de Conaf, miembros de comunidades indígenas locales o grupos de colaboradores voluntarios.
En el 2014 Conaf celebró los 100 años de labor de los guardaparques en Chile, recordando a la primera persona que despeñó esta labor en un área protegida por el Estado; Manuel Alvarado, contratado en 1914 para servir en la primera área protegida, la Reserva Forestal Malleco, creada legalmente unos años antes, en 1907. Alvarado tenía por principal labor evitar siniestros y tala ilegal en la reserva. Tradiciones orales recogidas en documentos de Conaf señalan que Alvarado habría trabajado hasta aproximadamente 1930. Agregan que era llamado "gringo", pese a ser moreno, por tener cierta ascendencia extranjera (de Medio Oriente). También la tradición le atribuye fama de "malo, rico, patas chuecas, que crio una muchacha y se casó con ella; que en las largas noches de invierno, se encerraba a conversar con el diablo". Estas tradiciones orales aseguran también que el día de su velorio se descubrió inesperadamente que su cuerpo no se encontraba en el ataúd.
Aun así, existen antecedentes anteriores de esta labor en Chile, pues en 1884 se registra el nombramiento de Manuel Hidalgo como "guardabosques" de Pozo Almonte por parte del intendente de Tarapacá, buscando proteger e imponer una explotación racional de los tamarugos y algarrobos que crecen en el desierto. Mientras que en 1911 Federico Albert reclamaba la creación de una "Inspección General de Bosques, Caza y Pesca", argumentando la necesidad de guardabosques "no sólo par impedir los incendios en las propiedades fiscales, que a veces han llegado hasta Argentina, sino que para proteger los establecimientos mismos". Albert señalaba en esa fecha que esas labores alguna vez habían sido cumplidas esporádicamente por el Regimiento de Carabineros, pero cuando escribía ya no las realizaba nadie de manera orgánica.
En 1971, cuando estaba gestándose el cambio institucional que daría origen a Conaf propiamente tal, se delinearon los primeros "programas interpretativos" del país; uno pensado para el parque nacional Vicente Pérez Rosales (G. Watterberg) y otro para el parque nacional Puyehue (Cony y Gregory Lovelady). Primero se implementó este último plan, de forma que se estableció en Puyehue el primer Centro de Visitantes, en el sector Aguas Calientes, con exhibiciones, maquetas, paneles informativos, mesón de información, entrega de material impreso y realización de charlas educativas. A este centro se agregaron "senderos interpretativos", miradores, anfiteatros naturales, caminatas guiadas por guardaparques, señalética y casetas de información. Todas éstas son prácticas que se generalizaron con el correr de las décadas y forman parte del característico quehacer actual de los guardaparques de Conaf.
En 1974, en el parque nacional Puyehue, sector Aguas Calientes, se incorporó a Conaf la primera guardaparque mujer registrada en áreas silvestres protegidas por el Estado de Chile, Mirla Carrasco Kahler, principalmente encargada de realizar charlas educativas con apoyo de grabaciones y diaporamas. En el 2014 se contabilizaban 32 guardaparques de género femenino.
En 1975 ya se replicaban prácticas de interpretación en el antiguo parque nacional Monte Balmaceda (actual parque nacional Bernardo O'Higgins), con un viaje guiado de acercamiento en barco por el Seno Ultima Esperanza como introducción a temas de Glaciología para los visitantes. Hasta el año 1976, los brigadistas estaban compuestos principalmente por estudiantes voluntarios, que no percibían ingresos por su labor. A partir de ese año comenzaron a recibir ingresos a través del Plan de Empleo Mínimo, para posteriormente regularizar la situación del brigadista con sueldos normales.
En el 2013 representantes de los guardaparques enviaron una carta a la Presidencia de la República solicitando la creación a nivel legal de la figura del guardaparque y su cuerpo, con legislación que especifique roles, funciones, potestades públicas y un estatuto laboral propio.
Según cifras de abril de 2014, Conaf contaba para el control de incendios con un total de 136 brigadas forestales. De éstas, 17 son de "tipo móvil" y otras 3 son brigadas asociadas a un área silvestre protegidas en particular. De acuerdo a datos publicados en marzo del 2013 (cuando el número de brigadas era 120), a esa fecha había unos 1.500 brigadistas en la institución, a los que se sumaban despachadores, radioperadores, asistentes técnicos, observadores de torres de detección y otro personal de apoyo que totalizaban 2.160 personas dedicadas al combate de incendios.
Habitualmente cada brigada cuenta con un jefe, dos jefes de cuadrilla y dos cuadrillas de alrededor de siete hombres cada una, pero estos números son variables y la organización puede ser otra según el caso y condiciones particulares.
Muchos de los brigadistas son temporales y se encuentran movilizados sólo durante la temporada local de incendios forestales (verano austral), de manera que durante la temporada libre (invierno austral) algunos de ellos, debido a su experiencia técnica, son contratados para trabajar en los incendios de países de clima mediterráneo del Hemisferio Norte, como Portugal o España.
Las brigadas de Conaf son apoyadas en ocasiones de emergencias especial por brigadas forestales temporales que son activadas en las fuerzas armadas chilenas, o, eventualmente, por brigadas particulares de empresas forestales. Cuando los incendios representan peligro para poblaciones e infraestructura humana, las brigadas de Conaf trabajan en coordinación y apoyo con los cuerpos de bomberos voluntarios locales.
Las operaciones aéreas de combate del fuego se realizan con una escuadrilla de 7 aeronaves propias de Conaf, a las que se suman otros aparatos particulares que son contratadas por la institución.
Conaf contabiliza oficialmente 27 "mártires", fallecidos en labores de extinción de incendios forestales, entre brigadistas y personal aéreo.
CONAF, además de las unidades reseñadas en las tablas, también arrienda otras aeronaves y vehículos a operadores privados durante cada temporada de incendios forestales para dar abasto a la gran cantidad de emergencias producidas, o para hacer frente a eventos específicos.
Con este fin CONAF arrienda diferentes tipos de aeronaves cada año, estas naves suman habitualmente alrededor de 7 modelos de helicópteros tales como:
Aeronaves
En el ámbito de vehículos terrestres que posee CONAF entre (camionetas 4x4 , furgones y motos Honda ) anualmente también arrienda otros vehículos para el transporte de sus brigadas en el combate de incendios forestales , en la actualidad CONAF cuenta con 147 Brigadas en todo el país y entre los vehículos que arriendan son en su gran mayoría furgones Hyundai H-1.
En 2014, Conaf creó una revista de divulgación científica llamada Biodiversidata.
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