La descristianización de Francia durante la Revolución francesa es una descripción convencional del resultado práctico de una serie de políticas conducidas por varios gobiernos franceses desde el inicio de la revolución de 1789 hasta el Concordato de 1801. Estas políticas formarían la base del posterior y menos radical movimiento laicista.
El objetivo de la campaña era la destrucción de la práctica de la religión católica. Ha existido un intenso debate que discute si el movimiento tuvo raíces populares o si fue inducido por aquellos que ejercían el poder.
En el siglo XVIII el noventa y cinco por ciento de la población francesa profesaba la religión católica. Del resto, la mayoría eran hugonotes protestantes. Aunque estos eran una minoría muy exigua, ocupaban ciertos puestos en los gobiernos locales. Además, existía una pequeña población judía (40.000 componentes), así como un muy pequeño número de musulmanes, en una población total que rondaba los 27 millones de personas. Durante el Antiguo Régimen la autoridad del clero estaba garantizada por su pertenencia al primer Estado. Las órdenes religiosas vinculadas a la Iglesia Católica era una parte de los principales terratenientes del país y esta institución obtenía enormes beneficios a través del cobro del diezmo a sus siervos. Además, la Iglesia católica tenía una hegemonía social y cultural indiscutible, puesto que era la encargada de registrar nacimientos, defunciones y matrimonios, además de ser la única institución que proveía educación primaria y secundaria, y asistencia sanitaria en sus hospitales.
El programa de descristianización llevado a cabo contra el catolicismo, y eventualmente contra todas las formas religiosas cristianas incluía:
El clímax de estas políticas se alcanza el 10 de noviembre de 1793 con la celebración de un acto litúrgico adorando a la Razón deificada en la Catedral de Notre Dame.
La campaña de descristianización fue vista como una extensión lógica de las filosofías materialistas de varios líderes de la Ilustración. Otros en cambio ven el proceso como oportunidad para dar rienda suelta al resentimiento contra la Iglesia y el clero como sectores dominantes que habían sido durante el Antiguo Régimen.
En agosto de 1789 el Estado canceló el poder de la Iglesia para imponer impuestos. El tema de la propiedad religiosa de la tierra resultaría clave en las políticas del nuevo gobierno revolucionario. Se declaró que todas las tierras de la Iglesia en Francia pertenecían a la nación y debían ser confiscadas y subastadas. La Asamblea Nacional Constituyente publicó en julio de 1790 la Constitución Civil del Clero, que despojaba a los sacerdotes de sus derechos especiales. Los sacerdotes se convertían así en meros funcionarios estatales elegidos por su parroquia o arzobispado. El número de arzobispados fue reducido y se requirió a todos los sacerdotes y obispos jurar fidelidad al nuevo orden republicano, bajo la amenaza de destitución, deportación o guillotina.
Los sacerdotes franceses tenían que recibir además la aprobación papal para ejercer. Por esta razón Pio VI pasó casi ocho meses deliberando. El 13 de abril de 1791 el Papa rechazó esta Constitución. De ello resultó una escisión en la Iglesia Católica francesa entre aquellos sacerdotes que según Pío VI habían abjurado de su religión (al haber jurado lealtad al estado francés) y los que se mantenían fieles a Roma. Los primeros eran denominados como clero constitucional y los que habían rechazado el juramento fueron conocidos como clero refractario.
En septiembre de 1792 la Asamblea Legislativa legalizó el divorcio, que era y es contrario a la doctrina católica. Al mismo tiempo el Estado tomó el control de funciones hasta entonces encomendadas a la Iglesia como el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios. Se expandió la idea de que la Iglesia era una fuerza contrarrevolucionaria. Esto fue la causa del estallido de violentas disputas entre los franceses.
Tras la aprobación de estas medidas por parte de la Asamblea Legislativa (sucesora de la Asamblea Nacional Constituyente) París vivió un caos de unas 48 horas. Tres obispos y más de doscientos sacerdotes fueron asesinados por la multitud enfurecida. Esto constituye parte de los sucesos que luego vinieron en llamarse Masacres de septiembre. Jean-Baptiste Carrier ordenó las ejecuciones de muchos de ellos por delitos de traición (noyades). También en Lyon Joseph Fouché y Collot d’Herbois [cita requerida] acusaron a sacerdotes y monjas de separatismo y ordenaron diversas ejecuciones. Cientos de sacerdotes fueron encarcelados y torturados en el Puerto de Roquefort.
Tanto Asamblea Legislativa como su sucesora la Convención Nacional, así como muchos Consejos de departamentos en todo el país, aprobaron leyes contra la Iglesia. Muchas de las leyes de descristianización de 1793 tenían como objeto confiscar el oro y plata de la iglesia para financiar los esfuerzos de guerra. En noviembre de 1793 el consejo departamental de Indre-et-Loire suprimió la palabra domingo, cuya etimología es “día del Señor”. Asimismo el calendario gregoriano, instituido por el papa Gregorio XIII en 1582 fue reemplazado por el calendario republicano. Éste abolía el sábado, los días de los santos, así como cualquier otra referencia a la Iglesia.
Se organizaron desfiles anticlericales y el arzobispo de París fue obligado a abandonar sus tareas y a reemplazar su mitra por el gorro frigio rojo, símbolo de la república francesa. Se renombraron nombres de calles, plazas y lugares públicos con connotaciones religiosas. De esta forma las ciudades de Saint-Tropez y Montmartre pasaron a llamarse Héraclée y Mont-Marat respectivamente, entre otros muchos ejemplos. Se prohibieron las vacaciones de origen religioso y se reemplazaron con otras que celebraban la vendimia y otras fiestas no religiosas. Robespierre y sus seguidores decidieron suplantar tanto al catolicismo como a su incipiente rival, el Culto a la Razón, con una versión renovada de este último: el Culto al Ser Supremo. Solo seis semanas antes de su arresto el 8 de junio de 1794 el todavía poderoso Robespierre condujo personalmente una enorme procesión a través de París hacia el jardín de las Tullerías para inaugurar el nuevo culto.
La descristianización de Francia alcanzó su punto álgido a mediados de 1794 en los momentos previos a la caída de Robespierre. Tras su ejecución en 1795, se aprobó una ley legalizando el culto público, aunque con limitaciones estrictas, lo que suponía una cierta vuelta a la situación anterior, si bien el tañido de campanas, las procesiones religiosas y el despliegue de cruces católicas estaba todavía prohibido.
En 1799 todavía existían sacerdotes deportados realizando trabajos forzados o en prisión y perseguidos. La situación solo cambió cuando el General Louis Alexandre Berthier capturó Roma y encarceló al Papa Pío VI, que moriría en cautividad en territorio francés en agosto de 1799. Finalmente Napoleón, entonces figura ascendente en Francia, promovió negociaciones que llevaron al nuevo papa, Pío VII a firmar con él el Concordato de 1801, que acabó formalmente con el período de descristianización y estableció unas normas claras de relación entre la Iglesia católica y el Estado francés.
Entre 20.000 y 40.000 personas fueron asesinadas durante el Reinado del Terror. Estimaciones indican que aproximadamente el 8 por ciento de los condenados por tribunales revolucionarios eran aristócratas, el 6 por ciento sacerdotes, el 14 por ciento de la clase media, y el 70 por ciento eran trabajadores o campesinos acusados de acaparar pan, evadir el reclutamiento, desertar, rebelión, y otras crímenes. De todos los grupos sociales, el clero de la Iglesia Católica sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas.
El Concordato de 1801 duraría más de un siglo hasta ser derogado por el gobierno de la Tercera República, que estableció una política de laicidad el 11 de diciembre de 1905.
Bajo la amenaza de muerte, encarcelamiento, o servicio militar obligatorio en tiempos de guerra o la pérdida de ingresos, alrededor de veinte mil sacerdotes constitucionales se vieron obligados a dimitir y entregar sus cartas de ordenación, y entre seis y nueve mil de ellos fueron obligados a casarse. Muchos abandonaron sus deberes pastorales por completo. Sin embargo, algunos de los que había abdicado continuaron secretamente oficiando.
A finales de la década, aproximadamente treinta mil sacerdotes se habían visto obligados a salir de Francia, y otros que no salieron fueron ejecutados. La mayoría de las parroquias francesas se quedaron sin sacerdote y privadas de sacramentos. Cualquier sacerdote no juramentado podía hacerlo frente a la guillotina o ser deportado a la Guayana Francesa. En la Pascua de 1794, solo algunas de las cuarenta mil iglesias de Francia permanecieron abiertas: muchas habían sido cerradas, vendidas, destruidas o convertidas a otros usos.
Las víctimas de la violencia revolucionaria, ya sea religiosa o no, fueron tratadas popularmente como mártires cristianos, y los lugares donde fueron asesinados se convirtieron en destino de peregrinaciones. Se hicieron tremendamente comunes la catequesis en el hogar, la religión popular, y prácticas sincréticas y heterodoxas, razones por las cuales los efectos a largo plazo sobre la práctica religiosa en Francia fueron significativos. Muchas de las personas que abandonaron sus prácticas religiosas tradicionales no las reanudarían jamás. Se calcula que 20 000 clérigos abandonaron el sacerdocio y 5 000 se casaron al ver en el matrimonio una forma de no levantar sospechas con respecto a su fidelidad a las autoridades revolucionarias.
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