La esterilización forzosa en el Perú es la denominación que se otorga a las acciones no consentidas dentro del programa de esterilizaciones llevado a cabo durante los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), que tuvo como objetivo a las mujeres indígenas multíparas (esencialmente analfabetas) de los andes peruanos y en un menor número a campesinos varones.
El 9 de septiembre de 1995, Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la "ley general de población", denominado "Plan de salud pública", con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. También se legalizaron otros métodos de contracepción. Todas estas medidas fueron fuertemente criticadas por la Iglesia católica. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares, y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.
Se estima que entre los años 1990 y 1999 más de 314 mil mujeres fueron esterilizadas empleando la presión psicológica, el amedrentamiento, o incluso, el ofrecimiento de alimentos o dinero. Asimismo, un informe efectuado por la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (más conocida como Demus) al fiscal de la nación Luis Landa en el año 2017, refirió que el personal encargado de realizar las AQV brindó involuntariamente información insuficiente sobre el proceso de la ligadura de trompas a unas 211 mil mujeres, y de este grupo, a 25 mil mujeres no se les explicó con claridad acerca de la irreversibilidad de la intervención quirúrgica. Una investigación de derechos humanos llevada a cabo por la abogada y activista Giulia Tamayo, denominada Nada Personal, mostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos. Incluso se habrían organizado "festivales de ligaduras de trompas" en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.
En septiembre de 2001, el ministro de salud Luis Solari instituye una comisión especial sobre las actividades de Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AVQ), mientras que otra comisión parlamentaria se encargó de inquirir sobre las irregularidades del programa. En julio de 2002, el entonces ministro de salud Fernando Carbone presentó un informe al Congreso, calculando que entre los años 1993 y 2000, 294 000 mujeres fueron esterilizadas, mientras que a más de 18 000 hombres se les hizo la vasectomía. El plan, que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de la sociedad peruana, apuntando esencialmente a los indígenas de las zonas más alejadas.
Este caso llegó a ser archivado hasta en cuatro oportunidades. En 2009 se realizó el primer archivamiento por prescripción. En 2011 fue reabierto, pero en 2014 el fiscal Marco Guzmán Baca lo volvió a archivar, excluyendo de responsabilidad a Fujimori y a sus ministros por estas esterilizaciones. En 2015 la fiscal Marcelita Gutiérrez reabrió el caso, pero al año siguiente lo archivó nuevamente, sin embargo encontró a siete mujeres afectadas. La misma fiscal revisó el caso por cuarta vez pero reiteró que no encontró delitos en los imputados, archivando en diciembre de 2016 el caso de forma definitiva.
En 2015, la Defensoría del Pueblo señaló que para poder definir las reparaciones civiles a las víctimas de esterilización forzada se debía contar con un registro oficial que permita conocer su número real. Precisamente, ante informaciones falsas publicadas por diversos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la Defensoría hizo la siguiente aclaración en su informe anual al Congreso:
En 2017, la abogada María Cecilia Villegas publicó el libro «La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas», en donde se destacó que únicamente se registraron 773 denuncias en contra del programa de salud reproductiva ante la Defensoría del Pueblo, y solo 61 fueron sobre esterilizaciones sin consentimiento. De acuerdo con Villegas, de 1996 a 2000 se realizó un total de 254 455 AQV (Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias), pero el ministro Fernando Carbone inició el bulo sosteniendo en su informe que todas esas intervenciones fueron forzadas. Asimismo, el libro destaca que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubo también otras 26 esterilizaciones no consentidas.
La profesora de Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota, Christina Ewig, ha sido bastante crítica con el tratamiento del tema por parte de Villegas, afirmando lo siguiente:
El Ministerio Público determinó que entre 1996 y 2001, un total de 2091 mujeres sufrieron esterilizaciones forzosas.
En la Fiscalía existen 2166 denuncias por casos de esterilización no voluntaria, mientras que 3761 mujeres se inscribieron en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia peruano. Este organismo pudo identificar a 5097 mujeres que sufrieron esterilizaciones contra su voluntad:
Fuente : https://peru21.pe/opinion/opinion-aldo-mariategui-los-medios-cuando-difunden-falacias-noticia/?ref=p21r [Opinión] Aldo Mariátegui: Los medios cuando difunden falacias…
Siempre me ha sorprendido lo mal que se han defendido los fujimoristas contra esa campaña falaz, de curas medievales y rojos, sobre las llamadas “esterilizaciones forzadas”. Y el fiscal Pablo Espinoza cae en la demagogia jurídica.
Primera mentira: “Fue un plan de esterilización”. ¡Falso! Las esterilizaciones voluntarias eran parte de un amplio programa de salud reproductiva. Segunda mentira: “No pudieron ser madres”. ¡Falso! ¡Esa infamia la repetían PPK y Mechita! Solo se aplicaba a mujeres con 4 hijos. Tercera mentira: “Son cerca de 300 mil afectadas”. ¡Falso! Las denuncias fueron 773 en su momento. O sea, el 0.26%. De esas, solo 61 se referían a esterilizaciones sin consentimiento (las otras eran por cobros indebidos, complicaciones con anticonceptivos o posteriores. Son cifras de la Defensoría del Pueblo - Informe 69). Hoy se han presentado1,300 presuntas afectadas al juicio. O sea, el 0.43%. El 99% quedó satisfecho o hay más de 290 mil intervenidas sin quejas. Cuarta mentira: “Hubo muchas muertes”. ¡Falso! Solo se registraron 5 lamentables muertes, sobre un universo aprox. de 300 mil intervenciones. O sea, el 0.0016% de las intervenidas habría fallecido por estas operaciones. Eso está dentro de los parámetros esperables de cualquier intervención quirúrgica masiva: 299,995 de las operadas están vivas. Quinta mentira: “Mamerita Mestanza fue obligada y murió por la esterilización”. ¡Falso! Mestanza (33 años, 7 hijos) fue voluntaria. Y murió no durante o por la operación, sino por negligencia médica postoperatoria. Sexta mentira: “Keiko es culpable”. ¡Falso! Jamás ordenó, diseñó o dirigió.
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