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Hiperinflación argentina de 1989



La hiperinflación argentina de 1989 y 1990 fue una crisis económica que afectó Argentina y que tuvo dos fuertes picos en los mencionados años.[1][2][3]

A partir del 6 de febrero de 1989, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se quedó sin reservas de moneda extranjera para subastar y satisfacer la demanda de moneda extranjera -dólares principalmente- y se retiró del mercado cambiario. Esto dio inicio a una espiral de fuertes depreciaciones del austral, acompañadas de permanentes subas de las tasas de interés y consecuente ahondamiento del déficit fiscal. Las corridas cambiarias y bancarias se sucedieron al día siguiente de que el BCRA se quedara sin reservas para intervenir en el mercado cambiario[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]​ Estas circunstancias influyeron fuertemente para que el presidente radical Raúl Alfonsín adelantara las elecciones presidenciales[17][18]​ al 14 de mayo de 1989, y para que en los mismos ganara el candidato peronista Carlos Menem. Los resultados electorales influyeron para que la inflación recrudeciera en hiperinflación, y de 460% de inflación en abril de 1989 se pasó a 764% en mayo.[19]​ Presionado por el caos hiperinflacionario, una ola de saqueos y el temor a una nueva intentona militar de grupos como los carapintadas, Alfonsín también adelantó[20]​ el traspaso de mando, realizado el 8 de julio de 1989.

No obstante, la hiperinflación continuó en el siguiente gobierno. El segundo pico de la hiperinflación sucedió entre diciembre de 1989 y marzo de 1990, durante la primera presidencia de Carlos Menem, y provocó la renuncia del Ministro de Economía, Néstor Rapanelli, y el fin del Plan BB (por el grupo Bunge & Born). La hiperinflación continuó durante todo ese año y recién se llegaría a niveles de inflación pre-mayo del '89 en febrero de 1991 (582%).[19]

La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable, interna y externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los estados deudores. Durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, la deuda externa argentina había pasado de 7875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45 087 millones de dólares al finalizar 1983.[21]

Por otro lado, el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 (datos para el Gran Buenos Aires),[22]​ anticipaban grandes presiones sociales.

Para colmo de males, durante este tiempo, Argentina experimentó la peor crisis energética de su historia. Una combinación de factores negativos (desperfectos en las centrales nucleares de Atucha y Embalse, en coincidencia con una sequía que afectó a las más importantes represas hidroeléctricas y un incendio que afectó a una red que distribuía luz desde la represa El Chocón, causaron infinidad de interrupciones de servicio. En consecuencia, se afectó la actividad industrial y el malestar en la población fue en aumento [23]​ por los cortes masivos, que se extendieron por más de cuatro meses.[24][25]

El gobierno alfonsinista declaró asuetos administrativos, hubo canales de TV operando sólo cuatro horas diarias, y bancos trabajando de 8 a 12. La escasez de electricidad obligó a realizar cortes de luz rotativos de cinco horas por turno. Por el faltante energético, en diciembre las restricciones se extendieron a los espectáculos deportivos nocturnos, se prohibió la iluminación con fines ornamentales y se suprimieron trabajos nocturnos. La falta de energía eléctrica afectó también el abastecimiento del agua, y Obras Sanitarias de la Nación (OSN) tuvo que distribuirla en tanques a las zonas del Gran Buenos Aires. Se atribuyó la crisis a la falta de inversiones en materia de generación, expresando que en el período 1984-87 las inversiones en generación alcanzaron a 28 millones de dólares estadounidenses cuando en realidad deberían haber sido alrededor de 250 millones.[26]

El primer Ministro de Economía de Alfonsín fue Bernardo Grinspun. En esa época, Argentina padecía una fuerte crisis en relación a su deuda externa y Grinspun confrontaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro quería que se auditara la deuda para declarar su nulidad por ilegítima. Procuraba organizar el llamado club de deudores, que finalmente fue desmantelado por presión de los acreedores, el FMI y los Estados Unidos.

Grinspun apuntaba a fortalecer el mercado interno mediante el aumento de salarios, con control de tarifas y tipo de cambio alto. Quince meses después de haber asumido, la inflación era de un 626 por ciento anual, lo que puso punto final a su gestión.[27]

En febrero de 1985, Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille, con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente a la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Sourrouille anunciaron en una prolongada cadena nacional por radio y televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el austral. Se le quitaron tres ceros a la moneda cambiándole la denominación, pero no el respaldo. Se anunciaron medidas de ajuste fiscal y una meta de déficit para el año. El Plan Austral pareció funcionar en sus comienzos: en octubre de ese año, la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja desde 1975.[28]​Sin embargo, para fin de año totalizó un 688% anual.

Para 1987, comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado nacional y el monto total de los gastos. En julio de ese año, los Ministros de Economía, Sourrouille, y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público, pero el gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan, por la férrea oposición del peronismo en el Congreso.

La inflación comenzó a ascender y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período).[29]​ El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado. El programa terminó cuando hacia 1988 un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como «Plan Primavera», que no lograría evitar la escalada de precios.

El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a Argentina. En abril de 1989, el país entró en moratoria del pago de su deuda externa. Durante mayo de 1989, el tipo de cambio -que oficialmente se encontraba fijo- se elevó de 80 a 200 australes por cada dólar estadounidense -equivalente a una abrupta devaluación mensual de un 150%- lo que naturalmente tendió a acrecentar en gran medida las ya de por sí fuertes presiones inflacionarias; miles de personas pasaron hacia la línea de pobreza

Como corolario del proceso o fenómeno inflacionario, las tasas de interés subieron de forma descontrolada y las reservas de moneda extranjera del Banco Central comenzaron a descender de manera preocupante, a medida que el Central vendía dólares en un infructuoso esfuerzo por intentar mantener el valor o poder adquisitivo del austral.

Por su parte, los sectores económicamente acomodados tendieron a retirar sus depósitos de los bancos, retuvieron los dólares obtenidos mediante sus exportaciones y a propósito retardaban el pago de sus respectivos impuestos.[30][31]

El 5 de febrero, el ministro Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Tras decretar un feriado bancario de dos días, se resolvió que ante la creciente demanda de dólares se priorizaría preservar el stock de reservas y el Banco Central no iba a licitar más dólares, permitiendo una libre flotación de las divisas. A su vez también una "pauta devaluatoria" para el mercado comercial del 6% para ese mes.[32]​ Otra de las medidas fue la implantación de un tercer tipo de cambio.[33]

La consecuencia de las medidas anunciadas se tradujeron en el comienzo de una corrida cambiaria y bancaria hacia otras divisas, especialmente el dólar estadounidense. Al día siguiente la divisa llegó a cotizar a 26 australes por dólar, cerrando la jornada en 23,50.[34]​ No obstante, a final de mes la divisaría saltó a 28,20 australes por dólar, a finales de marzo la cotización fue de 47,90 australes cada dólar y en finales de abril la cotización de la divisa estadounidense trepó a los 79 australes.[35]

Presionado por los crecientes problemas económicos, el 21 de abril de 1989[17][18]​ Alfonsín anunció el adelanto de las elecciones presidenciales al siguiente 14 de mayo (siendo que estaban previstas para octubre), creyendo que así se calmaría la economía.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de mayo resultaron abrumadoramente favorables al opositor Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, contra lo que había supuesto Alfonsín, la situación en el país no se calmó: al conocerse los resultados de las elecciones, Argentina pasó de la fase de recesión a la de hiperinflación, y de 460% de inflación en abril se pasó a 764% en mayo.[19][36][37]

La volátil situación económica que estaba atravesando el país pronto disparó conversaciones en la ciudadanía acerca de la posibilidad de que el entonces presidente electo Menem asumiese de forma anticipada.

Sin confirmarse que estén relacionadas con esto último o no, el hecho es que se desataron una serie de manifestaciones y saqueos de supermercados entre los meses de mayo y de junio, durante el último tramo de la administración de Alfonsín. Influyeron en los mismos la precaria situación económica, la carestía de comida, y el alineamiento de muchos grupos (en Rosario por ejemplo) con grupos de la oposición liderada por el gobernador Victor Reviglio y/o el vicegobernador Antonio Vanrell, ambos del PJ.

Los primeros disturbios comenzaron en Rosario -la tercera ciudad más grande de Argentina tras el Gran Buenos Aires y el Gran Córdoba- cuando varias personas comenzaron a demandar que algunos supermercados repartiesen comida gratuitamente. Rápidamente se extendieron hacia otras ciudades, incluyendo el propio GBA. La propia reacción policial fue más bien pasiva durante los dos primeros días, lo que contribuyó a la generalización de los disturbios. Aún está abierto a discusión si es que dicha pasividad fue a propósito o si, por el contrario, la policía fue tomada desprevenida y pronto se vio superada por la masiva dimensión que alcanzaron los tumultos.

El gobierno argentino estableció el estado de sitio, más de 40 personas fueron arrestadas y por lo menos 14 murieron (20 según informes extraoficiales). Sourrouille renunció. Se convocó a Juan Carlos Pugliese, quien al avizorar la crisis les reprochó a los empresarios su falta de respuesta. "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo", fue la frase con la que pintó el dirigente radical su desazón.[27]​ Tras dos meses de gestión, Pugliese dimitió y le siguió en ese puesto Jesús Rodríguez por dos meses más.

Presionado por la hiperinflación, saqueos, y un retroceso en el apoyo de los líderes empresariales, sindicales y militares, Alfonsín anunció el 12 de junio de 1989[20]​ que también adelantaría el traspaso de mando presidencial para el 30 de ese mes (siendo que estaba previsto para el 10 de diciembre). Tras negociaciones con Menem, que se vio sorprendido por el anuncio de Alfonsín y no quería tomar el poder tan pronto, el traspaso de mando se realizó el 8 de julio de 1989.

Posterior a la asunción de Menem a la presidencia, la inflación tendió a desacelerarse significativamente en los meses siguientes, aunque tuvo un fuerte repunte en el mes de diciembre de 1989 produciéndose de este modo un segundo pico de la hiperinflación. Esto obligó a la nueva gestión a abandonar el Plan BB (por el grupo empresario Bunge & Born, que tenía una fuerte influencia en la toma de decisiones del gobierno) y provocó la renuncia del Ministro de Economía, Néstor Rapanelli, quien sería sustituido por Antonio Erman González.

Este segundo brote pudo ser parcialmente contenido hacia el mes de abril por el lanzamiento del Plan Bonex, que consistió en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex 89, aunque agravó la fuerte recesión en la que se encontraba la economía argentina en ese momento.

De todos modos, la inflación continuó siendo muy elevada durante el resto del año.[38]​ Recién se llegaría a niveles de inflación pre-mayo del '89 en febrero de 1991 (582%).[19]

El 1 de marzo de 1991, González fue reemplazado por Domingo Cavallo, quien hasta entonces ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo ministro impulsaría la Ley de Convertibilidad del Austral, que sería aprobada en el Congreso el 27 de ese mismo mes, e incluía en el nuevo régimen la creación de una nueva moneda nacional, el peso convertible, que entraría en vigencia el 1 de enero de 1992. Bajo este sistema, el Banco Central estaba obligado a respaldar con sus reservas una relación de cambio en la que un dólar estadounidense tenía el mismo valor que un peso; de esta forma, se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. Previo a esto, Cavallo realizó otra devaluación del austral, llevando la cotización a ₳10 000 por USD.[39][40]​​​[41]

En conjunto con otras reformas, este esquema, que se prolongaría hasta la crisis financiera de 2001-2002, lograría exitosamente reducir la espiral inflacionaria y restaurar la estabilidad financiera tras años de convulsión, mientras que el producto interno bruto (PIB) registró un importante crecimiento del 10.5% en el mismo año que se instauró, revirtiendo la contracción en la que se encontraba desde 1988.

La hiperinflación fue un evento altamente importante en la historia argentina y sus consecuencias a largo plazo fueron determinantes en el curso que el país tomaría en los siguientes años.

En el historial económico y de desarrollo humano del país, la hiperinflación dejó records históricos. La hiperinflación disminuyó fuertemente el poder de los salarios, generó una ola de violencia y saqueos que dejó 40 detenidos y 14 muertos y provocó un aumento considerable en la tasa de personas viviendo en la pobreza, del 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año.[42][43]​ Durante el transcurso de la hiperinflación se llegó al pico histórico inflacionario en Argentina: 20.262%.[19]​ La hiperinflación probaría ser difícil de apalear completamente, y recién se llegaría a niveles de inflación pre-mayo del '89 en febrero de 1991 (582%).[19]

La hiperinflación marcó el fin del proyecto de país iniciado por Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 de democracia consensuada y priorizadora del desarrollo humano por sobre la economía.

La salida anticipada de Alfonsín diezmó por años el poder de negociación de la Unión Cívica Radical. En los años siguientes a 1989, el radicalismo debió negociar en desventaja con el peronismo, por ejemplo, en el Pacto de Olivos. El radicalismo recuperó adhesiones con el descenso durante el gobierno de Menem de los indicadores económicos y sociales, y recuperó la presidencia en 1999 con la asunción de Fernando de la Rúa, pero volvió a quedar diezmado con la crisis de diciembre de 2001. Los años siguientes a 2001, el radicalismo ocuparía un lugar menor en la escena política, aunque tendría ocasional protagonismo como factor de desempate en contiendas entre peronismo y macrismo.

Las políticas neoliberales de Menem tienen su génesis en la hiperinflación: el descalabro hiperinflacionario fue el argumento principal de Menem para llevar a cabo sus medidas neoliberales de reducción del tamaño del Estado, privatizaciones masivas y precarización laboral. Las medidas menemistas fueron aceptadas en consenso por los diferentes actores del poder argentino (estatales, políticos, sindicales, empresariales), ya con el fin de evitar otro trauma inflacionario, ya porque las medidas de Menem cumplieron su objetivo de reducir drásticamente la inflación, ya por genuino convencimiento de que el modelo neoliberal era el símbolo de modernidad que actualizaría las anticuadas estructuras del país.[44][45]

El periodista Daniel Muchnik comentó, siguiendo esta visión, en una nota de Página/12 en 2004:

En la misma línea, Alfredo Zaiat comentó en una nota de Página/12 en 2017:

Con los años, la imagen de Raúl Alfonsín fue mejorando y el peso de su manejo económico fue quedando cada vez más relativizado en comparación a sus políticas sociales y humanas, al punto que, hacia 2018, encuestas de opinión lo daban como el presidente con mejor imagen de los que estuvieron desde el retorno de la democracia.[46][47][48]​ Por el contrario, la imagen de Carlos Menem cayó fuertemente debido al recuerdo negativo de las políticas empleadas durante su mandato, y para 2018 era uno de los más impopulares de entre los presidentes desde el retorno de la democracia.[47][48]

El peso en la memoria pública argentina de la hiperinflación de 1989-90 fue quedando cada vez más desplazado por episodios económicos más recientes, como el deterioro socioeconómico durante el menemismo,[49][50]​ la crisis de 2001-02,[51][52]​ la estanflación del kirchnerismo iniciada en 2012[53][54]​ o los problemas económicos durante el macrismo.[55][56]




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