El flujo migratorio entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela ha sido continuo durante siglos, siendo ambas naciones caribeñas y muy próximas entre sí. Sin embargo, la migración de venezolanos hacia Trinidad y Tobago ha aumentado significativamente durante el siglo XXI, principalmente a partir de la década de 2010, con el agravamiento de la escasez de alimentos y medicina, y la crisis e inestabilidad política y económica en Venezuela.
Trinidad y Tobago, junto con otras pequeñas islas del Caribe como Aruba y Curazao, han empezado a recibir contingentes de venezolanos, quienes, en su mayoría, llegan como turistas aunque con intenciones de permanecer de forma indefinida, entrando en una situación irregular. Asimismo, el país insular ha experimentado una mayor demanda de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos.
El 22 de noviembre de 2020, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a un grupo de inmigrantes venezolanos, incluyendo a 16 niños y menores de edad, expulsándolos al mar en dos embarcaciones sin identificación. Ante el silencio del gabinete de Nicolás Maduro, Juan Guaidó declaró que la Asamblea Nacional de Venezuela abriría una investigación de los hechos. Diputados también expresaron su intención de elevar la denuncia ante instituciones interncionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la deportación y le pidió al gobierno de Trinidad y Tobago "garantizar el ingreso" a su territorio de venezolanos que buscan protección internacional".
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