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Intendencia de San Salvador



La Intendencia de San Salvador, fue una división administrativa del Imperio español, creada por Real Cédula el 17 de septiembre de 1785 dentro de la Capitanía General de Guatemala, tras las Reformas borbónicas en el siglo xviii, sustituyendo a la anterior Alcaldía Mayor de San Salvador y comprendiendo casi la mayor parte del territorio actual de El Salvador.[1]

Está intendencia existió hasta 1821 cuando tras el restablecimiento de la constitución de Cádiz en el Imperio Español se la elevó al rango de provincia, durante su existencia sus autoridades hicieron frente a dos principales movimientos independentistas acaecidos en 1811 y 1814 respectivamente.[2]

La Intendencia de San Salvador fue creada por real cédula dada por el monarca Carlos III de España el 17 de septiembre de 1785 por las Reformas borbónicas, con las cuales se buscaba mejorar la administración española sobre las colonias a través de la centralización de las funciones administrativas en el cargo de intendente y con reformas económicas y sociales implementadas por la dinastía de los Borbones al ascender al trono español con Felipe V.[2]

Para ejercer el cargo de primer intendente, la Real Audiencia de Guatemala eligió al licenciado José Ortiz de la Peña que se desempañaba con anterioridad como oidor (un funcionario judicial) de la Real Audiencia de Guatemala, la razón de su elección se debió a que como oidor había estudiado los problemas del cobro de impuesto, de la mano de obra y del cultivo de añil (que era el principal producto producido en el territorio de la intendencia y el principal producto de exportación de la Capitanía General de Guatemala)[2]​ y por lo tanto se lo consideraba capacitado para estimular el cultivo de añil y a su vez asegurarse de que los hacendado contaran con manos de obra y pagaran impuestos; el licenciado Ortiz ejerció el cargo como gobernador-intendente (lo que implicaba un mando militar) y se encargó de organizar el territorio.[2]

En 1789 fue elegido como gobernador-intendente Francisco Luis Héctor de Carondelet, quien se encargó de darle estabilidad al territorio y ocupó el cargo hasta 1791; siendo reemplazado por José Antonio María de Aguilar, este fue el primer asesor letrado nombrado en ésta intendencia y el primero en ejercer el cargo como corregidor-intendente, el cambio en el título se debió a que el cargo no comprendía un mando militar, ejerciendo el cargo hasta 1793.[2]

En el año de 1794 llegó al golfo de Fonseca el barco El Activo dirigido por el teniente Salvador Meléndez y Bruna (que integraba la expedición náutica y cartográfica de Alejandro Malespina), el cual exploró y mapeó la costa salvadoreña; por otro lado, en su diario apuntó que en los peñascos del extremo suroeste de Meanguera se observaban engarzadas las balas de cañón disparadas por los galeones de la Armada del Sur en 1688.[3]

En 1793 fue nombrado como nuevo corregidor-intendente Ignacio Santiago Ulloa desempeñándose en tales funciones hasta su fallecimiento el 1 de enero de 1798.[4][2]​ Tras el fallecimiento del intendente Ulloa, la intendencia estuvo gobernada por intendentes provisionales lo cual permitió a los criollos ejercer diferentes cargos en la intendencia; el primero de estos intendentes provisionales fue José Antonio María de Aguilar quien ocupó por segunda vez ese cargo y ejerció el cargo hasta su fallecimiento acaecido el 15 de septiembre de 1799, siendo sucedido por Bernardo José de Arce (este también fue el padre de Manuel José Arce (primer presidente de Centroamérica) y con él fue también prócer de la independencia centroamericana a través de su participación en los movimientos independentistas que posteriormente sucederían en San Salvador) que estuvo en el cargo hasta 1800.[4][2]

En 1798 el rey había nombrado a Luis de Arguedas como intendente, pero no pudo tomar posesión debido a problemas de salud; por lo que en el año 1800 la real audiencia guatemalteca designó al tesorero Luis Martínez Navarrete, como intendente interino, y Antonio Isidro Palomo como asesor letrado. En 1801 Navarrete dejó el cargo por motivos de salud, y el ayuntamiento de San Salvador protestó para que fuese el alcalde ordinario de primer voto quien se desempeñase como intendente interino (y no el asesor letrado); lo cual así ocurrió, siendo el primero (en ese año de 1801) Ventura Calera, y sucediendose en los siguientes años José Rosi y Buenaventura de Viteri; encargandose Antonio Isidro Palomo del cargo en el tiempo que había desde la finalización del período del alcalde ordinario de ese año hasta que el siguiente tomase posesión. Hasta que en 1804 la real audiencia guatemalteca designó como intendente interino a Francisco Vallejo.[4][5][6]

En 1804 accedió al cargo de intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa (quien sería el primer intendente oficial, nombrado por el rey, desde 1798) el cual escribió el libro Estado general de la Provincia de San Salvador, donde narra la situación en que se encontraban las poblaciones que formaban parte de la intendencia, presentando la información en dos partes siendo la primera publicada en 1807 y la segunda en 1811.[4][2]

En el año de 1808, España fue invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte, y la familia real fue puesta en prisión; poco tiempo después se conformó la Junta Suprema Central, para luchar contra los franceses. Esas noticias llegarían a la intendencia en octubre de ese año, por lo que los diferentes autoridades jurarían lealtad al nuevo gobierno; asimismo se ofrecerían donativos voluntarios para costear la guerra contra los franceses.[7]

El 22 de enero de 1809, la Junta Suprema Central convocaría a los ayuntamientos para que por sorteo eligiesen un candidato, que competiría (junto con los elegidos de los demás ayuntamientos) en un sorteo en la sede de su Real Audiencia, para así designar a un representante ante la junta.[7]

En el ayuntamiento de San Salvador (presidido por los alcaldes ordinarios Gregorio de Castraciones y Ventura Calera), se procedió a elegir entre Vicente de Aycinena (marqués de Aycinena), el coronel José Alejandro de Aycinena, Bernardo José Pavón, y a José Matías Delgado, quedando como ganador el coronel José de Aycinena; mientras que en el de Santa Ana (presidido por los alcaldes José Vicente Vides y José Miguel Cárcamo) se eligió entre el alcalde de segundo voto José Miguel de Cárcamo, el regidor y alfarez José Ciriaco Méndez, y el regidor Domingo Figueroa, siendo elegido Figueroa; en el de San Miguel (liderado por José María de Hoyos, y José Manuel Escolán) se sorteó al vicario de esa ciudad Miguel Barroeta, Rafael Barroeta (hermano del anterior) y el vicario de San Vicente Manuel Antonio de Molina, ganando el vicario Miguel Barroeta; y en el de San Vicente (que tenía por alcaldes a José María Cevallos, y a Ramón Quintanilla) se eligió entre el vicario Manuel Antonio de Molina, el marqués de Aycinena, Joaquín Arechavala, y José Cecilio del Valle, siendo elegido este último.[7]

El sorteo final, entre los candidatos de los ayuntamientos, se realizó en Guatemala en noviembre, que fue ganado por Alejandro Ramírez (candidato por los ayuntamientos de Sonsonate, Comayagua y Granada); pero debido a renuncia de este se volvió a realizar el sorteo en marzo de 1810s. Asimismo, la renuncia de Valle obligó al ayuntamiento de San Vicente (liderado por los alcaldes ordinarios Manuel Jiménez Basurto y Antonio José Cañas) a hacer un nuevo sorteo en enero entre el vicario Manuel Antonio de Molina, José Matías Delgado, y Jacobo de Villa Urrutia, ganando el vicario Molina. Finalmente en el sorteo definitivo en Guatemala, en el mes de marzo, quedó seleccionado Bernardo Pavón; el cuál al final no pudo realizar el viaje, debido a que la Junta Suprema Central fue sustituida por el Consejo de Regencia.[7][5]

El 14 de febrero de 1810, el Consejo de Regencia ordenaría a los ayuntamientos (que fuesen cabeza de provincia) que por sorteo eligiesen un diputado para las cortes generales, destinadas a hacer la primera constitución española. Por lo que el 26 de junio, teniendo por candidatos a José Matías Delgado, Manuel José Arce, y José Ignacio Ávila, el ayuntamiento de San Salvador escogió a Ávila como diputado; quien viajaría a España en 1811, tomando posesión el 11 de julio de ese año; siendo uno de los diputados que emitieron la Constitución de Cádiz en el año de 1812.[7]

En el año 1811, ocurrió el primer movimiento independentista, el cual derrocó al intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa y del que resultó nombrado José Mariano Batres y Asturias. En diciembre de ese mismo año, el movimiento terminó con la rendición de los sublevados tras negociaciones con la comitiva enviada desde Guatemala para pacificar la intendencia y que estaba compuesta por José Alejandro de Aycinena como nuevo intendente, José María Peinado como representante y el cura Mariano Vidaurre.[4][2]

En 1812, José Alejandro de Aycinena dejó el cargo de intendente tras ser electo como Consejero de Estado; en su lugar se nombró a José María Peinado. Durante su mandato, el 16 de septiembre de 1812, llegó el ejemplar de la Constitución de Cádiz a San Salvador, y la celebración por dicho suceso fue llevada a cabo el 8 de octubre. Según dicho texto todas las personas nacidas en los dominios españoles (incluyendo indígenas y mestizos) eran ciudadanos y todas las poblaciones arriba de 1000 habitantes se constituían en municipios con su propio cabildo.[7]

Por decreto de las cortes generales del 23 de mayo, la antigua Capitanía General de Guatemala era dividida (en lo político) en dos provincia (la de Guatemala, y la de Nicaragua y Costa Rica), quedando la intendencia de San Salvador dentro de la de Guatemala, y los Intendentes recibirían en adelante además el título de jefe político.[7]

En 1813 tuvieron lugar las primeras elecciones a cortes quedando elegido como diputado Manuel José Arce, pero no pudo realizar el viaje a España debido a falta de fondos. Asimismo, se realizaron las elecciones para la diputación provincial de Guatemala, quedando electo para San Salvador José Matías Delgado; dicha diputación inició sus sesiones el 2 de septiembre de ese año.

En el año de 1814 tuvo lugar el segundo movimiento independentista, el cual no tuvo tanto éxito como el anterior. Asimismo, salió electo como diputado a cortes Miguel de Larreynaga, que no pudo realizar el viaje debido a que el rey Fernando VII decidió volver al estilo de gobierno anterior de 1808.[4][7]

En mayo de 1814, la Constitución de Cádiz sería derogada; y debido a que Peinado había ayudado en la formulación de las instrucciones al diputado en Cortes de Guatemala, sería destituido y el cargo recaería en José Méndez de Quiroga hasta su fallecimiento en 1817, siendo sustituido de forma provisional por Juan Miguel de Bustamante hasta 1818, cuando fue reemplazado por Simón Gutiérrez; en el mismo año de 1818, se nombraría nuevamente a José María Peinado como intendente, quien ejercería ese cargo hasta su muerte ocurrida en 1819, siendo reemplazado por Pedro Barriere.[4]

En 1820, entraría en vigencia nuevamente la constitución de Cádiz, por lo que se reinstalaría la diputación provincial de 1813 (con José Matías Delgado como diputado de San Salvador); y se llevaron a cabo elección de diputados a cortes, para esta ocasión se dividiría a la intendencia en 2 provincias electorales (San Salvador y San Miguel), siendo elegidos José María Álvarez y José Matías Delgado, al final Álvarez quedaría como diputado de toda la intendencia, pero fallecería antes de realizar el viaje a España, siendo sustituido por el regidor de San Salvador Mariano Gómez, que no pudo realizar el viaje por falta de fondos. Más adelante, en los días 19, 20 y 21 de septiembre, se llevaron a cabo las elecciones para diputados de la diputación provincial de Guatemala, resultando electo nuevamente José Matías Delgado; quedando instalada dicha diputación el 7 de noviembre.[7]

El 8 de mayo de 1821, las cortes españolas decretaron que cada intendencia sea elevada al rango de Provincia. Por lo que está intendencia pasó a ser la Provincia de San Salvador, que el 15 de septiembre, proclamó su independencia junto a toda la Capitanía General de Guatemala, siendo el último intendente colonial Pedro Barriere.[4][2]

El territorio de la Intendencia de San Salvador fue organizado en subdelegaciones o partidos subdivididas en tenencias (también llamadas distritos o partidos, está última forma de denominarlos no debe confundirse con los verdaderos partidos antes dichos) compuestos por varios pueblos que se encontraban en la jurisdicción municipal de las poblaciones con cabildo o ayuntamiento: San Salvador, San Vicente, San Miguel y Santa Ana (está última desde 1806).[7]

La función y organización de las poblaciones con ayuntamiento continuaba siendo la misma que en anterior alcaldía mayor por lo que podían nombrar alcaldes de la santa hermandad -que paulatinamente serían designados como alcaldes pedáneos en los documentos- para que impartieran justicia en el área rural (pueblos, haciendas, valles o aldeas, sitios, etc).[7]​ Mientras que las poblaciones o barrios de indígenas o ladinos (mestizos, indígenas castellanizados y españoles pobres) podían tener sus propias autoridades respectivas (alcaldes, síndico, etc) como en la anterior alcaldía mayor.[7]

Debido al aumento de la población española, el intendente de San Salvador (según la facultad que le concedía el artículo 40 de la ordenanza de intendentes) podía designar alcaldes locales en aquellas poblaciones con muchos habitantes españoles que se encargarían de vigilar el buen comportamiento de dicha población; lo que supodría para los ayuntamientos españoles tradicionales (San Salvador, San Vicente y San Miguel) el comienzo de la pérdida de jurisdicción en el territorio de sus antiguas provincias.[7]

En total está intendencia se dividía en 4 subdelagaciónes, 17 tenencias y unos 127 pueblos. Las provincias y los tenencias que la conformaban eran:

La subdelegación de San Salvador era administrado por el propio intendente, mientras que en las otras subdelegaciones se nombraba para su administración a un subdelegado de la real hacienda; por otro lado, cada tenencia era liderada por un teniente subdelegado o por alcaldes ordinarios cuando era sede de un ayuntamiento, la excepción a está regla era la tenencia de Metapán (que era administrado por alcaldes nombrados por el intendente, debido a la riqueza de sus canteras, está situación persistió hasta 1810 cuando se le nombró un teniente subdelegado), otras excepciones a la regla eran las tenencias de Zacatecoluca y Chalatenango, en las cuales se nombraba para su administración a un subdelegado de la real hacienda. En total, las tenencias que eran lideradas por un teniente subdelegado (además de Metapán, desde 1810) eran: Cojutepeque, Olocuilta, Usulután, Gotera, San Alejo, Sensuntepeque, Opico, Tejutla; mientras que las tenencias que eran administrados por sus alcaldes (además de Metapán antes de 1810) eran: San Salvador, San Vicente, San Miguel (estás cuatro por sus respectivos alcaldes ordinarios) y Santa Ana (está última desde 1806, antes la gobernaba el propio subdelegado de la real hacienda).[9][10]

Los tenientes subdelegados tenían atribuidas las 4 causas de su distrito (justicia, policía, hacienda y guerra) o en caso de que la cabecera de su distrito contara con ayuntamiento solo conocían dos causas (justicia y policía) mientras que los alcaldes ordinarios se encargaban de las otras dos causas; por otro lado los subdelegados solo conocían dos causas (hacienda y guerra, solo en tenencias que no contaran con teniente de subdelegado o alcaldes podían ejercer las otras dos causas).[10]

En el período entre 1812 y 1814, debido a la entrada en vigencia de la constitución de Cádiz, el intendente recibiría además el título de jefe político subalterno. Asimismo se permitió a los pueblos con población de 1000 habitantes en adelante establecerse como municipios con su propio ayuntamiento o cabildo conformado por dos alcaldes, 8 a 12 regidores y un procurador; mientras que los pueblos con una población entre 1000 y 100 habitantes serían liderados por un alcalde, 2 a 6 regidores y un procurador; a su vez durante ese tiempo el alcalde o alcalde de primer voto también serían jefes de distritos (sustituyendo a los tenientes subdelegados), y los subdelegados serían reemplazados por jefes políticos. Sin embargo, la restauración del absolutismo en 1814 revirtió dicha medida.[7]



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