José Luis Ramón
José Luis Ramón (Rufino, Argentina, 29 de abril de 1964) es un abogado y político argentino. Se desempeña como diputado nacional por la provincia de Mendoza. Fue candidato a gobernador de provincia de Mendoza en las elecciones del 29 de septiembre de 2019.
Antes de su actividad política, se dedicó a la docencia y fue entrenador de rugby. De más joven realizó labores como lustrador de botas junto a su hermano menor, monaguillo, vendedor de helados, mozo, ordenanza, recolector de uvas y limpiador de ajo.
El trabajo, desde muy pequeño, y como joven ha sido parte de su vida.
Fue un ferviente estudiante de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, donde cursó sus estudios universitarios. Durante toda su vida Universitaria participó activamente de cuanto movimiento social se produjere en ocasión de la defensa de los trabajadores, los consumidores, y los más desposeídos.
El 24 de agosto de 1994, junto a un grupo de consumidores, fundó una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor sin fines de lucro que se llamó Protectora. El objetivo era fomentar la participación informada de los usuarios consumidores, a través de la defensa de sus derechos individuales y colectivos.
En el año 2017, junto al actual diputado provincial de Mendoza, Mario Vadillo, decidió que las acciones desde la ONG no eran suficientes, y juntos formaron un nuevo partido político: Protectora. En la formación del Partido político, tuvo una activa participación su hermano Gustavo Juan Ramón, Pablo Cairo, Alberto Sabás y referentes de múltiples organizaciones sociales; que se fueron sumando a la idea de la construcción de un Partido político. En la premura por el proceso eleccionario; en las elecciones legislativas del año 2017, con el Partido aún en formación, se presentaron a elecciones como Candidatos extra partidarios del Partido Intransigente, encabezando la lista y logrando un 17,21 % de los votos.
Dicha campaña, Ramón la realizó a bordo de una camioneta Land Rover, modelo 1969, desde el cual con un megáfono vociferaba sus propuestas y respondía preguntas de personas de la calle. Cuando comenzaron los aumentos a las tarifas de servicios públicos, en abril de 2015, Ramón convocó a una “Marcha de la frazada” en la plaza principal de la ciudad de Mendoza, con la consigna de repudiar el llamado "tarifazo" de gas. La consigna se replicó en varias ciudades. En aquella ocasión, más de tres mil personas fueron a la Legislatura de Mendoza con una manta en los hombros y Ramón fue conocido como “el loco de la frazada”. El objeto lo caracterizó durante toda la elección 2017 y la llevó consigo en audiencias públicas, a recorridas por barrios y hasta la asunción como diputado Nacional.
En 2021 se convirtió en uno de los principales detractores al independentismo mendocino, movimiento político impulsado por Alfredo Cornejo, haciendo un llamado a realizar una consulta popular no vinculante en la provincia de Mendoza, para que sean los propios mendocinos los que decidan su permanencia en la República Argentina.
En su actividad como diputado nacional, Ramón presentó múltiples proyectos entre los cuales se destacan:
Las promesas electorales de los candidatos a ocupar cargos en la función pública (Presidente, Gobernadores, Intendentes, Diputados, Senadores, Legisladores, Concejales, entre otros), de alguna forma, configura una especie de relación pre contractual con la población, que los vota fundamentalmente, en base a lo que prometen o proponen en sus campañas, por medio de spots publicitarios; entrevistas televisivas, radiales o gráficas; discursos públicos; redes sociales, entre otros canales de comunicación.
Por ello, es que teniendo en cuenta que quien ejerce la función pública, debe ser antes que nada servidor público, no solo deben rendir cuenta de sus actos, sino también llevar a la práctica, lo que se predica con las palabras frente a la ciudadanía. Por tales motivos, consideramos que el incumplimiento de las promesas electorales, por parte de quienes han llegado a la función pública a través del voto popular, debe ser incorporado en el capítulo IV) Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal Argentino, e incluida como una forma de estafa agravada (al tratarse de un funcionario público), por llevar adelante quienes incurran en esta conducta, un claro abuso de confianza sobre la población.
La política, debe volver a recuperar el valor de la palabra, la ética, la moral y sobre todo las convicciones.
El proyecto de ley propicia modificar el régimen regulatorio a efectos de declarar a la Provincia de Mendoza bajo el mismo cuadro tarifario de la "Región Patagónica". (Zona fría), para el gas domiciliario. Por imposición de la Corte suprema de la Nación, en la causa CEPIS, se estableció de manera rotunda la indicación de que los servicios públicos y el acceso a los mismos es un derecho humano. En el caso de la provincia de Mendoza, por un retraso legislativo, las temperaturas a las que se ven sometidos los usuarios en los meses del invierno, de las mismas características que rigen en la Región Patagónica, nos obligan, necesariamente a considerar que la misma debe tener un cuadro tarifario de las mismas características.
Sendos procesos judiciales rigen en la provincia de Mendoza, desde el año 2009, que corrigen esta anormalidad de pretensión de aplicación tarifaria, que no se corresponde con las inclemencias que padecen los más de 165.000 usuarios de toda la provincia. Se citan las causas judiciales: 1) Expediente 23043887/2009, Carátula: Sottile, Carlos y Ot. C/ ENARGAS y Ots. S/Sumarísimo”; originario del 2do. Juzgado federal de Mendoza, Sec. 3, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2) Expediente FMZ 009282/2014, Carátula: Protectora A.D.C.C/ ENARGAS y Ot. S/ Amparo colectivo, originario del 2do. Juzgado Federal de Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3) Expediente FMZ 010266/2016, Carátula: Protectora A.D.C. c/ ENARGAS y Ots. S/ amparo colectivo, originario del 2do. Juzgado federal de Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4) Expediente FMZ 017625/2014 Carátula: Protectora A.D.C. C/ P.E.N. y Ots. S/Amparo colectivo, originario del Juzgado Federal de San Rafael Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En todas estas causas judiciales, se han expresado sendas resoluciones judiciales confirmadas por la Excma. Cámara federal de Apelaciones de Mendoza; y en el fallo Competencia FMZ 2l2l2/20l6/CSl y otros EN - M Energía y Minería el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros si inhibitoria. Competencia FMZ 10266/2016/CA3-C~1 'Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor cl Distribuidora de Gas Cuyana y otros si medida cautelar (autónoma) y Competencia CAF 30786/2016/CS1 'Stolbizer, Margarita y otros cl EN PEN M de Energía y Minería y otros si medida cautelar (autónoma)'.
Incorpora en una nueva estructura a todos los servicios públicos. Propone modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, así como asume y recupera proyectos con anterioridad presentados y otras leyes como la Ley general del ambiente. La propuesta aclara qué se considera como un servicio público y cuáles son los objetivos a cumplir por el Estado en cada estamento relacionado con los servicios públicos, y sus deberes como autoridad de control. Establece cuáles son los derechos y obligaciones que se generan para con los usuarios y consumidores. Además, incluye la importancia de la información y difusión y prohíbe los cortes de servicios. Por último, propone que los entes de control deban ser formados por representantes de organizaciones de defensa del consumidor que lleven a los entes las necesidades y preocupaciones de los consumidores.
Regula de manera integral los amparos colectivos con alcance en todo el país, con el objetivo de asegurar la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y obtener respuestas efectivas y rápidas.
Declara la emergencia de los Créditos Hipotecarios UVA en su artículo primero y dispone a diferentes comisiones afines al tema que trabajen en pos de encontrar una solución para las miles de familias que accedieron a esta línea de crédito. También plantea la prohibición de desalojo, remate o cualquier acto judicial o administrativo que proceda al desalojo familiar de la vivienda por tres años, tiempo que duraría la emergencia.
Luego de que se emitiera la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial en la que se dispuso que a partir de enero de 2018 los consumidores compensen en 24 cuotas a las distribuidoras de gas natural comprimido por las pérdidas generadas por la devaluación, el diputado Ramón presentó dos iniciativas.
En primer lugar, solicitó la derogación de la Resolución 20/2018 y el artículo 37 punto (5) del Decreto 1738/92. Por un lado, propuso un proyecto de ley para modificar el artículo 38 de la ley 24.076, sancionada en 1992 con el fin de evitar que se cobre por conceptos ya facturados a los consumidores. Las dos iniciativas señalaban en sus fundamentos: "la inconstitucionalidad del cobro retroactivo por afectar derechos básicos de los consumidores, buscando trasladar que la parte más débil de la cadena de distribución, se haga cargo de los riesgos de las empresas prestadoras de los servicios".
Propone la posibilidad de cancelar de modo anticipado los préstamos de consumo (de bancos, financieras u otro tipo de proveedores de crédito) con su correspondiente reducción de intereses y cargos. Además, plantea la portabilidad de la deuda para transferirla de una entidad a otra, en caso de que la misma ofrezca mejores condiciones de pago.
Plantea modificar la forma de cobro de las tarifas del automotor, que actualmente se regulan nacionalmente y los costos de dichos araceles, que son calculados a partir del valor del bien (o sea, del modelo de automóvil) en lugar de hacerse por tipo de trámite, como sucede en otros países de América, como Brasil y México.
En noviembre de 2018, presentó junto a la Diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, un proyecto para entregar por única vez, un bono por 5 mil pesos a Jubilados y Pensionados. El proyecto se basó en el Índice de precios al consumidor que había crecido de septiembre del 2017 a septiembre del 2018 en un 40,5% y solo en el mes de septiembre había tenido un alza del 6,5%. Contrariamente, las jubilaciones sólo aumentaron en 2018 apenas el 28,4%. Sostuvieron que siendo los jubilados y pensionados un grupo de gran vulnerabilidad y que debería tener políticas prioritarias que los beneficien, concertaron la necesidad de que se les adjudicara, como a muchos trabajadores un bono de $5000. A pesar de las gestiones realizadas con la oposición y el oficialismo en la cámara, y tras un año de pocas votaciones, el gobierno impidió el tratamiento del proyecto en el recinto, durante las últimas sesiones especiales del año 2018.
En la actualidad Preside el bloque Unidad y Equidad Federal, que comparte con los Diputados Pablo Miguel Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio José Carambia (Santa Cruz) y el Interbloque: Unidad Federal para el Desarrollo; en el cual también se encuentran los Diputados Beatriz Avila (Tucumán), Luis Di Giácomo (Río Negro), Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori (Misiones).
En el año 2017 durante el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se vio envuelto en una ola de críticas en razón de la elaboración de sus argumentos acerca de cómo votaría en el recinto. Muchos medios lo tildaron de manera despectiva, sobre todo aquellos que esperaban que su voto lo fuere en favor. Por su posición y opinión que fue conteste con su promesa de Campaña, el Diputado Ramón tuvo un fuerte desencuentro, que provocó una ruptura con los miembros del interbloque “Social Demócrata” que había sostenido desde su asunción junto a Martín Lousteau, su socia Carla Carrizo y a la diputada tucumana Teresita Villavicencio.
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