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Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Chile)



El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile es el ministerio de Estado encargado de los asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentra la decisión política en estas materias, y coordina, evalúa y controla la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la forma que establece la ley y dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior; asimismo, le corresponde la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia.[3]

Este ministerio está encargado de coordinar preferentemente las tareas políticas del gobierno. Como encargado del gobierno interior le corresponde supervisar a los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales. Compuesto por tres Subsecretarías (de Interior, de Prevención del Delito y, de Desarrollo Regional y Administrativo), la cartera de Interior está dirigida desde el 6 de septiembre de 2022 por Carolina Tohá, actuando bajo el gobierno de Gabriel Boric Font.[4]

En agosto de 1811 se constituyó la la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, cuyo secretario fue Judas Tadeo de los Reyes, a quién se le encargó oficialmente las funciones ministeriales de secretario de Gobierno. Sus tareas principales estuvieron referidas a la mantención del orden y la seguridad interior del entonces Reino de Chile. Este hecho se considera el primer antecedente político-administrativo del Ministerio del Interior.[5]​ Con el proyecto constitucional promulgado por José Miguel Carrera el 26 de octubre de 1812 se estableció un sistema de división clásica de poderes del Estado. En su artículo 14, creaba dos secretarías, una encargada de los negocios domésticos y de la seguridad interior con el nombre de Secretaría de Gobierno, y otra encargada de las relaciones exteriores del Reino, con el nombre de Secretaría de Relaciones Exteriores.[5]​ Al día siguiente (27 de octubre) asumió formalmente el primer secretario de Interior, Agustín Vial Santelices.[5]

Al acercarse el fin de la llamada «Patria Vieja» los patriotas, en un intento de salvar el proceso, promulgan un nuevo Reglamento para el Gobierno Provisorio en 1814. Este centralizó el poder en un director supremo y creó, además, tres secretarías de Estado: Gobierno, Hacienda y Guerra. El desastre de Rancagua puso fin a todas las reformas patriotas, incluyendo a esta secretaría.

Al iniciarse la «Patria Nueva» y asumir el gobierno el director supremo Bernardo O'Higgins ordenó mediante decreto supremo la creación de los ministerios de Gobierno, de Hacienda y de Guerra.[5]​ Al Ministerio de Gobierno se le atribuyeron funciones similares a las antiguas secretarias de Gobierno e Interior y fue la primera vez que se les dio el nombre de ministerio.[5]​ Por otro lado, al publicarse la Constitución de 1818 se estableció, en su artículo n° 10 del título IV, la creación de las carteras de Estado, de Gobierno, de Hacienda y de Guerra. Mientras tanto, con la promulgación de la Constitución de 1822 fueron establecidos tres ministerios de Estado: Gobierno y Relaciones Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina.

Un decreto del 10 de abril de 1823 reorganizó el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, el artículo primero dividía al Ministerio en dos secciones. A la primera sección, la de Relaciones Exteriores, le correspondía auxiliar al director supremo en las relaciones con el resto del mundo. La de Interior tenía a su cargo el gobierno interior.[5]

El 14 de agosto de 1824, al iniciarse el ensayo federal en la nación, la secretaría de Interior adquirió una nueva denominación: «Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores».[5]​ Hasta ese entonces las funciones del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores eran amplias, entre las que se pueden destacar son las de: régimen interior y gobierno, seguridad pública, culto, educación y moralidad, relaciones internacionales, obras públicas y fomento económico.[5]

Tras la batalla de Lircay que puso fin a la guerra civil de 1829 y 1830, se inició la «República Conservadora, de la que fue emblema el ministro Diego Portales (en ejercicio de la cartera de Interior en 1830 y 1837).[5]​ A esta época, caracterizada por un espíritu autoritario y organizador, le sucedieron otras dos figuras destacadas en el Ministerio del Interior: Antonio Varas y Manuel Montt. La mitad del siglo encuentra a esta secretaría impulsando la colonización de actual Región de Los Lagos y más tarde defendiendo las prerrogativas de la iglesia católica en materias públicas, en la llamada "cuestión del Sacristán".[5]

Con el desarrollo democrático del país, las funciones ministeriales se fueron separando en diversas carteras. Así en 1837 las funciones de culto, educación y moralidad son transferidas a la nueva cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública.[5]​ Paralelamente, el entonces presidente Manuel Bulnes, el 27 de marzo de 1843 dictó el decreto que, creó —bajo dependencia del ministerio de Interior— la «Oficina de Estadística», la cual en 1927 se reformó como «Dirección General de Estadística», siendo transferida al recién creado Ministerio de Fomento.[6]

El 2 de septiembre de 1871, producto del agobiante trabajo exterior, se promulgó una nueva ley que estableció un organismo exclusivo para asuntos internacionales del país, sustrayendo dichas labores; creándose el Ministerio de Relaciones Exteriores, obteniendo así la cartera el nombre simplemente de «Ministerio de Interior».[5]

En el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda fue promulgada la Ley de Ministerios de 1887 que creó el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, separando las funciones de fomento y construcción de la cartera de Interior.

En el primer gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo fue promulgada la Ley Orgánica de Ministerios de 1927 (DFL 7.912), aún en vigor, y junto a la Ley n.º 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, configuraron actualmente el abanico de funciones encomendadas al Ministerio del Interior.[5]

A iniciativa del Ministerio del Interior, en 1949 se promulgó la ley que reconocía a todas las mujeres de Chile el derecho a voto.[5]

Previo al golpe de Estado de 1973, la cartera fue ocupada por el general Carlos Prats, como una forma de hacer frente a la aguda crisis política que vivía en ese momento el gobierno. Prats, que a su vez ejercía como comandante en Jefe del Ejército, fue nombrado como ministro del Interior en octubre de 1972, tras un paro nacional del gremio de camioneros que amenazaba con desestabilizar al gobierno.[5]

Posteriormente, durante el establecimiento de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, tanto el general Prats como el ministro que lo sucedió, Orlando Letelier, fueron asesinados por agentes del Estado chileno en Buenos Aires (Argentina) y Washington D.C. (Estados Unidos) respectivamente, mientras que militares ocupaban el cargo de ministro del Interior.[5]

Paralelamente, durante el régimen de Pinochet, fue creada en marzo de 1974 la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), entidad sucesora de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada bajo el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda en 1939.[7]

Una vez restablecida la democracia en 1990, asumió como ministro del Interior el demócrata cristiano Enrique Krauss;[5]​ siendo el primer civil que ocupó el cargo desde el 11 de septiembre de 1973. Krauss ocupó el cargo durante todo el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994) y puso en marcha la «Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación» que en marzo de 1991 dio a conocer el llamado Informe Rettig, sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.[5]

El 21 de febrero de 2011, el Ministerio del Interior se volvió a renombrar nuevamente, esta vez como «Ministerio del Interior y Seguridad Pública», luego de que fuera publicada en el Diario Oficial la Ley N.º 20.502, que estableció la nueva institucionalidad del ministerio,[3]​ y que había sido previamente promulgada por el entonces presidente de la República Sebastián Piñera el 10 de febrero de 2011,[8]​ y por la cual se reemplazó la División de Seguridad Pública (DSP), creándose la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), dependiente del renombrado ministerio, que aseguró la dependencia de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI), conllevando de esa forma una profundidad en tareas referentes a la seguridad pública.[9][Nota 1]

Tras la creación del nuevo organismo gubernamental, el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, señaló:

Asimismo, mediante dicha ley, se creó el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función fue reemplazar al entonces Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), siendo su principal labor proponer políticas en materia de prevención del consumo de drogas, de ingesta abusiva de alcohol y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichas sustancias.[9]

Paralelamente se crearon el Consejo Nacional de Seguridad Pública (Conasep).[Nota 2]​ y los Consejos Regionales de Seguridad Pública. Ambas entidades constituyen órganos consultivos para el Ministerio y las delegaciones presidenciales en la elaboración e implementación de la «Política Nacional de Seguridad Pública». En dichos consejos participan representantes del ministerio de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, de las Fuerzas de Orden y Seguridad y servicios públicos relacionados con la seguridad pública, así como la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).[9]

En el transcurso de la historia de Chile republicano, esta cartera ha recibido diversas denominaciones:

Son dos los cuerpos legales que entregan funciones al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El primero es el Decreto con Fuerza de Ley 7.912 publicado por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1927. Fundamentalmente dichos encargos que hace la ley a esta cartera se encuentran en el artículo tercero, donde puede destacarse:

El segundo cuerpo legal es la Ley 18.700 de Votaciones populares y Escrutinios, la que señala que le corresponde al Ministerio del Interior la tarea de entregar a la ciudadanía los resultados preliminares de los eventos de elección popular que se efectúen en el país.

Esta cartera es presidida por la ministra del Interior y Seguridad Pública, en la actualidad Izkia Siches. Organizacionalmente, bajo él se encuentran las Subsecretarías.[5]

Además dependen del Ministerio del Interior diversos servicios públicos, mientras que otros están simplemente relacionados.

Se encuentran bajo la dependencia del ministro del Interior y Seguridad Pública los siguientes organismos:[4]

Dependieron de esta secretaría dos comisiones especiales en materia de derechos humanos:

Durante el primer gobierno del presidente del presidente Arturo Alessandri Palma, el 29 de septiembre de 1924 fue promulgado el decreto ley n° 4.503, que creó la «Dirección General del Trabajo»,[10]​ bajo dependencia del Ministerio del Interior, manteniéndose como tal hasta 1932, cuando fue transferida al Ministerio del Trabajo.[11]​ Además, entre 1986 y 2015 estuvo bajo supervigilancia del Ministerio del Interior, el Servicio Electoral de Chile (Servel), cuando en ese último año se le otorgó autonomía constitucional. Así mismo, entre los años 2000 y 2010, dependió del ministerio la Comisión Bicentenario (CB), organismo encargado del diseño, programación y coordinación de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades para la conmemoración del Bicentenario de Chile.[12]

Dependen orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría del Interior los siguientes organismos:[4]



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