El paro de octubre de 1972, también conocido como el «paro de los patrones» o el «paro de los camioneros», fue un paro patronal realizado en Chile durante el mes de octubre de 1972, en contra del gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende.
En 1972, la economía de Chile pasaba por una grave situación; a pesar de que en el primer año del gobierno de la Unidad Popular se había logrado bajar la inflación, hacia 1971-1972 las medidas del «plan Vuskovic» —llamado así por el ministro de Economía Pedro Vuskovic— produjeron una devaluación del escudo, la moneda nacional, provocando una contracción del país de un -1,21 %, y una hiperinflación del 225 %.
La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el «mercado negro», lo que significaba la venta de muchos bienes a precios superiores a los oficiales. Por ello, el gobierno creó la Empresa Nacional de Distribución y Comercialización y las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP).
Sin embargo, dichas medidas no lograron revertir la situación, provocando descontento y el surgimiento de protestas en contra del gobierno. El 1 de diciembre de 1971 se realizó la llamada «marcha de las ollas vacías», que daría origen a la agrupación Poder Femenino, y que fue respaldada por los partidos opositores —fundamentalmente los partidos Demócrata Cristiano, Democracia Radical y Nacional—. El 21 de agosto de 1972 el comercio realizó un «paro de advertencia», al cual adhirió la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES).
La grave situación económica, y los rumores de estatización de empresas de transporte proyectado por la Corfo en la provincia de Aysén —que provocaron un paro indefinido en dicha provincia desde el 1 de octubre— llevaron a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), liderada por León Vilarín, con el apoyo de otros gremios, a convocar un paro nacional indefinido el 9 de octubre de ese año, agravándose los problemas de distribución de mercaderías. El paro contó con el apoyo monetario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), que conspiraba para hacer caer el gobierno de la Unidad Popular, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente a El Mercurio.
El gobierno de la Unidad Popular resolvió tomar acciones legales contra los organizadores del paro, el cual fue calificado por el ministro del Interior Jaime Suárez como «político, ilegal y sedicioso»; por ello, León Vilarín y otros dirigentes del transportes fueron detenidos y trasladados a la Cárcel Pública de Santiago en la noche del 10 de octubre. Los camioneros replicaron a esas medidas con el bloqueo de las principales carreteras del país el 12 de octubre, provocando el desabastecimiento de combustible y de otras mercaderías de carácter esencial, ante lo cual el presidente Salvador Allende declaró estado de emergencia en 18 provincias del país.
Paulatinamente, la oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, como los transportistas urbanos, la Confederación del Comercio Detallista (Confedech) —liderada por Rafael Cumsille—, la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) —presidida por Jorge Fontaine— y la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular. El 17 de octubre adhirieron el Colegio Médico y la FESES. Lo mismo hicieron gremios de ingenieros, abogados, odontólogos, profesores, trabajadores portuarios, pilotos de LAN Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), quedando el país virtualmente paralizado.
El 19 de octubre León Vilarín anunció la preparación de un pliego de peticiones al gobierno; en palabras de Sergio Bitar, ello «[reveló] que, tras una imagen gremial, existía una vasta operación política». Al día siguiente se constituyó el "Comando Nacional de Defensa Gremial", que agrupó a gran parte de las confederaciones gremiales y empresariales y a los colegios profesionales.
El Comando Nacional publicó sus demandas en un documento que se conoció como «El pliego de Chile», publicado originalmente como inserción en el diario El Mercurio el 22 de octubre, y replicado por el resto de los medios de comunicación opositores a Allende. En el «pliego» se exigía el fin de las clausuras radiales, la banca única, el ahogamiento de la papelera y otras peticiones similares. Se convocó a una paralización de actividades general para el 24 de octubre, a la cual se tituló «Día del silencio».
El paro finalizó con el nombramiento como ministros de miembros de las Fuerzas Armadas, el 2 de noviembre de 1972: el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, en Interior; el contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas, y el general de Brigada Claudio Sepúlveda en Minería. Este gabinete duró hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.
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