Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche
El primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se inició el 8 de diciembre de 1939 y culminó el 28 de julio de 1945, cuando cedió el mando al doctor José Luis Bustamante y Rivero, elegido democráticamente como candidato de una alianza de partidos. Suceso relevante de este gobierno fue la victoriosa guerra contra el Ecuador, con la subsiguiente firma del Protocolo de Río de Janeiro, así como el apoyo que el Perú brindó a los Aliados durante la segunda guerra mundial. En el aspecto interior, fomentó el desarrollo industrial, la educación, las obras viales y las actividades agropecuarias.
Entre 1930 y 1956, la política era definida por sus protagonistas como una lucha, no entre opositores, sino entre enemigos. Las Fuerzas Armadas sostenían que la única forma de mantener el orden era derrotando y excluyendo al APRA; y esta pensaba que la única forma de transformar al Perú era desorganizando al Ejército.
El general Óscar R. Benavides gobernaba en el Perú desde 1933, cuando fue elegido por el Congreso Constituyente en reemplazo del asesinado presidente Luis Sánchez Cerro. Esto fue una salida inconstitucional que se justificó por la situación de emergencia que vivía el país, tanto en el plano interno (por motivo de la subversión aprista) como en el internacional (la guerra con Colombia). El mandato de Benavides debió finalizar en 1936, previa realización de elecciones generales. Pero realizadas estas en dicho año, fueron anuladas y Benavides prorrogó su mandato por tres años más. Sin embargo, Benavides comenzó a sentir el desgaste de su gobierno, y aproximándose ya el final del mismo, optó por hacer el traspaso de poder, desmintiendo así a los que creían que volvería a prorrogar su mandato.
El 19 de febrero de 1939 se produjo en Lima un levantamiento militar encabezado por el general Antonio Rodríguez Ramírez, entonces ministro de Gobierno. Esta revuelta fue rápidamente develada, lo que generó la muerte de su líder y la detención de los principales colaboradores, entre ellos al general Cirilo Ortega, miembro de la Unión Revolucionaria. Como respuesta, el gobierno emitió una disposición legal que dispuso el control de las empresas periodísticas con el argumento de defender al Estado. Esto se puede evidenciar en la edición del diario La Prensa del día 22 de febrero de 1939, donde se publicó la ampliación de la Ley N° 7471, en la que se estipulaba que se establecería sanciones a las empresas periodísticas que publicaran informaciones falsas o ambiguas sobre los hechos opuestos al organismo constitucional de la República o que intentasen subvertir los poderes constituidos. El 26 de marzo, en su mensaje a la nación, el presidente Benavides anunció la convocatoria a elecciones para el 20 de octubre, no sin antes someter a plebiscito nacional una reforma constitucional que incluiría cambios en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. El 6 de junio, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un recurso presentado por Víctor Raúl Haya de la Torre, por el cual se solicitaba declarar inconstitucional la ley N° 8875, que convocaba a dicho plebiscito.
El plebiscito se realizó el 18 de junio de 1939. Se consultó a la ciudadanía sobre importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica. Su intención era robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo. La ciudadanía votó mayoritariamente a favor de dichas reformas.
Para la presidencia de la República se lanzaron las siguientes candidaturas:
Manuel Prado y Ugarteche era, hasta antes de lanzar su candidatura a la presidencia, un político prácticamente desconocido para la gran masa. Más conocido había sido su hermano Javier Prado Ugarteche, fallecido en 1921, así como otro de sus hermanos, Jorge Prado Ugarteche, ministro de Benavides y candidato a las frustradas elecciones de 1936. De la trayectoria política de Manuel, apenas se recordaba su participación en el golpe de estado de 1914 contra Guillermo Billinghurst y su paso fugaz como diputado durante el Oncenio de Augusto B. Leguía, siendo desterrado en 1921 por oponerse a dicho gobierno. Lo más relevante era su entorno familiar aristocrático y de fortuna. Otro de sus hermanos, Mariano Prado Ugarteche, había fundado el Banco Popular y era la cabeza del llamado Imperio Prado. En 1932, en medio de tensiones con Colombia, Manuel Prado regresó del exilio y fue designado director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en representación de los bancos privados; posteriormente fue nombrado Gerente General de esta institución. Su labor en el BCR sería el origen de sus ideas económicas intervencionistas.
El 22 de agosto de 1939 se proclamó oficialmente la candidatura de Manuel Prado a la Presidencia de la República, al frente de la agrupación política denominada Concentración General de Partidos, el cual agrupaba una amplia gama de pequeños partidos, de diversas doctrinas políticas: Nacional Agrario, Constitucional, Demócrata, Democrático Reformista, Descentralista, Liberal, Nacionalista, Social Nacionalista, Sindicalista, Descentralista, Rural y Urbano, Progresista y Nacional Laborialista. De los apoyantes de Prado son de destacar el Partido Comunista Peruano; y algunos elementos más moderados de la Unión Revolucionaria (UR o urrismo); estos últimos estaban descontentos con la trayectoria radical que había tomado su partido, que había desembocado en un fascismo al estilo italiano.
El otro candidato presidencial, José Quesada Larrea, era un joven abogado y periodista, natural de Trujillo, que se puso a la cabeza del llamado Frente Patriótico. Fue una candidatura que se presentó casi a último momento. Fue apoyado por la Unión Revolucionaria, que se había convertido en el partido fascista del Perú, es decir, la extrema derecha. Para su campaña, Quesada adquirió el diario La Prensa, dirigida por Guillermo Hoyos Osores, que se enfrascó en luchar por la libertad electoral, ante el propósito evidente del gobierno de manipular los resultados.
Manuel Prado iba acompañado por Rafael Larco Herrera en la primera vicepresidencia y por Carlos Gibson, en la segunda; mientras que José Quesada llevaba como primer y segundo vicepresidente a Manuel Diez Canseco y a Víctor Escudero, respectivamente.
La Segunda Guerra Mundial y sus ideologías tuvieron impacto en las elecciones de 1939, lo que se evidenció en que claramente la contienda se libró entre ideas democráticas y fascistas. Así se simplificó la opción que los peruanos debían tomar. Se mostró un escenario político polarizado en torno a las dos candidaturas:
El líder del APRA decidió no orientar los votos de sus seguidores a ninguno de los dos candidatos. A Prado lo consideraba demasiado vinculado a Benavides, y por tanto, lo veía como un representante del continuismo que no estaba dispuesto a aceptar. Estaba todavía lejana la idea de una “convivencia”, como la que se daría en 1956. Mientras que a Quesada lo descartaba de plano por el apoyo que le brindaban los urristas, los enemigos naturales del APRA. Por su parte, el gobierno de Benavides apoyó a Manuel Prado, poniéndole a su servicio su maquinaria política.
Hechos los escrutinios, Manuel Prado resultó vencedor, con enorme ventaja. Se habló de fraude masivo. A los personeros de Quesada se les impidió custodiar las ánforas. En ese entonces no existía escrutinio sobre la mesa. Los jurados departamentales recibieron ánforas cambiadas, las cuales habían sido llenadas con votos a favor de Prado. Treinta años después, se hallaron en una finca limeña las ánforas originales, llenas con los votos a favor de Quesada.
Los resultados oficiales fueron los siguientes:
El 8 de diciembre de 1939, se realizó la ceremonia de toma de mando, ante el Congreso de la República. Después de leer su mensaje a la Nación, el presidente Benavides entregó la banda presidencial al presidente del Congreso, general Ernesto Montagne Markholz, senador por Loreto, que a la vez se lo puso a Manuel Prado, tomándolo enseguida el juramento de estilo. Terminada la ceremonia, Prado y Benavides se dirigieron a Palacio de Gobierno en la misma carroza de gala. A su paso, el público reunido lanzaba aclamaciones y vítores, que no cesaron a lo largo del recorrido de la carroza presidencial hasta la Plaza de Armas.
Prado inició así su periodo de gobierno, estipulado en seis años, de acuerdo a la reforma constitucional de 1939. Ello simbolizó para algunos el retorno de la democracia al Perú, mientras que para otros significó solo una alternancia en el poder entre la oligarquía y las Fuerzas Armadas.
Prado contaba con dos vicepresidentes: Rafael Larco Herrera (hacendado, filántropo y propietario del diario La Crónica); y Carlos D. Gibson Möeller (abogado arequipeño, hermano del poeta Percy Gibson). Su primer gabinete presidencial estuvo presidido por Alfredo Solf y Muro, que a la vez era el Canciller de la República.
En el Congreso, Prado contó con abrumadora mayoría. Pese a ello, algunos vaticinaron que Prado no duraría mucho en el cargo, pero pronto él se encargaría de traer abajo tales expectativas. Desplegó una combinación de astucia táctica, flexibilidad estratégica y encanto personal que le hizo uno de los políticos más eficaces del Perú del siglo XX.
Prado realizó también giras periódicas a diversas localidades del país para informarse personalmente de los problemas y necesidades de los pueblos.
Su gobierno continuó en gran parte la obra realizada por el general Benavides y fue de una relativa democracia, pues mantuvo proscrito al partido aprista y al partido comunista. No obstante, su gobierno fue menos duro que el de su antecesor Benavides. Optó por enviar al destierro a los dirigentes apristas a quienes encontró en la cárcel, como Carlos Manuel Cox y Pedro Muñiz. El líder aprista, Haya de la Torre, desde la clandestinidad, se dedicó por entero a la organización de su partido, esquivando la persecución policial. La Tribuna, órgano aprista, se editó clandestinamente. Solo en su último año, con motivo de las elecciones generales, el gobierno legalizó la participación del APRA, que en esa ocasión formó parte del Frente Democrático Nacional con el nombre de “Partido del Pueblo”.
En cuanto al partido comunista, dirigido entonces por Eudocio Ravines, si bien estaba también fuera de la ley, decidió aliarse con Prado. Ello debido al contexto internacional, pues la Unión Soviética, durante la segunda guerra mundial, se había sumado al bloque aliado (formado por las democracias occidentales), tras sufrir la invasión de los alemanes. Fue así como los comunistas peruanos disfrutaron de posiciones en las Cámaras y los sindicatos. Llegaron incluso a dar a Prado el apelativo de “Stalin peruano”.
El primer Consejo de Ministros de Prado fue presidido por el jurista Alfredo Solf y Muro, que era a la vez Ministro de Relaciones Exteriores. Lo acompañaban: el doctor Constantino J. Carvallo (Salud Pública, Trabajo y Previsión Social), Óscar Ramos Cabieses (Hacienda y Comercio), el doctor Mariano Lino Cornejo Zegarra (Justicia, Culto y Prisiones), el doctor Pedro Máximo Oliveira Sayán (Educación Pública), el ingeniero Carlos Moreyra y Paz Soldán (Fomento y Obras Públicas), Guillermo Garrido Lecca (Gobierno y Policía), el capitán de navío Federico Díaz Dulanto (Marina y Aviación) y el coronel Teófilo Iglesias Rodríguez (Guerra).
Solf y Muro se mantuvo durante cinco años en el premierato, constituyéndose en el de más larga duración de la historia republicana del Perú. En 1943 se creó el Ministerio de Agricultura, cuyo primer titular fue Benjamín Roca y García.
El 8 de diciembre de 1944, exactamente cinco años después del inicio del gobierno, el Gabinete Solf presentó su renuncia. Le sucedió el gabinete presidido por el empresario Julio East Treviño, que era el ministro de Hacienda y Comercio desde 1942. Lo conformaban: general de división Antonio Silva Santistevan (Guerra), Ricardo de la Puente y Ganoza (Gobierno y Policía), Manuel Gallagher Canaval (Relaciones Exteriores y Culto), Manuel Cisneros Sánchez (Justicia y Trabajo), el ingeniero AlbertoJochamowitz (Fomento y Obras Públicas), el general Fernando Melgar (Aeronáutica), el doctor Constantino J. Carvallo (Salud Pública y Asistencia Social), el contralmirante Federico Díaz Dulanto (Marina), el ingeniero Enrique Laroza (Educación Pública) y el ingeniero Godofredo Labarthe (Agricultura). Este gabinete culminó el año final del gobierno.
Pese a contar el gobierno con mayoría absoluta en el parlamento, la acción combinada del diputado Arturo Osores Gálvez y del diario La Prensa arrancó la dimisión de algunos de los ministros de Prado.
Se crearon el departamento de Tumbes (Ley N.º 9667 de 25 de noviembre de 1942) y el departamento de Pasco (Ley N.º 10.030 de 27 de noviembre de 1944).
El gobierno de Prado sufrió las consecuencias de la segunda guerra mundial, la cual repercutió fuertemente en la balanza comercial. Las importaciones bajaron notablemente pero los productos de exportación, como azúcar, algodón, metales y caucho aumentaron significativamente.
Para hacer frente a la situación de emergencia, el gobierno se vio obligado a subir el monto de algunos impuestos, sobre todo en lo referente a los timbres, tabaco, sal, fósforos e ingresos aduaneros. Pero especialmente a la agricultura de exportación, como la del algodón.
En el aspecto financiero, el Perú, al contrario del mundo durante la crisis, ascendía gracias a una política previsora. Se permitió la concreción de operaciones financieras de elemental importancia tales como el Empréstito Interno (1940) y la Unificación de la Deuda Pública (1943).Se cancelaron los pequeños créditos con: Petroleum, Marconi, Peruvian Corporation y el Banco Central Hipotecario
Entre las diversas medidas que tomó el gobierno para promover el desarrollo económico, mencionamos algunas de las más importantes:
La escasez de productos de importación para el consumo nacional hizo surgir nuevas industrias que reemplazaron a los productos extranjeros con buen éxito. En ese sentido se dieron avances importantes en el proceso de industrialización del país, entre 1942 y 1947, la producción industrial pasó a representar 11.8 % de la renta nacional a 19 % aproximadamente. Apareció la industria metalmecánica y se expandió la química, la textil, la maderera, la constructora y la pesquera. Se fundaron fábricas de loza, productos lácteos, vidrio, envases, papel y cartón.
Fue en esta época cuando se sentaron las bases para la fabricación de la harina y el aceite de pescado, para lo cual el gobierno aportó con un capital de 650,000 soles, encargando su administración a la Compañía Administradora del Guano.
La actividad agropecuaria recibió notable impulso, contándose, en muchos casos, con la ayuda de organismos internacionales especializados.
La política de Manuel Prado es susceptible de ser dividida en dos subperiodos:
El gobierno mejoró las relaciones con la izquierda, lo que trajo un vínculo más estrecho entre el Estado y los movimientos obreros. Los sindicatos, siguiendo la directiva de sus partidos (el APRA y el PCP), decidieron limitar sus protestas, mientras que el gobierno detuvo la represión. Esto hizo que se reconocieran un gran número de sindicatos. El desarrollo más importante fue la creación de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) en 1944, con la bendición del gobierno, pero organizada tanto por el APRA como por el PCP.
El encarecimiento del costo de vida motivó el aumento de sueldos y salarios. Se establecieron también los salarios mínimos. También se tomaron medidas contra el abuso y al alza injustificada de precios.
En junio de 1940, se realizó el Censo General, que había sido planificado por Benavides pero que no pudo hacerlo por la coyuntura política. La importancia del censo radica en la necesidad de conocer las realidades del Perú: saber cuántos peruanos vivían en el territorio nacional, cuál era su distribución y en qué situación se encontraban para aplicar verdaderas políticas sociales y económicas.
El censo fue hecho por el Ministerio de Hacienda y Comercio. El Director de la Comisión Nacional del Censo fue Alberto Arca Parró. El resultado de este censo, dado a conocer un año después, arrojó una población de 6.207.966 habitantes. En Lima se concentraban unos 577.000 habitante. Es de destacar que este censo contemplaba el factor racial (en ese entonces dividido en raza blanca, india, amarilla y negra), algo que no volvería a tomarse en cuenta, hasta el censo de 2017, en el que se incluyó la pregunta de tipo étnico.
Se dispuso que los bienes disponibles fueran equitativamente a todas las provincias y regiones del país. Se procuró estimular la producción indígena para así iniciar su recuperación. Gracias al censo se registraron 5000 comunidades. Para su inserción resultó de sumo beneficio los planes de carreteras, irrigación y agricultura.
El primer gobierno de Manuel Prado (que duró de diciembre de 1939 a julio de 1945) coincidió casi con el desarrollo de la guerra mundial (que empezó en septiembre de 1939 y culminó en agosto de 1945).
Los años de la Segunda Guerra Mundial repercutieron en el Perú tanto en lo económico como en lo político.
Al estallar la guerra entre las potencias aliadas y los países del Eje, el gobierno peruano proclamó su absoluta neutralidad, aunque sin dejar de manifestar sus simpatías por la causa aliada. Esta neutralidad duró poco tiempo, pues a raíz del sorpresivo ataque de la aviación japonesa a la base estadounidense de Pearl Harbour, ocurrido el 7 de diciembre de 1941, el Perú se alineó resueltamente con el bando aliado, mientras los otros países latinoamericanos dudaban en seguir tal posición. Durante la III Reunión Consultiva de Cancilleres americanos realizada en Río de Janeiro, a principios de 1942, fue la actitud peruana la que inclinó a los representantes de los demás países americanos a apoyar a Estados Unidos. El Perú fue el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del Eje y tomó las medidas políticas y económicas que requería el caso. Este pronorteamericanismo trajo consigo algunos excesos, como el permitir a los Estados Unidos la instalación de una base aérea en Talara (norte peruano), y la deportación masiva de residentes alemanes y japoneses, a quienes se les confiscó sus propiedades.
El presidente Prado, invitado por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, viajó a los Estados Unidos, donde reiteró el apoyo del Perú a los aliados. Fue el primer mandatario sudamericano en realizar un viaje de esa especie. Fue recibido en sesión del Congreso estadounidense y recibió elogios por su espíritu panamericanista y democrático. A su retorno, hizo una gira por Cuba, Panamá, Venezuela y Colombia.
El 6 de febrero de 1943, el gobierno peruano se adhirió a la Carta del Atlántico, declaración de Estados Unidos e Inglaterra sobre los fundamentos de la paz mundial. El 11 de febrero de 1945, el Perú declaró el estado de beligerancia contra Alemania y Japón, por el maltrato inferido a ciudadanos peruanos.
El centenario problema de límites peruano-ecuatoriano hizo crisis en 1941, por la intransigencia del Ecuador en reclamar para sí territorios legítimamente peruanos (Tumbes, Jaén y Maynas). Para evitar cualquier agresión y rechazarla si ella llegara a producirse, el gobierno de Prado creó el "Agrupamiento Norte" que se puso al mando del General (después Mariscal) Eloy Ureta y del Jefe del Estado Mayor, Teniente Coronel Miguel Monteza Tafur.
Así, en los primeros días de julio de 1941 la agresión vino por parte del Ecuador, produciéndose acciones de armas en los puestos fronterizos de Aguas Verdes, Porvenir, Las Palmas, Uña de Gato, Lechugal, Quebrada Seca, Matapalo y El Coral, donde fueron rechazados los invasores. Al finalizar el mes de julio las acciones se habían generalizado en la zona de Tumbes comprendiendo un frente de 50 kilómetros.
Las acciones formales, que se conocen con el nombre de Batalla de Zarumilla, se realizaron entre los días 23 y 31 de julio de 1941, sobre la margen izquierda del río del mismo nombre. Triunfaron las tropas peruanas, las que en perfecta combinación de sus efectivos de aire, mar y tierra ocuparon la provincia ecuatoriana del Oro, luego de las victoriosas acciones de Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar. Este último puesto fue asaltado por un cuerpo de paracaidistas, que se constituyó en la primera acción militar de ese tipo realizada en América del Sur. La victoria peruana fue, en gran parte, gracias a la modernización de la institución implementada durante el régimen de Benavides.
Las acciones en el frente del Nor Oriente fueron también exitosas para los peruanos. La Quinta División bajo el comando del General Antonio Silva Santisteban, que actuaba en un frente de 800 kilómetros, comprendido entre la Cordillera del Cóndor y el río Putumayo, tomó el puesto ecuatoriano de Rocafuerte el 11 de agosto de 1941.
El 2 de octubre de 1941, ante mediación de los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, se suscribió el Acta de Talara, por los delegados militares del Perú y del Ecuador, por la cual se creaba una zona desmilitarizada entre ambos ejércitos. El 29 de enero de 1942, en la reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, efectuada en Río de Janeiro, se suscribió el Protocolo de Paz, Amistad y Límites que firmaron los ministros Alfredo Solf y Muro por el Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador. Los países mediadores mencionados anteriormente firmaron también como garantes. Así se puso fin al viejo pleito de límites que durante más de un siglo había mantenido la atención de la cancillería peruana, aunque el problema volvería a revivirse tiempo después, a raíz del intento del Ecuador de desconocer arbitrariamente el Protocolo.
Aunque la segunda guerra mundial tuvo profundas consecuencias en el proceso político peruano, las relaciones del Perú con el Ecuador probaron ser el factor internacional que tuvo mayor efecto en la nación. El resultado favorable de este breve conflicto armado ayudó a consolidar la posición nacional de Prado y a fortalecer su apoyo entre los militares. Las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso profesional con la defensa nacional. Gracias a un presupuesto especial de defensa, financiado a través de préstamos nacionales reservados, Prado brindó generosas recompensas en la forma de ascensos militares para así garantizar el respaldo político de las Fuerzas Armadas. La diplomacia tuvo también un rol central en el desarrollo del conflicto con Ecuador. La Cancillería peruana trazó un ejemplo de acción para otras naciones del continente.
El conflicto con Ecuador y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, influyeron decisivamente en la organización de las fuerzas armadas del Perú, emprendida por el gobierno.
Manuel Prado nombró a Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional. Se le encargó su reconstrucción después del incendio, esta y otras experiencias le proporcionaron a Basadre una visión interna de la corrupción arraigada y tradicional en la burocracia del gobierno y la toma de decisiones administrativas.
Dado que la guerra mundial alteró significativamente el paisaje político del Perú, Prado tuvo que depender de los militares, de sus amigos políticos y de una comunidad banquera y empresarial infiltrada por intereses parciales a las potencias del Eje. La intervención extranjera en los asuntos internos peruanos fue, supuestamente, justificada por el creciente peligro totalitario. Prado aumentó la colaboración con los aliados, particularmente a comienzos de 1943 cuando Estados Unidos entró a la guerra. Se informó que el gobierno peruano estaba vendiendo combustible de petróleo de los depósitos de reserva a los japoneses a casi el doble de su precio normal. También hubo una creciente preocupación por el cultivo y la compra de algodón por parte de compañías japonesas. Unos cuantos meses más tarde, Hoover (Director de investigaciones estadounidense) proporcionó información confidencial acerca del tráfico de cocaína por parte de una red de argentinos y peruanos favorables al Eje. César Cárdenas García, director del Ministerio de gobierno, recibía un soborno de 5000 soles mensuales, y el prefecto de Lima, otros 200 soles al mes por permitir que las actividades de contrabando se realizaran sin molestias.
En septiembre de 1942, el ministro de gobierno, Guillermo Garrido Lecca fue denunciado y posteriormente cesado por especulación con arroz y exportación en grandes cantidades, con lo que contribuía a la escasez doméstica de este producto de primera necesidad. Estos escándalos, la creciente inflación, el control de precios y los impuestos locales más altos contribuyeron a formar una adversa opinión pública sobre una ya sospechada concentración de riqueza por parte del “Imperio Prado” durante los años de la guerra. Prado optó por fortalecer su posición interna y externa.
A pesar de las serias dudas que los funcionarios del departamento de Estado de Estados Unidos tenían sobre el compromiso de su gobierno con los Aliados, Prado había alcanzado para marzo de 1942 importantes logros diplomáticos. Ellos fueron descritos como el cambio «de una política vacilante e indecisa a un enfoque definitivamente a favor de la democracia y cooperación con los Estados Unidos».
Las medidas que el régimen adoptó para sancionar económicamente y expulsar del Perú a ciudadanos del Eje, estuvieron acompañadas por serios casos de corrupción de empleados públicos. Se congelaron fondos japoneses y alemanes: el Banco Italiano fue suspendido y obligado a cambiar de nombre. Hoover, informó que Moisés Mier y Terán, el jefe de la división de investigaciones de la policía, juntamente con César Cárdenas García, director de Gobierno, fueron condenados por extorsión a gran escala, otras serias irregularidades perpetradas durante la deportación de ciudadanos del eje en febrero de 1943. Otro plan llevado a cabo por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la venta, por miles de soles, de documentos de ciudadanía peruana a japoneses que estaban a punto de ser deportados.
El gobierno de Prado enfrentó las elecciones programadas para junio de 1945 en medio de crecientes problemas para contener la corrupción, lidiar con la oposición política y manejar la deteriorada situación financiera. Las publicaciones apristas continuaron sus ataques pero ahora apelaban abiertamente a jóvenes oficiales militares para que tomaran acción contra lo que el partido aprista consideraba era un gobierno hondamente corrupto. El persistente patrón de un oportunismo electoral carente de principios que minaba, en efecto, a la democracia para beneficiar a unos cuantos políticos, formaba parte de los altos costos de transacción de una cultura política infestada por la desconfianza y la corrupción. Por eso cuando Bustamante fue elegido presidente, emitió una serie de decretos que buscaban «limpiar la casa» heredada del gobierno anterior. Las nuevas medidas estaban orientadas a inspeccionar más estrechamente las finanzas estatales, eliminar sinecuras y empleos superfluos, u despedir a funcionarios deshonestos. El primer gabinete del nuevo régimen al cual se le denominó «el gobierno moralizador» estuvo formado por jóvenes profesionales. Basadre fue nombrado ministro de Educación y desde su posición intentó combatir la corrupción entre los funcionarios del ministerio. Aunque tenía una experiencia limitada para semejante cargo, Basadre sostuvo que por lo menos, «fuimos honestos».
En 1945, finalizando ya el primer gobierno de Manuel Prado, se convocaron las elecciones generales. Al estar proscrito el partido aprista, no existían otras fuerzas políticas capaces por sí solas de aspirar seriamente al gobierno, lo que obligaba a la conformación de alianzas electorales. Fue así como se constituyó el Frente Democrático Nacional (FDN), conformado por las más dispares partidos y movimientos, pero siendo el más importante el partido aprista, que para eludir la prohibición constitucional por su calidad de “partido internacional”, adoptó el nombre de “Partido del Pueblo”. Por su parte, el gobierno respaldó la candidatura del general Eloy Ureta, el vencedor de la guerra con Ecuador.
A fines de 1944 retornó al Perú el mariscal Óscar R. Benavides, presumiblemente para postular a la presidencia, pero al no encontrar apoyo del gobierno, se acercó al FDN, cuyo núcleo lo constituían los apristas, como ya se ha dicho. Benavides y Haya de la Torre coordinaron lanzar una candidatura común para el FDN, de carácter reconciliatorio. Ambos se complementaban: Haya disponía del partido más poderoso; Benavides gozaba de prestigio entre los más importantes sectores económicos y de reconocido y grande ascendiente en el ejército. El elegido para ser candidato fue el doctor José Luis Bustamante y Rivero, entonces embajador en Bolivia, quien a través del célebre "Memorandum de La Paz" puso una serie de condiciones para aceptar, enfatizando en sus puntos básicos dar prioridad a objetivos moralizadores y la eliminación de los odios políticos. El FDN aceptó sus condiciones y proclamó su candidatura el 19 de marzo de 1945.
Faltando apenas 25 días para las elecciones, el 15 de mayo de 1945 el gobierno reconoció legalmente la participación del partido aprista. La intención de Prado era que Haya de la Torre se apartara del FDN para lanzar su candidatura individual, a fin de dejar a Bustamante sin su base principal de apoyo. Pero el líder aprista decidió mantener su compromiso con el FDN.
El FDN ganó las elecciones realizadas el 10 de junio de 1945, con amplia ventaja —305.590 votos (66,97%) contra 150.720 (33,03%) de su competidor, el general Eloy Ureta, apoyado por Prado—. También obtuvo mayoría en el Parlamento, de la que los representantes apristas formaban un núcleo importante.
Tras entregar el mando a Bustamante, Prado viajó a París, donde poseía una residencia en la elegante Avenida Foch. Allí radicó, hasta que diez años después volvería al Perú para postular por segunda vez a la presidencia.
