El proceso 8000 fue el proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali. El material se encontraba inactivo a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al Congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del presidente Samper. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.
El proceso 8.000 fue el eje sobre el cual giró el gobierno de Samper, sobre el cual queda el sinsabor histórico de la condena de los máximos jefes de su campaña, pero la declaratoria de "ni culpable ni inocente" manifestada por la Comisión de acusación del Senado colombiano, al referirse a la responsabilidad directa de Samper sobre dicho el delito, responsabilidad que como tal no quedó resuelta en el fallo de la comisión, al precluirse el proceso sin presentar autoría o responsable del mismo. Años después el expresidente César Gaviria ha sido señalado por el expresidente Andrés Pastrana de ser el eslabón perdido del proceso 8.000» refiriéndose al favorecimiento que Gaviria realizó sobre Samper al desconocer pruebas que el mismo Pastrana le entregó directamente durante la campaña presidencial, pruebas que luego configurarían el caso de la financiación de la campaña "Samper Presidente" por parte del Cartel de Cali.
Una semana después de realizada la segunda vuelta electoral de 1994 para el periodo comprendido de 1994 a 1998, que definía al futuro Presidente de Colombia entre los candidatos Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, el entonces presidente César Gaviria Trujillo recibió de Andrés Pastrana Arango unos casetes cuando realizaba una gira por la ciudad de Santiago de Cali. El presidente César Gaviria remitió los casetes al entonces Fiscal General de la Nación Gustavo de Greiff quien se abstuvo de abrir investigación ya que su hija Mónica de Greiff estaba vinculada a la campaña de Samper.
El sucesor del Fiscal General, Alfonso Valdivieso, los dio a conocer a la opinión pública el 20 de junio de 1995 se divulgaron los casetes de audio en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela (jefes del Cartel de Cali) sobre dineros para apoyar la campaña de Ernesto Samper. Este proceso daría pie para la denuncia del Fiscal Valdivieso al entonces presidente Samper ante la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y se daría curso a la investigación de miembros de la campaña de Samper, algunos miembros de su gobierno y congresistas, en el cual Samper renunció a la presidencia.
El proceso tuvo su inicio con la llamada a indagatoria libre a Santiago Medina, tesorero de la campaña presidencial de Samper el 17 de julio de 1995. Al principio el presidente Samper tomaba las declaraciones como conspiraciones en su contra, pero todo cambió cuando Medina confesó el 12 de septiembre de 1995 la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial.
Tan pronto se conoció el resultado de la segunda vuelta, la campaña de Samper se vio vinculada mediante las pruebas presentadas por Pastrana con la mafia, habiendo recibido dineros provenientes del Cartel de Cali; los "narco-casetes" fueron dados a conocer por el fiscal Valdivieso. Inmediatamente, Samper negó su participación, iniciándose un proceso en el que semana a semana las pruebas sobre dicha financiación eran más y más numerosas, siendo llevado por la presión pública a solicitar la apertura de un proceso de investigación, cuyos primeros resultados mostraron claramente que todo el cuadro directivo de la campaña estaba relacionada con dicha financiación y cercanía con los narcotraficantes. Con posterioridad, a raíz de unas declaraciones de Santiago Medina, tesorero de la misma, se abrió un largo proceso que terminó comprometiendo al coordinador de la campaña, Fernando Botero Zea y al propio Medina en una operación quienes efectivamente recibieron, manejaron y utilizaron el dinero en provecho de la campaña y propio. Algunos parlamentarios de distintos partidos involucrados a la campaña fueron igualmente vinculados al proceso.
La tormenta política ocasionó reacciones de todo tipo y en el exterior la imagen del país se vio deteriorada. Fueron cuatro años en los que Estados Unidos descertificó al país en materia de lucha contra la droga y los señalamientos al gobierno de Samper no se hicieron esperar. Uno de los puntos más importantes dentro de la coyuntura por la investigación de la campaña presidencial fue el momento cuando el gobierno de Estados Unidos el 1 de julio de 1996 canceló la visa de entrada a ese país del presidente Ernesto Samper.
El Proceso 8000 tuvo ramificaciones a otras áreas de la actividad pública como en el caso de dos contralores que fueron a parar a la cárcel por recibir dineros del narcotráfico. El ex Contralor General de la Nación, Manuel Francisco Becerra Barney, elegido en 1990, fue acusado de recibir de Guillermo Pallomari, excontador de los Hermanos Rodríguez Orejuela 300 millones de pesos. Sin embargo, cumplió su período de cuatro años al frente de la Contraloría y en 1995 fue capturado y vinculado al proceso 8000. David Turbay, quien le sucedió y fue elegido en 1994, se vio envuelto en el mismo proceso por haber recibido un cheque por 50 millones de pesos girado desde una cuenta del mayor de los Hermanos Rodríguez Orejuela.
Por su parte, las declaraciones que hacia el presidente Ernesto Samper en todo momento - había defendido su inocencia con vigor y había declarado sentirse "víctima de un atentado moral"- apuntaban a que él no había recibido ningún dinero y que todo había sido hecho a sus "espaldas". No obstante muchos patrocinadores de su campaña declararon que los dos hermanos Rodríguez Orejuela sí tenían sus inversiones allí. Posteriormente se divulgaría una conversación telefónica entre Elizabeth Montoya de Sarria, conocida popularmente como la "Monita Retrechera", y el entonces candidato a la presidencia Ernesto Samper, en la que daban indicios de las relaciones entre narcotraficantes y políticos del Partido Liberal para la financiación de la campaña presidencial con la intermediación de Montoya de Sarria, quien meses después de publicados los sucesos sería asesinada.
Otras denuncias involucraron a decenas de políticos, periodistas, deportistas y personajes de la farándula, lo que puso al descubierto la profunda penetración del narcotráfico en la vida cotidiana del país.
Entre los vinculados al proceso se encuentra el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea (1994 - 1995) hijo del artista Fernando Botero, quien además se desempeñó como jefe de la cuestionada campaña presidencial y que fue tal vez el único de los procesados que cumplió una pena con cárcel a raíz de los hechos investigados. Durante las indagatorias que se le hacían a Santiago Medina fue vinculado al proceso; y fue precisamente Botero quien el 22 de enero de 1996 propinó la estocada final contra Samper, cuando en una ampliación de su indagatoria confesó que el Presidente “sí sabía”. Tras la confesión presuntamente veraz de Fernando Botero Zea, Muchos dirigentes del Gobierno, como Horacio Serpa, ministro de Interior, continuaron respaldando a Ernesto Samper con la convicción de que una cosa era que el dinero, presuntamente, hubiera ingresado a la campaña y otra cosa era que el Presidente supiera sobre tal ingreso.
El martes 27 de febrero de 1996 la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente el congresista Heyne Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el Presidente Ernesto Samper, en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión, después de avaluar las pruebas aportadas por el fiscal Alfonso Valdivieso, entre ellas un video de Pablo Escobar en el que reconoce haber entregado dinero a Ernesto Samper en la campaña de 1982 y una cinta magnetofónica de la testigo ‘María’, quien iba a ser presentada por el senador Jesse Helms ante el congreso de los Estados Unidos, consideraron que había méritos para abrir una investigación penal contra el presidente Ernesto Samper. Ya avanzado el proceso de juicio corrieron algunos rumores entre los medios de comunicación los cuales sugerían que posiblemente Andrés Pastrana, también había recibido "ayuda económica de dudosa procedencia" en su campaña, sin embargo nunca se pudo establecer la fuente del rumor, indicios o pruebas que lo confirmaran.
Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de julio de 1996 Ernesto Samper fue liberado por la Cámara gracias a la astuta defensa del ministro del Interior Horacio Serpa quien logró convencer a la bancada liberal (el mismo partido del presidente) para que actuara a su favor. Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente el proceso fue precluido.
El Proceso 8000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e internacional para el país. En el ámbito internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en descertificar al país y retirarle la visa al presidente Samper y otros políticos de importancia. Esto generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo, las relaciones diplomáticas se restauraron antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional hubo malestar general entre la población (el cual aumentó ligeramente con la descertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones. Ocurrieron grandes marchas, tanto a favor de Samper como en su contra pidiendo su renuncia.
El 28 de mayo de 1996 tuvo lugar una marcha efectuada por varias organizaciones estudiantiles con el fin de pedir la renuncia del presidente Samper y de sus más cercanos colaboradores. En esa marcha se empleó una carroza en forma de elefante (en alusión a la declaración del cardenal colombiano y arzobispo de Bogotá Pedro Rubiano Sáenz cuando sostuvo que el hecho de que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994, era como «si un elefante se mete en tu casa y no te enteras»), la cual cargaba 8 000 mogollas (un pan tradicional colombiano), como forma de burla del proceso y el juez del mismo, el congresista Heyne Mogollón, las cuales fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio Nacional. En dicha marcha se acusaba a Mogollón de ser aliado de Samper e intentar arruinar la investigación. Luego de atacar al congresista, la marcha se enfrentó con un grupo de personas que apoyaba a Samper, quienes destruyeron parcialmente la carroza.
El dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado mantuvo una actitud muy firme en contra del escándalo a través de sus columnas del periódico El Nuevo Siglo igualmente bajo su última reconocida frase "El presidente no se cae, pero tampoco puede quedarse". Gómez fue asesinado a las 10:20 a.m. el jueves 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, víctima de un atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba la cátedra de "Historia Política y Constitucional de Colombia". Señalados Samper y sus colaboradores, en repetidas ocasiones, por importantes criminales de la época, hoy sometidos a la justicia, como autores intelectuales del magnicidio.
En 2013, cuando el expresidente Pastrana lanzó su libro Memorias Olvidadas, hubo un rifirrafe entre los expresidentes Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana y César Gaviria. La pelea se dio origen por cómo llegaron los narco casetes a manos de Pastrana en la época del proceso 8000. El libro revela que Horacio Serpa Uribe también estaba involucrado en el proceso. El expresidente Gaviria calificó a Pastrana como "un pequeño enano moral", por guardarse para sí mismo la información que contenían los casetes. Sin embargo, en diferentes entrevistas realizadas al expresidente Pastrana, este demostraría que los llamados "narco-casetes" no solo fueron presentados al entonces presidente Gaviria con anterioridad, sino también a su ministro de Gobierno y de Justicia, y que estos, posiblemente en respaldo de Samper, candidato de su partido, ocultaron las grabaciones y dilataron la validación de su carácter probatorio, asegurándose de que no interviniera en la campaña presidencial. Pastrana y otros políticos de la época enterados posteriormente del manejo dado por Gaviria a las pruebas entregadas, calificaron a este como "el eslabón perdido del proceso 8.000", dando a entender que el silencio guardado fue el elemento clave para la impunidad frente al delito y fraude ocurrido.
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