Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo.
Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra pudiendo haber o no algún mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas.
Con la ley de reforma agraria en 1953 se abre la página al más importante tema sobre tierras del país. Los sectores oligárquicos conservador y liberal del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX continúan el despojo de tierras de las comunidades y naciones indígenas originarios , pese la rebelión y resistencia indígena en varios puntos de la geografía situación que cambiará solamente después de la guerra del Chaco de 1932 a 1935. Durante la guerra del Chaco y al final de ella tras la nueva derrota y mutilación del territorio toda la sociedad boliviana vive una profunda crisis qué se caracteriza por la emergencia de una nueva conciencia nacional. Por primera vez se habla de la necesidad de una reforma agraria y de otorgar a los Indígenas los mismos derechos que el resto de la población mediante el voto universal, se discute también la necesidad de nacionalizar las minas y de impulsar la reforma educativa para inculcar en los ciudadanos la nueva conciencia nacional. Medidas que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) llevó adelante con la revolución. Algún dato adicional para entender la reforma agraria en el año 1953: Bolivia tenía 30% de la población viviendo en centros urbanos y el 70% de la población vivía en un área rural, y el 70% era población analfabeta. La agricultura contribuye con el 33% del producto interno bruto cuando los hacendados controlaban el 92% de la tierra cultivable. Por otro lado la reforma agraria no es un objetivo de la MNR sino un sentimiento y voluntad de los campesinos principalmente del Valle alto Cochabambino.
La reforma agraria fue promulgada mediante el decreto ley No 3464 del 2 de agosto de 1953 en el pueblo de Ucureña en el municipio de Cliza (departamento de Cochabamba) lugar donde se había creado el primer sindicato Agrario del país en 1936. Posteriormente fue elevado a ley el 29 de octubre de 1956 durante la presidencia de Hernán Siles Suazo, la ley que decretó la abolición definitiva y la ilegalidad de latifundio y convirtió a los antiguos peones de haciendas en pequeños propietarios y ciudadanos libres, "la tierra es para quien la trabaja" era la máxima ley. Así pues, el movimiento campesino ha sido protagonista desde el inicio de la historia de Bolivia, junto al movimiento obrero y lo ha sido aún más después de la reforma agraria, generando importantes y determinantes organizaciones sindicales y políticas tanto en el occidente como el oriente del país, como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia) o la CIDOB (Confederación indígena del Oriente boliviano), parte de la COB (Central Obrera boliviana) o en expresiones políticas como el MRTK (Movimiento Revolucionario Túpac Katari). La reforma agraria en Bolivia ha continuado hasta los días actuales. En 1996 se inicia el gran proceso de Saneamiento de tierras y perfeccionamiento del derecho propietario. También se incorpora el concepto de Tierras Comunitarias de origen (TCO) que ha significado el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena originaria subsistente y vital, abriéndose el camino para consolidación de la coexistencia de naciones al interior del Estado-nación de Bolivia. De tal manera que ahora se vive la realidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Cerca del 80% del territorio agrario nacional está saneado y con títulos perfeccionados. Están en proceso el saneamiento el 20% restante.
En Chile, este proceso se llevó a cabo entre los años 1962 y 1973, como medida de respuesta a la gran ineficiencia y crisis del agro nacional durante la primera mitad del siglo XX. A pesar de que esta reforma ya se había ejecutado anteriormente, fue recién en el gobierno de Salvador Allende en 1970 cuando se transforma en una ley para el pueblo Chileno. Hacia fines del gobierno de Salvador Allende ya se habían expropiado más de 6 millones de hectáreas a lo largo de todo el país.La característica principal era que ningún chileno podía ser dueño de una extensión de tierra mayor a 80 hectáreas de riego básico.
El problema de las tierras ha sido una constante en la historia colombiana y una de las causas del conflicto armado interno en Colombia. En 1936, Alfonso López Pumarejo con la denominada Revolución en Marcha promulgó la Ley 200 de 1936 que permite la expropiación de la propiedad privada con interés social. Afectado el campo colombiano durante el periodo de La violencia, Colombia vivió una urbanización por el desplazamiento de su población rural antes de realizar una reforma agraria. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) creado con la Ley 135 de 1961 Sobre Reforma Social Agraria por Alberto Lleras Camargo e impulsado por la ley 1 de 1968 de Carlos Lleras Restrepo que también reconoce a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) con la Resolución 061 de mayo de 1967 y el decreto 755 del 2 de mayo de 1967. Las leyes sobre tierras serían modificadas por modificada por la ley 4 de 1973, la ley 30 de 1988 y la Ley 60 de 1994 que disminuyó la responsabilidad del estado en las políticas agrarias. Pese a estos intentos por democratizar las tierras el proceso de reforma agraria se detuvo y comenzó a revertirse,por el conflicto armado interno en Colombia que provocó el desplazamiento forzado de millones de campesinos y una concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes terratenientes junto a las dinámicas del narcotráfico y el desplazamiento interno. En 2003 se modifica el INCORA con la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) con el Decreto 13006 de 2003 y su modificación mediante el Decreto 3759 de 2009 y el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), que fracasa por la corrupción. Otro intento por la restitución de tierras es la Ley 1448 de 2011 de Víctimas. La Reforma Rural Integral hace parte de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP firmados en 2016.
El Decreto 900 o ley de reforma agraria en Guatemala fue una de las metas del gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). Con ella se pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio. Todo esto se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para poder darlas en usufructo a quienes no las tuvieran. Dicho procedimiento se lograba por medio de los Comités Agrarios Locales, los cuales recibían denuncias de tierras en estado ocioso, que pasaban a los Comités Departamentales y finalmente al Departamento Agrario Nacional. La reforma pretendía permitir a los campesinos tener tierras para trabajarlas y darles la oportunidad de tener más ingresos. La Reforma Agraria causó numerosos cambios en Guatemala ya que muchos campesinos fueron beneficiados de la reforma, a costa de los dueños de las tierras ociosas. Pero por el impacto en las tierras de la United Fruit Company (UFCO) en 1954, la oposición encontró el patrocinador que necesitaba para obligar al presidente Árbenz a renunciar la presidencia: la CIA -de la que varios funcionarios tenían fuertes intereses en la United Fruit Company o en el Departamento de Estado estadounidense- organizó el plan Operación PBSUCCESS que terminó con la invasión liderada por el coronel Carlos Castillo Armas quien derogó la Ley de Reforma Agraria y restauró las tierras a sus antiguos propietarios, empezando por la UFCO.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue producto de la Revolución mexicana, ya que en su artículo 27 se establecieron las bases que dieron inicio a la reforma agraria en México. Su base jurídica consistía en señalar que a la nación correspondía el dominio territorial y era esta la que concedía la propiedad a los particulares. A finales del sexenio de Abelardo L. Rodríguez se reformó y adicionó el artículo 27 por decreto de 10 de enero de 1934 creando el ejido, estableciéndose el procedimiento para el reparto agrario, el establecimiento de una dependencia del Ejecutivo, un cuerpo consultivo, comités particulares, una comisión mixta y comisariados ejidales para la aplicación y vigilancia de las leyes agrarias, además de otorgar al presidente el carácter de «Suprema autoridad agraria». La llegada del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia marcó una pauta en la política agraria, ya que este repartió 18 millones de hectáreas, beneficiando a más de 51 mil 400 campesinos.
Después del proceso de industrialización auspiciado por Leguia se iniciaron las olas migratorias a las grandes ciudades especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero este proceso de crecimiento solo fue coyuntural, después de la guerra los productos de exportación peruanos dejaron de tener demanda porque los países beligerantes empezaron a reactivar sus industrias; esto produjo recesión y mucha gente quedó desocupada. La Reforma Agraria de Perú en un primer momento tuvo la intención de conseguir que las grandes porciones de tierra distribuidas en pocas manos se hicieran más productivas al repartirlas en gente que trabajaría la tierra también conseguir que aquellos poderosos latifundistas se industrializaran al ser su única alternativa. Las personas expropiadas obtuvieron el derecho a ser indemnizadas según una tasación realizada por el Estado, y sobre la base de un justiprecio cuyo pago era imperativo por mandato constitucional.
Tras esta acción Perú no logró el desarrollo económico esperado. Existía una gran brecha educativa que había postergado a los miembros del sector más bajo de la pirámide social, por lo que estos no se encontraban en la capacidad de desempeñar estas funciones de manera competitiva y eficiente- [cita requerida] Esta situación explica que no se diera el tan esperado proceso de industrialización a gran escala que aquellos idealistas que fomentaron esta medida esperaron. Sin embargo, si bien los resultados económico-productivos no fueron los esperados, es importante destacar el gran avance que hubo en términos reivindicativos y la desactivación parcial de movimientos de izquierda como el MIR (se quedaron sin su principal objetivo). Hasta antes de la reforma, la población campesina estaba adscrita a la tierra y no se le reconocía derechos ciudadanos. Es a partir de esta y otras medidas implementadas por Velasco que la población campesina deja de ser invisibilizada y cosificada, y se empieza a convertir en un interlocutor en la variopinta sociedad peruana. Así también aparecieron grupos como las cooperativas : en la costa (CAPS: Cooperación Agraria de Producción Social ) y de la sierra (SAIS: Sociedad Agropecuaria de Interés Social).
En lo que actualmente es la República Oriental del Uruguay a principios del siglo XIX, entonces llamada Banda Oriental, se llevó a cabo uno de los procesos de reforma agraria más radicales.
Bajo el período de la Revolución Artiguista comprendido entre los años 1811 y 1820, el máximo caudillo de ese proceso revolucionario José Gervasio Artigas (1764-1850) inició el proceso de reparto de tierras, no solo fiscales sino de grandes propietarios criollos y españoles. Para algunos historiadores uruguayos de raigambre marxista ese proceso ha sido interpretado como una "reforma agraria" radical y popular. Particularmente se destacan Lucía Sala de Tourón, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre.
Artigas fue un hombre profundamente conocedor de la Banda Oriental y de sus habitantes naturales: el gaucho y el indio, ambos excluidos de la posesión de la tierra en el siglo XIX. Participó junto a Félix de Azara en el reparto de tierras como medida de poblamiento, fomento de la campaña y medida precautoria contra el avance portugués en la tenue —cuando no inexistente— frontera entre ambos imperios, pero resultó insuficiente.
El paisaje decimonónico de la campaña oriental se caracterizaba por el despoblamiento producto de las grandes propiedades —muchas veces simplemente ocupadas ilegalmente, cuando no donadas por la corona sin ni siquiera tener en cuenta las verdaderas dimensiones—, el contrabandismo o bandolerismo y la explotación irracional dada la sobreabundancia de ganado vacuno.
El estado anárquico en que se encontraba inmersa la base económica ganadera de la Banda Oriental obligó a las autoridades españolas y la clase dominante criolla a llevar a cabo el planteamiento de una serie de soluciones que con el tiempo los historiadores han denominado Arreglo de los Campos. Muchas de estas soluciones fracasaron, cuando no quedaron en una mera expresión de voluntad o su éxito fue muy precario.
Con el estallido de la Revolución, Artigas llevó a cabo un reparto de tierras verdaderamente radical, desconocido en su época, y popular.
El "Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados", fue aprobado el 10 de septiembre de 1815.
Con el mismo, Artigas buscaba dos finalidades bien definidas: en primer lugar, asegurar una base social de apoyo a su revolución. La máxima del pensamiento artiguista en cuanto a justicia social se resume en la siguiente idea: "que los más infelices sean los más privilegiados" expresado en el artículo 6º del Reglamento.
Su segundo objetivo era castigar a los contrarrevolucionarios, idea que queda expresada en la famosa frase del mismo documento "malos europeos y peores americanos", o sea, los opresores (el "godo") y todo aquel americano que estuviera en contra del proceso revolucionario. De esta manera se ejercía una justicia revolucionaria en contra de los enemigos del proceso revolucionario, al tiempo que se premiaba a los que fervorosamente habían abrazado la revolución.
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