Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los sucesos acaecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy inestable, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general.
España inicia el año 1909 con Alfonso XIII como monarca y con Antonio Maura, del Partido Conservador, al frente del Gobierno desde el 25 de enero de 1907.
Políticamente, España, que no se había recuperado del golpe moral que supuso la pérdida colonial, en 1898, de Cuba, Puerto Rico, Islas Filipinas, Islas Marianas e Islas Carolinas, vive inmersa en un sistema político donde dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se turnan en el Gobierno. La alternancia es organizada desde el poder mediante el reparto de escaños previo a las elecciones (conocido como encasillado), a través de una red de influencias denominada caciquismo que garantiza su cumplimiento y el pucherazo o adulteración de los resultados. En este sistema la monarquía ejerce un papel de arbitraje. El resto de los partidos políticos son marginados del poder y solo consiguen representación en las zonas urbanas, donde el caciquismo es más débil y el control electoral por tanto es más difícil.
En Cataluña, sin embargo, tras la Ley de Jurisdicciones de 1906 se forma bajo el nombre de Solidaridad Catalana una alianza electoral integrada por la Lliga Regionalista, el carlismo y ciertas agrupaciones republicanas que logran una victoria aplastante en las elecciones de 1907, obteniendo 40 de los 44 diputados posibles y desplazando a los partidos dinásticos del poder en Cataluña.
Socialmente, los obreros españoles comienzan a tomar conciencia sindical y empieza a surgir el movimiento obrero en las zonas industriales y especialmente en Barcelona, donde surge Solidaridad Obrera, una confederación sindical de socialistas, anarquistas y republicanos que nació como rechazo al acercamiento de Solidaridad Catalana al Partido Conservador de Maura.
Tras la pérdida de Cuba y las Filipinas, España buscó una mayor presencia en el norte de África, logrando en el reparto colonial efectuado en 1904 y en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, el control sobre la zona norte de Marruecos.
El 9 de julio de 1909 los obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril que uniría Melilla con las minas de Beni Bu Ifrur, propiedad de la Compañía del Norte Africano, de capital francés, pero de pertenencia española, y de la Compañía Española de Minas del Rif, una sociedad controlada por la familia del conde de Romanones y la Casa Güell emparentada con el marqués de Comillas, fueron atacados por las cabilas de la zona que se oponían a la penetración extranjera (cuatro obreros murieron). Este incidente, que constituirá el inicio de la Guerra de Melilla, será utilizado por el Gobierno de Maura para decretar el envío de las Brigadas Mixtas de Cataluña, Madrid y Campo de Gibraltar, además de otras unidades militares que complementarán a las Brigadas, con el objetivo de acabar con la rebelión rifeña y asegurar el control de la "zona de influencia" española en el norte de Marruecos. En la orden de movilización se incluyó a los reservistas de los cupos de 1903 a 1907, medida muy mal acogida por las clases populares debido a que la legislación de reclutamiento vigente permitía quedar exento de la incorporación a filas o consiguiendo que fuera otra persona en su lugar a cambio de dinero, o mediante el pago de un canon de 6000 reales, cantidad que no estaba al alcance del pueblo (el sustento diario de un trabajador ascendía en la época aproximadamente a 10 reales). Además, la mayor parte de los reservistas eran padres de familia, en las que la única fuente de ingresos era el trabajo de estos.
A partir de la publicación del decreto de movilización el 10 de julio se sucedieron las protestas en contra de la guerra en forma de artículos en la prensa, de mítines y manifestaciones, que en muchas ocasiones fueron prohibidos por el gobierno, y en algunas localidades se vivieron momentos de tensión con motivo de la salida de las tropas (aunque en otras, como Cádiz o Málaga, se produjeron despedidas entusiásticas y "patrióticas"). En Madrid se produjeron incidentes en la estación de ferrocarril de Mediodía en la noche y la madrugada del 20 al 21 de julio cuando se procedió al embarque de la Brigada Mixta de Madrid al mando del general Pintos. También los hubo en las estaciones de tren de Zaragoza y de Tudela. El gobierno, ante la presión popular y de la prensa, acordó el 23 de julio conceder una pensión de 50 céntimos diarios a las esposas e hijos huérfanos de madre de los reservistas movilizados.
En Barcelona los embarques de tropas en el puerto comenzaron el día 11 de julio sin que se produjeran incidentes. Pero en la tarde del domingo 18 de julio cuando se procedía al embarque del batallón de Cazadores de Reus, integrado en la Brigada Mixta de Cataluña, la tensión estalló. Algunos soldados arrojaron al mar los escapularios y medallas que varias aristócratas barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña, mientras hombres y mujeres gritaban desde los muelles:
La policía tuvo que hacer varios disparos al aire y detuvo a varias personas. Las protestas aumentaron en los días siguientes cuando llegaron noticias de que se habían producido gran número de bajas entre los soldados españoles enviados a Marruecos. El jueves 22 de julio los diputados de Solidaridad Catalana se hacían eco del "sentimiento popular" y exigían al gobierno la "reunión inmediata de las Cortes" para debatir la cuestión de la guerra y las "condiciones en que se practica el reclutamiento de las tropas expedicionarias". El gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, prohibió la reunión de Solidaritat Obrera que iba a celebrar el sábado 24 de julio para confirmar la propuesta de ir a una huelga general, por lo que fue un Comité de Huelga clandestino, integrado por Antoni Fabra i Ribas (un socialista que intentó sin éxito que la movilización barcelonesa se pospusiera para que coincidiera con la huelga general que el PSOE y la UGT iban a convocar en toda España, y que finalmente tendría lugar el 2 de agosto con poco seguimiento, debido a las medidas represivas adoptadas por el gobierno que incluyeron la detención en Madrid el 28 de julio de Pablo Iglesias y el resto de la cúpula dirigente socialista), José Rodríguez Romero (sindicalista) y Miguel V. Moreno (anarquista), el que fijó un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio, el cual degenerará en la Semana Trágica.
Ángel Osorio declaró con posterioridad:
En Barcelona la huelga se inició en los barrios periféricos, donde se encontraban la mayoría de las fábricas. Allí se quemaron las casetas donde se cobraban los odiados consumos. Después los obreros se trasladaron al centro de la ciudad donde se produjeron disturbios cuando intentaron detener por la fuerza los tranvías y obligaron a cerrar los comercios y los cafés. El Capitán General de Cataluña, Luis de Santiago, siguiendo las directrices del ministro de la Gobernación De la Cierva, proclamó el "estado de guerra", a lo que se opuso el gobernador civil, Ángel Ossorio y Gallardo, que dimitió de su cargo (su sustituto, Evaristo Crespo Azorín, no llegará a Barcelona hasta el 6 de agosto). De Santiago decidió esperar a recibir refuerzos desde Valencia y Zaragoza para empezar a actuar y se limitó a proteger los principales edificios públicos. Por la tarde se generalizaron los disturbios, en los que murieron dos personas, cuando los huelguistas intentaron detener completamente la circulación de los tranvías. Además dos comisarías de policía fueron asaltadas. Barcelona quedó paralizada, sin gas y sin luz, sin periódicos, e incomunicada con el exterior por ferrocarril, por telégrafo o por teléfono. Una manifestación encabezada por mujeres y niños fue disuelta a tiros en el Paseo de Colón, frente al edificio de la Capitanía General. A partir de entonces la revuelta se transformó en insurrección. Sin embargo, ningún dirigente republicano, ni lerrouxista ni del Centre Nacionalista Republicà, quiso asumir la dirección de la misma. A medianoche ardió el primer edificio religioso, el Patronato Obrero de San José, en Pueblo Nuevo, regentado por los hermanos maristas.
La huelga y la revuelta se extendieron a muchas localidades catalanas, especialmente de las provincias de Barcelona y Gerona. En Sabadell, Mataró y Granollers tomó el carácter de una verdadera insurrección en la que se formaron juntas revolucionarias que proclamaron la República, se cortaron las líneas telegráficas y telefónicas y las vías de ferrocarril, se incendiaron edificios religiosos y se produjeron todo tipo de disturbios, siendo los de Sabadell los más graves (en el asalto al Ayuntamiento, algunas de cuyas dependencias fueron incendiadas, murieron ocho personas y veinte resultaron heridas, entre ciudadanos y fuerza pública). Hubo incidentes en otras muchas poblaciones, aunque solo se produjeron incendios de edificios religiosos en Badalona, Premià de Mar (donde también se proclamó la República), Manresa y San Adrián del Besós (en las comarcas de Barcelona), y Palamós, Calonge y San Feliu de Guixols (en las de Gerona).
En Barcelona se levantaron cientos de barricadas y varias armerías fueron asaltadas para proveerse de pistolas y fusiles. La violencia se dirigió contra las iglesias y las propiedades eclesiásticas, especialmente los conventos, los colegios y los patronatos de las órdenes religiosas. En el espacio de pocas horas ardieron muchos edificios religiosos. En algunos casos los frailes y las monjas y los bienes fueron respetados, pero en la mayoría los incendiarios se lanzaron al saqueo y al pillaje y se quemaron muebles y enseres. El cura párroco de El Poblenou murió asfixiado en el sótano de su iglesia donde se había refugiado. También se profanaron los cementerios de algunos conventos. El punto culminante de la violencia anticlerical se produjo durante la «noche trágica» del martes al miércoles en la que ardieron veintitrés edificios en el centro de la ciudad y ocho conventos en la periferia, y muchos religiosos sufrieron insultos y escarnios, como una monja anciana que fue obligada a desnudarse para cerciorarse de que no ocultaba nada entre los hábitos. En los incendios y en los disturbios tuvieron una participación muy destacada obreros y jóvenes militantes y dirigentes de segunda fila del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux (que en esos momentos estaba exiliado), una de cuyas señas de identidad era el violento anticlericalismo.
La inicial protesta antibelicista se había transformado en protesta anticlerical con el incendio de iglesias, conventos y escuelas religiosas. La explosión de violencia anticlerical fue la culminación, según Javier Moreno Luzón, "de años de propaganda revolucionaria, en los cuales se había expandido una cultura popular que achacaba los males del país a la influencia de la Iglesia, tenida por hipócrita y siniestra. […] [Para los alborotadores] las órdenes religiosas no sólo servían a los poderosos, atesoraban grandes riquezas y hacían una competencia económica desleal a los trabajadores en sus talleres, sino que también infligían toda clase de torturas a sus miembros. De ahí su interés morboso por escrutar cadáveres y celdas de monjas. Trataban asimismo de acabar con la red de centros confesionales dedicados a la enseñanza y a la caridad, símbolos de un orden social odioso y destruidos con frecuencia por sus antiguos pupilos y beneficiados".
La llegada de noticias de Marruecos sobre el desastre del Barranco del Lobo, donde perecieron más de 150 reservistas, en su mayor parte del contingente que salió de Barcelona el día 18 de julio, avivó la insurrección.
Barcelona amanece con numerosas columnas de humo procedentes de los edificios religiosos asaltados e incendiados. A lo largo del día continúa la violencia anticlerical y los tiroteos entre los insurgentes y las fuerzas de orden público. Los incidentes más graves se producen en el barrio de San Andrés de Palomar donde los rebeldes armados con fusiles capturaron a los guardias de las casetas de consumos y a miembros del Somatén, levantaron barricadas e incendiaron la iglesia parroquial. No obstante este día llegan los primeros refuerzos militares, provenientes de Zaragoza y de Valencia, a los que se les hizo creer que iban a reprimir un movimiento “separatista”.
Empezando por la zona de las Ramblas y el puerto, unos 10 000 soldados fueron ocupando la ciudad de Barcelona, mientras la moral de los insurgentes iba cayendo a medida que eran conscientes de que la rebelión no estaba siendo secundada en el resto de España. Entre el viernes y el sábado la ciudad fue recuperando poco a poco la normalidad excepto en los barrios de San Andrés y de Horta, donde continuaron los tiroteos y donde se produjeron los últimos incendios y saqueos de conventos y de colegios religiosos. El domingo volvieron a publicarse los periódicos. El lunes 2 de agosto los obreros barceloneses, a los que la patronal les prometió que cobrarían el salario de la semana como si nada hubiera ocurrido, volvieron al trabajo. En otras localidades catalanas la completa normalidad no se recuperó hasta el jueves 5 de agosto.
El balance de los disturbios de la ciudad de Barcelona supone un total de 78 muertos (75 civiles y 3 militares); medio millar de heridos y 112 edificios incendiados (de estos, 80 eran edificios religiosos). El gobierno Maura, por medio de su ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel, inicia de inmediato, el 31 de julio, una represión durísima y arbitraria. Se detiene a varios millares de personas, de las que 2000 fueron procesadas, resultando 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas.
Los cinco reos de muerte fueron Josep Miquel Baró, un nacionalista republicano ejecutado el 17 de agosto de 1909 en el castillo de Montjuic, como los otros cuatro; Antonio Malet Pujol, un republicano lerrouxista, ejecutado el 13 de septiembre; Clemente García, el joven discapacitado mental que había bailado con el cadáver de una monja por las calles de Barcelona, ejecutado el 4 de octubre; Eugenio del Hoyo, un exguardia civil y guardia de seguridad; y el más conocido de todos ellos Francisco Ferrer Guardia, pedagogo anarquista cofundador de la Escuela Moderna.
En principio los sucesos de lo que sería conocida como la «Semana Trágica» y la dura represión posterior no tuvieron consecuencias políticas. Sin embargo, la percepción del rey comenzó a cambiar en septiembre sobre todo como consecuencia de la campaña internacional de protesta por la condena a muerte en un consejo de guerra de Francisco Ferrer Guardia, acusado de ser el máximo responsable de los sucesos de la Semana Trágica, y que finalmente sería ejecutado el 13 de octubre, a pesar de las peticiones de conmutación de la pena, una posibilidad que el presidente del gobierno, el conservador Antonio Maura, ni siquiera se planteó. La propia hija de Ferrer le envió una carta al rey Alfonso XIII pidiendo clemencia para su padre:
Según Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano las pruebas presentadas contra Ferrer "eran escasas y deficientes, en especial para considerarlo jefe de los anarquistas españoles".
Según estos mismos historiadores, "durante meses la prensa mundial tuvo un motivo permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para transmitir de ella una imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la Inquisición religiosa y por una Monarquía retrógrada. En París hubo banderas españolas con crespones negros o quemas de símbolos nacionales. En Suiza los manifestantes gritaban contra España y los curas. En Roma los protestatarios llegaron a entrevistarse con el presidente del Gobierno. También en Lisboa se produjeron actos parecidos y en Buenos Aires se lanzaron bombas contra el consulado español. Hubo mítines en Salónica, y en Génova los trabajadores de los muelles se negaron a descargar buques españoles. En Petrópolis, una ciudad de Brasil, se quemó una efigie del rey. En Gran Bretaña, las protestas por el asesinato de Ferrer fueron frecuentes… En todo el viejo continente los diplomáticos españoles no cesaron de enviar en sus comunicaciones juicios como los de que la protesta había alcanzado inconcebibles e inexplicables proporciones".
La protesta internacional por el «caso Ferrer», que apenas había tenido seguimiento en España, fue aprovechada por el Partido Liberal para promover una campaña con los republicanos en contra del gobierno al grito de Maura, no. EL 20 de septiembre se incorporaba a este «Bloque de Izquierdas» antimaurista el PSOE.
El 18 de octubre de 1909, solo cinco días después de la ejecución de Ferrer, tuvo lugar un debate en el Congreso de Diputados en el que se produjo un duro enfrentamiento entre Maura y Moret. Este pidió la dimisión del gobierno y apeló al rey al afirmar que «alguien» debía hacer entender a los conservadores que debían irse. El día 20 fue el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel el que atacó a Moret de forma muy violenta, llegando a decirle que su política, cuando estuvo al frente del gobierno, había conducido al atentado contra el rey del día de su boda, afirmación que se negó a retirar. El escándalo en las Cortes se hizo todavía mayor cuando Maura respaldó a Cierva dándole la mano. Al día siguiente el diario liberal El Imparcial declaró que la situación era «gravísima» porque los liberales habían sido acusados de «contactos siniestros con los anarquistas». El Diario Universal, propiedad del liberal conde de Romanones, afirmó que el gobierno no podía durar «ni un día más». El 22 de octubre Maura acudió a Palacio para plantear la continuidad de su gobierno al rey, pero cuando Maura le presentó la dimisión de forma protocolaria el rey la aceptó. Gabriel Maura Gamazo contó muchos años después la conmoción que provocó en su padre su destitución como presidente del gobierno. El rey nombró en su lugar a Moret. Por su parte el nuncio interpretó el cambio de gobierno como un «primer triunfo» de la «francmasonería internacional» contra España, la Monarquía y, sobre todo, la Iglesia.
En unas declaraciones al diario francés Le Journal el rey Alfonso XIII lamentó la «interpretación tan falsa» que se había dado de los sucesos de Barcelona y se mostró especialmente dolido con la imagen que se había proyectado de España. «De dar oídos a ciertos franceses, parecería que éramos un país de salvajes», afirmó. Sobre el caso Ferrer dijo: «Yo soy un monarca constitucional, tan constitucional que ni siquiera tengo la iniciativa del indulto». Y añadió a continuación: «¿No habéis tenido vosotros en vuestra casa una cuestión Dreyfus? ¿Nos hemos mezclado nosotros con ella?».
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