Ministro de defensa
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La toma del palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.
Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos, entre ellos once magistrados. Once personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero; número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común; el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela. En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.
Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. El coronel (r) Plazas Vega fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.
La toma y retoma han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los guerrilleros, que denunciaban que el ejército hacía unos meses habían quebrantado un alto el fuego después de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos de Corinto firmados el 24 de agosto de 1984. El presidente Belisario Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En noviembre de 1983 se reunió en Madrid (España) con los comandantes del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, que constituyó la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con guerrilleros alzados en armas. El comandante del Ejército Nacional, Miguel Vega Uribe y el ministro de defensa, General Fernando Landazábal (destituido en enero de 1984),mostraron sus desacuerdos. El presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, habló de “enemigos agazapados de la paz”.
Entre diciembre de 1984 y enero de 1985 se presentó la batalla de Yarumales en el marco de la Operación Garfio del Ejército Nacional, la más prolongada que ha ocurrido en territorio colombiano (la batalla de Palonegro en la Guerra de los Mil días, entre liberales y conservadores, duró dos semanas),donde el M-19 resistió el ataque al Campamento de la Libertad, logró defender y mantener su posición en Corinto (Cauca), bajo la dirección de Carlos Pizarro.
En 1985 se presentó la Campaña de pie Colombia por el M-19 ante el rompimiento de los acuerdos de Corinto que comprendió acciones urbanas y políticas en las principales ciudades. El 15 de marzo de 1985 se realizó la marcha de "Desagravio por la paz y la democracia" convocada por el M-19 en Bogotá; en abril se militarizan las ciudades en el aniversario del M-19, en mayo el atentado contra Antonio Navarro, en junio la toma de Génova (Quindío), la muerte de Iván Marino Ospina en agosto en Cali, la masacre del Suroriente de Bogotá en por la cual en 1997 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó el asesinato extrajudicial de 11 personas (10 militantes del M-19 y 1 civil), por la Fuerza Pública el 30 de septiembre de 1985 tras el robo de un camión de leche, en octubre de 1985 se presentó el atentado al general Rafael Samudio Molina, el asalto al Batallón Cisneros en Armenia y se registran enfrentamientos en Valle del Cauca y Cauca.
El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del cartel de Medellín y su jefe Pablo Escobar.
En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedará registrado en un documento del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por presunta [2] petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, declaración que genera muchas dudas, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya pedir el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son solo voceros, y para poder sugerir el retiro de la fuerza pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado. Sin embargo, según las investigaciones judiciales recientes, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).
Según la Revista Semana el M-19 había decidido realizar la toma del Palacio de Justicia durante la visita del presidente francés François Mitterrand para darle dinamismo internacional, no obstante, el mismo 17 de octubre, fueron arrestados dos hombres en las inmediaciones del Palacio de Justicia haciendo planos del edificio. El Palacio de Justicia fue puesto bajo vigilancia militar hasta los primeros días de noviembre, en que la vigilancia fue retirada y sustituida por vigilantes de una empresa privada de seguridad. Días antes de la toma, se almacenaron en la cafetería del Palacio Justicia unos 1500 pollos, algo que después levantaría sospechas.
Los miembros del Cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar y otros narcotraficantes se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar «Los Extraditables».
Las amenazas las hicieron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los Magistrados y sus familiares entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir tres cartas y dos cintas de audio que recibió por correo. Parte de su declaración detallaba:
Uno de los mensajes que recibió leía:
Según versión entregada a la Comisión de la Verdad por Jhon Jairo Velásquez alias ‘Popeye’ del Cartel del Medellín y de Carlos Castaño, supuestamente Pablo Escobar había financiado la toma con 2 millones de dólares.Debido a que previamente se hicieron supuestos acuerdos de paz entre Iván Marino Ospina (Comandante del M-19, abatido en Cali antes de la Toma del Palacio) y Pablo Escobar, debido a la guerra entre ambos grupos iniciada por el secuestro de Marta Nieves Ochoa (hermana de los Ochoa) y el surgimiento del Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981. Sin embargo antiguos miembros de la guerrilla niegan cualquier participación por parte de los narcos. En 2020 ante la Comisión de la Verdad ex-militantes del M-19 como Otty Patiño y Vera Grabe reconocieron que la toma fue una decisión errada pero que de ninguna manera fue financiada por Escobar, ya que fue un operativo con objetivos políticos, de acuerdo al contexto político y militar (la Campaña de pie Colombia por el M-19), la situación financiera del grupo, la falta de armamento pesado en la toma y a la guerra con el Muerte a Secuestradores (MAS) y el Cartel de Medellín. La existencia de copias de las solicitudes de extradición en la cancillería y la embajada americana, y de copias de procesos en otros despachos judiciales, desvirtúa que la quema de expedientes fuera la razón de la operación guerrillera. Además los magistrados también llevaban procesos judiciales y condenas contra miembros de las Fuerzas Militares. Cerca de 6000 expedientes se quemaron en la toma. El M-19 no tenía armas antitanque y no llegaron los explosivos según versión de Jaime Castro, entonces ministro de Gobierno.
La toma al Palacio de Justicia fue ideada y planeada por el guerrillero del M-19 Luis Otero Cifuentes, y el comandante guerrillero Álvaro Fayad fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras operaciones del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de la embajada de la República Dominicana, hecho por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra, pero tras una amnistía salió de la cárcel. Si bien la operación tuvo que ser abortada debido a la alerta de las autoridades sobre el plan, rompiendo una norma del grupo de jamás retomar un plan cancelado se decidió retomar la operación ya que tanto el plan de Fayad como, principalmente, de Otero era obligar al presidente Betancur a presentarse a un juicio aprovechando la ventaja del edificio, similar a una fortaleza, además de su valor simbólico como sede la justicia colombiana e igualmente aprovechando la relación de algunos de los cuadros negociadores del M-19 con los magistrados que, tiempo atrás, habían sido sus docentes de Derecho.
La escuadra número 1 entrará por la escalera principal del flanco sur y la escuadra número 2 por la escalera principal del flanco norte. La primera al cuarto piso y la segunda al tercer piso. Cada una dejará un hombre en el 2° piso.
Un presunto testigo, exagente de inteligencia, llamado Ricardo Gámez, dijo que días antes de la toma del Palacio de Justicia, todo el personal de Inteligencia fue acuartelado bajo la advertencia de que algo iba a ocurrir y ya se había montado un comando operativo en la Casa del Florero. A las 5:30 AM (UTC-5) horas antes de la toma, él y varios agentes de inteligencia fueron ubicados en la carrera séptima cerca del parque Santander, a la espera de lo que podría pasar. Dijo además que la operación estaba siendo coordinada desde la Casa del Florero, a pocos metros del Palacio de Justicia.
Las unidades del Ejército Nacional que intervendrían en las horas siguientes estaban conformadas por la XIII Brigada, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales. Entre sus subordinados estaba el Jefe del Estado Mayor de la Brigada XIII (B-5), el coronel Luis Carlos Sadovnik. En orden descendente seguían las unidades B-1, B-2, B-3 y B-4. El coronel Edilberto Sánchez estaba al mando de la B-2.
A las 11:00 AM (UTC-5), siete guerrilleros del M-19 ingresaron armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia, aprovechando la poca vigilancia. El grupo era liderado por Alfonso Jacquin, también iba la guerrillera Irma Franco. Una vez dentro asumieron posiciones en el edificio; dos en la secretaria del Consejo de Estado, dos en la secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dos en la cafetería y una mujer en el tercer piso.
Jacquin hizo una llamada telefónica desde el tercer piso a Luis Otero, que se encontraba en una casa en el barrio Calvo Sur, en la dirección calle 6a Sur No. 8 -42 avisándole que ya estaba dentro y podía proceder. Desde la casa, Otero y otros 27 guerrilleros más se desplazaron en tres vehículos hacia el edificio del Palacio de Justicia.
A las 11:30 de la mañana, la Sala Constitucional estaba en sesión, el magistrado Gaona Cruz leía su ponencia sobre una de las demandas contra el tratado de extradición con los Estados Unidos de América. En la misma sala estaban los magistrados Alfonso Patiño Roselli, presidente de la Sala; Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Moyano, además del secretario Ricardo Correal Murillo. En los despachos estaban los magistrados Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria. En la Sala Laboral se encontraban los magistrados Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez. En otro sector de la Sala Penal estaban los magistrados auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio César Andrade, y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo, Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nury Gutiérrez de Piñeres de Soto. De los despachos de los magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz. De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el magistrado auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios de los despacho Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda y Ana Lucía Bermúdez de Sánchez.
En el primer piso estaban la mayoría de empleados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Se encontraban el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, la cajera Cristina del Pilar Guarín, los meseros Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán, la empleada Gloria Estela Lizarazo, el chef David Suspes y la empleada Luz Mary Portela. También se encontraban visitando o para citas la contratista Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola de Lanao. Lucy Amparo Oviedo esperaba entrevistarse con el magistrado Alfonso Reyes Echandía.
Para los guerrilleros del M-19, se trataba de la «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre». La toma comenzó a las 11:30 a.m. (UTC-5) del 6 de noviembre de 1985, cuando 28 guerrilleros del «Comando Iván Marino Ospina», al mando de Luis Otero y Andrés Almarales, ingresaron fuertemente armados al edificio vestidos de civil. Pocos minutos después empezaron a gritar consignas y a hacer disparos. Un camión reventó el separador metálico de la portería del parqueadero que da frente a la carrera octava, seguido por dos vehículos que conducían personas vestidas con camuflados de las fuerzas armadas colombianas y armadas con rifles. Ingresaron por la puerta del sótano del costado occidental (entrada al estacionamiento del Palacio de Justicia), mientras que un grupo de guerrilleros se atrincheró en el primer piso y la puerta principal. Los primeros en morir fueron Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, vigilantes de la firma Cobasec Ltda., contratista para labores de vigilancia del Palacio de Justicia. Blanco y Arbeláez no lograron utilizar sus revólveres.
Durante el ingreso de los guerrilleros, un agente de policía resultó herido. En cerca de media hora los guerrilleros tomaron el control total del edificio, mientras a las afueras se agolparon refuerzos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Fueron ubicados en las terrazas de algunos edificios vecinos, como la Catedral Primada, el Palacio Liévano y la Casa del Florero, con la intención de recuperar el Palacio.
El M-19 había hecho las peticiones de rigor publicación de las actas de la Comisión de Verificación, de los documentos del FMI, entre otros documentos, pero la principal exigencia del M-19, sin embargo, era la de obligar al presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual formularía sus denuncias a través de la radio. Algo que para el gobierno resultó descabellado.
El gobierno del presidente Betancur decidió no negociar debido a que las circunstancias políticas no daban para una negociación al momento de la toma. Betancur era acusado por algunos sectores de la opinión pública de haberle entregado el país a la guerrilla, el M-19 había roto la tregua y culpaban al gobierno, además de haber realizado un atentado contra el Comandante del Ejército Nacional. Según la Revista Semana, «el país estaba sumido en un ambiente de desestabilización institucional con una percepción de un vacío de autoridad». Varios analistas consideraban que si Betancur accedía a las peticiones de los guerrilleros, el gobierno quedaría mal ante la opinión pública nacional e internacional.
La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir por televisión un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena vez de presentar la situación del Palacio durante parte de la crisis. Según algunas fuentes, no estaba permitido transmitir la operación de la retoma al Palacio de Justicia. Las estaciones de radio y algunos noticieros continuaron transmitiendo la información en directo, sin embargo, nuevamente la ministra volvió a dar la orden de impedir que se siguiera transmitiendo por radio lo que estaba sucediendo.
Momentos después de la toma, las Fuerzas Militares de Colombia iniciaron el operativo de retoma. El Jefe del Estado Mayor de la XIII Brigada, el Coronel Luis Carlos Sadovnik activó el Plan de Defensa Nacional «Tricolor 83» y el Centro de Operaciones de la Brigada (COB), los primeros en llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia fueron algunos miembros del Batallón Guardia Presidencial que prestaban servicio al presidente en la contigua sede del gobierno colombiano, la Casa de Nariño.
Después del mediodía, llegaron los primeros tanques EE-09 Cascavel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio, sobre la plaza de Bolívar y las carreras Séptima y Octava. El presidente Belisario Betancur fue informado del hecho.
A la 13:00 (UTC-5), los guerrilleros le dijeron al magistrado Alfonso Reyes Echandía, mantenido como rehén, que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar. Los guerrilleros del M-19 se refugiaron en el cuarto piso junto a algunos rehenes, realizaron llamadas telefónicas al Palacio de Nariño, sede presidencial, y a varios medios de comunicación, para hacer conocer sus exigencias. El M-19 exigía la publicación en los diarios y la difusión en las cadenas radiales de una proclama; pidieron la creación en una cadena radial de un espacio diario para la expresión de la oposición y la presencia del Presidente de la República o su apoderado ante la Corte Suprema de Justicia, para efectos de hacerle un juicio político.
Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del tanque Urutú. A las 13:30 (UTC-5), los primeros vehículos blindados ingresaron por el sótano. A las 13:40, el comandante guerrillero del M-19 Luis Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre de la toma.
A las 13:55 (UTC-5), un tanque EE-09 Cascavel rompió la puerta principal del Palacio. A las 14:00, dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de policías del Comando de Operaciones Especiales de la policía, que también ingresó al Palacio. Otro de los tanques Urutú trató de irrumpir en una de las puertas del recinto para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de ésta, perdió la metralleta y, por el tiroteo con los guerrilleros del M-19, debió ser retirado. Dos tanques ingresaron por la puerta principal y obligaron a los guerrilleros y rehenes a subir a los pisos superiores, mientras que en la parte posterior del Palacio de Justicia se inició un incendio. Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores.
Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes, trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales. Luego, a las 14:25, un tercer tanque ingresaba a la edificación, con soldados del Batallón Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOAS) de la policía llegaban por la azotea.
A las 15:00 el presidente Betancur pidió ayuda y consejo a algunos expresidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas, estos primeros concordaban en que era mejor negociar en lugar de retomar el Palacio. Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron pedirle a Betancur el cese al fuego. En una segunda conversación, Reyes Echandía le dijo que se encuentra en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le quitó el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo. A las 15:15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.
A las 16:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta, buscar rehenes para ayudarles a salir. Varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llenó de humo el edificio. Reyes Echandía seguía pidiendo el cese al fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio. A las 16:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.
A las 17:10, Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió diciéndole que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los del M-19 que el gobierno no iba a negociar. Otero y Delgado hablaron. A las 17:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército, toma el mando de la operación de rescate.
Un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido después de 20 años, comenzó a las 17:45, donde se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles que debieron bajar al tercero. Media hora más tarde, un helicóptero logró evacuar a algunos policías del Copes y el GOAS heridos. Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas a las 19:15 y le reiteró que los iban a matar si no terminaban las hostilidades. Con el paso de las horas, el incendio tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y, luego, del tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños.
Una grabación que data de aproximadamente la misma hora, los comandantes del Ejército comentaban:
Una nueva explosión se oyó en el cuarto piso a las 21:30. Las personas que se hallaban allí gritaron pidiendo el cese al fuego y la presencia de la Cruz Roja. Quince minutos más tarde, los bomberos llegaban para tratar de sofocar las llamas, pero sus esfuerzos resultaron inútiles mientras el palacio era consumido. Desde adentro, los del ejército y los magistrados intentaban apagar el incendio con mangueras de emergencia. Cerca de las 22:00 los bomberos conseguían rescatar a algunas personas que se hallaban en la azotea, mientras los combates dentro del edificio se hacían más fuertes. Media hora después, algunos rehenes escondidos en las oficinas eran rescatados por el Ejército hasta el primer piso. Ellos y dos empleadas del aseo, rescatadas de la azotea por los bomberos, fueron llevados a la Casa del Florero.
En otra grabación, el general Vega Uribe discute con el general Samudio sobre el destino del comandante guerrillero Andrés Almarales:
Plazas Vega tuvo una corta entrevista esa misma noche:
A las 7:00 AM (UTC-5) Betancur aceptó dialogar con los subversivos y ordenó al director de la Policía Carlos Martínez Sáenz darles el mensaje, Reyes Echandia había logrado comunicarse con Martínez y este afirmó haber dado la orden de cese al fuego, pero argumentando problemas de comunicación la orden no se había cumplido. A la 01:30 PM (UTC-5) del 7 de noviembre y a los empleados Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, y Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, aparentemente son captados con vida por un vídeo. Al parecer, los dos fueron llevados a la Casa del Florero, a pocos metros del lugar, pero nunca más se supo de ellos. La orden de Almarales era que los heridos salieran del baño donde estaban sitiados y que salieran algunos guerrilleros, entre ellos Irma Franco y Clara Elena Enciso.
El consejero de Estado Reynaldo Arciniegas fue liberado por los guerrilleros del M-19, para llevar un mensaje al presidente Betancur y permita el ingreso de la Cruz Roja y se comience a negociar sin saber que la orden de cese al fuego no fue cumplida ni dada y al rato sucede una explosión dentro de los baños. Vega Uribe anuncia que la toma y retoma del Palacio había terminado.
Una vez terminada la retoma, periodistas documentaron cómo había quedado el Palacio mientras que soldados, policías y miembros de la Defensa Civil sacaban los cadáveres, los cuales fueron llevados por los castrenses sin que el Instituto de Medicina Legal (órgano estatal autorizado para el levantamiento de cadáveres) pudiese tener participación. En el baño se dejaron prendas y se sacaron cadáveres calcinados imposibles de identificar. Esa noche Betancur se dirigió a los colombianos asumiendo su responsabilidad:
El 9 de noviembre a las 5:00 p.m. (UTC-5), el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar (oficio No. 1324) ordenó llevar 98 cadáveres a una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá.
De acuerdo con una versión del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez, integrante de la Comisión de la Verdad, los magistrados habrían muerto de la siguiente manera:
Algunos de los guerrilleros involucrados:
Otros sobrevivientes
Ambos eran estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia. Acudieron al palacio de justicia a realizar una investigación cuando fueron sorprendidos por el asalto. Ambos logran escapar y se refugian en el 2 piso hasta ser rescatados por el ejército que los retuvo con el fin de torturarlos acusándoles de ser parte del M-19. Luego de días de torturas en la DIJIN y en el Batallón Charry Solano del ejército fueron puestos en libertad aunque amenazados de muerte si delataban las torturas.
Aún sigue siendo un misterio el paradero de cuatro empleados de la cafetería, la guerrillera Irma Franco y, desde 2017, los magistrados Julio Andrade y Jorge Echeverry. Varios críticos han dicho que, según algunas declaraciones de dos expolicías de la época, los empleados de la cafetería fueron llevados a la Casa del Florero (edificio histórico aledaño al Palacio de Justicia, que sirvió temporalmente como base militar) y más tarde trasladados al Cantón Norte (conjunto de edificios públicos militares ubicado al norte de Bogotá), para ser interrogados, torturados y asesinados. Posteriormente, según dichas declaraciones, fueron enterrados en fosas comunes ubicadas al sur de Bogotá. El gobierno colombiano de entonces las rechazó, argumentando que los dos exoficiales de la policía tenían antecedentes penales.
El 14 de junio de 2007, Caracol Noticias difundió un video hallado durante un allanamiento a la casa del coronel Plazas Vega en el que aparentemente se observa cuando son evacuados con vida del Palacio de Justicia el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la cajera Cristina del Pilar Guarín. Rodríguez se encuentra desaparecido. Plazas fue arrestado el 16 de julio de 2007, acusado del delito de desaparición forzada agravada.
En 2005 se conformó la Comisión de la Verdad, integrada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Tras un año de investigación, en noviembre de 2006 entregaron un informe en el que revelaron que, según versiones del sicario "Popeye", Pablo Escobar les había pagado dos millones de dólares a los guerrilleros del M-19 por la toma, a fin de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. La Comisión declaró responsables de la masacre al M-19, al presidente Betancur y al Ejército de Colombia
La Comisión también concluyó que el presidente de la época, Belisario Betancur "fue un simple espectador" de la situación y no logró intervenir directamente en la operación de retoma del palacio por parte del Ejército ni en los hechos posteriores, contradiciendo sus palabras dadas en su alocución en la noche de 7 de noviembre una vez terminada la retoma en la que asumía la responsabilidad de lo sucedido.
La Comisión de la Verdad consideró que la acción del Ejército Nacional fue desproporcionada y no buscó salvaguardar la vida de los rehenes.
Los resultados de las últimas investigaciones dejan grandes dudas sobre el origen del fuego en las instalaciones del Palacio de Justicia. Una hipótesis indica que fue un misil disparado por el ejército colombiano el que inició el fuego, mientras que otra apunta a que el misil fue disparado para hacer un boquete en la pared por donde pudiera salir el humo causado por el incendio.
En la actualidad aún sigue existiendo mucha incertidumbre sobre lo que ocurrió durante la toma y los desaparecidos. Con el paso de los años, el Estado ha tenido que realizar bastantes gastos no solo con lo que conllevó la reconstrucción del palacio, sino también por reparación a las víctimas y demandas que ha tenido que enfrentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por familiares de los desaparecidos.
Se estima que en la reconstrucción del palacio se invirtieron alrededor de $100 millones de la época, las demandas en la CIDH suman alrededor de $50 000 millones de pesos, lo que también ha conllevado un gasto en abogados de cerca de $1 200 millones de pesos.
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