La trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna de esclavitud. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32 000 millones de dólares en todo el mundo.
Existe un protocolo internacional contra la trata de Naciones Unidas que fue firmado por 117 países, entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas de esta. También promueve a los países a cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.
En la Argentina el delito de trata está penado por la ley. Un avance legal importante en la materia fue la sanción en 2008 de una ley de trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo internacional; sin embargo, a finales de 2012 se amplió y mejoró la ley del 2008 a la Ley 26842. Esta ley fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque pueden existir agravantes que amplíen las condenas. Desde la primera sanción de la ley 26 364 en 2008 a principios del 2014 se rescató a 6 339 víctimas de explotación laboral y sexual en el país. En febrero de 2006, siendo ministro del Interior, Aníbal Fernández fue instruido por el presidente Néstor Kirchner para evaluar el tema de la trata de personas en Argentina y para preparar un protocolo de atención de mujeres víctimas de violación. En ese mismo marco, Fernández preparó una tarea que incluyera brigadas especializadas en atacar la prostitución infantil. Convocó a la Dra. Eva Giberti para trabajar en la redacción de la Ley contra la Trata de Personas, que busca conseguir que las víctimas sean activas y exijan al Estado la detención del violador. En marzo de 2006, Aníbal Fernández creó el programa «Las Víctimas contra Las Violencias», cuyo objetivo primario fue la atención de abusos o maltratos causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su naturaleza. El 9 de abril de 2008 el Congreso sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En agosto de 2008 la presidenta Fernández creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata
A pesar de ser un delito grave, no existían hasta 2008 en la Argentina cifras estadísticas oficiales sobre este delito, En julio de 2011 el gobierno sancionó un decreto que prohibió la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los medios de información como una medida para prevenir la trata.
Un estudio de 2012 demostró que la trata de explotación sexual está cambiando para evadir la ley, otorgándoles a las mujeres esclavizadas ciertas libertades como tener sus documentos o poder salir de los lugares de explotación para que sea más difícil probar la trata.
Existen muchas leyes que tocan el tema de la trata; históricamente la Ley Palacios (Ley 9143), sancionada en 1913, fue la primera ley en proteger las víctimas de explotación sexual y esclavitud, además de penalizar a los responsables. Fue la primera normativa en todo el continente americano y significó un gran avance en derechos humanos del país.
La Argentina, como adherida al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños de Naciones Unidas, sancionó el 29 de abril de 2008 la ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Acorde a los dictámenes del protocolo internacional y poniendo énfasis en la asistencia y derechos de las víctimas y su diferenciación entre adultos y menores de edad.
Sin embargo a finales del 2012 la ley 26.364 fue derogada y ampliada a la Ley Nacional 26.842 luego de conocerse el fallo en el conocido caso judicial de Marita Verón en el que quedaron en libertad los 13 imputados de trata. La ley ya tenía media sanción en el senado, y solo fue aprobada en la cámara de diputados 18 meses después, luego de conocerse el veredicto en el caso Marita Verón.
La ley 26.842 amplia las condenas para los delitos de trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima, y crea un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un Comité Ejecutivo para la asistencia a la víctima. Reconoce el delito como federal y amplia los derechos de las víctimas.
El ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.
Y define la explotación por la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:
La trata genera víctimas que en la mayoría de los casos viven en condiciones infrahumanas, ser víctima de la trata implica esclavitud, en la cual el tratante se adjudica a sí mismo un derecho de propiedad totalmente ilegal sobre la víctima o la reduce al nivel de servidumbre por deudas, con un fin de explotación económica. En Argentina, las víctimas más comunes de trabajos forzados se presentan en talleres clandestinos textiles o como peones rurales y en algunos casos trabajos domésticos. En cuanto a la explotación sexual que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, se encuentran principalmente en los prostíbulos del país.
Según el Índice Global de Esclavitud de 2013 producido por la ONG Walk Free Foundation que mide 162 países, Argentina ocupa el puesto 122 con una población de 41 086 927 habitantes y 35 368 trabajadores esclavos en el país, siendo uno de los primeros en la lista (el cuarto) India con 1 236 686 732 habitantes y 13 956 010 de esclavos y matrimonios tempranos. Mientras que lo estimado para el mundo es de 29,8 millones de personas víctimas de este flagelo.
Los datos sobre trata de personas dados por el índice están basados en el US Trafficking in Persons report (Reporte de trata de personas producido por Estados Unidos) y los referidos a matrimonio infantil son dados por un informe de Unicef.
El índice también destaca las políticas gubernamentales argentinas para combatir la trata. "Las mejores políticas en contra de la esclavitud se tienen en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Argentina y Brasil", dice el documento.
Los trabajos forzados incluyen una amplia variedad de oficios, pero los sectores más afectados son el trabajo rural y textil.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el trabajo no registrado de la indumentaria alcanza el 75 %. El gran número de trabajadores en negro promueve la difusión de los trabajos forzados. Según citas de Gustavo Vera, presidente de la cooperativa La Alameda (que agrupa y defiende a trabajadores textiles). “Nos consta que hay unos 3000 talleres clandestinos en la Capital Federal" y agregó "También hay unos 15 000 talleres clandestinos en el primer cordón del conurbano bonaerense y varios miles más en el Gran Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba. Estos talleres comprenden una población de unas 200 000 personas que están reducidas al trabajo forzoso o al trabajo esclavo, que es lo mismo que el trabajo forzoso pero agravado porque la voluntad [de los trabajadores] es controlada las 24 horas del día por la patronal”
En la Argentina una de las primeras protecciones del peón rural nace en los años 1940 con la sanción del Estatuto del Peón que daba a jornaleros todos los derechos de los trabajadores. Más tarde se agregaron leyes complementarias. El gobierno de Cristina Kirchner suscribió los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohibiendo el reclutamiento forzado de mano de obra para trabajo rural forzado. Sin embargo aún existen redes de reclutamiento que mediante engaños o coerción física reúnen personas que generalmente están en situación de vulnerabilidad. Son reclutados de zonas rurales marginales de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Catamarca y Jujuy y de trabajadores migrantes de países vecinos como Chile, Bolivia, y Paraguay y luego son llevados a campos en los que realizan trabajo forzado y viven en condiciones infrahumanas. Estas situaciones violan el tratado del Protocolo de San Salvador y el Convenio 184 de la OIT.
La explotación sexual nace en el Virreinato del Río de la Plata antes de la misma creación del país; luego de la independencia en 1875 se crea una ley que regula la prostitución, impidiendo la prostitución de menores, pero permitiéndola si las menores eran iniciadas tempranamente en esta actividad.
A finales del siglo XIX comenzaron las redes de "trata de blancas" que proveían mujeres de Europa central y Rusia, que eran vendidas en un falso matrimonio a algún rufián. Ellas buscaban escapar a la pobreza y la persecución religiosa que sufrían y en este país eran obligadas a prostituirse o vendidas a otro proxeneta. A principios del siglo XX estas organizaciones de trata de personas estrecharon lazos con el poder. Esto era estar amparados por la ley o no tener problemas si la infringían o la burlaban. Debido a su gran acumulación de riquezas, mediante "cohechos" lograban su cometido. Entre la clientela se puede destacar los periodos de intensa migración europea que traía hombres solos, principales consumidores de la trata; también la alta burguesía Argentina consumía una "prostitución de alto nivel".
Para principios del siglo XX existían dos grandes redes de trata internacional. La MILIEU, una organización de traficantes de origen francés, y La Migdal o Zwi Migdal, de origen judío, antiguamente llamada (Varsovia, Sociedad Israelita de Socorros Mutuos). Esta última organización llega a su fin en 1929 cuando Raquel Liberman, una de las miles de inmigrantes polacas sometidas en los prostíbulos, denunció a la Zwi Migdal ante la justicia. Denuncia que fue tomada por un juez con fama de valiente e incorruptible, llamado Manuel Rodríguez Ocampo. Ya que otras 150 denuncias anteriores no prosperaron ya sea por violencia hacia las acusadoras o por corrupción policial y judicial. Este juicio contra la organización posibilitó que se hiciera público el trato que sufrían las víctimas.
Luego de varios periodos de cierre y apertura de prostíbulos, desde el 24 de junio de 1965 rige la ley 16.666 en la que el ejercicio de la prostitución es libre y no sujeto a forma alguna de reglamentación, esta ley rige aún hoy.
En la actualidad este crimen está organizado a gran escala y está frecuentemente asociado al tráfico de drogas y de armas. Muchos de estos delitos se organizan a nivel global.
En la actualidad la Argentina es un lugar de origen, tránsito y destino de la trata, lo que quiere decir que las víctimas pueden ser argentinas, o de otros países, que transitan este país y que algunas tiene este mismo como destino para ser explotadas ilegalmente.
Los "reclutadores" que captan las víctimas a través de engaños o secuestros, asistidos por los "marcadores". que se encargan de juntar datos sobre la joven buscada que, cobran un dinero por los datos de alguna joven con el perfil buscado. Luego el círculo se cierra con los "proxenetas" que obtiene sus ganancias mediante la explotación sexual de las víctimas. Y por último los "regentes" o administradores de los prostíbulos. Además están los transportistas y los tratantes secundarios que se ocupan de proteger todo este sistema delictual. En algunos casos hay algún tipo de connivencia con algunos miembros de la policía, la justicia y la política.
La provincia del país en la que se reclutan más mujeres es Entre Ríos y le siguen Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán; generalmente se va rotando las víctimas a través de los prostíbulos de todo el país. En la lista de destinos se encuentra Buenos Aires y Córdoba, a la cabeza de la lista de destinos elegidos por las redes junto con La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También existen lazos con las redes internacionales, en especial la ruta a España, de donde fueron rescatadas jóvenes tucumanas.
Existen muchas maneras de reclutar pero todas se basan o en el engaño o directamente en el secuestro de las víctimas, dándoles el nombre a estas metodologías como de "trata blanda" y "trata dura".
Aunque existen casos en el que la víctima se ha ofrecido para trabajos sexuales, pero que luego sus condiciones finales de trabajo y vivencias entran dentro del grado de la trata de personas. No obstante, las víctimas solo lo reconocen luego de una ardua asistencia psicológica.
Un estudio reciente de 2012 sobre casos judiciales de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), reveló que la trata de explotación sexual está mutando hacia nuevas formas de sometimiento de las mujeres, para que sea más difícil probar la situación de esclavitud dentro de burdeles y evadiendo así la ley. Esto es a raíz de la sanción de la ley 26.364 en abril de 2008 que pena fuertemente el delito. Las víctimas tienen en su poder sus documentos y en muchos casos pueden salir de los lugares de explotación, si no existe riesgo de que vayan a escapar al no tener nadie que las ayude, el sometimiento sigue funcionando de otra manera. Además el informe demuestra una connivencia estatal, local, policial y judicial que “legitima la actividad y conduce a su naturalización”. Según los expedientes, casi la totalidad de las víctimas son mujeres con hijos menores, con graves problemas económicos, de provincias muy alejadas o a veces inmigrantes. En el 72% de los casos están esclavizadas en locales nocturnos como whiskerías, pubs o pools, todos habilitados por los municipios, y el otro 22 % en departamentos privados.
En el mundo, alrededor de 21 millones de personas son víctimas de la trata bajo cualquiera de sus formas. Entre el 22 % y el 50 % son niños y niñas. La cifra exacta se ignora ya que la trata de niños generalmente se oculta, por lo que no se tienen datos confiables. Muchas de estas situaciones ocurren dentro de las ciudades o zonas urbanas. Por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual ocurre con niños y niñas que trabajan en las calles de las ciudades. Muchos niños de zonas rurales son trasladados a las ciudades por los tratantes.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esto que ocurre en el mundo también ocurre en Argentina, los niños provienen de provincias norteñas, o de países limítrofes como Bolivia, Paraguay, y Brasil. En triple frontera se encuentra un gran foco de trata de niños, y de trabajo infantil especialmente de niños que viven en las fronteras y de países limítrofes. Estos terminan en centros urbanos del centro y sur del país, donde se promueve el turismo sexual infantil. Otros son víctimas de trabajo forzoso en talleres textiles clandestinos, emprendimientos agropecuarios y venta de órganos.
La pobreza, el alcoholismo, la disfunción y violencia familiar, el abuso de drogas, el abuso sexual, los que se encuentran desescolarizados, en las calles, o internos de instituciones están en alto riesgo, todos estos son más vulnerables a ser víctimas de este delito.
De acuerdo a las nuevas leyes argentinas, la trata de menores se castiga con la máxima pena para este delito y además se puede endurecer más si existen agravantes.
Relato sobre la trata de explotación sexual:
Relato sobre la explotación laboral:
El caso Raquel Liberman es un caso notable en la historia Argentina ya que a principios del siglo XX saco a la luz la existencia de las redes de trata en el país y acabó con la red judía Zwi Migdal.
Existen varias versiones de como Raquel llega a la Argentina, si fue mediante un reclutador en Polonia que ofreciéndole matrimonio la trae a Argentina para explotarla, o si ella emigra al país desde Polonia con su familia y al poco tiempo se ve esclavizada por la red trata.
Raquel cae prisionera de la Zwi Migdal por diez años, durante los cuales ahorra dinero a escondidas y con este logra comprar su libertad a los explotadores con ayuda de un amigo. En libertad Raquel es detectada por la Migdal y engañada pierde su libertad nuevamente en manos de esta red. Raquel logra escapar nuevamente, pero esta vez radica una denuncia ante Julio Alsogaray un policía de fama incorruptible.
En 1929 el juez criminal Manuel Rodríguez Ocampo cito a Raquel a declarar. Así se obtuvo el trasfondo de la siniestra organización, las mujeres eran llevadas de un lugar a otro de modo forzoso, eran maltratadas física y mentalmente para doblegarlas y evitar que ninguna denunciara la organización. El juez dictó procesamiento y prisión preventiva a 108 miembros de la Migdal y la captura de 334 prófugos bajo los cargos de corrupción y asociación ilícita. A lo largo de la investigación se descubrió cierta complicidad de la red con la Policía federal. Pese a la declaración de Raquel Liberman los jueces de la cámara de apelaciones en la causa solo dictaron prisión preventiva a tres integrantes de la organización dejando libres a los demás. La cámara justificó su acción en que solo Raquel Liberman (que pese a las amenazas) se animó a declarar mientras las otras víctimas no declararon.
Sin embargo el juicio dio como resultado la disolución de la Zwi Migdal y el conocimiento público de estas siniestras redes de trata en el país.
Uno de los casos más conocidos en la Argentina es el de Marita Verón, que fue judicializado en 2012, luego de una intensa búsqueda y recopilación de evidencias, donde se descubrió parte del entramado de la red de trata para explotación sexual de este país.
Se sabe que dejó su casa el 3 de abril de 2002, y tres días después habría sido encontrada por policías cuando escapaba de una fiesta sexual que parece ser su primer destino; fue subida a un colectivo con dirección a Tucumán pero nunca llegó. Luego una testigo la habría visto en uno de tres prostíbulos riojanos, que la Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió como "lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres incluso mediante su privación de libertad". Desde entonces no se han conseguido más datos sobre el paradero de Marita.
La madre de Marita Susana Trimarco principal impulsora de la investigación, logró que se rescataran más de 20 mujeres víctimas de la trata. También creó la Fundación María de los Ángeles que busca, rescata y ayuda a víctimas de la trata en mientras realiza la búsqueda de Marita.
El juicio por la desaparición de Marita comenzó el 8 de febrero de 2012, y tiene como acusados a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución. Y reúne a más de 150 testigos. Finalizado el 11 de diciembre de 2012, todos los acusados fueron absueltos.
Luego de conocido el veredicto y bajo un unánime repudio a este, la cámara de diputados deroga la ley 26.364 sobre trata de personas la ampliada por la Ley Nacional 26.842. La ley ya tenía media sanción en el senado, y solo fue aprobada en la cámara de diputados 18 meses después luego de conocerse el fallo. La nueva ley elimina el consentimiento de la víctima como elemento exculparle y amplia condenas.
La causa llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en diciembre de 2013 se expidió revocando el fallo absolutorio y condenando a todos los imputados.La sentencia final fue el 8 de abril de 2014; José Fernando "Chenga" Gómez, Gonzalo José "Chenguita" Gómez, Mariana Natalia Bustos, Juan Humberto Derobertis, Cinthia Paola Gaitán, Carlos Luna, Daniela Natalia Milhein, Alejandro González, Domingo Pascual Andrada y María Azucena Márquez; con penas entre 15 y 22 años de prisión.
De acuerdo a estadísticas tomadas a partir del 22 de agosto de 2008 a la fecha 7 de marzo de 2012 por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), encargada de asistir a las fiscalías Argentinas en el trámite de las causas judiciales por secuestros extorsivos y trata de personas, el 64 % de los casos judiciales fueron por trata con fines de explotación sexual, mientras que en trata con fines de explotación laboral 5 % rural, 1 % textil, 1 % mendicidad. En cuanto a la explotación sexual el 77 % fueron víctimas femeninas y el 19 % masculinas y un 4 % víctimas transexuales. En el 70 % de los casos, el reclutamiento fue por “promesas de trabajo”, un 8 % por aprovechamiento de problemas familiares de la víctima y 8 % inducción por relaciones sentimentales, y el 3 % de los casos por la entrega de un familiar o un conocido. Un 52 % no tenía libertad ambulatoria y un 45 % sufrió violencia. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas un 31 % es de nacionalidad boliviana, 28 % argentina, 21 % paraguaya, 10 % dominicana, 5 % peruana, 3 % colombiana y 2 % uruguaya. El reclutamiento se da en un 83 % en Argentina, un 12 % en Paraguay, y un 1 % en Bolivia. Mientras que el destino es 94 % para Argentina, 4 % Paraguay y 2 % Chile.
Desde el 19 de julio de 2011 existe en la Argentina el número telefónico gratuito de denuncia que funciona todo el año y las 24 horas del día, el número 145, dependiente de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta línea no solo sirve para la denuncia sobre casos de trata de personas y de menores, si no también para denunciar a medios y portales de Internet que publiciten la oferta sexual. Es una línea directa y sin el intermedio de la policía y la denuncia puede realizarse de forma anónima.
También se puede denunciar a través de Internet en el portal http://www.ratt.org.ar/ de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y a la Explotación Sexual Comercial, de Niños Niñas y Adolescentes.
O directamente en el Ministerio de Justicia de la Nación.
En 2013 la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo del ministro Parrilli, el Ministerio de Justicia y la fundación de Susana Trimarco coordinaron acciones contra el crimen organizado y la trata con fines sexuales y laborales. En 2013 el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunciaron que el organismo de Inteligencia se pondrá por primera vez al servicio de la lucha contra la trata de personas en todas sus formas y el crimen organizado.
De acuerdo a la nueva ley 26.364 se creó a partir de agosto de 2008 la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De la misma forman parte las fuerzas de seguridad y profesionales en psicología, abogacía y trabajo social que acompañan a la víctima desde su rescate o su escape del lugar de explotación e investigación del delito de trata, y más tarde brindando acompañamiento y asistencia judicial hasta el momento de la declaración testimonial. Las víctimas tienen asistencia psicológica, médica y jurídica. Luego las víctimas “prestan testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado”, pudiendo este ser a través de una cámara Gesell.
Las víctimas son «no punibles por cometer cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata». En el caso de los extranjeros, tampoco se les aplica sanciones.
Busca judicializar los casos, aplicando la Ley 26.364, y brindar a las víctimas un apoyo psicológico para que puedan superar las situaciones traumáticas vividas. La fundación fue fundada por Susana Trimarco en 2007 con ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán. Desde entonces esta agrupación logró abrir más de 800 causas judiciales, y ha logrado la aparición y recuperación de por lo menos 400 mujeres sometidas a la trata sexual sin su consentimiento.
Susana Trimarco busca a su hija Marita que cayo víctima de la trata sexual el 3 de abril de 2002, luego de investigar el delito de la trata y sus redes y rescatar muchas víctimas entre ellas algunas menores de 12 años. Decidió crear la fundación para ayudar a las víctimas y seguir buscando a su hija. Esta tiene como visión erradicar la trata de personas en Argentina. El Gobierno Mauricio Macri intimó a la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, luego de anular el comodato sobre dos predios pertenecientes al Estado nacional, uno en esta capital y el otro en la localidad de Las Talitas, que habían sido entregados durante la gestión de Cristina Kirchner para la construcción de centros para albergar a víctimas de la trata y otro predio donde la fundación construyó un jardín de infantes.
La Asociación Madres Víctimas de Trata es una organización sin fines de lucro conformada por un grupo de madres de niñas desaparecidas para ser prostituidas. Se trata de una agrupación de madres argentinas cuyas hijas fueron captadas y secuestradas por redes de explotación sexual. El objetivo de la asociación es terminar con la trata en la Argentina y luchar por el abolicionismo de la prostitución. Las madres se visten de rojo y realizan rondas un miércoles por mes en la Plaza de Mayo pidiendo la aparición de sus hijas y que el estado se haga responsable. En 1991, las madres comenzaron a buscar encontrarse con otras mujeres que estén en la misma búsqueda de sus hijas desaparecidas para luchar juntas contra la explotación sexual y la trata de mujeres, y poder pensar juntas qué acciones tomar para encontrar y recuperar a sus hijas. En 2015 se constituyeron en una ONG autogestionada.La organización ha logrado rescatar a decenas de chicas secuestradas contra su voluntad en prostíbulos de la Argentina.
Tiempo de Crecer Asociación Civil forma parte del Sistema de Refugios para Víctimas de trata con fines de explotación, creado por la Ley Provincial Nº 14.473, donde, desde hace dos años, se derivan personas de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Posee el refugió “Tiempo de Crecer”, donde pese a tener el convenio firmado hace años un convenio con el Ministerio de Justicia de la provincia, a cargo de Gustavo Ferrari, dejó de recibir apoyo.
La Alameda es una organización no gubernamental (ONG) Argentina que lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, proxenetismo y narcotráfico. Nacida como una asamblea barrial de la crisis de 2001, tuvo reconocimiento nacional e internacional con las denuncias y escraches a talleres clandestinos (que confeccionan prendas para marcas reconocidas y diseñadores famosos), granjas donde se reducen a servidumbre a personas (el caso del niño Ezequiel Ferreyra) que tuvo repercusión de Naciones Unidas y prostíbulos. Su rol protagónico ha logrado modificaciones de legislaciones nacionales y provinciales, como ordenanzas municipales que combaten la trata y trabajo esclavo, como así también asistencia a las víctimas.
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