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Zanja de Alsina



La Zanja de Alsina o Zanja Nacional fue un sistema defensivo de fosas y terraplenes con fortificaciones -compuesto de fuertes y fortines- construidos en el oeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, entre 1876 y 1877,[1]​ sobre la nueva línea de frontera de los territorios bajo el control del gobierno federal en el período inmediato anterior a la Conquista del Desierto, cuya dos funciones principales eran la de evitar los malones indios en el interior de la misma y entorpecer el paso del ganado robado por los indígenas y cuyo nombre provino del creador del sistema, Adolfo Alsina.

Adolfo Alsina, ministro de Guerra y Marina del presidente Nicolás Avellaneda, abordó la necesidad del estado argentino, sensible al pedido de colonos, estancieros y comerciantes, de separarse físicamente de las tierras pobladas por los indios que originaban malones -ataques que, infrecuentes al principio, se remontan a la época de la dominación de la corona española- creando una zanja o trinchera, para consolidar del lado del Estado argentino el dominio del territorio.

El propósito de la zanja era el de facilitar la defensa de las tierras ubicadas dentro de la línea de frontera y procurar la defensa de los nuevas pobladores contra los ataques, cada vez más agresivos, de los aborígenes que ocupaban los territorios ubicados fuera de dicha línea. Estos habían venido siendo arrebatados a los pueblos ranqueles y pampas y a otras etnias originales autóctonas —con quienes por periodos intermitentes se habían logrado relaciones relativamente pacíficas— por inmigrantes mapuches o araucanos que, provenientes de Chile, produjeron su araucanización a través, primero, del saqueo de poblaciones aborígenes establecidas en relaciones más o menos pacíficas con los blancos, y, luego, de las poblaciones blancas o "huincas".[2]

El proyecto de Alsina, cuya función militar era la de retener territorio y conservar el dominio del estado nacional en ellas, no pretendía sumar nuevas tierras al dominio nacional argentino. Pero sí esperaba que cumpliera con una función eminentemente defensiva, deteniendo los permanentes ataques de los malones, y evitando los arreos de ganado que los indios arrebataban a las estancias y, llevándoselos por la ruta de la Rastrillada grande, vendían luego en su tierra de origen, Chile. La divisoria física pretendía terminar con esta transferencia de riqueza pecuaria del atlántica a la pacífica y con la carga de sus costos (pérdida de vidas humanas, gastos en defensa, despojo de riquezas consistentes en bienes de uso, y cautivación de mujeres que pasaban a servir económica y sexualmente como esclavas) que soportaban los pobladores de los pagos saqueados. Si bien la Zanja de Alsina no fue eficiente respecto a la entrada o salida de los indios montados, que la sorteaban desmontando y creando desde ambos lados derrumbes que proveían de cruce a las cabalgaduras, sí surtió efecto respecto a la merma de robo de ganado de los campos, toda vez que los indígenas se vieron obligados a abrir portillos en la zanja, que no se preveían suficientes para escapar con tropillas de vacunos y que, al huir, muchas veces no podían volver a utilizar porque debían tomar otro camino. La obligada tarea les demandaba una pérdida de tiempo suficiente como para que las tropas los alcanzaran y evitaran el cruce de los arreos. La motivación del saqueo se redujo así a los otros resultados del mismo.

El propio Alsina sostuvo que

El proyecto contemplaba la construcción de una Zanja Nacional de aproximadamente 600 km, que se extendería hasta San Rafael, en la actual provincia de Mendoza.

Los trabajos se iniciaron en 1876 y las construcciones básicas (no así su mantenimiento y reparación) finalizaron sólo un año más tarde, como consecuencia del fallecimiento de Adolfo Alsina, con 374 km de zanja construida en los terrenos ganados a los indios entre Italó —en el sur de la provincia de Córdoba— y Nueva Roma — al norte de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Quedó así establecida una nueva línea de fronteras.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del coronel Conrado Villegas con los soldados de la División Norte. La zanja fue íntegramente construida a pico y pala y resultó extremadamente costosa en dinero y esfuerzo humano. La dirección de las obras fue confiada al ingeniero Alfredo Ebelot.

Los fuertes más importantes fueron erigidos en Trenque Lauquen, Guaminí, Carhué y Puán. Entre Guaminí y Trenque Lauquen trabajaron dos regimientos de guardias nacionales, incluyendo levas de gauchos y una cuadrilla de 60 a 80 peones asalariados; hacia el norte, hasta Italó, se contrató a una empresa privada que empleaba 300 personas. La zanja tenía 2 m de profundidad y 3 de anchura en la superficie y un parapeto de 1 m de alto por 4,50 m de ancho. El fondo tenía un ancho de sólo 60 cm.

La nueva línea de la frontera estaba a cargo de seis comandancias con sus fuertes respectivos que se ubicaron en lugares estratégicos: Bahía Blanca: 89 km; Puan: 80; Carhué: 52; Guaminí: 98; Trenque Lauquen: 152; Italó: 13. Se levantaron sobre esa línea 109 fortines. Cada fortín se formaba en un terraplén circular rodeado de un foso, una pequeña habitación y un mangrullo para la observación, todo a cargo de un oficial y de ocho o diez soldados que debían realizar descubiertas diariamente a lo largo de la línea. La conscripción de personal para cubrir la frontera se realizó de manera forzosa (levas) entre la población rural; las durísimas condiciones a las que estaban sometidos se narran en el Martín Fierro, de José Hernández, cuyo protagonista es reclutado forzosamente para prestar servicio en la frontera.

Los fuertes estaban comunicados a través del telégrafo.Historia

Todavía pueden reconocerse rastros de aquella obra trazada para frenar el avance de los indios. En Las perdidas cicatrices de la Zanja de Alsina, describe Fernando Sánchez Zinny:

La Zanja de Alsina marcó una nueva fase de la ampliación hacia el sur de las fronteras efectivamente ocupadas por el estado argentino. Sin embargo su estrategia eminentemente defensiva no fue útil para proteger y resistir los ataques de los pueblos originarios por lo que -fallecido su creador-, en 1877, el nuevo ministro del ramo, el general Julio Argentino Roca, emprendió una campaña más agresiva, a través de la Conquista del Desierto, al batir a los indígenas del sur, fuera de la entonces línea de frontera.

La costosa zanja significó, además, un avance considerable en las áreas más fértiles que quedaban en poder de los pueblos originarios: incrementó en 56.000 km² la extensión dedicada a la explotación ganadera; promovió la sanción de la «Ley de colonización» o «Ley Avellaneda» —que autorizó varios sistemas de colonización, propició la formación de colonias agrícolas, emulando la que existía en la provincia de Santa Fe y fijó máximos y mínimos para las parcelas de tierras públicas, que se fueron vendidas con créditos amplios u otorgadas gratuitamente por concesiones[6]​ y que benefició especialemnete a muchos estancieros, varios de los cuales aumentaron sus extensiones y lograron ser grandes terratenientes, concentrando la propiedad privada de la tierra entre varias familias cercanas al gobierno, como ser los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz y los Gainza Paz[7]​—; acortó en 186 km la frontera bonaerense que medía 610 km; empujó a los indígenas más al sur y al oeste, hacia el desierto; se fundaron pueblos nuevos; se extendió la red telegráfica a las comandancias militares de los pueblos de Guaminí, Carhué y Puán recién fundados, y se abrieron nuevos caminos.



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