Auditoría General de la Nación
La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en el control del estado de las cuentas del sector público. Fue creada en el año 1992.
La AGN verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, pero no coadministra: examina hechos, actos y documentos una vez finalizados los ejercicios contables de los entes que se haya decidido auditar. Con sus informes de auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el ejercicio de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.
La Auditoría General de la Nación fue creada en octubre de 1992 mediante la Ley 24156. Esta ley le otorga a la AGN la función específica de intervenir "necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos". Con respecto al organigrama del organismo, define que debe estar conformado por siete (7) miembros llamados Auditores Generales. Estos deben ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con probada especialización en administración financiera y control.
Dos años después de la sanción de la ley que dio lugar a su creación, la AGN adquirió máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico argentino. En el Artículo 85 de la Constitución de la Nación Argentina, surgida tras la reforma en 1994, se estipula:
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
El texto constitucional previó que el Congreso sancionara una ley específica para reglamentar su creación y funcionamiento. Sin embargo, dicho mandato (que exige aprobación "por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara") permanece incumplido hasta la fecha. Este hecho ha provocado inestabilidad institucional en la AGN, a pesar de lo cual el organismo de control ha continuado su funcionamiento supletoriamente bajo el marco de la Ley 24.156.
El objetivo primario de la Auditoría General de la Nación es contribuir a que se adopten decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos. Según el Artículo 117 de la Ley 24.156:
En cuanto a sus funciones, el Artículo 85 de la misma ley explica (en resumen):
Las auditorías financieras buscan determinar si los estados contables de una empresa o dependencia del Estado son razonables. Bajo la gestión de Leandro Despouy la Auditoría General de la Nación aumentó en un 151,7% la cantidad de personal entre 2002 y 2014, lapso en el cual, sin embargo, el organismo no logró aumentar su productividad, que se redujo en un 61,12%, según datos de la propia AGN. Se necesitaron 1.095 empleados para realizar 238 informes de auditoría externa, lo que significa que se utilizó dos veces y media más de personal que hace doce años para realizar la misma cantidad de informes.Las auditorías financieras analizan los estados contables de las dependencias o empresas del Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina para determinar si exponen de forma razonable o no la información sobre sus ingresos, gastos, deuda, patrimonio y resultados. Como complemento a estas auditorías, se realiza un informe relativo al funcionamiento de los controles de los sistemas examinados.
En diciembre de 2014 el director de la AGN Leandro Despouy, perteneciente a la UCR, fue denunciado penalmente por el nombramiento de dos empleados de manera irregular, a los que además no se les conoce tareas. la denuncia fue formulada por el abogado Diego Rugilo, en el juzgado Federal de Sergio Torres. Los empleados a los que se acusa de "ñoquis" son el periodista Esteban Schmidt y el politólogo y escritor Franco Rinaldi. Según indicaron trabajadores de la Auditoría General de la Nación (AGN), el accionar de estos empleados contratados por Despouy en la planta permanente del organismo viola varios incisos de la Ley de Ética Pública. En 2014 el abogado Diego Rugilo, denunció a Despouy por la malversación de fondos públicos y la violación de secretos, la denuncia fue realizada en el juzgado federal N°12, Fiscalía Federal N° 3 y la causa es la 11874/14.Según denunció Rugilo, la UCR habría convertido la AGN en una suerte de caja desde donde se financian empleados y desvían fondos para la candidatura presidencial del senador mendocino Ernesto Sanz, con ello la UCR estaría financiando un equipo de campaña desde el sector público con el dinero de la ciudadanía.
En 2016 el abogado Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue nombrado nuevo Auditor General por el primer partido de la oposición (en este caso el Partido Justicialista). fue removido por el oficialismo. por la acusación de violación de secreto y falso testimonio, al dar a conocer que Prat-Gy tenía una cuenta bancaria sin declarar en Suiza.
Siguiendo la Ley 24.156, tres de los siete miembros del organismo son propuestos por la Cámara de Senadores de la Nación, mientras los otros tres son propuestos por la Cámara de Diputados de la Nación y el séptimo es el Presidente, propuesto por el partido opositor con mayor presencia en el Congreso.
La Auditoría General de la Nación ha desarrollado en los últimos años programas de cooperación con las entidades fiscalizadoras de otros países, es miembro pleno de la International Organisation of Supreme Audit, que nucle a las organizaciones fiscalizadoras de todo el mundo y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.
Su sede se encuentra en Avenida Rivadavia 1745, Monserrat, Ciudad de Buenos Aires. El edificio, que anteriormente perteneció al Instituto Biológico Argentino y posteriormente al Instituto Nacional de Previsión Social debió ser puesto en valor y renovado. Las obras iniciaron en 1999 y fueron concluidas en 2014. Mediante la Ley Nacional 27.013 el Congreso de la Nación Argentina dispuso denominar “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” al edificio.
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