El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales con funciones de vigilancia, cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal. Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones .
Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anti-Corrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el ex-magistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el ex-magistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como Yayo, y Leonardo Pinilla, también conocido como "El Porcino"– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.
Su nombre se le debe a la prensa colombiana, porque la red de corrupción era dirigida por los togados de las altas cortes, es decir, los magistrados.
El caso se destapó cuando el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se fugó para evitar ser condenado por desfalco, por sumas que ascendieron a 10.000 millones de pesos de esa época (USD$3.322.260 dólares), según dicta el expediente, en hechos ocurridos durante su administración. En Miami, Lyons recibió la visita del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno.
Después de convertirse en informante de la DEA, Lyons realizó grabaciones secretas, que pretendían demostrar que Moreno le pidió la suma de 500 millones de pesos (cerca de $170.000 dólares), de ese entonces, para demorar los procesos que la Fiscalía llevaba en su contra.Según Lyons, el método usado por Moreno fue sobrecargar a los funcionarios que estaban llevando su caso con trabajo, para evitar que éstos pudieran ejercer debidamente su labor.
Luis Gustavo Moreno fue capturado, en junio de 2017 y acusado por los cargos de concusión (recibir dinero) por parte de la fiscalía y luego fue solicitada su extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, que lo acusaba del cargo de lavado de activos.La captura llevó a que se iniciara una investigación que luego descubrió que magistrados de las altas cortes colombianas tenían una red de tráfico de influencias y desvió de investigaciones en todo el país.
Los magistrados que Moreno y otros testigos acusaron de pertenecer a la red de corrupción y que tienen investigaciones en curso fueron los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Dentro de las pruebas aportadas por Moreno, la Fiscalía halló que los congresistas que pagaron a la red de Moreno fueron Hernán Andrade y Musa Besayle.
En agosto de 2017, el congresista Musa Besayle admitió que pagó 2.000 millones de pesos, de esa fecha, a Luis Gustavo Moreno y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de frenar su orden de captura en el proceso por «parapolítica», que llevaba el cuerpo colegiado.
En una entrevista radial a la cadena noticiosa colombiana la FM, Besayle contó como fue el proceso de negociación que redujo de COP$ 6.000 millones de pesos a COP$ 2.000 millones de pesos el pago del soborno que lo libró de parar en la cárcel.
En octubre de 2017, Besayle fue enviado a la cárcel la Picota, de Bogotá, acusado por la Corte Suprema de Justicia de pagar COP$ 2.000 millones de pesos colombianos (cerca de USD$ 700.000 dólares) al exfiscal y exdirector de la Unidad Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con el fin de detener una supuesta orden de captura que emitiría la Corte Suprema en su contra por procesos de parapolítica.
El entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue el encargado de recolectar dinero proveniente del robo de las regalías a su departamento para dárselo a Musa con el propósito de sobornar a los magistrados. El amigo de Lyons, Sami Spath, apodado "el hombre del maletín" o "el hombre de la tula", fue testigo presencial de cómo Lyons y Musa Besayle organizaron pacas de dinero para pagarle a los magistrados del cartel de la toga, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
En mayo de 2018, el exfiscal anti-corrupción Luis Gustavo Moreno capturado por corrupción, delató al senador José Alfredo Gnecco y a su padre, el exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco de estar involucrados en el cartel de la toga en el que José Alfredo le pagó sobornos para alterar las investigaciones penales por corrupción que pesan contra Lucas.
Gnecco acumulaba tres condenas de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; fue condenado en el 2000 por "costreñimiento al elector", en 2009 fue condenado por la "suscripción de contratos irregulares" y luego ese mismo año CSJ lo encontró responsable de "corrupción", en relación al fraccionamiento de contratos (101 contratos irregulares) que celebró para dotar planteles educativos en el Cesar. La CSJ le impuso una sentencia de 24 años de cárcel.
Moreno fue apoderado de Lucas Gnecco a partir del 7 de julio de 2015. El exfiscal Luis Gustavo Moreno, involucró también en hechos de corrupción al exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar y a su hijo, el senador por el Partido de la U, José Alfredo Gnecco quien le habría pagado un soborno de COP$ 150 millones de pesos a los magistrados de la Corte, para favorecer a su padre en su condena de 24 años de cárcel y dilatar procesos pendientes en la CSJ.
Sobre el caso, Moreno dijo:.
En 2018, las investigaciones del Cartel de la toga continuaron, incluyendo investigaciones contra los hijos de los involucrados del escándalo mediático, quienes se les acusa de ser adjudicados con contratos por más de $1.000 millones de pesos, siendo la Contraloría el ente contratante. Así mismo, se revisaron decisiones que la Corte pudo haber tomado irregularmente.
El testigo estrella, Luis Gustavo Moreno, perdió la facultad de ejercer funciones como abogado por 15 años.
En mayo de 2019, la comisión de acusaciones del senado colombiano solicitó investigar al exfiscal general de la nación para el período de los hechos, Eduardo Montealegre.
A raíz de las declaraciones de Moreno, la Corte Suprema de Colombia, abrió investigación a cinco personas, entre ellas un exmagistrado y un fiscal. Esta decisión le permitió a la Corte ampliar los términos procesales, es decir, tener más tiempo para investigar el caso.
Musa Besayle solicitó ingresar a la JEP, un tribunal de justicia especial instituido a raíz de los acuerdos La Habana - Colón. El objetivo del señor Besayle era el de recibir beneficios carcelarios por considerar que su caso se dio en el marco del conflicto armado.
El exgobernador Lyons fue detenido por agentes de migración de los Estados Unidos el 1 de agosto de 2019. Se especuló su extradición a Colombia, la cual se encuentra en curso.
Fue condenado el exmagistrado Leonidas Bustos, porque se llegó a probar su liderazgo en el entramado, y se detuvo preventivamente al exmagistrado Gustavo Malo, que a fecha del 6 de agosto de 2019, rendía declaración por el caso.
Algunos de los principales involucrados en el escándalo del cartel de la toga son:
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