El «contubernio de Múnich» es la expresión peyorativa, acuñada por el diario falangista Arriba, mediante la cual la dictadura franquista dio en ridiculizar el IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en la capital bávara entre el 5 y el 8 de junio de 1962, en plena oleada de huelgas mineras en Asturias,y tras un primer y fallido intento español de ingresar en la Comunidad Económica Europea.
Participaron en el congreso 118 políticos españoles de todas las tendencias opositoras al régimen franquista, tanto del interior como del exilio, excepto del Partido Comunista de España: monárquicos liberales, republicanos, demócrata-cristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes, reunidos bajo la autoridad moral de Salvador de Madariaga que, al concluir la reunión, afirmó:
Los 118 delegados españoles aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:
En el transcurso del congreso, el dirigente socialista Rodolfo Llopis le pidió al monárquico Joaquín Satrústegui que transmitiera al Conde de Barcelona el siguiente mensaje:
La reunión de los opositores españoles alcanzó aún más repercusión porque produjo la represión política más sonada de la oposición de centro y derecha durante todo el franquismo. Franco, encolerizado por el repentino activismo de grupos que hasta entonces no habían ejercido más que una tímida oposición al régimen dentro de las fronteras españolas, encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que retornaban a España. Así, el mismo 8 de junio publicó el decreto-ley 17/1962 que suspendía por dos años el derecho de libre residencia, garantizado en la legislación franquista por el artículo 14 del Fuero del Trabajo.
Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Jesús Barros de Lis, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cavero, José Luis Ruiz-Navarro, Alfonso Prieto Prieto, Félix Pons Marqués y Joan Casals Thomas quedaron confinados en las diferentes islas de las Canarias, sobre todo en Fuerteventura. José María Gil-Robles, Dionisio Ridruejo, Carmelo Cembrero, Jesús Prados Arrarte, José Federico de Carvajal, José Vidal-Beneyto, Fernando Baeza Martos y otros fueron enviados al exilio. En casa de Jorgina Satrústegui, primero, y de Enrique Tierno Galván, después, se reunieron el profesor Enrique Ruiz-García, Vicente de Piniés Rubio, Jaime García de Vinuesa y Luis María Ansón para organizar la recogida de fondos en beneficio de las familias de los represaliados.
La ofensiva que en España organizó la prensa franquista contra el «contubernio» de Múnich fue un escándalo nacional. Los falangistas maniobraron para hacer daño a los juancarlistas. Para hacer frente a esta presión, el presidente del Consejo Privado del Conde de Barcelona, José María Pemán, acompañado por el secretario Valdecasas, fueron a visitarle mientras navegaba en su velero, y redactaron la siguiente nota:
Este texto supuso la liquidación en Estoril de José María Gil-Robles, único miembro del consejo privado presente en Múnich, que había servido con fidelidad a la monarquía durante los años más difíciles de la posguerra.
La reacción del Régimen contra los participantes en la reunión en Múnich causó fuertes críticas en el extranjero, sobre todo en la Comunidad Económica Europea a la que España había solicitado la asociación pocos meses antes, solicitud que quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a partir del «contubernio». Franco se dio finalmente cuenta de que «su reacción ante el Congreso de Múnich había sido un grave error», según el historiador Paul Preston. Unas semanas después, el 10 de julio de 1962, destituyó, dentro de una crisis amplia de gobierno, al ministro de Información Gabriel Arias-Salgado, que ocupaba este cargo desde 1951 y al que Franco hacía responsable de la histeria de la prensa sobre el congreso de Múnich. El ministro sólo sobreviviría unos días a su destitución.
A Gabriel Arias-Salgado le sustituyó Manuel Fraga que, cuatro años después, con su Ley de Prensa, abriría la crítica al régimen y una cierta liberalización. El defensor máximo de una regencia, que era la fórmula de decir «no» a la restauración borbónica, el general Agustín Muñoz Grandes, se convirtió en vicepresidente del Gobierno. En 1963 el régimen creó el Tribunal de Orden Público para juzgar los delitos políticos, detuvo a mineros en Asturias durante las huelgas y ejecutó al militante comunista Julián Grimau.
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