La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. El Índice de Percepción de Corrupción 2016 (IPC), de la agencia para la Transparencia Internacional califica a Colombia con 37 puntos, muy por debajo del promedio global que es de 43 puntos, convirtiendo a Colombia en uno de los países más corruptos del mundo. Colombia se ubica en el puesto 98 de 175 a nivel mundial, teniendo como base que Nueva Zelanda y Dinamarca están en el puesto 1 como los países menos corruptos del planeta.
Se estima que el costo anual de la corrupción en Colombia es de más de 50 billones de pesos; aproximadamente 17 mil millones de dólares anuales, representando el 5% del PIB y el 21% del presupuesto nacional (cifras de 2018).
Según la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, entre 2009 y 2016 las principales formas de corrupción sancionadas en Colombia fueron:
Por otro lado, en la época electoral la compra de votos es un fenómeno de intercambio económico que hace parte de la corrupción en el país, en el cual los candidatos políticos “compran” y los ciudadanos “venden” votos. Como por ejemplo cuando se compran y venden zapatos, manzanas o televisores. El acto de comprar votos, conforme a esta perspectiva, es un contrato viciado en el que los votantes venden sus votos a la oferta más alta de manera similar a una subasta.
Por su parte, el soborno, la extorsión y los arreglos (acuerdos donde el agente público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en perjuicio del público), de forma tal que una decisión oficial favorece al privado a cambio de una recompensa o merced para el agente público; además de cuando hay alteraciones fraudulentas del mercado, en donde “el agente público que decide en materias que introducen en el mercado externalidades positivas o negativas. Utiliza su decisión para perjudicar o beneficiar a un tercero. Sin bases objetivas para hacerlo”. También las malversaciones y fraudes y las especulación financiera con fondos públicos e incluso la parcialidad en la aplicación de las leyes, administración o cualquier tipo de decisión y colusión privada en concursos o convocatorias públicas, donde diferentes participantes acuerdan niveles mínimos de subasta y el uso de información privilegiada para tomar decisiones económicas o sociales privadas.
Otros modos son la desviación de reglas en formas menores en beneficio de amigos (amiguismo), como los oficiales que aceptan regalos, el favoritismo en asignación de citas y contratos, las utilidades oficiales de decisiones públicas a través de ocupaciones suplementarias, las personas que dan su voto de acuerdo con la dirección del patrón (empleador, empresario o político), los clientes que necesitan intervención del patrón para obtener procesos administrativos a tiempo, los oficiales que esperan regalos como prerrequisito para que los procesos estén a tiempo, los oficiales (policías o militares) que toleran crimen organizado a cambio de pagos y los activistas que repentinamente cambian de partido político por razones económicas, y oficiales y ciudadanos que ignoran pruebas claras de corrupción.
Existen cuatro factores principales dentro del contexto sociopolítico y cultural de Colombia que son determinantes para comprender el fenómeno de la corrupción en el país:
Las principales entidades para la lucha contra la corrupción del Gobierno de Colombia son; la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República de Colombia, Auditoría General de la República, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Los principales mecanismos contra la corrupción son:
Aunque en Colombia hay entidades y mecanismos contra la corrupción, y penas de ley severas para estas conductas, en la práctica la justicia colombiana se queda corta, ya que los delincuentes obtienen beneficios y no devuelven el dinero robado, ni entregan cómplices en muchos casos. De hecho, más del 50 % de los corruptos condenados no pagan siquiera un solo día de cárcel.
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