El golpe de Estado de Primo de Rivera tuvo lugar en España entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923 y estuvo encabezado por el entonces Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera. Tuvo como consecuencia la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera gracias sobre todo a que el rey Alfonso XIII no se opuso al golpe y nombró al general sublevado Jefe del Gobierno al frente de un Directorio militar.
Según el historiador israelí Shlomo Ben Ami, "es en Cataluña donde hay que buscar los orígenes inmediatos del golpe de Primo de Rivera. Fue allí donde la burguesía creó la atmósfera histérica que rodeó a Primo de Rivera con la aureola de «salvador» y colocó su rebelión, como hizo notar un observador contemporáneo, en el contexto general de la reacción antibolchevique que había alcanzado también a otros países europeos. Cambó, auténtico representante de la alta burguesía catalana, «el teórico de la dictadura española», como lo llamó Maurín, expuso crudamente el anhelo y la responsabilidad de su clase por la dictadura:[…] «Una sociedad en la cual la avalancha demagógica [sindicalista] pone en grave peligro ideales e intereses se resignará a todo con tal de sentirse amparada…» […] Esto no significa, sin embargo, que hubiera un peligro real de revolución social en vísperas del golpe de Primo de Rivera".
El 14 de marzo de 1922 el general Primo de Rivera fue nombrado capitán general de Cataluña, decisión que fue bien acogida por la burguesía catalana debido a la fama que le precedía de ser un defensor del «orden». Según explicó más tarde el propio Primo de Rivera, fue durante su destino como capitán general de Valencia en 1920 cuando le «aterrorizó» el radicalismo de la clase obrera («de matiz comunista revolucionario») y tomó conciencia de «la necesidad de intervenir en la política española por procedimientos distintos a los habituales». Una de las primeras muestras de su política de orden fue el apoyo que prestó a las protestas de las organizaciones patronales catalanas a causa de la decisión del gobierno de José Sánchez Guerra de destituir en octubre de 1922 al gobernador civil de Barcelona, el general Severiano Martínez Anido, que se había distinguido por su benevolencia hacia el pistolerismo patronal y por la aplicación de medidas brutales para intentar acabar con la conflictividad obrera y la violencia anarcosindicalista que venía asolando Barcelona y su área industrial desde el estallido de la Huelga de la Canadiense de 1919.
La percepción de la patronal catalana del Fomento del Trabajo Nacional de que la destitución de Martínez Anido había sido un error se vio confirmada por el incremento del pistolerismo anarquista que se produjo en los primeros meses de 1923 —de un centenar de atentados en 1922 se pasó a ochocientos de enero a septiembre de 1923; y en Barcelona hubo 34 muertos y 76 heridos, la mayoría de ellos durante la huelga del transporte de mayo-junio— y que se vio acompañado por una revitalización de la conflictividad obrera. Primo de Rivera supo responder a esas inquietudes con su defensa de la «ley y el orden» frente a la «debilidad» del nuevo gobierno de Manuel García Prieto, que había sustituido al de Sánchez Guerra a principios de diciembre de 1922, que fue «denunciada» por la prensa conservadora barcelonesa, incluida La Veu de Catalunya, el órgano de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó.
La popularidad de Primo de Rivera entre las clases altas y la clases medias catalanas alcanzó su cénit con motivo de su intervención en defensa de «la ley y el orden» durante la huelga general del transporte de Barcelona de mayo y junio de 1923 que había comenzado a causa de la negativa de la patronal de respetar la fiesta del Uno de mayo y que Primo de Rivera calificó como «claramente revolucionaria». El alineamiento de la burguesía catalana con Primo de Rivera frente al gobernador civil Francisco Barber se pudo comprobar el 6 de junio durante el entierro del subcabo del Somatén José Franquesa, asesinado pocas horas antes, cuando Primo fue aclamado como el salvador de Cataluña mientras que el gobernador civil era insultado como «representante del Único». Más tarde, recordando aquellos acontecimientos, Primo de Rivera escribió:
Ese mes de junio Primo de Rivera, junto con el gobernador civil de Barcelona, fue llamado a Madrid por el presidente del gobierno García Prieto para advertirle que dejara de socavar su política en Cataluña. Primo de Rivera respondió exigiendo plenos poderes para la declaración del estado de guerra y poner fin así a la huelga del transporte, al terrorismo y a las manifestaciones «separatistas». "En un gesto que quiso ser salomónico, García Prieto pensó destituir a ambos representantes del poder estatal [al gobernador civil y a Primo de Rivera], pero el rey se negó a firmar el decreto de cese del capitán general. Primo fue acogido en triunfo a su retorno a Barcelona [el 23 de junio], y eludió la negativa del Gobierno a declarar el estado de guerra ordenando la clausura de Solidaridad Obrera y la detención de Ángel Pestaña y otros dirigentes cenetistas moderados", afirma Eduardo González Calleja. Según Shlomo Ben-Ami, "el fracaso de la misión de Primo de Rivera en Madrid significaba que no había medio alguno, salvo su derribo por la fuerza, de apartar al gobierno constitucional de su política de conciliación de clases en Cataluña".
Junto con la «política de orden» el otro elemento que selló la alianza de Primo de Rivera y la alta burguesía catalana fue la promesa de proteger su industria con la elevación de los aranceles a las importaciones, precisamente la política contraria que estaba aplicando el gobierno de García Prieto que había negociado con países como Gran Bretaña, Francia, Alemania o Estados Unidos la rebaja de los aranceles que debían pagar sus productos cuando entraban en el mercado español, con el fin de reducir los precios interiores y favorecer las exportaciones, especialmente las agrícolas. Una política que había levantado agrias protestas por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Cataluña. Poco después de dar el golpe, Primo de Rivera declaró que las rebajas arancelarias acordadas por el gobierno de García Prieto habían constituido una decisión «criminal».
A principios de 1923 era patente la indignación de gran parte del Ejército hacia el gobierno del liberal Manuel García Prieto a causa de su política "claudicante" en el Protectorado español de Marruecos. Las críticas arreciaron a partir del 27 de enero cuando el ministro de Estado Santiago Alba anunció que las negociaciones con Abd el-Krim para la liberación de los oficiales y los soldados que habían sido hechos prisioneros por los rebeldes rifeños en el desastre de Annual habían culminado con éxito. 326 militares –o 357 según otras fuentes-, que llevaban más de 18 meses viviendo en unas inhumanas condiciones de cautiverio, iban a ser liberados a cambio del pago de cuatro millones de pesetas, una importante cantidad de dinero para la época.
Según Julio Gil Pecharromán, "la liberación de los prisioneros a cambio de dinero... [fue] recibida por muchos militares como una bofetada, una prueba de la desconfianza del gobierno liberal hacia la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, máxime cuando la prensa de la izquierda la presentó como una muestra del fracaso del militarismo y la burocracia que imperaban en el Ejército de África". Empezó a circular en los cuartos de banderas un manifiesto en el que se pedían sanciones para los que atentaban contra el honor del Ejército. El 6 de febrero el capitán general de Madrid, tras mantener una reunión con los generales y jefes de la guarnición, se presentó ante el ministro de la Guerra, Niceto Alcalá-Zamora, para manifestarle que el Ejército se encontraba deprimido y vejado ante las campañas tendenciosas que ponen en entredicho [su] honor, aunque le dijo que pese a todo se mantendría fiel a los Poderes constituidos. Ese mismo día el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, reunía a los generales de su demarcación y enviaba un largo telegrama al ministro en el que pedía acciones de castigo contra los rifeños. Por su parte el comandante general de Melilla comunicó al ministro que los jefes y oficiales bajo su mando, con el alma amargada por los injustos ataques sufridos, acariciaban las más temerarias y quizás ilegales empresas, si no realizaba una actuación enérgica e inmediata, acallando a la prensa antiespañola y antipatriótica y poniendo en marcha una operación contra Alhucemas. Al gobierno también le llegaron noticias de que el rey simpatizaba con estas protestas. La respuesta del ministro Alcalá Zamora fue recordar a los militares que la política sobre Marruecos la determinaba el gobierno en un telegrama enviado a los capitanes generales en el que les ordenaba frenar toda tendencia colectiva o actos exteriores que causarían grave daño a los intereses del país y del Ejército, que son idénticos y nada puede ponerlos en pugna.
En este ambiente surgió en Madrid un núcleo conspirativo formado por cuatro generales, por lo que recibió el nombre del Cuadrilátero. Su objetivo era cambiar la política del gobierno en Marruecos mediante la formación de un gobierno civil o militar que con el apoyo del rey nombrara a un general "enérgico" al frente del Protectorado. Pero no encontraron demasiados apoyos entre sus compañeros de armas que, si bien eran hostiles al gobierno, no estaban dispuestos a comprometerse en una conspiración para derribarlo.
Los generales del Cuadrilátero pensaron entonces que la única solución que les quedaba era convencer a un general de prestigio en el Ejército para que encabezara el movimiento y el rey lo nombrara presidente del gobierno. El general más antiguo y de más alta graduación era entonces Valeriano Weyler, de 85 años, pero los conspiradores no se atrevieron a sondearle a causa de su edad y de su conocida independencia. El que le seguía en el escalafón era el general Francisco Aguilera y Egea, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y senador vitalicio, con quien contactó el Cuadrilátero, a pesar de que se había mostrado partidario de que se investigasen las responsabilidades de los generales y jefes militares por el desastre de Annual. Pero Aguilera quedó descartado tras ser abofeteado el 30 de junio en los pasillos del Senado por el ministro José Sánchez Guerra, al haberle acusado de haber mentido sobre una supuesta dilación en la entrega de la documentación acerca de Dámaso Berenguer para pedir el suplicatorio al Senado que permitiera procesarlo —por este gesto Sánchez Guerra quedó "transformado desde entonces y hasta fines de la Dictadura en el símbolo de la dignidad del poder civil", afirma González Calleja—. "El desprestigio de Aguilera fue inmediato. Los militares que confiaban en él para meter en cintura a los políticos, no aceptaron que se dejara abofetear impunemente por uno de ellos. Sánchez Guerra remachó el clavo, acusando a Aguilera de golpista, hasta que el general, acorralado, desautorizó públicamente cualquier plan de intervención militar en la política. El Cuadrilátero volvía a estar sin candidato…", afirma el historiador Gabriel Cardona. El historiador Javier Tusell escribe: "El suceso, casi de opereta, dejó en evidencia a Aguilera y demostró su radical carencia de habilidad, al dedicarse a agredir verbalmente a los políticos, sin buscar adictos en los cuarteles, que era donde tendría que fraguar un golpe de Estado". El historiador Shlomo Ben-Ami añade otro factor para que Aguilera quedara descartado: "La fría relación que se decía existía entre el rey y Aguilera no consolidaba precisamente la posición del general como dirigente potencial del futuro golpe".
Pero el Cuadrilátero pronto encontró el sustituto de Aguilera: el general Primo de Rivera que por esas fechas se encontraba en Madrid llamado por el Gobierno para alejarlo de Cataluña donde estaba adquiriendo una "intolerable tutoría" sobre los civiles. En Madrid Primo de Rivera redactó un texto en el que criticaba al gobierno, pero no llegó a utilizarlo porque, según el historiador Javier Tusell, "con ello hubiera roto una tradición que se había mantenido a lo largo de la Restauración: el Ejército presionaba siempre en determinados asuntos, pero no asumía el control político directo". Durante su estancia en la capital Primo de Rivera entró en contacto personal con el general Aguilera —con quien desde finales de mayo había mantenido una "tensa relación epistolar", según Eduardo González Calleja— pero su relación no progresó porque este le reprochó a Primo de Rivera su identificación con los patronos en los conflictos laborales catalanes. También se entrevistó con el rey Alfonso XIII al que expresó su preocupación por la situación política que vivía el país (se llegó a especular con su nombramiento como jefe de la Casa Militar de Alfonso XIII). Mucha mayor trascendencia tuvo la entrevista que mantuvo con los generales del "Cuadrilátero", que vieron en Primo de Rivera el sustituto del desprestigiado general Aguilera para encabezar el "golpe de fuerza" que propugnaban, y del que darían "cuenta a S.M.". Sin embargo, el procesamiento a principios de julio del general Cavalcanti por su actuación en Marruecos supuso un serio contratiempo para los planes de los conjurados, así como el nombramiento como nuevo gobernador civil de Barcelona de Manuel Portela Valladares, quien restableció la autoridad del poder civil en la capital catalana.
Que el elegido fuera Primo de Rivera no deja de ser paradójico, como ha destacado Shlomo Ben Ami, porque Primo de Rivera había manifestado en repetidas ocasiones una posición "abandonista" respecto de Marruecos. Primo de Rivera resolvió la paradoja, según Ben Ami, gracias "a su habilidad de echar agua al vino de su posición abandonista, una vez se decidió a conspirar, del mismo modo que lo hizo con su espíritu centralista, cuando selló su alianza con el autonomismo catalán… En la cuestión de las responsabilidades, sin embargo, no necesitó fingir. Estaba tan decidido como los demás a poner término a la campaña vindicativa contra sus compañeros de armas, los miembros de lo que él mismo solía llamar la casta".
Las muestras de la «inquietud» de la «familia militar» continuaron. A principios de agosto un grupo de generales, entre los que se encontraba Primo de Rivera, se reunió en el Casino Militar de Madrid, para protestar contra la inactividad del gobierno en el Protectorado de Marruecos y para apoyar el plan ofensivo del general Severiano Martínez Anido. Los congregados advirtieron al gobierno que «el ejército no toleraría por más tiempo ser un juguete en manos de políticos oportunistas».
Un acontecimiento de finales de agosto reavivó la conjura golpista y convenció a Primo de Rivera de que había llegado el momento de actuar. En Málaga se produjeron graves incidentes al negarse las tropas a embarcar rumbo al protectorado de Marruecos. El principal responsable del amotinamiento, el cabo Barroso, fue procesado pero el gobierno lo indultó, lo que fue interpretado por muchos militares como una prueba de las dudas que tenía el gobierno sobre el futuro de Marruecos, y de las que hacía máximo responsable al Ministro de Estado Santiago Alba.
Según el historiador israelí Shlomo Ben-Ami, "Primo de Rivera diría más tarde que su patriótica decisión [de tomar el poder] fue estimulada por el motín de Málaga. La absolución de Barroso me hizo comprender las dimensiones del horrible abismo al que había sido arrojada España. Los militares no vieron en el motín de Málaga un simple acto de insubordinación, sino el reflejo del colapso de la ley como elemento disuasorio y de una atmósfera general de derrotismo, cultivada por separatistas antipatrióticos, comunistas y sindicalistas. Así pues, mientras que los tribunales militares debían castigar a los amotinados, la justicia militar debía actuar también contra los otros, es decir, los civiles antipatrióticos. Correspondía al ejército educar a la comunidad civil e imbuirle un sistema español de valores. […] Para exasperar aún más a los militares, temerosos de que los amotinados infectaran a otras unidades del Ejército, el diario ABC –cuya histérica campaña contra la desintegración del Estado ayudaba a crear el clima apropiado para el golpe- publicó una fotografía de Barroso fraternizando con dos oficiales".
Entre el 4 y el 9 de septiembre Primo de Rivera viajó a Madrid donde volvió a entrevistarse con los generales del Cuadrilátero, quienes lo reconocieron como jefe de la conspiración -según González Calleja, "el general Saro comunicó al rey que el Ejército estaba a punto de poner fin al estado de cosas existente", y don Alfonso se alejó "cautamente de Madrid camino de su residencia de verano en San Sebastián"-. Durante su estancia en la capital se supo que el Estado Mayor Central del Ejército había recomendado al gobierno un desembarco en Alhucemas, en el centro del Protectorado, para acabar con la rebelión de Abd-el-Krim, lo que provocó la dimisión de tres ministros del gobierno que se oponían a la propuesta. Uno de los políticos que los sustituyeron fue Manuel Portela Valladares, el gobernador civil de Barcelona, lo que sería un grave error pues el traslado de Portela a Madrid facilitó las operaciones previas al golpe que iba tener su epicentro en la capital catalana. Por su parte los círculos militares esta vez alabaron al gobierno por "apartar los obstáculos" a los planes militares" y el diario El Ejército Español, que hasta entonces no había cesado de acosar al gobierno, acogió la dimisión de los ministros Miguel Villanueva, Joaquín Chapaprieta y Rafael Gasset Chinchilla, como una victoria de "los intereses superiores del país". El diario conservador ABC valoró la crisis de gobierno como un "espectáculo deprimente" que reflejaba la "desorientación política" característica del sistema.
De vuelta de su viaje a Madrid, que Shlomo Ben-Ami fecha el 7 de septiembre, Primo de Rivera se detuvo en Zaragoza donde se reunió con el gobernador militar, el general Sanjurjo, para ultimar los detalles del golpe, al que Sanjurjo ya se había comprometido en una visita anterior. En cuanto llegó a Barcelona consiguió el apoyo de los generales con mando en Cataluña, como Barrera, López Ochoa y Mercader. Sin embargo fuera de su capitanía general, a excepción de Sanjurjo en Zaragoza y de los generales del Cuadrilátero en Madrid, no consiguió que ningún otro general se comprometiera en el golpe, aunque muchos mostraron su acuerdo con la idea de establecer un régimen militar. Por otro lado, Primo de Rivera informó de sus intenciones a los embajadores españoles en las principales capitales europeas.
Al parecer el acontecimiento que precipitó el golpe, previsto en principio para el 15 de septiembre, fueron los graves incidentes que tuvieron lugar en Barcelona durante la conmemoración del Once de septiembre provocados por jóvenes nacionalistas catalanes radicales que abuchearon a la bandera española y lanzaron gritos de "¡Muera España!" y "¡Viva la República del Rif!", en apoyo de la sublevación de Abd el Krim, además de proferir "¡Muera el Estado opresor!" y "¡Muera el ejército!". Inmediatamente Primo comunicaba por carta a sus compañeros de conspiración en Madrid la decisión de sublevarse. "Prim y O'Donnell, cuando contaban con una compañía, ya estaban en la calle", les escribió. Así el movimiento "se adelantó dos días para aprovechar la oleada de indignación levantada entre la oficialidad por los incidentes callejeros producidos en Barcelona durante la Diada del 11 de septiembre", afirma González Calleja.
El 12 de septiembre los preparativos se aceleraron. En Barcelona, a las 9,30 de la mañana se reunieron con Primo de Rivera en su despacho de Capitanía los generales y jefes comprometidos con el golpe que recibieron las instrucciones finales (eran seis generales, entre ellos el gobernador militar César Aguado Guerra, su jefe de estado mayor Juan Gil y Gil, el comandante del somatén, Plácido Foreira Morante, y el general Eduardo López Ochoa; once coroneles y un teniente coronel). En Zaragoza la llegada del comandante José Cruz-Conde Fustegueras, enlace de los conspiradores con el gobernador militar, el general Sanjurjo, hizo que también se ultimaran los planes ante la pasividad del capitán general. En Madrid, los generales del Cuadrilátero consiguieron el apoyo del gobernador militar, el general Juan O'Donnell, duque de Tetuán, pero no el del capitán general Muñoz Cobos, aunque este no salió en defensa del gobierno. Estos preparativos fueron conocidos por el gobierno que decidió enviar a Barcelona al ministro Portela Valladares y también que el ministro de la Guerra, el general Aizpuru, enviara un telegrama a Primo de Rivera preguntándole por su implicación en la conjura. Primo de Rivera no respondió y decidió adelantar la fecha del golpe previsto para el día 15. Según Ben-Ami, "Aizpuru, amigo íntimo del general rebelde, no hizo ningún esfuerzo enérgico para impedir las actividades del general. Más aún, parecía haber proporcionado deliberadamente a los golpistas los argumentos contra el gobierno, al recomendar la amnistía del cabo Barroso, que encabezara el motín de soldados en Málaga contra la campaña marroquí".
A medianoche del 12 al 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera proclamó en Barcelona el estado de guerra y sacó a los militares a la calle, que fueron ocupando los edificios clave de la ciudad. Lo mismo sucedió en el resto de las capitales catalanas. A las dos de la madrugada reunió a la prensa catalana y le entregó su Manifiesto al País y al Ejército español en el que justificaba la rebelión que acababa de encabezar y en el que anunciaba la formación de un Directorio Inspector Militar que tomaría el poder con el beneplácito del rey. En el "Manifiesto" se reflejaba la retórica clásica de los pronunciamientos pero, según Ben-Ami, la sublevación de Primo de Rivera no era exactamente un pronunciamiento pues pretendía gobernar sin los partidos (afirmaba que iba a salvar al país de las manos de los «profesionales de la política») y «establecer un nuevo régimen» y un nuevo tipo de parlamento «verdaderamente representativo de la voluntad nacional».
El Manifiesto constaba de una Parte dispositiva que decía lo siguiente:
Al declararse en cada región el estado de guerra, el capitán general, o quien haga sus veces, destituirá a todos los gobernadores civiles y encomendará a los gobernadores y comandantes militares sus funciones. Se incautarán de todas las centrales y medios de comunicación, y no permitirán, aparte las familiares y comerciales, las de ninguna otra autoridad que no sirva el nuevo régimen.
De todas las novedades importantes que vayan ocurriendo darán conocimiento duplicado a los capitanes generales de Madrid y Barcelona, resolviendo por sí pronta y enérgicamente las dificultades.
Se ocuparán los sitios más indicados, tales como Centros de carácter comunista o revolucionario, estaciones, cárceles, Bancos, centrales de luz y depósitos de agua, y se procederá a la detención de los elementos sospechosos y de mala nota. En todo lo demás se procurará dar la sensación de una vida normal y tranquila.
Mientras el orden no esté asegurado y el régimen naciente triunfante, serán preferente atención de los militares en todos sus grados y clases los servicios de organización, vigilancia y orden público, debiéndose suspender toda instrucción o acto que entorpezca estos fines, sin que ello signifique entregar las tropas a la molicie ni abandonar la misión profesional.
Por encima de toda advertencia están las medidas que el patriotismo, inteligencia y entusiasmo por la causa sugiera a cada uno en momentos que no son los de vacilar, sino de jugarse el todo por el todo; es decir, la vida por la Patria.
Unas palabras más solamente. No hemos conspirado; hemos recogido a plena luz y ambiente el ansia popular, y la hemos dado algo de organización, para encauzarla a un fin patriótico exento de ambiciones. Creemos, pues, que nadie se atreverá con nosotros y por eso hemos omitido solicitar uno a uno el concurso de nuestros compañeros y subordinados. En esta santa empresa quedan asociados en primer lugar el pueblo trabajador y honrado en todas sus clases; el Ejército y nuestra gloriosa Marina, ambos aún en sus más modestas categorías, que no habíamos de haber consultado previamente sin relajar lazos de disciplina; pero que, bien conocida su fidelidad al Mando y su sensibilidad a los anhelos patrióticos, nos aseguran su valioso y eficaz concurso.
Aunque nazcamos de una indisciplina formularia, representamos la verdadera disciplina, la debida a nuestro dogma y amor patrio, y así la hemos de entender, practicar y exigir, no olvidando que, como no nos estimula la ambición, sino, por el contrario, el espíritu de sacrificio, tenemos la máxima autoridad.
Y ahora, nuevamente, ¡Viva España y viva el Rey!, y recibid todos el cordial saludo de un viejo soldado que os pide disciplina y unión fraternal, en nombre de los días que compartió con vosotros la vida militar en paz y en guerra, y que pide al pueblo español confianza y orden en nombre de los desvelos a su prosperidad dedicados, especialmente de éste en que lo ofrece y lo aventura todo por servirle. Miguel Primo de Rivera, capitán general de la cuarta región.
A las cinco de la mañana el general Losada ocupaba el edificio del gobierno civil de Barcelona. Lo mismo sucedió en Zaragoza y en Huesca, donde también fueron tomados por los militares los lugares estratégicos, como bancos, prisiones, centrales telefónicas y telegráficas, etc., gracias a que Sanjurjo logró convencer al capitán general de Aragón, Palanca, de que se "abstuviera" de intervenir.
Durante esa madrugada el general Aizpuru, ministro de la Guerra, mantuvo una conversación telegráfica con Primo de Rivera, durante la cual este le expuso los motivos de su actuación y en un momento determinado cortó la comunicación, con lo que se declaraba abiertamente en rebelión.
Primo de Rivera se puso en contacto por telégrafo con el resto de los capitanes generales, excepto con el de Madrid. El único que le contestó oponiéndose al golpe fue el de Valencia, el general Zabalza, aunque este, según Javier Tusell, "no lo hizo porque apoyara al Gobierno, sino señalando los posibles peligros para la Corona que se podían derivar de la vuelta a los pronunciamientos".
El rey, como era habitual en verano, se encontraba en San Sebastián, acompañado por el titular de la cartera de Estado, Santiago Alba, en funciones de ministro de jornada. Este, tras conocer el golpe de Primo de Rivera, presentó su dimisión al rey —después de fracasar en su intento de que Primo de Rivera fuera destituido—. En el texto en el que explicó su decisión Alba afirmó que los conspiradores estaban "equivocados" y aseguraba que al dimitir dejaba al Gobierno en mejores condiciones para alcanzar una solución negociada, pero no hizo ningún llamamiento a la resistencia. El rey por su parte ordenó al jefe de su Casa Militar, el general Joaquín Milans del Bosch, que tanteara el estado de ánimo de las guarniciones del país, que comunicaron que harían lo que el rey les ordenara. Es lo que algunos historiadores han llamado el "pronunciamiento negativo", que finalmente resultaría decisivo. El único contacto que mantuvo el rey ese día con Primo de Rivera fue un telegrama que le envió desde San Sebastián pidiéndole que mantuviera el orden en Barcelona.
A lo largo del día 13 Primo de Rivera dio la consigna a sus subordinados de "esperar y resistir" y se dedicó a realizar diversas declaraciones tranquilizadoras a la prensa, eludiendo todas las cuestiones embarazosas y arremetiendo contra "los políticos". Además se comportó "como si fuera la encarnación del gobierno legal y no un militar amotinado [e] inauguró una exposición del mueble en Barcelona, entre las aclamaciones de un público eufórico, ante el cual rindió un demostrativo homenaje a la lengua catalana". Pero, según Ben-Ami, Primo de Rivera se daba cuenta del aislamiento militar en que se encontraba pues fuera de Cataluña y de Aragón, ningún general le había secundado. De hecho, a lo largo del día varios gobernadores militares comunicaron al ministro de la Gobernación su lealtad al gobierno constitucional, e incluso alguno llegó a tomar medidas para que todas las unidades militares quedaran acuarteladas. Y tampoco la actitud de la Guardia Civil era de rebelión, y ni siquiera en Cataluña se había sumado al golpe («nuestros contingentes se mantendrán al margen», declaró el comandante de la Guardia Civil de Barcelona). Un periodista relató después la "impresión desoladora" que se llevó cuando visitó la sede de la Capitanía General el 13 de septiembre:
El gobierno se mostró dividido. Según el historiador Javier Tusell, solo dos ministros manifestaron su oposición frontal al golpe, Portela Valladares y el almirante Aznar, mientras que el resto titubeaba. Las noticias que llegaban de las capitanías no eran tranquilizadoras, pues solo los capitanes generales de Valencia y de Sevilla, el general Zabalza y el general Carlos de Borbón, primo del rey, se habían opuesto claramente a Primo de Rivera, aunque no se habían ofrecido al gobierno para defender la legalidad constitucional. Además en Valencia, los gobernadores militares de Castellón y de Valencia y el coronel del Regimiento de Tetuán se había hecho con el control neutralizando así al capitán general. Por otro lado, la prensa no se manifestó en contra del golpe, y algunos medios lo apoyaron abiertamente incluyendo incluso entrevistas con los generales implicados en la conspiración, "sin que nadie lo impidiera o denunciara", como señala Javier Tusell.
El único apoyo decidido que encontró el gobierno fue el del veterano general Weyler, por lo que el gobierno puso a su disposición un buque de guerra que lo trasladara desde Mallorca hasta Barcelona. Pero su misión estaba condenada al fracaso desde el momento que el ministro de Marina, el almirante Aznar, se opuso a que los barcos de la flota bombardearan a los sublevados en Barcelona.
Otra de las decisiones que tomó el gobierno fue mandar al capitán general de Madrid, el general Muñoz Cobos, que arrestara a los cuatro generales del Cuadrilátero, pero aquel se negó a menos que la orden fuera firmada por el rey. Como ha señalado Ben-Ami, "en realidad, a todos los fines prácticos, Muñoz Cobos actuó como si fuese miembro de la conspiración. Se sentía renuente, dijo, a luchar contra los pronunciados por temor a dividir al ejército y provocar otro Alcolea".
Como tituló el periódico La Región de Oviedo: "Todo depende ahora del rey". Alfonso XIII llegó a Madrid el 14 de septiembre por la mañana. Según Ben-Ami, "en su largo y deliberadamente lento viaje de San Sebastián a Madrid –un viaje de lentitud inadecuada a la gravedad de la situación, según escribió El Socialista-, comparó los datos y aclaró sus dudas, y cuando llegó a la capital en la mañana del día 14, se hallaba ya convencido de que la mayoría de las guarniciones de España, aunque leales al gobierno, estaban prontas a acatar su decisión, y que no había surgido ningún movimiento activo, civil o militar, a favor del gobierno". Así cuando se entrevistó en el Palacio de Oriente con el presidente del gobierno Manuel García Prieto rechazó su propuesta de convocar a las Cortes para el 17 de septiembre. Y cuando García Prieto le propuso la destitución de los mandos militares rebeldes, "pero indicando al mismo tiempo que no sabía si tendría fuerza para llevarlo a efecto, el Rey repuso que necesitaba pensarlo, lo que en un régimen como el de la Restauración equivalía sugerir la dimisión". García Prieto efectivamente dimitió, sintiendo, según Javier Tusell, una sensación "de alivio por librarse de las responsabilidades del poder". Niceto Alcalá-Zamora escribió en sus Memorias que cuando visitó a García Prieto lo encontró resignado y deprimido.
Esa misma mañana Primo de Rivera envió un telegrama al rey en el que le urgía a que tomara una decisión amenazando con que "esta revolución, hoy moderada, le daríamos un carácter sangriento". Según Javier Tusell, el rey contactó con destacados políticos, como Antonio Maura o José Sánchez Guerra, y todos ellos le aconsejaron que diera el poder a los militares. Asimismo se entrevistó con el capitán general de Madrid, el general Muñoz Cobos y con los generales del Cuadrilátero. Alfonso XIII decidió finalmente llamar a Primo de Rivera a Madrid.
A la una y cuarto de la tarde el rey otorgó el poder a Primo de Rivera y a continuación el capitán general Muñoz Cobos declaró el estado de guerra en Madrid.
Una multitud entusiasmada acompañó a Primo de Rivera a tomar el tren que le llevaría a Madrid. Como informó el diario conservador La Vanguardia nunca se había visto un "fenómeno semejante". Según recordó un testigo cenetista, en los andenes se reunió "la plana mayor de la reacción barcelonesa, todos los monárquicos, el obispo, los tradicionalistas y también una buena representación de la Lliga Regionalista. Bien destacada, una representación de la patronal".
En la mañana del 15 de septiembre Primo de Rivera llegó a Madrid. Antes de acudir al Palacio de Oriente se entrevistó con los generales del Cuadrilátero, reunión a la que también asistió el capitán general de Madrid Muñoz Cobos, a quienes comunicó que en lugar de formar un gobierno civil bajo tutela militar había decidido convertirse en dictador militar único. Muñoz Cobos comunicó al rey la intención de Primo de Rivera de recurrir a esta fórmula que no recogía la Constitución de 1876.
Cuando se reunieron Primo de Rivera y el rey esa misma mañana en el Palacio de Oriente acordaron una fórmula intermedia que guardara las apariencias de la legalidad constitucional. Primo de Rivera sería nombrado "Jefe del Gobierno" y "ministro único", asistido por un Directorio militar, formado por ocho generales y un contralmirante. Además se estableció que Primo de Rivera juraría su cargo según el protocolo establecido, ante el ministro de Justicia del gobierno anterior. Según algunas fuentes, durante la conversación que mantuvieron, el rey le dijo a Primo de Rivera: "Dios quiera que aciertes. Te voy a dar el poder".
La Gaceta de Madrid del día siguiente publicó el Real Decreto, firmado por el rey y refrendado por el ministro de Gracia y Justicia Antonio López Muñoz, de nuevo para guardar la apariencia de legalidad, que decía: "Vengo en nombrar Jefe del Gobierno al Teniente General D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella". En el mismo número de la Gaceta de Madrid del 16 de septiembre aparecía el primer real decreto que Primo de Rivera había presentado a la firma al rey, por el que se creaba un Directorio militar presidido por él y que tendría "todas las facultades, iniciativas y responsabilidades inherentes a un Gobierno en conjunto, pero con una firma única" y que se proponía "constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España". En su "Exposición", que fue difundida por la prensa bajo el titular "Un decreto histórico", se decía:.
En el artículo 1º del Real Decreto se confería a Primo de Rivera el cargo de "Presidente del Directorio militar encargado de la Gobernación del Estado, con poderes para proponerme cuantos decretos convengan a la salud pública, los que tendrán fuerza de ley". En el artículo 2º se establecía que el Directorio estaría formado por su presidente y ocho generales de brigada, uno por cada región militar, más un contralmirante de la Armada. En el 3º que quien pasaría a la firma los decretos sería el presidente del Directorio, "con facultades de Ministro único", y "asesorándose previamente del Directorio". En el 4º se suprimían los cargos de Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de la Corona y Subsecretarios, excepto los Subsecretarios de Estado y Guerra.
El día 17 la Gaceta de Madrid publicó la disolución del Congreso de los Diputados y de la parte electiva del Senado, de acuerdo con la facultad que le confería al rey el artículo 32 de la Constitución, aunque con la obligación de convocarlos de nuevo antes de tres meses. Cumplido el plazo el 12 de noviembre los presidentes del Congreso y del Senado, Melquiades Álvarez y el conde de Romanones, respectivamente, se presentaron ante el rey para que reuniera las Cortes, recordándole que ese era su deber como monarca constitucional. La respuesta que recibieron fue su destitución inmediata de los dos cargos que ostentaban. Primo de Rivera lo justificó con estas palabras:
Según el historiador israelí Shlomo Ben-Ami, "la reacción pública al golpe de Estado fue, en su conjunto favorable" —aunque otros historiadores la califican más bien de pasiva o de indiferente benevolencia o de "una mezcla de prevención, satisfacción e impotencia"— lo que se explica en gran medida "por el hecho de que el sistema que Primo de Rivera venía a reemplazar no gozaba de gran apoyo en las masas". Además, "la manipulación por Primo de las consignas regeneracionistas hizo pensar a muchos que por fin se haría justicia y se erradicaría el caciquismo", añade Ben Ami. Así por ejemplo, el diario liberal El Sol soslayó que el nuevo régimen se hubiera instaurado mediante un golpe de fuerza y en su editorial dio la bienvenida a «una España más noble y fértil que la vieja y ruinosa en que nacimos», aunque añadiendo a continuación que, «terminada la obra de desarraigar el viejo régimen y sanear interiormente el organismo del Estado», el Directorio debería ceder el poder a un gobierno civil liberal —de hecho, cuando el diario constató al poco tiempo que la intención de Primo de Rivera era perpetuarse en el poder, le retiró su apoyo—. «Las gentes veían en el generalato indómito la salvación de la patria», escribió más tarde el jurista socialista Luis Jiménez de Asúa.
En cuanto a las fuerzas obreras, a los anarcosindicalistas el golpe les pilló por sorpresa y "muchos cenetistas se limitaron a esperar pasivamente que las autoridades clausuraran sus locales. La CNT estaba agotada por años de represión brutal y era ya casi inútil como instrumento de combate". Aun así, la CNT formó un "Comité de acción contra la guerra y la dictadura" que convocó una huelga en Madrid y en Bilbao, apoyada por los comunistas, que tuvo escaso eco. Invitaron a los socialistas a unirse al Comité pero éstos optaron por mantenerse a la expectativa y las direcciones del PSOE y de la UGT advirtieron a sus afiliados que no intervinieran en ninguna intentona revolucionaria, pues solo servirían de «pretexto a represiones que ansía para su provecho la reacción», según dijo el diario El Socialista.
Entre los intelectuales, los que se opusieron al golpe fueron pocos, "tan solo Miguel de Unamuno, Manuel Azaña y Ramón Pérez de Ayala se mostraron de forma inequívoca en contra del Dictador", afirma la historiadora Genoveva García Queipo de Llano.
Las clases altas recibieron el golpe con euforia, especialmente en Cataluña. La Cámara de Comercio e Industria de Cataluña saludó al dictador «con el mayor entusiasmo», esperando que pusiera fin «a un estado de cosas que se consideraba intolerable». Lo mismo hicieron el resto de organizaciones patronales, como el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro que esperaba que se atajaran «las corrientes demoledoras del derecho de propiedad». Y también los partidos políticos catalanes conservadores como la Lliga Regionalista o la Unión Monárquica Nacional. Esta última se consideraba parte del «movimiento de regeneración» basado en los principios de «patria, monarquía y orden social». Fuera de Cataluña se dieron las mismas muestras de entusiasmo entre las clases altas y diversas organizaciones patronales se ofrecieron para colaborar con la Dictadura para «destruir de un golpe la podredumbre que, contra toda justicia y moral, conduce al país, lenta pero inexorablemente, al más insondable precipicio», como proclamó la Confederación Patronal Española. Como ha señalado la historiadora Ángeles Barrio, "la actitud de las burguesías españolas no fue diferente de la de otras burguesías de orden europeas que, ante el peligro del bolchevismo, no hicieron nada por defender la vigencia de un orden liberal dispuesto a democratizarse con el que no se identificaban, y en el que intuían que sus intereses no estaban suficientemente garantizados".
La Iglesia católica en España también apoyó el golpe. El cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer alabó el «noble esfuerzo» del «pundonoroso» general Primo de Rivera. La Confederación Nacional Católico-Agraria le dio la bienvenida y le ofreció su apoyo para «fortalecer la autoridad, la disciplina social y la recuperación de la moral». El diario católico El Debate esperaba que el dictador ordenara una campaña «de saneamiento moral, persiguiendo el juego, la pornografía, el alcoholismo y demás lacras sociales». Y un periódico católico de Córdoba llegó a augurar que si Primo de Rivera fracasaba se abriría el camino al «torrente desbordado del bolchevismo». El partido católico recién creado, el Partido Social Popular, con la notable excepción de Ángel Ossorio y Gallardo, acogió con entusiasmo al que calificó nuevo «movimiento nacional», así como los mauristas que consideraron la Dictadura, «cualesquiera que sean las anomalías de su origen», como el inicio del «resurgir de España". Hasta los carlistas le dieron su apoyo, porque como manifestó el pretendiente don Jaime, representaba «un acercamiento a nuestras doctrinas» y «la expresión del espíritu netamente tradicionalista».
En cuanto a los dos partidos del turno, según Ben-Ami, "parecieron aliviados por la decisión de Primo de Rivera de anestesiar temporalmente la política española". "Aunque algunos de ellos [de sus miembros] estaban ciertamente dispuestos a democratizar el sistema, ninguno se sentía pronto todavía a desafiar la indisputable posición del rey como creador y derribador de gobiernos. En último análisis, algunos políticos veían el golpe de Estado erróneamente, según resultó, a modo de una crisis, esperando que se les encargaría de resolverla como caballeros y dentro del marco establecido de la administración de crisis del sistema, como habían hecho con tantas otras del pasado". El liberal Diario Universal escribió:
Según el historiador Shlomo Ben Ami, "Alfonso XIII había mostrado desde hacía años tendencias absolutistas, un fuerte deseo de gobernar sin el parlamento, una rígida etiqueta cortesana no democrática, y manifestaba una enfermiza admiración por el ejército, en el ascenso de cuyos oficiales él era el principal árbitro".
Según Ben Ami, y también según Eduardo González Calleja, "el desagrado del rey por la práctica del sistema parlamentario aumentó después del desastre militar de 1921". Así lo manifestó el 23 de mayo de 1921 en un discurso pronunciado en Córdoba, en el que después de afirmar que "el parlamento no cumple con su deber" (ya que en él tienen lugar debates cuya finalidad es evitar que prosperen los proyectos, al servicio de fines políticos) y que "los que me escuchan podrán pensar que infrinjo la constitución", afirmó:
Estas críticas las reiteró durante una comida de confraternización con los oficiales de la guarnición de Barcelona celebrada el 7 de junio de 1922 en un restaurante de la localidad de Las Planas, en la que les dijo: «os acordéis siempre que no tenéis más compromiso que el miramiento prestado a vuestra Patria y a vuestro Rey». Un año más tarde en un discurso pronunciado en Salamanca aprobó la posibilidad del establecimiento de una dictadura provisional cuyo cometido sería «dejar paso franco a los Gobiernos que respetasen la voluntad popular». Según Eduardo González Calleja, Alfonso XIII desistió de su empeño tras consultar con varios políticos, entre ellos Antonio Maura, y "dejó el camino expedito a los conspiradores militares". Según Ben Ami, "lo que indujo al rey Alfonso a coquetear con una solución extraparlamentaria fue la resurrección del parlamentarismo español más bien que su degeneración. El debate público sobre las responsabilidades y la propaganda antialfonsina de los socialistas... no podía dejar de convertirse en un engorro insoportable para el monarca".
Sobre la participación del rey en los preparativos del golpe de Primo de Rivera, Javier Tusell afirma que no existe ninguna prueba de que Alfonso XIII "fuera el promotor de la conspiración contra el Gobierno liberal", aunque Tusell reconoce que "el rey tenía una coincidencia fundamental con los conspiradores en lo que respecta al juicio negativo sobre la situación política". "Indiscreto y poco prudente, -añade Tusell- Alfonso XIII habló con más de una persona acerca de un posible Gobierno autoritario militar", descartando una dictadura personal porque «si yo me decidiera a ejercer la dictadura por mi cuenta, en el acto tendría enfrente a todos», como le dijo a Gabriel Maura Gamazo, hijo del líder conservador Antonio Maura. "El rey admitió luego que algunos de los conspiradores se habían dirigido a él… El contacto con los conspiradores fue tardío, seguramente se llevó a cabo solo con alguno de los generales implicados en la conspiración en Madrid y bien pudo no ser tomado en consideración, pues Alfonso XIII estaba acostumbrado a que los militares acudieran a él con amenazas más o menos veladas de sublevarse". Por su parte la historiadora Genoveva García Queipo de Llano admite que "durante el verano del año 1923 el Rey pensó en la posibilidad de nombrar un gobierno militar del Ejército como corporación y que además fuera aceptado por los políticos; esto sería tan solo un paréntesis para luego volver otra vez a la normalidad constitucional", pero después cita a Primo Rivera para descartar la participación de Alfonso XIII en el golpe: «el Rey fue el primer sorprendido [por el golpe] y esto ¿quién mejor que yo puede saberlo?».
Algunos historiadores consideran significativo el hecho de que una de las primeras decisiones que tomó el Directorio Militar, recién constituido, fue apoderarse de los archivos de la Comisión de responsabilidades del Congreso de Diputados que estaba preparando el informe que presentaría a la Cámara el 2 de octubre de 1923 y que tenía como base el expediente redactado por el general Picasso sobre las responsabilidades militares en el desastre de Annual, y que según había denunciado el diputado socialista Indalecio Prieto en un discurso muy comentado pronunciado el 17 de abril de 1923, iba implicar al rey.
Según Eduardo González Calleja,
Según Shlomo Ben Ami,
Según Javier Tusell,
Según Santos Juliá,
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