Las personas del colectivo LGBT+ en Nicaragua se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por otros residentes. Las relaciones homosexuales tanto masculinas como femeninas fueron despenalizadas en 2008, sin embargo, a pesar de los pequeños avances en materia de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en áreas como en el trabajo, y en el acceso a bienes y servicios, las personas del colectivo aun sufren de discriminación, persecución y violencia.
Durante la Revolución socialista nicaragüense la homosexualidad fue despenalizada, pero tras el triunfo de la oposición en las elecciones de 1990, la homosexualidad volvería a ser penalizada unos pocos años más tarde. El 11 de junio de 1992 la Asamblea Nacional aprobó diversas reformas al Código Penal en relación con delitos de carácter sexual. El artículo 204, en su versión enmendada, se estableció entonces el delito de sodomía. En septiembre de 1992, el artículo 204 entró en vigor.
Para inicios de la década del 2000, Nicaragua, Panamá y Belice, eran los únicos 3 países de Centroamérica que aun penalizaban la homosexualidad. En noviembre de 2007, el gobierno nicaragüense dio a conocer su nuevo Código penal, el cual no entraría en vigor sino hasta el año 2008, en el que se derogó el artículo 204, despenalizando nuevamente la homosexualidad. La edad de consentimiento sexual en Nicaragua es de 16 años, sin importar la orientación sexual.
No existe ningún tipo de reconocimiento hacia las parejas formadas por individuos del mismo sexo en forma de matrimonio o de unión civil en Nicaragua, por ende, el estado nicaragüense tampoco reconoce a la familia homoparental.
Trabajo
El derecho al trabajo continúa siendo un tema utópico para las personas LGBT+ en Nicaragua, quienes sufren discriminación y falta de acceso a trabajos dignos y bien remunerados. El marco legal no estipula ninguna ley, normativa o decreto que favorezca el empleo hacia las personas LGBT+.
El artículo 315 establece lo siguiente:
Quien discrimine en el empleo por razón de nacimiento, nacionalidad, afiliación política, raza, origen étnico, opción sexual, género, religión, opinión, posición económica, discapacidad, condición física, o cualquier otra condición social, será penado con prisión de seis meses a un año y de noventa a ciento cincuenta días multa. Quien someta, reduzca o mantenga a otra persona en esclavitud o condiciones similares a la esclavitud, trabajo forzoso u obligatorio, régimen de servidumbre o cualquier otra situación en contra de la dignidad humana, en la actividad laboral, será castigado con prisión de cinco a ocho años.
Se impondrá pena de prisión de cinco a ocho años y de ciento cincuenta a trescientos días multa, a quienes trafiquen a personas, con el fin de someterlas a actividades de explotación laboral, así como el reclutamiento forzado para participar en conflictos armados. La pena para los delitos señalados en los párrafos anteriores se agravará hasta la mitad del límite máximo del delito de que se trate, cuando sean cometidos:
a) En perjuicio de niños o niñas.
b) Mediante violencia o intimidación.
Sin embargo, el Código Penal solo se limita a sancionar a las empresas u organizaciones que discriminan por motivos de la "opción sexual" de las personas, no así por su identidad y expresión de género (en el caso de las personas Transexuales) pero en todo caso siempre es muy difícil para una persona LGBT+ comprobar que fue despedida o que no fue contratada por motivos de su orientación y/o su identidad de género (pues el proceso no está normado y siempre es muy difícil recolectar evidencias suficientes).
Desde la despenalización de la homosexualidad en 2008, no ha habido una sola iniciativa de parte de la Procuradora Especial de la diversidad sexual en cuanto a presentar alguna propuesta de ley o normativa que favorezca el acceso de las personas LGBT+ al trabajo o a procesos adecuados de contratación laboral. Mucho menos alguna iniciativa de su parte para presentar alguna propuesta de ley o normativa que favorezca el que no se siga discriminando a las personas LGBT+ en el ámbito laboral por su identidad/expresión de género y/o su inclusión en el ámbito laboral.
Sistema de Salud
El acceso a la salud continúa siendo sumamente limitado y en ocasiones prácticamente inexistente para las personas LGBT+. La única normativa/regulación/directriz establecida para beneficio de las personas LGBT+ del país es la famosa Ley No.820 del Ministerio de Salud (MINSA) que mandata la atención en los distintos servicios de salud hacia las personas de la diversidad sexual sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, en la práctica la normativa es desconocida por una gran parte del personal del MINSA y además no siempre es aplicada como se debe.
Algunos de los artículos de la Ley No.820 son:
La presente Ley es de carácter público y tiene como objeto garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos con énfasis en la atención integral de la salud, relacionado a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), garantizando el acceso universal a terapias antirretrovirales, tratamientos para enfermedades oportunistas, condones y otros métodos anticonceptivos para la prevención, priorizando a las personas con VIH y en condición de Sida, poblaciones con mayor vulnerabilidad y riesgo y población en general.
El fundamento de sus disposiciones son el derecho a la vida y la salud, así como los derechos humanos universales, consignados en diversos instrumentos nacionales e internacionales, contenidos en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los principios éticos de no discriminación, confidencialidad y autonomía personal, los cuales deben regir su aplicación y las normas que se deriven de ellas.
Articulo 2.- Autoridad y Ámbito de Aplicación.
El Ministerio de Salud será el rector de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras radicadas en el país.
Artículo 3.- Principios Éticos.
A) Acceso Universal: Implica máxima cobertura a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con VIH y todas las personas que lo necesitan. Los principios básicos son: equidad, accesibilidad, integrales y sostenibles a largo plazo.
B) Autonomía Personal: Engloba la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con sus valores y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. La autonomía personal se ve afectada en aquellas enfermedades somáticas que implican una grave alteración de la motilidad y también en enfermedades mentales que den lugar a una grave desorganización de la conducta o que estén definidas por profundos defectos de la inteligencia.
C) Calidad y Calidez: Las acciones que se desarrollen en el marco de la respuesta nacional al VIH y Sida, deben tener efectividad comprobada, ser aceptadas y generar satisfacción de sus destinatarios, con el menor costo y riesgo posible. Se brindará especial atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y más expuestas al riesgo con la intención de prevenir la infección y sus consecuencias. Las instituciones que prestan servicios sociales y de salud garantizarán un trato humanizado y respetuoso de sus derechos a las personas con VIH, con apego a las normas y protocolos vigentes.
D) Complementariedad: La prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación a el VIH y Sida, al tener diferentes dimensiones requiere de un esfuerzo conjunto de las diferentes entidades públicas, privadas, comunitarias, y de las agencias de cooperación internacional que deben de coordinarse y articularse para lograr mayor eficacia, eficiencia e impacto, implementando y desarrollando procesos de toma de decisiones y de ejecución de acciones y estrategias con responsabilidad compartida.
E) Confidencialidad: La obligación de las instituciones públicas y organizaciones privadas y de todas las personas que en sus actividades y profesión, de forma directa e indirecta tengan conocimiento de estos casos, no divulgarán en espacios públicos o privados: nombre, dirección, datos clínico-epidemiológicos y otros datos, que identifiquen a las personas con el VIH, o que pueda afectar su vida privada, económica, social, política y cultural.
F) Continuidad: Las acciones integrales deben ser sostenidas en el tiempo, tomando en cuenta todos los ámbitos y etapas del curso de vida de las personas y en los distintos niveles de atención.
G) Equidad: Oportunidad que tienen las personas de los distintos segmentos de la población de acceder y utilizar de forma universal los servicios esenciales de educación, salud y otros de asistencia social, de acuerdo a sus necesidades particulares.
H) Interculturalidad: Nicaragua es un país multiétnico donde la convivencia de grupos de población con diferentes concepciones de la vida, percepciones de la salud, con lenguas diferentes, que viven en el mismo territorio, hace necesario el diseño de varios modelos de intervención que consideren estas particularidades.
I) Integralidad: Implica una visión abarcadora del ser humano en su esencia biológica, sicológica y social, y de su interrelación con el entorno, por lo que las intervenciones que se ejecuten deben ser integradas e integrales en los ámbitos de promoción y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del VIH y Sida, así como el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud y el bienestar de las personas para mejorar su calidad de vida, en su núcleo familiar y comunitario.
J) Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente: Implica responsabilidad de su educación y orientación, fortaleciendo su cultura general y permitirle, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, para llegar a ser un miembro útil de la sociedad; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. Niños, niñas y adolescentes deben disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los que deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
K) Multisectorialidad: La participación de todos los sectores y actores clave en la respuesta nacional a la epidemia del VIH.
L) No Discriminación: Se refiere al acto de no hacer distinción o segregación que atente contra la igualdad. Normalmente se utiliza para referirse a la no violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, edad, racial, religiosa, política, orientación sexual, discapacidad o por razones de género.
M) Responsabilidad informativa: Las instituciones públicas y privadas vinculadas a la respuesta nacional al VIH comparten y divulgan información sobre el comportamiento de la epidemia, esto incluye investigación basada en evidencia, estadísticas actualizadas y otras.
N) Solidaridad: Mecanismos redistributivos de asignación de recursos financieros, provenientes tanto de las cotizaciones de la seguridad social como los de origen fiscal, mediante los cuales las personas con mayores recursos contribuyen al acceso a las prestaciones de aquellos con menores posibilidades.
Más allá de eso, las personas LGBT+ se quejan de recibir tratos indignos pues el personal de salud no está suficientemente capacitado ni sensibilizado y se quejan de que el trato no es acorde con el respeto a su orientación/preferencia sexual y en el caso de las personas Trans, lejano a su condición/expresión/identidad de género al igual que en el caso de lesbianas que se quejan de que en algunos centros de salud les tratan de manera agresiva y discriminadora cuando se sabe su preferencia sexual.
Las clínicas VICITS del MINSA han sido una respuesta parcial (a manera de placebos) y han tenido una muy poca aceptación ante el problema de falta de atención especializada a la población LGBT+ pero estas continúan careciendo de personal y recursos suficientes, no todos están sensibilizados sobre las formas correctas de abordaje hacia la población LGBT+ y también se tiene la percepción de que esta es una forma también de discriminación al crear ´guetos´ especializados para la atención a este sector poblacional en lugar de que las personas LGBT+ tengan acceso a cualquier centro de salud u hospital al igual que lo tiene el resto de la población.
Sistema Educativo
Las personas del colectivo LGBT+ continúan enfrentando discriminación, violencia y estigma al tratar de tener acceso al sistema educativo del país. En marzo de 2008, surgió el caso de que a algunas estudiantes transgénero les fue negado el derecho a continuar sus estudios de secundaria, las autoridades les dijeron que ´podían estudiar siempre y cuando vinieran vestidos como hombres´. Quedó evidenciado que la expresión/identidad de género de estas compañeras es un factor de discriminación para las autoridades de estos centros de estudio y al día de hoy las compañeras no han recibido ni una disculpa ni una respuesta por lo ocurrido. Producto de situaciones de tal tenor, las personas de la diversidad sexual se ven obligadas a buscar en el subempleo alguna fuente de ingreso, dado que al negárseles el acceso a la educación, las que corren con mejor suerte se ven condenadas a buscar alternativas de empleo (o subempleo) que les brindan un nivel de ingresos muy bajos y en consecuencia un bajísimo nivel de vida y en el peor de los casos se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual, etc.
Por otro lado, hace unos años el Ministerio de Educación publicó una cartilla llamada “Educación de la sexualidad: guía básica de consulta para docentes” pero la misma adolece de un abordaje serio y científico sobre la sexualidad humana y no aborda en lo absoluto el tema LGBT+ con lo cual se continúa favoreciendo el discurso populista y fundamentalista de ciertas confesiones religiosas desde sus respectivos púlpitos en lugar de brindarse un fundamento y un abordaje científicos de calidad sobre la sexualidad. El tema del ¨Bullying¨ es una situación a la que constantemente se están enfrentando las personas que viven con VIH (entre ellas algunas personas LGBT+ portadoras de VIH) en las escuelas e institutos de secundaria sin que las autoridades de educación tomen cartas en el asunto y cuando lo hacen, lo hacen de manera parcializada (en la ciudad de León, a una niña se le impidió el acceso a su escuela al saberse que era portadora del virus del VIH y tras sufrir meses de acoso por parte de sus compañeros/as de clase y de parte de varios padres de familia que supieron de su condición y amenazaron con sacar de la escuela a sus hijos si la niña no era retirada del centro escolar).
Desde la despenalización de la homosexualidad en 2008, no ha habido una sola iniciativa de parte de la Procuradora Especial de la diversidad sexual en cuanto a presentar alguna propuesta de ley o normativa que favorezca el acceso de las personas LGBT+ al sistema educativo en general. Mucho menos alguna iniciativa de su parte para presentar alguna propuesta de ley o normativa que favorezca el que no se siga discriminando a las personas LGBT+ en el ámbito educativo (escuelas y colegios) o cuando se hace pública la condición de VIH de algunas personas (LGBT+ o no).
Crímenes de odio
Tras la entrada en vigor del nuevo código penal en 2008, no solo se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y se les otorgó protección limitada contra la discriminación en el empleo, sino que también se establecieron penas agravadas para los crímenes de odio motivados por la orientación sexual de la víctima.
El párrafo 5 del artículo 36 del Código Penal establece lo siguiente:
Son circunstancias agravantes:
1)...
Incitación al odio
A pesar de que existen leyes que agravan la sentencia en caso de que el crimen sea motivado por la orientación sexual de la víctima, no existen leyes que criminalicen la incitación al odio.
Un estudio diagnóstico del organismo regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) publicado en 2012, identificó 53 casos de agresiones y de violencia contra las personas de la comunidad LGBT+, entre los años de 1999 a 2011, en 15 municipios de 11 departamentos de Nicaragua. De las agresiones sufridas, el estudio halló que 15 personas resultaron asesinadas, 10 de los cuales eran gays, cuatro trans y una lesbiana, además de 23 agresiones graves a la población LGBT+. A pesar de que el Código Penal reconoce como un agravante la comisión de delitos por motivos de orientación sexual, las víctimas en su mayoría no recurren a denunciar.
Ser transgénero en Managua es doblemente difícil, el estigma y la discriminación se convierte en violencia verbal, emocional, sexual y física, que limita enormemente el desarrollo de este colectivo de la Diversidad Sexual. La Asociación Nicaragüense de Transgénero (ANIT) realizó un estudio en Managua donde identifico la situación de esta minoría y los resultados solo confirmaron la realidad que se conoce, pero se calla entre voces.
La principal conclusión de este análisis es que las personas transgénero constituyen una población marginada, que vulnera los derechos humanos y cualquier aspiración a desarrollo. Este esfuerzo de ANIT revela la necesidad urgente de impulsar políticas públicas desde diferentes sectores dirigidas a mejorar la situación actual de este colectivo en desventaja.
ANIT - Asociación Nicaragüense de Transgéneras
Asociación de mujeres trans (15 activas y 40 participantes en las actividades), capacitadas por el Programa Feminista La Corriente. En 2016 realizaron un estudio sobre la situación de las personas trans de Managua y elaboraron un Manual de atención específica a personas trans para el personal de salud. Su prioridad es lograr la Ley de Identidad de Género, presentaron una propuesta en 2010 pero no ha avanzado.
ANH - Asociación Nuevos Horizontes
Asociación creada en 2013 para defender los derechos humanos de la población LGBTI. Bismark Moraga coordinó el estudio pionero “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua” (2010), financiado por la Embajada de Noruega y cuyos resultados sirvieron para crear la Procuraduría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos. Realizan denuncias e incidencia política ante las instituciones estatales, en alianza con IDSDH y ANIT, y a menudo junto con ONG's y colectivos feministas. También trabajan en la prevención del VIH con jóvenes.
Transmen Nicaragua
Transmen Nicaragua es un colectivo conformado por hombres transgénero orientado al interés social. Este colectivo surge por la necesidad de dar respuesta a las demandas invisibilizadas de personas transgénero en áreas como la educación, salud y en el empleo. Este colectivo tiene 2 sedes en el territorio nacional, una en la costa caribe sur (Bluefields) y otra en Managua. El trabajo de los miembros de este colectivo va en beneficio de la población transgénero nicaragüense, en especial de los hombres trans, realizando campañas de comunicación en redes sociales, radio y TV.
Grupo Lésbico Feminista ARTEMISA
Colectivo lésbico feminista formado en 2006 que trabaja con jóvenes lesbianas en Managua y 4 municipios de León y Chinandega, brindándoles espacios de reflexión (talleres, cine-foros) y autoafirmación. Forman parte del Movimiento Feminista. Organizaron en 2016 el Primer Encuentro Lésbico Feminista junto con el programa Feminista La Corriente, de quién han recibido apoyo y formación. En los últimos años han iniciado un trabajo de reflexión con madres y padres de lesbianas. Participan también en el grupo algunos hombres trans, a los que el grupo está ayudando a organizarse de manera independiente.
AMTC - Agrupación de Mujeres Trans y Culturales
Colectivo creado en 2011, al independizarse varias mujeres transexuales y cisgenero del Colectivo Feminista 8 de Marzo de Managua. Se definen como un “grupo feminista con una mirada trans” y trabajan con mujeres jóvenes de barrios pobres de Managua, creando espacios de reflexión y mediante el teatro. Se sienten más parte del Movimiento Feminista que del Movimiento LGBTI. Son muy críticas con la hegemonía de los hombres gays en el movimiento: “Existe un poder gay al que sólo se enfrentan las lesbianas y mujeres tras feministas… Los gays son hegemónicos, las lesbianas estamos marginadas y las trans están en medio, algunas con mucho acceso a fondos y mucho poder”.
IDSDH - Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos
Organización creada en 2007, para demandar el cumplimiento de los derechos humanos de la colectividad LGBTI. Hacen acompañamiento psicosocial y jurídico a colectivos LGBTI, realizan incidencia política ante las instituciones estatales y campañas para que se aprueben ordenanzas municipales antidiscriminatorias y se instauren espacios libres de odio. Participaron en el estudio pionero “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua” (2010) y pusieron en marcha una Escuela de Defensores de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Considerada una de las organizaciones LGBTI “más radicales y de mayor impacto en la sociedad nicaragüense por sus abordajes rebeldes y subversivos pero políticamente muy meditados y estratégicos” y con una fuerte influencia del feminismo. Su coordinador dice “No concibo un movimiento LGBTI que no sea feminista”.
RDS - RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2010, después de elaborar la Agenda Mínima de Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual, el equipo de la RDS que lo elaboró decidió “salir del closet” y fundar la Oficina LGBTI de la organización. Promueven los derechos humanos de la colectividad LGBTI en el marco del desarrollo humano y sostenible (“no en el marco del VIH y la salud sexual, que es el enfoque mayoritario y el que atrae más financiamiento”, dice su director). Capacitan a grupos LGBTI de los territorios sobre liderazgo, cómo hacer campañas, incidencia e investigación. En 2013 elaboraron una Guía de Comunicación para el abordaje de temas LGBTI con enfoque de derechos y organizaron el Primer Foro sobre Crímenes de Odio. El proyecto de Acceso a la Justicia que ejecutaron dio pie a la formación de la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia integrada por 19 organizaciones LGBTI.
Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans+ - REDCAHT+
La Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans+ (REDCAHT+) aglutina a 11 colectivos y organizaciones de hombres trans de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Uruguay y Cuba. Los colectivos y organizaciones que conforman esta red buscan entenderse entre sí y actuar como uno solo en la región frente a los problemas de discriminación e invisibilización que enfrentan los hombres trans y las personas disidentes del género femenino asignado al nacer. Esta red busca fortalecer y agrupar a los colectivos centroamericanos y de otras regiones americanas que luchan por la visibilización, el empoderamiento, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las personas trans masculinas. Transmen Nicaragua forma parte de esta red.
Red Diversa - Red de la Diversidad Sexual de Centroamérica
Esta red, que llegó a aglutinar a más de 20 organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se formó como resultado del proyecto “CENTROAMERICA DIFERENTE” financiado por la Unión Europea y ejecutado en consorcio entre las ONGs Terra Nuova y Arcigay (italianas) y LAMBDA de Guatemala, CEPRESI de Nicaragua, Kukulcan de Honduras y Entre Amigos de El Salvador. El proyecto ejecutó casi un millón y medio de euros en dos años (2014-2016) y tuvo como objetivos mejorar el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI y ampliar la oferta de información, denuncia y defensoría dirigida a personas LGBTI, ante la violencia y violación de derechos que sufren esta comunidad. El proyecto puso en marcha un Observatorio Regional de Derechos Humanos y un Diplomado sobre Derechos Humanos de la colectividad LGBTI, y ejecutó diversas actividades formativas, de denuncia del bullying homofóbico e incidencia política. Actualmente la red carece de recursos por lo que se reúne de manera esporádica. La Asociación Kukulcan de Honduras ostenta su presidencia.
Red Centroamericana de Personas con VIH - REDCA+
Es una estructura regional conformada por personas con VIH y respaldada por organizaciones de y para personas con VIH de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Fue creada en 2001 para promover el acceso universal al tratamiento antirretroviral, la reducción del estigma y la discriminación a la población que vive con VIH. Es reconocida nacional, regional e internacionalmente como una estructura que promueve el bienestar y dignidad de las personas con VIH a través de procesos políticos, defensa pública y estrategias que contribuyen a la respuesta regional del VIH, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH en Centroamérica. En el año 2007, REDCA+ recibió el aval político de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y del Consejo de Integración Social (CISCA). Desde octubre de 2008 a la fecha ha percibido una subvención del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. En 2012 se crea su Programa Regional para fortalecer las capacidades técnicas de las personas con VIH, subvencionado por el Fondo Mundial y ejecutado y administrado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
Mesa Nacional de Acceso a la Justicia
Integrada por 19 grupos LGBTI, es un espacio plural cuyas prioridades se centran en facilitar el acceso a la Justicia por parte de las colectividades LGBTI. Para ello, han impulsado la creación de clínicas jurídicas en las que estas reciben asesoría legal en asuntos laborales y derechos civil y penal. Su promotora, la Red de Desarrollo Sostenible-RDS, dice que “es la única red existente actualmente en Nicaragua” y contabiliza como logros de esta articulación:
Asociación REDTRANS de Nicaragua
ONG creada en 2007 para promover la salud con un enfoque de derechos humanos y énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad al VIH: gays, personas trans y trabajadoras sexuales. En 2007 realizaron una consulta nacional sobre “Trabajo sexual y VIH de personas trans”, a partir de la cual hicieron recomendaciones al Ministerio de Salud y se creó la normativa para mejorar la atención a personas trans en el tema del VIH. Representa a la “población de mayor riesgo” en la Comisión Nicaragüense del SIDA (CONISIDA), donde aboga por una política institucional que aborde el VIH/SIDA de manera participativa, dialogada e incluyente.
CEPRESI - Centro de Prevención del SIDA
Creado en 1993 para contribuir a la disminución de la incidencia de las ITS, VIH y SIDA en la población masculina, CEPRESI brinda educación y atención integral en salud a la población masculina, desde un modelo de masculinidad basado en el respeto y la igualdad entre los géneros y un enfoque de derechos humanos. Realiza trabajo de información y capacitación con técnicas de comunicación para cambios de comportamiento; asesoría y servicios legales en materia de derechos humanos; educación en salud sexual y reproductiva, liderazgo y masculinidades; incidencia política y fomento de la participación de los colectivos LGBTI. En 2014 hicieron un Plan Nacional de Ciudadanía LGBTI y un Protocolo de Atención a Gays y HSH, con los que han capacitado a profesionales de la salud y de otros Ministerios. Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por la Unión Europea
Grupo Lésbico SAFO
Primer grupo lésbico creado en 2004, integrado por lesbianas, bisexuales y trabajadoras sexuales. Brindan asesoría jurídica en temas de custodia y pensión alimenticia, y dan apoyo psicológico a hijos e hijas de las mujeres. Desde 2010 llevan un registro de las muertes violentas de personas LGBTI y actualmente trabajan en la creación de una radio on line. Participaron en el estudio pionero “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua” (2010), con cuyos resultados sensibilizaron a tomadores de decisión de las instituciones estales. Organizan, desde hace 3 años, junto con dos organizaciones más, la Muestra de Cine LGBTI en Managua. Forman parte de la Comisión Nicaragüense del SIDA (CONISIDA) y de ILGA-LAC, donde ocupa la secretaría de Centroamérica. La actual Procuradora de la Diversidad Sexual, Samira Montiel, es una de las fundadoras y ex-coordinadora del grupo.
Espacio de Mujeres LA LLAVE
Es un espacio de mujeres lesbianas, bisexuales, trans y heterosexuales, que funciona de manera autónoma dentro de la comisión de mujeres de la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSDH). Su agenda específica es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el acoso callejero, la discriminación y el machismo. Son unas 30 mujeres, se definen como “feministas en construcción” y planean independizarse de la IDSDH.
AGENTES DE CAMBIO MATAGALPA
Espacio juvenil creado en 2009 por el Grupo feminista VENANCIA “para que jóvenes LGBTI dispusieran de un espacio seguro”. Integrado por gays, mujeres trans y lesbianas, Agentes de Cambio se declaran defensores de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, la participación ciudadana, el liderazgo joven y la inclusión sin discriminación. “Todo lo hacemos desde la comunicación inclusiva en radio y televisión, marchas, plantones, protestas, humor, rebeldía, y con un enfoque feminista y generacional”, dicen en su web. Reconocen el aporte del feminismo a las luchas LGBTI y mantienen una fuerte alianza con el Grupo VENANCIA: este les presta el local para sus actividades y da atención psicológica a jóvenes LGBTI víctimas de agresiones; por su parte, aquellos apoyan los temas por los que luchan las feministas, como violencia y acoso en las calles, “con la esperanza de que un mundo sin violencia machista mejore sus vidas también”.
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