José Hugo Rosende Subiabre (Chillán, 9 de mayo de 1916-Santiago, 5 de diciembre de 1990) fue un abogado y político chileno.
Se desempeñó como diputado entre 1942 y 1965, y fue el último ministro de Justicia de la dictadura militar de Augusto Pinochet, y quien más largamente ostentó el puesto, siendo muchas veces sindicado como uno de los integrantes del ala dura del gabinete y como principal responsable de la intervención del Poder Judicial, con el fin de mantenerlo alineado con el gobierno.
Antes fue designado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile durante dicha dictadura, entre 1976 y 1983.
Nació en Chillán, el 9 de mayo de 1916, hijo de Francisco Javier Florencio Rosende de la Fuente y Ana María Soraima Subiabre Peña, casados el 2 de septiembre de 1888, y padres de 22 hijos. Estudió en su ciudad natal durante su educación primaria, y sus estudios de secundaria los realizó en el Instituto de Humanidades Luis Campino, en Santiago. Posteriormente estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose como abogado en septiembre de 1941.
Trabajó en el Consejo de Defensa Fiscal, en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y además se desempeñó como profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica (1943-1953) y en la Universidad de Chile (1943-1983).
El 31 de mayo de 1942 se casó con Marta Álvarez Murillo, con quien tuvo cinco hijos: Marta, Hugo, Jorge, Rafael y Guillermo.
Fue diputado de la República por la Séptima Agrupación Departamental de Santiago, siendo electo por primera vez en 1943, y reelecto tres veces consecutivas en 1953, 1957 y 1961. Pablo Neruda le dedicó las siguientes palabras a Hugo Rosende, cuando este —siendo diputado— objetó la elección de Jaime Barros como diputado por Valparaíso, acusándolo ante el tribunal electoral de ser "amigo de comunistas", en momentos en que en el país regía la Ley de Defensa de la Democracia, más conocida como «Ley Maldita»:
Fue militante del Partido Conservador y del Partido Conservador Unido, siendo director general del primero. También fue asesor del presidente Jorge Alessandri Rodríguez durante tres años. Sin embargo, perdió la confianza de Alessandri cuando se vio involucrado en el escándalo de los «bono-dólares», dineros libres de impuestos recibidos desde el extranjero como ayuda por el terremoto de 1960, con los cuales Rosende se habría enriquecido gracias a información privilegiada del alza de la moneda estadounidense. Por ello, tuvo que presentar la renuncia no voluntaria al cargo.
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Rosende se transformó en asesor de la Junta militar, y posteriormente de Augusto Pinochet.
Durante la dictadura militar ejerció diversos cargos, entre ellos, el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre 1976 y 1983. Siendo decano lideró purgas, en las que se encargó de despedir a varios profesores, entre ellos Francisco Cumplido y Máximo Pacheco, ya que su política planteaba que tanto los simpatizantes de la antigua Unidad Popular como los democratacristianos debían salir de la Facultad. No solo en cuanto a la planta de académicos hubo cambios impulsados por Rosende, ya que uno de sus objetivos era provocar la "contrarreforma", consistente en la eliminación del estudio de las Ciencias Sociales, por lo que la malla curricular fue dirigida hacia un positivismo jurídico rígido. Estos cambios se reflejaron en el nuevo nombre dado a la facultad, "Facultad de Derecho", hasta entonces "de Derecho y Ciencias Sociales". Sin perjuicio de su controversial figura, fue profesor de profesores, figurando entre sus exalumnos María Angélica Figueroa, Enrique Barros, Pablo Rodríguez, Juan Eduardo Palma entre otros. Quienes lo han calificado como un maestro en derecho civil, cátedra de la cual fue profesor titular.
En 1983 la dictadura lo designó abogado integrante de la Corte Suprema.
Fue nombrado Ministro de Justicia en diciembre de 1983, función en la que continuó cultivando su cercanía con el general Augusto Pinochet, que lo consideraba su consejero personal en materias políticas. Se la ha acusado, en el ejercicio del ministerio, de haber sistemáticamente cooptado el Poder Judicial, mediante el nombramiento de personas incondicionales a los militares en todos los niveles de la judicatura. Para cumplir este cometido, habría desechando cualquier otro tipo de antecedentes en estos nombramientos: fueran estos los méritos intelectuales, académicos, carrera, antigüedad o la existencia de dudas sobre la probidad y moralidad de los jueces designados.
Este control sobre el Poder Judicial también se habría complementado con la calificación negativa y postergación de cualquier funcionario que mostrara algún nivel de disidencia —o iniciativa ajena a la política de la dictadura— en sus fallos u otros aspectos de la vida profesional. Habría sido, por ejemplo, el caso de jueces que en ámbito académico teorizaban sobre futuras reformas al sistema judicial, quienes consistentemente eran degradados en sus calificaciones. Así mismo, durante su período de ministro, se habría generalizado la práctica de los eufemísticamente llamados "alegatos de pasillo", consistentes en el establecimiento de una red informal de influencias y contactos entre ciertos bufetes importantes y los jueces de la Corte Suprema, en los que se convenían privadamente las futuras resoluciones.
Su última actuación importante en el ministerio fue la promulgación de la llamada "Ley Caramelo" de 1989, que ofreció (en la víspera de la entrega del poder a autoridades civiles) millonarios incentivos a los miembros mayores de la Corte Suprema que quisieran acogerse a jubilación. El fin era dejar, para los años posteriores, un tribunal establemente conformado con el mayor número de jueces incondicionales a la dictadura militar que fuera posible. De esta manera, Rosende se aseguró renovar 7 de 17 puestos con magistrados más jóvenes, que apoyaran —por ejemplo— la tesis de la prescindencia judicial en materia de detenidos desaparecidos.
Otros testimonios indican que Rosende jugaba el rol de "duro" en el gabinete, empujando desde una cartera nominalmente secundaria una agenda política autoritaria del gusto de Pinochet, sobre todo en oposición a las iniciativas de apertura política lideradas en un momento por el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. Como ejemplo de este papel al interior de la dictadura, se opuso con tenacidad a que se abrieran las fronteras para que pudieran regresar los exiliados políticos.
Falleció en Santiago a causa de un cáncer el 5 de diciembre de 1990.
(Se consideran solo diez primeras mayorías, sobre 18 diputados electos)
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