Se conoce como pin parental o veto parental a una propuesta política en materia educativa que habilitaría a los progenitores o tutores legales de un estudiante a negar su asistencia a actividades complementarias fuera del currículo formal.
Sus promotores lo plantean como una extensión del derecho de los padres a regir la educación moral y religiosa de sus hijos. De esta forma, en España se ha propuesto para vetar actividades relacionadas con cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad sexual, mientras que en México para talleres sobre educación sexual.
Sus detractores, por el contrario, sostienen que ese planteamiento sería una interpretación demasiado amplia de ese derecho y que entraría en conflicto con otros como el derecho a la educación y el interés superior del niño, la libertad de cátedra o la educación obligatoria. Además, se señala que no se plantean límites a su ejercicio, como respetar el criterio del propio estudiante o evitar el veto a teorías científicas como la de la evolución o el calentamiento global. Como consecuencia, esta propuesta ha sido calificada como inconstitucional y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando se trata de actividades educativas que redundan en la formación, autonomía e integración social del alumno.
Procede de la palabra inglesa PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal) que es una contraseña que se usa en las tarjetas SIM y otros dispositivos. Desde hace unos años se empezó a usar pin parental para aludir a la contraseña que los padres tienen en los televisores y otros dispositivos para bloquear el acceso a determinados canales de televisión o contenidos a sus hijos. Y posteriormente VOX adaptó la expresión para referirse a la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias en los centros escolares.
Es España, es una propuesta política promovida por el partido político VOX desde en 2018 y presentada en múltiples programas electorales. En la Región de Murcia la medida fue implantada por el gobierno del Partido Popular en septiembre de 2019 como parte de un acuerdo presupuestario, y si bien fue suspendida cautelarmente por los tribunales a petición del Gobierno de España, estos nunca se pronunciaron sobre ella al decaer con el fin de curso académico.
En México, el Diputado Carlos Leal propuso incluir esta política en la reforma de la Ley de Educación del estado de Nuevo León de 2020.
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