Carlos Alvarado Quesada es el actual presidente constitucional de Costa Rica desde el 1 de mayo de 2018.
En sus primeros meses consiguió suficiente consenso de las bancadas mayoritarias para aprobar el Plan Fiscal con los votos de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, pero la oposición al proyecto, especialmente de los gremios sindicales del sector público, convocó a la Huelga sindical en Costa Rica de 2018 que se extendió por más de 80 días con mayor incidencia en el Magisterio de Educación. La huelga falló en frenar el voto de los diputados ni incidió en la Sala Constitucional que declaró el proyecto constitucional. Esto y la declaratoria de ilegalidad de la mayoría de las huelgas por Tribunales de Trabajo causó que el movimiento se disipara.
Las protestas de distintos sectores incluyendo pescadores, camioneros, estudiantes de secundaria, sindicatos de educadores y opositores cristianos convergieron entre junio y julio de 2019 opuestos a temas disímiles, pero que llevaron a la salida del ministro de educación Edgar Mora. La oposición al gobierno tanto de la derecha conservadora como de la izquierda, de gremios sindicales y artesanales y de sectores de la extrema derecha ha sido señalada como un fenómeno atípico. En 2019 grupos estudiantiles del autoproclamado Movimiento de Estudiantes de Secundaria (MEDSE) cerraron múltiples centros educativos y bloquearon vúas públicas. El propio MEDSE aseguró que fueron 305, aunque el Ministerio de Educación Pública reportó 86 al 15 de julio de 2019. El número de centros cerrados fue reduciéndose conforme se erosionó el apoyo a las protestas, para el 19 de julio se reportaron nueve centros cerrados, y doce el 22. Los estudiantes protestaban contra las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades) que reemplazan al sistema de examen para bachillerato y fin del proyecto de educación dual que se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
El 25 de junio de 2019, en medio de airadas protestas por parte de pescadores a las afueras de Casa Presidencial, además de la ruptura de un portón fue lanzado un cabo de dinamita. Al día siguiente la oficina de la diputada del Partido Integración Nacional Zoila Rosa Volio fue atacada con una bomba molotov.
El 7 de julio de 2019, un grupo autodenominado Movimiento 7 de Julio hizo un llamado en redes sociales a deponer al gobierno violentamente mediante alzamiento armado con un video en que cubrían sus rostros. Los partícipes fueron rápidamente identificados y arrestados por las autoridades judiciales.
En la madrugada del 26 de julio de 2019, estalló una bomba de confección casera en las instalaciones de Televisora de Costa Rica, el medio más grande del país y acusado de ser progobierno. También trascendió que una educadora de la Escuela Porfirio Brenes de Moravia habría hecho llamados a matar al presidente y poner explosivos en vía pública en una chat sindical de WhatsApp, lo que llevó a una investigación por parte del MEP. En agosto de 2019 se encontró material explosivo dejado en uno de los baños de la Asamblea Legislativa. El grupo responsable fue apresado por operativos del Organismo de Investigación Judicial en un trabajo conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la Fuerza Pública y el Ministerio Público. Entre los apresados figura la maestra de secundaria conocida en redes sociales por hacer llamados a la violencia. El grupo coordinaba mediante las plataformas de WhatsApp y Facebook. El cabecilla del grupo era un abogado de apellidos Gutiérrez Pizarro quien lideraba la página de extrema derecha Resistencia Costarricense que difundía contenido xenófobo y homófobo además de noticias falsas y de incitar a un golpe de Estado.
El aborto en Costa Rica es permitido solo cuando peligre la vida o la salud de la madre según el numeral 121 del Código Penal desde 1970. Sin embargo, la no existencia de un protocolo que regule su aplicación ha causado que esto rara vez se implemente. En 2012 dos mujeres que sufrieron de embarazos de alto riesgo que no fueron atendidos con abortos terapéuticos como lo solicitaron demandaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como una de sus promesas de campaña el Partido Acción Ciudadana de Alvarado se comprometió a la elaboración de una norma técnica que corrigiera esto y satisficiera las exigencias de la Comisión. El tema fue inmediatamente rechazado por los sectores más conservadores y fue tema de campaña. Sin embargo, Alvarado resultó elegido presidente. Distintos sectores presionaron tanto a favor como en contra de la firma de la norma. Esta fue finalmente firmada el 12 de diciembre de 2019. Diputados del bloque conservador anunciaron represalias contra el ejecutivo así como la lucha legal contra la norma. así como se interpusieron recursos por ciudadanos particulares.
El lunes 18 de marzo de 2019 es asesinado en la comunidad de Yery, en el territorio indígena bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, reconocido dirigente comunal y líder de las recuperaciones de tierras indígenas. El hecho generó gran conmoción y tuvo como resultado la exposición a nivel internacional de la problemática en los territorios indígenas en Costa Rica y un comunicado por parte de las Naciones Unidas hacia el Gobierno de Costa Rica en el que se condena el hecho y se solicitan medidas al respecto, lo cual se condieró una situación "atípica" para un país tradicionalmente avanzado en derechos humanos como lo es Costa Rica. Sin embargo, el Gobierno falló en la implementación de estas medidas y el lunes 24 de febrero de 2020, en el territorio indígena brörán de Térraba, es asesinado en circunstancias muy similares a las de Rojas, el líder recuperador Jerhy Rivera Rivera. Esto generó una condena por parte de la Organización de Naciones Unidas.
Las exhortaciones de las Naciones Unidas fueron desacatadas por la Administración Alvarado Quesada, y en julio de 2020 la comunidad indígena maleku da inicio a un proceso autónomo de recuperación de tierras, con lo cual se generan nuevas tensiones y amenazas de violencia en la Zona Norte del país. Al mismo tiempo, en medio de la lucha contra la pandemia del COVID-19, se produce un nuevo acto de racismo contra pueblos indígenas, al propagarse la enfermedad entre miembros de la comunidad indígena cabécar de Chirripó, cuando las autoridades locales establecieron un albergue temporal en la localidad de Carmen Lyra, en el cantón de Turrialba, y como respuesta los vecinos de la zona realizaron protestas violentas e intentos de quemar el lugar. Como respuesta, las autoridades trasladaron el albergue a la localidad de Grano de Oro, camino hacia el territorio indígena cabécar de Chirripó y mucho más lejos del Hospital William Allen que la localidad inicial, lo cual recibió críticas por interpretarse como una concesión a los manifestantes racistas.
Otro caso de violencia contra pueblos indígenas se suscitó a raíz de una controvertida sentencia del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, emitida el 27 de marzo de 2020, en la cual se ordenó el desalojo de la finca Kono Jú, en el territorio indígena cabécar de China Kichá, ubicado al sur del cantón de Pérez Zeledón. A partir de esta sentencia, la comunidad empezó a sufrir situaciones de acoso por parte de las autoridades municipales y policiales, y ante la indolencia del Gobierno de la República, a pesar de las denuncias realizadas por la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, la Defensoría de los Habitantes emitió una "alerta temprana" el 22 de septiembre de 2020.
Durante su gestión, Alvarado tuvo que hacer frente a la pandemia de COVID-19. El accionar del gobierno de Costa Rica y particularmente el manejo de la crisis por parte de las autoridades de salud como el ministro del ramo Daniel Salas y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social Román Macaya Hayes fue aplaudido por distintos sectores tanto oficialistas como opositores, y una aprobación del 70 % entre la población. Sin embargo, a partir del mes de junio, ha sido criticado por algunos sectores debido a las medidas tomadas para mitigar el contagio en la población han tenido un impacto económico; ante el clamor de ciertos sectores que exigen la apertura de los comercios se han generado marchas y protestas, provocando que las medidas se flexibilicen causando un incremento exponencial en la tasa de contagios y muertes.
En octubre de 2020 también se aprobó por 28 votos a favor y 16 en contra la controversial ley que re-legalizó la pesca de arrastre. La controversia a raíz de esta aprobación también generó un rechazo en redes sociales y la condena por parte de grupos ambientalistas que se reunieron con el gobierno (la fracción oficialista junto con el diputado Villalta votaron en contra) solicitando al presidente Carlos Alvarado que vete la ley, como efectivamente lo hizo el 30 de octubre de 2020 por lo que de acuerdo con la Constitución de Costa Rica para que la ley quede en firme requiere ahora de mayoría califiada (38 votos). A raíz de esto el expresidente legislativo y líder de la bancada liberacionista en el Congreso Carlos Ricardo Benavides Jiménez quien votó a favor, aseguró que no veía posibilidades de que la ley fuera resellada.
A inicios del 2020 se hizo pública la existencia de la Unidad para el Análisis de Datos o UPAD, gestionada por Casa Presidencial para la obtención de información y análisis de datos de la ciudadanía. El hecho generó un escándalo político al acusarse de esta recabando datos privados de manera inconstitucional. Alvarado mediante decreto cerró la organización pero esta tenía más de un año de operar. El hecho fue condenado por todas las bancadas de la Asamblea Legislativa excepto la oficialista, además el excandidato presidencial Juan Diego Castro y la excandidata vicepresidencial Gloria Navas (ambos abogados) interpusieron denuncias penales ante el Ministerio Público. La Defensoría de los Habitantes abrió una investigación. Además la bancada del Partido Unidad Social Cristiana interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la oficina (aunque está ya había sido cerrada para el momento) y la bancada del Partido Liberación Nacional planteó una moción de censura ante el plenario, también discuten los diputados el crear una comisión investigadora. El caso llevó a la Fiscalía General a realizar un allanamiento de Casa Presidencial y de las Oficinas del ICE y de realizar decomisos de celulares y equipos de cómputo para la investigación de presuntos delitos.
Carlos Alvarado inició su gestión con alrededor del 36 % de aprobación en 2018. Sin embargo, la misma se desplomó poco después en especial tras sucesos impopulares como la aprobación del llamado plan fiscal y el escándalo UPAD llegando al 21 % de aprobación, y el 65% de desaprobación popular. No obstante en 2020 y, en especial, tras el manejo de la crisis por la pandemia de COVID-19 durante los primeros dos meses, la popularidad del presidente subió al 65 %, triplicándose de marzo a abril de ese año.
Sin embargo, debido al aumento acelerado de casos de COVID-19 durante el periodo junio-agosto de 2020 y el prolongamiento de medidas sanitarias que impidieran que los negocios siguieran funcionando con normalidad, el aumento acelerado del desempleo tras la pandemia y la presión popular de parte de gremios y empresarios para reactivar la economía, hizo que la popularidad en la administración de Carlos Alvarado decayera hasta solo un 26 % de aprobación y un 50 % de desaprobación para agosto de 2020. Para noviembre de ese mismo año, decae aún más el respaldo de dicho gobierno, llegando a su punto mínimo de popularidad y máximo de impopularidad, con apenas un 15 % de aprobación y un aumento en la desaprobación popular del gobierno de Alvarado Quesada de hasta un 66 %.
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