Reforma previsional en Argentina (2017)
La reforma previsional en Argentina de 2017 fue una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina en diciembre de 2017 a través de la ley 27.426 Buscaba elevar el mínimo de edad jubilatoria de 65 a 67 años para los hombres, la reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019, con un recorte presupuestario en seguridad social de 72.000 millones ARS (aproximadamente 4.100 millones USD) para el año fiscal 2018.Como primera medida, la reforma eleva la edad jubilatoria a 70 años la ley sancionada modifica la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal que la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse sólo pueda ejercerse a partir de los 70 años de edad del trabajador. el establecimiento de una garantía adicional para los haberes de jubilación equivalente al 82% salario mínimo de los trabajadores activos; y modificar la fórmula y frecuencia de actualización del valor monetario de los haberes previsionales. En particular, se estableció que los haberes previsionales se ajustasen trimestralmente en función de la variación de la inflación y los salarios durante el penúltimo trimestre. Esta última modificación fue suspendida en 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández desvinculando los haberes previsionales de la inflación por decreto de necesidad y urgencia.
La reforma alcanzó a jubilados, pensionados, beneficiarios de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, y a los veteranos de la guerra de Malvinas. Los objetivos de la reforma, según sus proponentes, fueron aumentar la sustentabilidad del sistema jubilatorio y facilitar la reducción del déficit fiscal y la inflación.
Según estimaciones al momento de aprobación de la ley, la reforma hubiese implicado una reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019.
Las causas de la reforma fueron de índole macroeconómica y relativas a la sostenibilidad del sistema previsional argentino.
La fórmula vigente previo a la Reforma de 2017 data de 2008 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner y consideraba la variación semestral de los ingresos públicos (recaudación fiscal) y la variación de los salarios de los empleados registrados. Como consecuencia, las prestaciones (jubilaciones y pensiones) quedaban vinculadas al valor nominal de la recaudación fiscal.
En relación a las causas relacionadas con la sostenibilidad del sistema previsional, el sistema previsional argentina tenía un déficit del 2,8% del PBI (el défcit de un sistema previsional es la diferencia entre lo que los trabajadores activos aportan al sistema y los que los beneficiarios del sistema reciben como jubliaciones). , el sistema previsional argentino tenían un déficit que alcanzaría el 2,25% del PBI para 2023 y el 5% para 2066. Dicho déficit de flujo se traduce en un estimado del valor presente del sistema previsional de –40% del PBI (negativo) en pesos del 2015. En otros términos, el Informe concluye que el total de contribuciones al sistema previsional no es suficiente para pagar las prestaciones que el sistema ofrece.
Dada esta situación, el Informe recomienda al gobierno argentino diversas medidas que podrían implementarse para reducir este déficit. Dichas medidas buscan disminuir las prestaciones (erogaciones del sistema) e incrementar las contribuciones (ingresos al sistema). Las sugerencias fueron:
El gráfico recoge el déficit estimado bajo cada medida (adviértase que el inicio del gráfico en 2015 no es una estimación sino el valor del déficit realizado). Nótese que en la estimación se consideraron todas estos cambios de forma aislada (cada línea es uno de estos cambios). Esto significa que combinando varios de estos cambios se podría lograr eliminar el déficit mejorando la sustentabilidad del sistema jubilatorio[cita requerida] Otra consideración es que el gráfico considera que estos se realizan de forma progresiva a lo a lo largo de un período de 10 años.
La reforma contiene tres partes: el cambio en la forma de actualización o indexación del valor en dinero de las prestaciones; la fijación de haberes mínimos (el 82% móvil); y el cambio en la edad de jubilación.
El corazón del paquete era el cambio de la fórmula con la que se venían actualizando los beneficios de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.), adoptando la recomendación del FMI de actualizar los beneficios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de generar un recorte estimado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (equivalentes a 4600 y 5500 millones de dólares). El proyecto incluía también la supresión de los regímenes como el de los docentes. Entre otras normas, el paquete incluyó también la eliminación del porcentaje del Impuesto a las Ganancias destinado a la seguridad social (ANSES), para ser destinado a las provincias, un aporte de 65.000 millones de pesos.
Esto incluye: el cambio de la fórmula y la frecuencia de actualización. La nueva fórmula considera la variación del índice de precios al consumidor (una medición del costo de vida) y la variación de un índice de salarios.
en donde ΔPrestación es la variación de las prestaciones en pesos, ΔIPC es la variación del índice de precios al consumidor y ΔSalarios es la variación del índice de salarios. El índice de precios al consumidor es elaborado por el INDEC y el índice de salarios es la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Adicional al cambio de fórmula, la frecuencia de actualización cambió de 6 meses a 3 meses.
Esta modificación en la fórmula de actualización fue suspendida en 2019 por la ley 27.541 De solidaridad social y reactivación productiva impulsada durante presidencia de Alberto Fernández.
Para todos aquellos trabajadores que acrediten 30 o más años de aporte al sistema jubilatorio, el Estado nacional garantiza el pago de prestaciones que representen el 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Se aumenta el derecho del trabajador de continuar trabajando hasta los 70 años, si así lo desease, en lugar del valor anterior de 65 años.
En 2016, las jubilaciones aumentaron 31% y la inflación real se calculó en 41%, ese año los jubilados perdieron esa diferencia porcentual en sus haberes. En 2017, las jubilaciones subieron 28%, mientras que inflación rondará el 25%. Con la anterior fórmula, que se calculaba con base en la actual ley de movilidad, un prorrateo combinado entre recaudación y variación salarial, el aumento debería ser de 14%. En tanto, con la nueva fórmula, el incremento será del 5,7% en 2018, una merma de ocho puntos. Por lo tanto, para una jubilación de $ 10.000, en lugar de un aumento de 1.450 pesos que recibiría con la antigua fórmula, el incremento será de 570. Los cambios de la "movilidad" implican un ajuste a la baja o recorte en el pago de las prestaciones sociales de más de 120.000 millones de pesos para el año fiscal 2018.
Como consecuencia de la reforma, y la devaluación para agosto de 2018 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había registrado una pérdida de 29 mil millones de dólares en un año, una caída patrimonial del 55 por ciento.
En el Senado el proyecto fue modificado estableciendo una fórmula mixta, combinando el índice de precios al consumidor, con el índice de los salarios del sector formal (llamado índice RIPTE). El 30 de noviembre el Senado aprobó la reforma previsional. Los proyectos fueron aprobados con el voto de los senadores oficialistas de Cambiemos y un sector conservador del peronismo liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien declaró que votar la ley había sido una "ingrata tarea". Entre los senadores que lideraron la votación en contra se destacaron Adolfo Rodríguez Saa -peronista de la Alianza Compromiso Federal- y María de los Ángeles Sacnun -peronista kirchnerista-.
Un sector importante del sindicalismo y de los movimientos sociales organizó una marcha de protesta al Congreso de la Nación para oponerse al proyecto de reforma previsional, con la consigna «No es reforma; es ajuste».
PJ/Frente para la Victoria (18)
Unión Cívica Radical (7)
Frente PRO (6)
PJ La Pampa (2)
Frente Cívico por Santiago (2)
Producción y Trabajo (1)
Movimiento Popular Fueguino (1)
Pares (1)
Unión por Córdoba (1)
Frente Cívico y Social (1)
Frente Renovador Misiones (1)
Frente Popular (1)
Justicialista 8 de octubre (1)
PJ/Frente para la Victoria (17)
Movimiento Popular Neuquino (2)
PJ San Luis (2)
Frente Progresista-CCARI (1)
Proyecto Sur/UNEN (1)
PJ/Frente para la Victoria (1)
Frente Amplio Progresista (1)
Chubut Somos Todos (1)
Unión Cívica Radical (1)
Federalismo y Liberación (1)
Santa Fe Federal (1)
El 14 de diciembre se produjo un grave conflicto y una crisis política, cuando la Cámara de Diputados convocó a sus miembros a tratar el proyecto aprobado en el Senado. Dentro del recinto la sesión se cayó por pedido de Elisa Carrió, cuando la oposición acusó al oficialismo de reunir el cuórum con personas que no estaban habilitadas como diputadas, en medio de un escándalo en el que se produjeron intentos de agresión física, con acusaciones y denuncias penales cruzadas entre funcionarios. Fuera del recinto, en las calles, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió gran cantidad de agentes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal para montar un operativo de vallado de varias manzanas, con el fin de impedir que manifestantes opositores se acercaran al Congreso Nacional. Pese a ello se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, en los que resultaron heridos varios diputados, periodistas y ciudadanos, y fueron detenidas varias decenas de personas. El despliegue y la acción represiva dispuesta por la ministra Bullrich, fueron criticados por las diversas expresiones de la oposición, organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores de Cambiemos, como la diputada Carrió y Ricardo Alfonsín. Luego de las críticas, en el más alto nivel se tomó la decisión de desplazar a la ministra Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta.
Inmediatamente después de fracasada la sesión de la Cámara de Diputados, el presidente Macri se reunió con su gabinete para analizar la situación y ordenó redactar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para aprobar la reforma previsional. El DNU fue firmado por todos los ministros y varios medios de comunicación anunciaron la inminencia de su sanción por parte del presidente. En esa situación la Confederación General del Trabajo emitió una declaración en la que anunció que si el presidente Macri firmaba el DNU, declararía de inmediato una huelga general. Poco después la diputada oficialista Elisa Carrió hizo público un mensaje por Twitter en el que criticaba la intención del gobierno de sancionar el DNU, sosteniendo que se trataría de una grave violación a la Constitución Nacional. Luego de esos dos hechos los medios anunciaron que Macri había decidido no dictar el DNU.diputados, no llegaba y la oposición comenzaba a presionar para que el encuentro legislativo no se realizara. A las 14:35, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, abrió la sesión diciendo que había cuórum pero solo duró pocos minutos. Con 128 diputados en sus bancas, algunos legisladores de la oposición advirtieron sobre una presunta irregularidad: dos bancas estaban ocupadas por personas que no debían estar allí.
También causó repudio en la oposición la utilización de diputruchos por parte de Cambiemos para intentar forzar el quorum y comenzar la sesión. Mirtha Tundis, diputada del Frente Renovador, ratificó la versión: «Hubo dos diputados de Capital Federal que no habían jurado y se sentaron a la banca, como en los peores tiempo». Y agregó: «La única vez que tuvieron los 129 fue cuando se presentaron estos dos, y no se sabe si no hubo también otras personas ajenas al recinto». Con 128 diputados en sus bancas, algunos legisladores de la oposición advirtieron sobre una presunta irregularidad: dos bancas estaban ocupadas por personas que no debían estar allí.
El lunes 18 de diciembre, los diputados fueron convocados nuevamente para tratar la reforma previsional y tributaria. El presidente Macri convocó simultáneamente a la Casa Rosada a los gobernadores de provincia, con el fin ratificar el apoyo al proyecto derivado de Consenso Fiscal y presionar a los diputados. Al igual que en la frustrada reunión anterior, fue vallada una área de varias manzanas para evitar que los manifestantes puedan acercarse al Congreso Nacional. También se introdujeron de último momento en la reforma tributaria mayores incentivos para quienes inviertan en fondos de retiro de largo plazo. El diputado cordobés de Cambiemos, Javier Pretto, no descartó un proyecto de ley para 2019 que incorpore nuevamente el régimen de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo declaró una huelga general de 24 horas que se inició a las doce del mediodía. Una gran multitud, estimada en 500.000 personas ocupó la plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo para protestar contra la ley.
Luego del mediodía se desataron incidentes entre algunos manifestantes y la policía, y críticas cruzadas por la responsabilidad de la violencia; el oficialismo sostuvo que se trató de un intento de golpe de estado.
Por la noche, se inició un cacerolazo del 18 de diciembre en el que participaron decenas de miles de vecinos, que comenzaron a salir de sus casas para reunirse espontáneamente y hacer sonar sus cacerolas en señal de protesta en diversos barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país. Finalmente, en la madrugada del día 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma previsional, por 128 votos a favor y 116 en contra; veinte diputados opositores votaron a favor del proyecto.
Diversas asociaciones de periodistas repudiaron la violencia ejercida contra al menos 23 periodistas. La Academia Nacional de Periodismo consideró que la violencia contra los periodistas constituía una "involución intolerable".[cita requerida]
El 12 de diciembre, en un tratamiento express, se logró dictamen de comisión de manera fugaz, considerándose por algunos medios polémica y escandalosa. En este sentido, en una reunión entre el peronismo conservador comandado por Miguel ángel Pichetto y el oficialista Cambiemos, se acordó un cronograma de tratamiento express para analizar las iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. A diferencia de la fórmula dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009, que determinaba aumentos regidos por la recaudación presupuestaria y que resultaban superiores a la inflación, la propuesta del gobierno de Mauricio Macri implica que las jubilaciones se rijan por la inflación, además de un escaso porcentaje del crecimiento de la economía del país. Según los especialistas, esto significaría prácticamente congelar las jubilaciones en términos reales, además de consolidar la pérdida de poder adquisitivo de los dos años anteriores a la puesta en marcha de la ley. Por otro lado, el proyecto de reforma jubilatoria pretendía ampliar la edad de retiro hasta los 70 años.
El 13 de diciembre, el interbloque de Cambiemos en Diputados, que encabezaba Mario Negri, convocó para el jueves 14 a las 14 horas a una sesión especial para debatir en el recinto las reformas previsional y la tributaria.
Un grupo de jubilados protestó con gritos e insultos contra la reforma para ajustar el sistema previsional, en el marco del plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En este contexto, el ingreso al plenario de los titulares de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue recibido por los gritos de los manfiestantes presentes. "Esto es un saqueo" y "la historia los juzgará", les espetaron los adultos mayores.
Cerca del mediodía, se llegó a un clima de máxima tensión en la Cámara de Diputados, cuando manifestantes y jubilados comenzaron a exigir participar de la exposición de los legisladores. Debido al abucheo, interrumpieron la sesión, por lo que Mario Amadeo dispuso un cuarto intermedio. En medio de una sesión signada por empujones, insultos, disturbios y fuertes críticas por parte de la oposición, gremialistas, agrupaciones sociales y de jubilados, Cambiemos consiguió dictamen al proyecto de reforma provisional. Como contrapartida, la oposición logró un dictamen de rechazo con 28 firmas, con el objetivo de frustrar el tratamiento en el recinto del proyecto. Los jubilados y dirigentes gremiales estallaron de furia cada vez que tomaba la palabra un representante del oficialismo, ante lo que consideraban un "saqueo" a los bolsillos y un "vaciamiento" de ANSES para dar pie a un sistema de capitalización privada. "Chorros", "mafiosos", "delincuentes", fueron algunos de los calificativos, mientras que los aplausos fueron la regla general para con los discursos de opositores. La especialista previsional Mirtha Tundis advirtió que la fórmula propuesta llevará a que alguien que trabajó 45 años se jubile con un haber del 40 por ciento respecto de su último sueldo, cuando con el sistema vigente tendría el 65 por ciento y catalogó la iniciativa del Gobierno como un "ultraje". Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) aprovechó la polémica para convocar a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales a concentrarse frente al Congreso el día que la reforma previsional se debatía en el recinto.
Durante el debate en comisión del proyecto de reforma previsional, el principal impulsor de la reforma fue Nicolás Dujovne quien, al ser consultado por los diputados cuál sería el monto impacto de la medida, no pudo responder cuál sería el impacto en números del cambio de fórmula para calcular las jubilaciones que impulsa el gobierno, argumentando que "no hicieron la cuenta". La noche antes de la sesión, los únicos diputados opositores que salieron a respaldar abiertamente el proyecto de reforma previsional, no por su contenido sino por el acuerdo Nación-Provincias, fueron los cuatro legisladores de Córdoba que responden a Schiaretti. Se trataba de Juan Brügge, Paulo Cassinerio, Martín Llaryora y Alejandra Vigo. En tanto, los gobernadores peronistas planteaban como salida salomónica modificar la fórmula y el plazo de entrada en vigencia del nuevo cálculo previsional para devolver el proyecto al Senado y apagar el incendio político. Nadie estaba dispuesto a pagar el costo de bajarle los haberes a los jubilados. La reforma previsional que impulsa la Casa Rosada quedó atascada en zona de riesgo. El interbloque Argentina Federal, que responde a los mandatarios peronistas, se opuso a firmar el dictamen oficialista al ausentarse en masa del plenario de comisiones Previsional y de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Desde el Poder Ejecutivo Nacional revelaron que había un principio de rebelión de los diputados del PJ conservador, por lo que estaban llamando uno a uno a los gobernadores", y recordándole a los gobernadores peronistas que se acercaba la fecha de pago de los aguinaldos, medida para la que necesitarían auxilio financiero del gobierno central.
A la tarde del día siguiente, cuando el proyecto llegó a la Cámara baja, una gran manifestación frente al Congreso Nacional fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos. Según el diputado Rossi, estos hechos se produjeron "bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quienes pretendieron, a través de la represión, evitar que un conjunto de legisladores debidamente electos por la ciudadanía ejerciera su mandato". Y añadió que la represión estaba "destinada a manipular el eventual resultado de la sesión" de Diputados. En paralelo, varios diputados pidieron que la justicia allane las oficinas de Patricia Bullrich en busca de elementos incriminatorios.
En los alrededores del Congreso, las fuerzas de seguridad detuvieron a 41 manifestantes. Otros cuatro fueron apresados durante la noche en la Comisaría 4.ª, donde reclamaban la liberación de los detenidos allí alojados. En diferentes comisarías comenzaron vigilias para exigir que los pongan en libertad, y uno de los detenidos que estaba en la comisaría ubicada en el barrio de Monserrat debió ser internado en un hospital porteño debido a las abundantes heridas de balas de goma.
Hubo información de situaciones irregulares en las detenciones, entre ellas que ocho personas fueron virtualmente "secuestradas" en una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación policial y con patente -se supo a posteriori-, que pertenecía a un particular. Incluso fueron detenidos transeúntes, entre ellos una joven que salía de trabajar, la cual fue arrojada al piso, golpeada y luego manoseada por gendarmes.
Inclusive juristas afines al oficialismo anunciaron que sería inconstitucional (por confiscatoria) la aplicación de la fórmula de reajuste en marzo.En 2019 el juez federal Sergio Torres sobreseyó a la mayoría de los detenidos en la represión del 18 de diciembre durante la protesta por la reforma previsional y dejó en evidencia la arbitrariedad del despliegue policial advirtiendo de casos de torturas a detenidos
El miércoles 13 de diciembre, militantes de organizaciones sociales y diputados nacionales de la oposición que participaban de la vigilia contra la reforma previsional, fueron reprimidos por una formación de la Gendarmería Nacional que avanzó contra los manifestantes con golpes y camiones hidrantes. En el operativo fue atacada la diputada nacional Victoria Donda, quien recibió una patada del jefe del operativo y responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el accionar de los uniformados. En tanto el diputado nacional Leonardo Grosso recibió una mordida de un perro de Gendarmería en el torso.
La prensa informó que varios gendarmes forcejearon y empujaron a diputados nacionales, entre los que se encontraban Grosso, Donda, Mayra Mendoza y Horacio Pietragalla. Por otra parte, la diputada oficialista Elisa Carrió justificó su apoyo al recorte jubilatorio y denunció una supuesta conspiración para derrocar a Macri, acusando a los jubilados y a la familia de Santiago Maldonado de golpistas.
Por otro lado organizaciones sociales, legisladores de la oposición y dirigentes sindicales se instalaron frente al Congreso para hacer una vigilia, repudiando el tratamiento de la ley de Reforma Previsional que se haría al día siguiente en el recinto de Diputados. A las 18:30, cuando la marcha de organizaciones sociales llegaba al Congreso Nacional, un operativo de Gendarmería impidió violentamente su paso.
Mientras se debatía la ley, la zona del Congreso fue militarizada, congregando alrededor de mil efectivos de seguridad, comandados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante dos días, apaleó, gaseó y baleó con proyectiles de goma a manifestantes, incluyendo diputados nacionales y fotógrafos que cumplían su labor.
También fueron heridos diversos por la policía trabajadores de prensa, entre ellos el fotógrafo de diario Página 12 Leandro Teysseire; sus colegas Germán García Adraste, de Clarín, y Federico Hauscarriaga, de Anred; y el camarógrafo de C5N Guido Rodríguez. Al retratar con su cámara la represión, fue herido el fotógrafo Pablo Piovano, quién recibió más de diez impactos en su pecho, su abdomen y su brazo. También hubo violencia contra periodistas que estaban dentro del Congreso, donde una persona que dijo ser “jefe de seguridad de Diputados” pretendió sacar por la fuerza del recinto a dos trabajadores de los medios que tomaban nota de una reunión de pasillo entre Elisa Carrió, Graciela Camaño y Marco Lavagna. Ante la negativa de los periodistas a abandonar el lugar, el hombre le pegó un cabezazo en la frente a Nicolás Florentino, redactor del portal Letra P. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió las agresiones sufridas por periodistas en los alrededores del Congreso de la Nación en el marco de la Marcha en contra de la Reforma Previsional y dentro mismo del recinto luego del levantamiento de la sesión.
También familiares de los tripulantes del ARA San Juan que habían sido invitados al Congreso para asistir a la sesión y buscaban garantías de que la nave siga siendo buscada, terminaron alcanzados por la represión: varios de ellos, incluidas madres de marinos, fueron golpeados por la Gendarmería desplegada por la ministra Patricia Bullrich.
El 14 de diciembre, tras vencerse el plazo en Diputados, la sesión no comenzaba. El número de 129 diputados necesarios para el quorum no llegaba, y la oposición comenzaba a presionar para que el encuentro legislativo no se realizara. A las 14:35, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, abrió la sesión diciendo que había cuórum pero solo duró pocos minutos. Con 128 diputados en sus bancas, algunos legisladores de la oposición advirtieron sobre una presunta irregularidad: dos bancas estaban ocupadas por personas que no debían estar allí.
Causó repudio en la oposición esta utilización de diputruchos (falsos diputados) por parte de Cambiemos para intentar forzar el quorum y comenzar la sesión. Mirtha Tundis, diputada del Frente Renovador, ratificó la versión: "Hubo dos diputados de Capital Federal que no habían jurado y se sentaron a la banca, como en los peores tiempo".Y agregó: "La única vez que tuvieron los 129 fue cuando se presentaron estos dos, y no se sabe si no hubo también otras personas ajenas al recinto".
Felipe Solá, diputado también por el massismo, sostuvo la denuncia: "En un momento dado, mintieron el quorum", sentenció con indignación.
Jorge Enríquez y Patricia Holzman serían los dos falsos diputados que el macrismo sentó en sus bancas para buscar el fallido cuórum, a pesar de que no habían jurado en tiempo y forma. Jorge Enríquez un abogado de origen radical de 70 años, que ocupaba desde diciembre de 2015 el cargo de subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de Horacio Rodríguez Larreta. Holzman, por su parte, es la jefa de Gabinete y estrecha colaboradora del rabino y ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman.
Minutos antes de que comience la sesión en Diputados, la policía federal y Gendarmería Nacional golpearon y arrojaron gas pimienta a diputados de la oposición, para que no ingresen al Congreso.
Según la denuncia, al haber reunido cuórum de esa manera, "en segundos los que se sentaron y no debían salieron del recinto y ya no volvió a haber quórum". El cuórum de 129 presentes duró siete segundos, en medio de gritos por la presencia de “diputruchos”.
A raíz del caso, Monzó y Elisa Carrió fueron blanco de todas las críticas de la oposición durante los minutos en los que intentaron imponer el cuórum en la Cámara de Diputados. Finalmente, la sesión no prosperó.
El mismo 14 de diciembre, Emilio Monzó, como presidente de la Cámara de Diputados le lanzó un golpe al diputado Leopoldo Moreau, quien le reclamaba por haber iniciado la sesión a pesar de la falta de cuórum del oficialismo para debatir la reforma previsional. El momento donde Monzó golpea a Moreau fue captado por las cámaras del Congreso.
Horas antes de la votación en Diputados, varios legisladores opositores fueron impedidos de entrar al edificio siendo reprimidos o impedidos por Gendarmería Nacional los diputados Darío Martínez, Horacio Pietragalla, Matías Rodríguez y Juan Manuel Huss, Leonardo Grosso y Victoria Donda Según uno de los diputados “bajo las ordenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quienes pretendieron, a través de la represión, evitar que un conjunto de legisladores debidamente electos por la ciudadanía ejerciera su mandato”. Y añade que la represión estaba “destinada a manipular el eventual resultado de la sesión” en favor del gobierno. En las afueras del Congreso diversos diputados fueron agredidos por gendarmeria, entre ellos el diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita y la diputada Victoria Donda, quien llegó al Congreso en muletas producto de los golpes en las piernas recibidos, el caso más grave registrado fue del diputado por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, quien fue golpeado y pateado en el piso por efectivos de Gendarmería hasta quedar inconsciente. Estas agresiones fueron repudiadas por el arco político opositor, mientras que el oficialismo no emitió comunicado alguno, mientras que Elisa Carrio de la alianza oficialista lanzo un ironico twit burlandose de los diputados agredidos por Gendarmería . A la diputada Mayra Mendoza le tiraron gas pimienta en la cara, por lo que debido a las heridas debió ser atendida en un bar frente al Congreso. Conocidas las agresiones del día 13 de diciembre, al diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita y la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, entre otros, y lo que sufrieron el día 14 otros legisladores, el caso más grave fue el del diputado del FPV-PJ por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, quien fue golpeado y pateado en el piso por efectivos de Gendarmería hasta quedar inconsciente. La diputada Carrió respaldó la represión y advirtió a los opositores: "Tengan cuidado los diputados de la oposición de no atropellar a las fuerzas del orden". Recibió la respuesta de Victoria Donda, quien llegó al Congreso en muletas: "Lo primero que quiero decir es que tenga un poquito de respeto y solidaria con una colega que también es diputada", dijo. Y continuó, dirigiéndose a la dirigente macrista: "¿Quéres venir a ver mis piernas? ¿Sabes por qué mi hicieron esto? Por que no quieren que defendamos a los jubilados y los pobres". Diferentes diputados opositores fueron heridos por la represión , entre ellos la diputada Mayra Mendoza, a quién uno de los efectivos le tiró gas pimienta en la cara. La legisladora tenía su credencial de diputada en la mano, visible. También fue agredido el diputado por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, al que la Gendarmería le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente, tirado en el piso.
El gobierno mandó a la Gendarmería a la puerta de las oficinas de los diputados, tras lo cual Gendarmería se metió en el edificio anexo de diputados. "Así encontré la entrada a mi oficina. No se puede sesionar en este contexto de militarización. La Gendarmería que ayer reprimió, hoy está ingresando en un anexo de diputados", tuiteó el diputado Leonardo Grosso. Minutos antes de que comience la sesión, la policía federal y gendarmería golpearon y arrojaron gas pimienta a diputados de la oposición para que no ingresen al Congreso.Varios diputados opositores fueron agredidos por Gendarmería al intentar ingresar al Congreso para votar contra el proyecto, entre ellos Leonardo Grosso, que fue mordido por un perro de la fuerza y golpeado, dijo que no están dadas las garantías para sesionar.el operativo de Gendarmería Nacional respondió a las órdenes directas de la ministra Patricia Bullrich.Tras ello se emitió un comunicado mencionando que "La militarización del Congreso y posterior afectación de la libertad de ingreso y egreso, así como la agresión física ejercida sobre las y los legisladores (que incluye la producción de lesiones a través de golpes y patadas realizadas por personal policial y hasta mordeduras de los perros utilizados por las fuerzas de seguridad en el operativo) fue efectuada en el acceso al Congreso Nacional y en momentos en que se encontraban sesionando válidamente sus comisiones"
El diputado del FPV-PJ, Matías Rodríguez, herido también tras la represión, denunció ante las agresiones a los diputados opositores «Los gendarmes nos decían que eran órdenes directas del Ejecutivo».
Minutos después la Gendarmería ingresó en la puerta de las oficinas de los diputados, tras lo cual efectivos de esta fuerza ingresaron por la fuerza en el edificio anexo de la cámara.
Al día siguiente de fracasada la primera sesión, desde la Casa Rosada citaron a los gobernadores y opositores afines para hacer un nuevo acuerdo, con la advertencia de que si entonces no se aprueba Macri apelaría a un decreto para imponer su voluntad. El presidente del bloque macrista en la Cámara baja, Nicolás Massot, lo expresó sin disimulo: «El decreto de necesidad y urgencia está firmado por todos los ministros, solo falta la rúbrica del Presidente».
También se denunciaron “aprietes” por parte del gobierno y de voceros del Grupo Clarín a gobernadores para que aprueben la reforma. Un gobernador declaró "Molesta que me aprieten".
Días antes de la aprobación del proyecto, una amplia encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), arrojó que un 71,6 por ciento de los entrevistados opinaban que la reforma beneficiaria poco y nada a los jubilados Además, que uno de cada cuatro personas considera que la reforma podría llegar a ser positiva, pero siete de cada diez –el 70%- opinaba lo contrario, argumentando que terminará reduciendo el salario de millones de jubilados en todo el país (en referencia a la reducción en la fórmula con la que se calculan los haberes). La encuesta realizada por el CEOP midió parte del rechazo generalizado a esta medida, a la cual debe agregarse la importante consideración de que durante los primeros dos años del gobierno macrista, las obras sociales y los medicamentos subieron fuertemente en los meses previos, muy por encima de la inflación. Un estudio de la encuestadora Analogías arrojó que el 80,6% "no está de acuerdo" con modificar la fórmula del aumento de las jubilaciones.
Por su parte, la principal central de trabajadores, la CGT, en principio convocó a un paro nacional para el viernes 15 de diciembre, en rechazo al proyecto. Tras la amenaza de sacar la ley por decreto y los incidentes dentro y fuera del Congreso, la Iglesia y la Conferencia episcopal llamaron al diálogo y al respeto de las instituciones. Finalmente el 18 de diciembre a las 10:30 el Consejo Directivo de la CGT llamaría a un paro de 24 horas desde ese mediodía hasta el mediodía del 19 de diciembre con cese de transportes públicos a partir de la medianoche. La central gremial no se movilizó a Congreso "por los desmanes del jueves pasado".
Desde las últimas horas del 18 de diciembre y en la madrugada siguiente, mientras se debatía por segunda vez el proyecto, se produjeron masivos cacerolazos en todo el país en oposición al proyecto. En algunos casos, los manifestantes portaban carteles con diferentes consignas entre ellas "Qué futuro puedo tener si me quitan mis derechos" y "Macri: no le robes a mis abuelos".
En la Ciudad de Buenos Aires, hubo cacerolazos en los barrios de Núñez, Devoto, Belgrano, Colegiales, Almagro, Villa Crespo, San Telmo, Parque Patricios, Mataderos, Recoleta, Palermo, Lugano, Caballito, Boedo, Saavedra, San Cristóbal, Parque Centenario, Parque Chas, Versalles, Abasto, Floresta, Nueva Pompeya, La Paternal, Chacarita, Coghlan y Agronomía, entre otros.
En el gran Buenos Aires se registraron cacerolazos en Avellaneda, Monte Grande, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Haedo, Castelar, Olivos, Tigre, y Berazategui. También en Tres de Febrero, Ramos Mejía, Gregorio de Laferrere, Quilmes, San Martín, San Miguel y Caseros.
En la provincia de Buenos Aires, se produjeron protestas en La Plata, Villa Elisa, Luján, Junín, Bahía Blanca, Tandil, y Mar del Plata.
En el interior del país, se llevaron a cabo protestas en las capitales de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, y Tierra del Fuego.
Las protestas y cacerolazos se reprodujeron en otras importantes ciudades, como Comodoro Rivadavia, Rosario, donde las protestas se extendieron hasta el Monumento a la Bandera, Concordia, Gualeguaychú, Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Río Grande (Tierra del Fuego), General Roca, Puerto Madryn, y Plottier.
El presidente Mauricio Macri ordenó realizar informes de inteligencia sobre los cacerolazos.
En tanto el 26 de diciembre, la Unión de Trabajadores de la Tierra, llevaron 20 mil kilos de su producción a la Plaza del Congreso para repartir gratis entre los jubilados. Pequeños productores anunciaron que donarán su mercadería a los perjudicados por la reforma previsional que podían acercarse. "Donamos nuestra producción a los jubilados no porque nos sobre, sino porque creemos en la solidaridad del pueblo", sostuvieron en la convocatoria a este nuevo verdurazo.
A raíz de la represión policial donde fueron arrestados y heridos trabajadores de prensa que cubrían las mismas, la Asociación de Reporteros Gráficos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires convocó a marchar al Congreso. Los trabajadores de prensa responsabilizaron al Gobierno por "la brutalidad y el desborde de la represión ejercida sobre la prensa" y llamaron a repudiar el violento accionar de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre en rechazo a las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, adviertieron además que no hay garantías para el ejercicio de la prensa.Diversas asociaciones de periodistas repudiaron la violencia ejercida contra al menos 23 periodistas, 13 de los cuales fueron heridos por las fuerzas de seguridad (el caso más grave fue el del fotógrafo Juan Pablo Barrientos de Revista Cítrica baleado con más de 20 impactos de bala de goma) y 10 por grupos de manifestantes (el caso más grave fue el del comentarista Julio Bazán del grupo Clarín al que le arrojaron brasas candentes). La Academia Nacional de Periodismo consideró que la violencia contra los periodistas constituía una "involución intolerable".
El presidente de Brasil, Michel Temer, elogió a Macri por el recorte jubilatorio, afirmando que "sirve de ejemplo", en alusión a un proyecto similar que intenta aplicar en su país.
La ley finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados con 128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones.
Al día siguiente de la votación, la ciudad amaneció empapelada con los rostros de cuatro de los legisladores que votaron la reforma previsional con la leyenda de "Traidores" como mensaje.
La legisladora de Chubut, Rosa Muñoz, mostró un mensaje de un funcionario nacional en el que le mandaron al gobernador de Chubut la foto de su banca vacía y el texto "tu diputada todavía no se sienta", para intimidarla a dar quorum y votar la reforma previsional. Respecto a su voto dijo "Amenazaron con no enviar fondos para pagar sueldos. Pensé en mi provincia, a quién represento y tuve que tomar una decisión que no fue la que me pidieron". e indicó que hubo presiones que modificaron su intención primaria que era rechazar el ajuste a jubilados. "El gobierno nacional presionó a todos los gobernadores", dijo.
El periodista Jorge Rial reveló cómo se produjo la presión por parte del Gobierno de Mauricio Macri a los medios de comunicación para no hablar de represión que ocurrió ese jueves en el Congreso. El periodista aseguró que "la presión más fuerte desde el poder sobre los medios era que no usaran la palabra represión". Esta declaración se verificó con las tapas de los diarios del viernes 15, que destacaron (salvo Crónica y Página/12) imágenes de manifestantes respondiendo a la policía, además de no hacer en ningún renglón referencia a una represión.
Días después de la aprobación de los recortes, y pocas horas antes de que comenzara la sesión en la que se aprobó en Diputados el Presupuesto 2018, Cambiemos agregó una planilla extra de obra pública concentrada en las provincias cuyos legisladores apoyaron la reforma previsional, quienes recibieron a cambio del apoyo 10 mil millones de pesos.
El 19 de diciembre, se filtró un mensaje de la diputada nacional Mayda Cresto (Argentina Federal), donde contaba que estaba “condicionada” a votar a favor del ajuste previsional, debido a que el gobierno nacional de Mauricio Macri presionaba al gobernador Gustavo Bordet con la amenaza de que no podría “pagar los sueldos” en la provincia si los legisladores que le responden no la apoyan. Un día más tarde, el abogado Pedro Lamadrid de Concordia e integrante del Foro de Abogados de Entre Ríos, radicó una denuncia penal para que se investigue el posible delito de coacción por parte del gobierno nacional hacia el provincial, luego de que se conozca el mensaje de Cresto.
En tanto, el diario oficialista Clarín informó que el gobierno de Macri negoció a cambio del apoyo al recorte de las jubilaciones, más fondos y obras para las provincias que lo respalden.
El cambio en la fórmula de actualización de las prestaciones de la Rerfoma generó una causa judicial en donde el objeto de discusión fue cómo actualizar los haberes jubilatorios de los beneficiarios previos a la Reforma.
El 18 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un fallo testigo a favor del jubilado Blanco en relación al índice utilizado por la ANSES para el cálculo de actualización de los haberes. El fallo resuelve la utilización del índice de los salarios de la construcción (ISBIC), y no el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) como era pretendido por la defensora ANSES para el cálculo de la movilidad jubilatoria del demandante. El fallo fue por votación mayoritaria con el voto afirmativo de los jueces Maqueda, Lorenzetti, Rosatti, Highton de Nolasco y en disidencia los jueces con el voto en contra del juez Carlos Rosenkrantz.
Si se analiza el período corrido desde septiembre de 2017 (última movilidad otorgada con la fórmula anterior) a mayo de 2019, el índice de precios al consumidor aumentó un 87%, mientras que la movilidad otorgada a los haberes previsionales fue del 44%. Resultando una pérdida del 30 por ciento del poder adquisitivo.
En total se calculó que para fines de 2019 hubo un recorte de hasta 30% en los montos de las jubilaciones, siendo el porcentaje de pérdida de poder adquisitivo en los haberes jubilatorios por el cambio en el cálculo de actualización de la reforma de 2017. Luego se comenzó a aplicar la diseñada por Macri posteriormente suspendida por la nueva gestión que combina 70% del índice de inflación y 30% de la variación de salarios. Así, en 2018 la suba de los precios ascendió al 47,6%, y los haberes aumentaron el 28,5%: un retroceso de 19,1 puntos y en 2019 de enero a diciembre los haberes subirán el 50,1%, con una inflación estimada de 55,6%.