Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por la comunidad internacional durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014, las protestas de 2017 y las protestas de 2019 y 2020, así como también las acusaciones de imposición desde el ejecutivo de una Asamblea Constituyente (ANC) controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, y la celebración anticipada de las calificadas como ilegítimas elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las elecciones parlamentarias por parte de la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Consejo Moral Republicano (integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo), de la disuelta ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. En 2017 Venezuela pasaba por una hiperinflación;el Banco Central dejó de informar desde 2016 las variables económicas, el país sufría una recesión económica desde el 2014 y los indicadores de riesgo-país subieron, cayeron en default más adelante.
Para marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países. En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro.
Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolansky ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedio, y The Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho, que las sanciones de Estados Unidas impuestas recientemente.
Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Un reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, "la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones".
En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera, agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que "la crisis las precedía".
Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá y restricciones en países latinoaméricanos son los que han aplicado medidas.
El 12 de septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que el exministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense, declarando la existencia de evidencias de que apoyaron materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico.
La Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela (S. 2142) (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) es una ley aprobada en Estados Unidos y usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 en dicho país.
El proyecto fue presentado por el senador Robert Menendez el 13 de marzo de 2014. Fue entonces aprobada por el Senado el 7 de diciembre de 2014 y posteriormente aprobado por la Cámara el 10 de diciembre de 2014 donde posteriormente se convirtió en ley por el presidente Barack Obama. El 18 de diciembre de 2014, el presidente Obama firmó el proyecto de ley.
El presidente Donald Trump amenazó aplicar sanciones económicas si el gobierno continuaba intentando implementar la Asamblea Constituyente, afirmando que «el pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho» en referencia a la consulta nacional del 16 de julio. El ALBA acusó la existencia de injerencia política extranjera en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos en respuesta a las elecciones de la Asamblea Constituyente.
El 2 de febrero de 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política. Las restricciones de visados también incluyen a los familiares de las personas involucradas en los alegatos, con el Departamento de Estado diciendo: "Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, quienes se benefician de la corrupción pública y sus familias no son bienvenidos en los Estados Unidos".
El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar los bienes y activos de siete funcionarios: Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto». Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos recogen: «erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población». Gustavo González López, director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (SEBIN), fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas; tras el anuncio de sanciones, González López fue promovido Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz por el presidente Nicolás Maduro, quien declaró: "He decidido nombrar al Mayor General González López Ministro de Interior, Justicia y Paz para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional". Posteriormente regresó a su cargo como director general del SEBIN.
Se instala la nueva Asamblea Nacional con la juramentación de 112 parlamentarios opositores, cinco días después el TSJ desactiva la Asamblea nacional declarándola en desacato, el TSJ aprueba el Decreto de Estado de Emergencia para que Nicolás Maduro gobierne el país y el presidente de la Sala Constitucional del TSJ Juan José Mendoza leyó el documento donde se declara que la AN "no tiene junta directiva válida" y por lo tanto el TSJ declara «actos "nulos de toda nulidad" durante todo el periodo 2016-2017
En marzo el la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante sentencia 156 decide asumir las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional "mientras esta institución se mantenga en desacato". La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció en el acto de presentación del informe anual de gestión del Ministerio Público criticó las sentencias 156 SC-TSJ emitidas, expresando que las mismas comprometían el Estado de derecho en el país y que rompían el orden constitucional, al quitarle todas las competencias de la Asamblea Nacional. El 19 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.
Para el 31 de julio de 2017, un día después las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, penalizó a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El 9 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inmobilizó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, al coronel Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio.
El 19 de marzo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que impide a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de los Estados Unidos, a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela. La Orden Ejecutiva de Trump hace referencia al "Petro" y prohíbe todas las transacciones relacionadas con la misma a partir del 9 de enero de 2018.
El 18 de mayo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (en inglés Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), agregando a Diosdado Cabello, el segundo personaje más importante dentro del chavismo y actual integrante de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro; José David Cabello hermano de Diosdado Cabello y presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y Ministra de Turismo; y Rafael Sarría un empresario con propiedades dentro de los Estados Unidos y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.
El gobierno de Estados Unidos impuso el 25 de septiembre de 2018 una nueva ronda de sanciones personales en contra de funcionarios venezolanos, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció que las medidas que afectan a la primera dama, Cilia Flores; ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez; ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez; José Omar Paredes y Edgar Sarria.
El 8 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones contra siete figuras relacionadas con el gobierno venezolano: Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, exenfermera y exguardaespaldas de Chávez respectivamente; Leonardo González, expresidente del Banco Industrial de Venezuela; Raúl Gorrín, presidente del canal de televisión Globovisión; Gustavo Perdomo, director ejecutivo de Globovisión y su familia, su esposa Mayela Tarascio de Perdomo y María Perdomo. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades, incluyendo al canal de televisión Globovisión, con el fin de impedir a empresas o ciudadanos estadounidenses tengan vínculos con esas instituciones.
El 28 de enero el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro cancelan las órdenes de compra a PDVSA y ceden el control de su filial CITGO y de cuentas bancarias del estado venezolano en su territorio al Gobierno de Transición de Guaidó.
El 5 de abril EE. UU. anunció sanciones contra 34 embarcaciones que PDVSA utiliza para transportar petróleo venezolano a Cuba
El 5 de agosto El Presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro, decreta bloqueo económico total salvo exepciones. La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, consiste en que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera
El 24 de septiembre EE.UU. sanciona a cuatro empresas navieras por llevar crudo venezolano a Cuba. al igual suspende el ingreso a todos los funcionarios de la ANC viceministros y cargos superiores
El 4 de diciembre nuevas sanciones a seis petroleros venezolanos la OFAC identifica a los barcos como Ícaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare todas propiedad de PDVSA
El 13 de enero el gobierno de EE.UU. sancionó a siete diputados que se juramentaron en la directiva de una nueva Asamblea nacional se trata de Luis Parra, sus dos vicepresidente, los diputados Flanklin Duarte, José Gregorio Noriega y los diputados José Brito, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Superlano, y Negal Morales Llovera.
El 26 de marzo William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, anunció cargos de narcoterrorismo y corrupción contra Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno venezolano, ofreciendo recompensa de 15 millones de dólares por información para su captura. los otros miembros son: Diosdado Cabello y Tarek El Aissami se ofrece 10 millones, el general Hugo Carbajal y el general Clíver Alcalá Cordones se ofrece recompensa de 10 millones otros personajes, incluyen a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe del Ejército, el general Néstor Reverol, al frente del Ministerio del Interior; el general Luis Motta Domínguez, exministro de Electricidad Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, Edylberto José Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel, ambos exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana. EE. UU. calcula que las Farc y el 'Cártel de los Soles' consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.
El 18 de junio el Departamento del Tesoro de EE.UU sancionó una red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck El Aissami Maddah bajo la modalidad de un programa "petróleo por alimentos" la empresa involucradas son Libre Abordo SA. que tiene su sede en Ciudad de México y Schlager Business Group y las siguientes personas Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, de nacionalidad mexicana, y su madre, Verónica Esparza García.
El 18 de diciembre el gobierno de Estados Unidos sanciona a EX-CLE Soluciones Biométricas, empresa encargada de prestar servicio al CNE en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, calificadas como fraudulentas.
El 19 de enero el Departamento de Tesoro de EE.UU. sancionó a tres personas relacionados con la venta de petróleo de PDVSA a México, ellos son: Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Philipp Paul Vartan Apikian. Además a 14 entidades y seis embarcaciones considerados dentro de una red más amplia involucrada en la venta de petróleo venezolano con sede en México dirigidas por Libre Abordo, S.A. sancionado en junio de 2020
El 18 de enero de 2018 la Unión Europea, junto a sus países asociados en semanas posteriores, sancionaron a siete funcionarios del Estado venezolano por ser señalados como autores del deterioro de la democracia en el país: Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Gustavo González, Antonio Benavides, Tibisay Lucena, Maikel Moreno, y Tarek William Saab, prohibiéndoles hacer transacciones con personas o entidades, así como también la entrada a las naciones de dicha comunidad.
Adicionalmente, en 2017 la Unión Europea aprobó un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión contra Venezuela, con la excepción de ya firmados a menos que se trate de material que pueda utilizarse para la represión. Para 2018, la Unión Europea prolongó las sanciones contra Venezuela por el deterioro de la situación en el país.
El 22 de febrero de 2021 la UE sancionó 19 funcionarios del régimen de Maduro, van ya 55 personas sancionadas por el consejo de la Unión Europea
El 18 de marzo de 2021 en un documento publicado se detalla que 8 países se unieron a las sanciones de la UE, estos son los países candidatos Macedonia del Norte, Montenegro y Albania, los países de la Asociación Europea de Libre Cambio Islandia y Liechtenstein, así como Ucrania, Moldavia y Georgia se unieron a esa decisión.
El 27 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá aplicó una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política oficialista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de la primera dama Cilia Flores.
El 28 de marzo el Consejo Federal de Suiza implementó sanciones contra Venezuela, congelando los fondos de siete ministros y altos funcionarios «a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas», prohibiéndoles la entrada al país y siguiendo las medidas impuestas por la Unión Europea.
El 20 de abril el Senado Mexicano aprobó un Punto de Acuerdo en la que se puntualiza, entre otras cosas, rechazar las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo, la congelación de bienes de funcionarios del gobierno de Maduro y la prohibición de entrada al país de éstos. Los altos cargos del Estado venezolano que fueron sancionados son: Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, Tarek William Saab, fiscal de la República, y Tibisay Lucena, presidenta del CNE.
En 2020, después de haberse separado de la Unión Europea, el ministro de exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, anunció que el gobierno británico a través de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Her Majesty’s Treasury (HM Treasury) adoptaría las mismas sanciones que la UE dictó en junio de ese año contra once dirigentes chavistas, y que elevarían a 36 el total de sancionados. En 2021 el país sanciona a tres militares más.
Leyenda: Funcionarios del Poder Público Funcionarios activos de instituciones Otros partidarios oficialistas Familiares de la pareja presidencial
(sanción retirada)
El 5 de enero, día en el que se llevaría a cabo la reelección de la presidencia de la Asamblea Nacional, un grupo de diputados de oposición se separaron de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente, proclamando así una junta directiva alterna presidida por Luis Parra, posteriormente otro grupo en sintonía con el TSJ se adjudicaron las tarjetas de los grandes partidos de oposición y sus directivas, ante esto fueron acusados de colaboracionistas con el chavismo y sancionados varios de ellos.
Algunos países como Estados Unidos y Panamá han promovido sanciones contra empresas estatales y empresas privadas, así como buques o aviones que tienen tratados o relación con el gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de EE. UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Iriamni Malpica Flores (Directora, presidenta, secretaria y suscriptora)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Carlos Malpica Torrealba (Director, presidente, tesorero y suscriptor)
Iriamni Malpica Flores (Directora, secretaria y suscriptora)
Gustavo Perdomo
Gustavo Perdomo
María Perdomo
Mayela Tarascio-Pérez
Mayela Tarascio-Pérez
Gustavo Perdomo
Guillermo Carlos San Agustín
Olga María Zepeda Esparza
Verónica Esparza García
En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó que "la información recopilada indica que la crisis socioeconómica se había estado desarrollando durante varios años antes de la imposición de estas sanciones". Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la OACDH, actualizó la situación en un informe oral de marzo de 2019 luego de la visita de una delegación de enviada a Venezuela, declarando que el gobierno no había reconocido ni abordado el dramático deterioro de las condiciones, y estaba preocupada por la "crisis económica y social generalizada y devastadora que comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas".
En respuesta a las sanciones de Estados Unidos, el Ministro de Industrias y Producción Nacional Tareck El Aissami anunció en octubre de 2018 que todas las subastas gubernamentales de divisas ya no se cotizarán en dólares estadounidenses y utilizarán euros, yuanes chinos y otras monedas en su lugar. El Aissami dijo que el gobierno abriría cuentas bancarias en Europa y Asia como posible solución a las sanciones económicas. Además, el sector bancario de Venezuela ahora podrá participar en subastas de divisas tres veces por semana, y agregó que el gobierno vendería unos 2.000 millones de euros en medio de un repunte de los precios del petróleo. En una conferencia de prensa de las Naciones Unidas en febrero de 2019 rodeado por diplomáticos de otros 16 países, incluidos Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Cuba, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que las sanciones económicas han "bloqueado" la economía venezolana, con un costo de 30 mil millones de dólares.
David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados Venezolanos, en Public Radio International dijo que las sanciones antes de 2019 estaban dirigidas a las "élites" de Maduro y el chavismo, con poco impacto en el promedio de los venezolanos. El Washington Post declaró en 2019 que "la crisis es comenzó mucho antes de las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos".
En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins publicaron conjuntamente un informe titulado "La emergencia humanitaria de Venezuela: se necesita una respuesta a gran escala de la ONU para abordar las crisis de salud y alimentaria", señaló que la mayoría de las sanciones iniciales fueron "limitadas a cancelar visas y congelar activos de funcionarios clave implicados en abusos y corrupción. De ninguna manera apuntaron a la economía venezolana". El informe también señaló que la prohibición de 2017 de negociar con acciones y bonos del gobierno venezolano permite excepciones para alimentos y medicinas, y que las sanciones de PDVSA del 28 de enero de 2019 podrían empeorar la situación, pero "la crisis la precede".
Tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a la compañía petrolera nacional de Venezuela en enero de 2019, Sachs y el relator especial de la ONU Idriss Jazairy expresaron su preocupación por el uso de sanciones para "buscar un cambio de gobierno". Jazairy instó a todos los países a "evitar aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo exige la Carta de la ONU". En mayo de 2019, después de que EE. UU. Prohibiera al banco central de Venezuela realizar transacciones en dólares estadounidenses e indicara que cortaría el acceso a las remesas personales y tarjetas de crédito de EE. UU. Para marzo de 2020, Jazairy emitió una declaración adicional en la que expresaba su preocupación por las sanciones de EE. UU., Cuestionando cómo las medidas "pueden tener como objetivo 'ayudar al pueblo venezolano' como afirma el Tesoro de Estados Unidos", argumentando que dañan la economía venezolana e impiden que los venezolanos envíen dinero a casa. En el comunicado de prensa que anuncia las sanciones, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que "si bien esta designación inhibirá la mayoría de las actividades del Banco Central emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro, Estados Unidos ha tomado medidas para garantizar que las transacciones regulares con tarjetas de débito y crédito puedan seguir adelante y las remesas personales y la asistencia humanitaria continúan sin cesar".
En una entrevista a fines de mayo de 2019, Guaidó dijo que las sanciones habían debilitado una red de espías cubanos que operaba en Venezuela.
Los investigadores Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en su investigación "Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela" afirman que las sanciones han agudizando la crisis económica y esta tuvo un impacto desproporcionado en los venezolanos más pobres y más vulnerables, reduciendo la ingesta calórica de la población, aumentando las enfermedades y la mortalidad (tanto en adultos como en menores), estimando unas 40000 muertes entre 2017 y 2018. En cuanto al aspecto legal, afirman que estas sanciones encajarían en la definición de «castigo colectivo de la población civil», tal como se describe en los Convenios de Ginebra y la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de las cuales Estados Unidos es signatario. Estas sanciones -sostienen- también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU, y parecería ser que también violan la legislación estadounidense.
El economista Ricardo Hausmann y compañero de investigación Frank Muci publicó refutación del reporte del CEPR en Americas Quarterly, señalando que para probar su hipótesis, Weisbrot y Sachs toman a Colombia como contrafactual para Venezuela, y sosteniendo que Colombia no es un buen contrafactual. En su refutación, Hausmann y Muci explican que las tendencias de producción petrolera entre ambos países fueron muy diferentes en la década antes de las sanciones y que ambos países eran radicalmente diferentes en otras dimensiones. La respuesta también incluye que tan solo un mes después de las sanciones financieras a finales de 2017, Nicolás Maduro despidió a tanto los relativamente tecnócratas presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como el ministro de petróleo y los reemplazó con un solo militar general sin experiencia en el petróleo, quien a su vez procedió a despedir y a encrcelar a más de 60 altos funcionarios de la compañía petrolera, incluyendo a su ex presidente, bajo cargos de corrupción, mientras que nada remótamente similar había ocurrido en Colombia, confundiendo así los efectos de las sanciones con aquellos de los despidos. Ricardo Haussman afirma que el análisis es defectuoso al hacer suposiciones incorrectas de Venezuela basadas en un país diferente, Colombia, declarando que "tomando lo que ocurrió en Colombia desde 2017 como contrafactual para lo que pudo haber pasado en Venezuela si no hubieran sanciones financieras no tiene sentido." Los autores también declaran que el análisis fracasó en descartar otras eplicaciones, definiéndolo como un razonamiento descuidado, y que falló en contabilizar correctamente las finanzas de PDVSA.
El sitio de verificación de hechos Verifikado determinó que la afirmación era falsa, señalando que hasta el mismo reporte admite que "nunca conoceremos cual la información contrafactual habría sido" (qué habría ocurrido sin las sanciones), y que el reporte minimiza la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en las muertes. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos comentó que "como los mismos autores conceden, el reporte está basado en especulación y conjetura", agregando que "la situación económica en Venezuela se ha estado deteriorando por décadas, como los mismos venezolanos confirmaría, debido a la ineptitud y la mala gestión económica de Maduro."
Rafael Cusano, presidente de Fedecámaras, aseguró en febrero de 2020 que las sanciones «están mal explicadas y han generado daños colaterales a la economía venezolana», por lo que «hay empresas venezolanas quienes no han sido sancionadas y han enfrentado dificultades para seguir operando». Sin embargo, Cusano aseguró estar de acuerdo con las sanciones individuales contra funcionarios gubernamentales. En un reporte publicado en febrero de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) afirmó que «las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo». Sin embargo, el reporte enfatiza que «la mala gestión de la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), así como a la caída de los precios del petróleo como otros factores que han influido en el desempeño económico del país».
La relatora de las Naciones Unidas bielorrusa Alena Douhan visitó Venezuela entre el 31 de enero de 2020 y el 13 de febrero de 2021. Douhan declaró en su informe preliminar el 12 de febrero que las sanciones en contra Venezuela ha tenido un impacto en tanto la economía y la población. Mientras 66 ONGs venezolanas,[¿cuál?] le pidieron a Douhan en una carta abierta que considerara el impacto negativo de las sanciones en el contexto de años de represión, corrupción y mal manejo económico que preceden las sanciones antes de su aplicación.
Douhan fue duramente criticada por la sociedad civil venezolana, y diversas organizaciones no gubernamentales, que se pronunciaron en redes sociales con la etiqueta #Lacrisisfueprimero. El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) expresó “preocupación” por lo que calificó de lenguaje “poco contundente” utilizado por la relatora, y aunque consideran que las sanciones afectan a la población, también consideran necesario que en un próximo informe se aborde la situación desde “el verdadero origen” de la emergencia humanitaria compleja, pues subraya que es consecuencia de “políticas de desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho” al igual que índices de corrupción "únicos en el mundo". Katherine Martínez, directora de la ONG "Prepara Familia", una organización que brinda apoyo a madres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, declaró que aunque la relatora especifica la "grave situación" que vive el país, su informe no establece las causas reales y considera que "falta mucho por decir", manifestando que es importante que se evidencie “claramente la situación preexistente” de la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud.
Mariela Ramírez, vocera del Foro Cívico Nacional y coordinadora del "Movimiento Ciudadano Dale Letra", cuestionó que Douhan no se haya referido a las causas de las sanciones al término de su visita en Venezuela, declarando que desconoció violaciones a los derechos humanos y desmantelamiento del Estado. Molly De La Sotta, representante de la ONG "Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela" y hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien permanece en detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde mayo de 2018, señaló que la ONG solicitó con anticipación una reunión con la relatora Dourhan, sin obtener respuesta alguna, y que la organización tenía la intención de presentarle la lista de militares que tienen procedimientos especiales de Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas donde se solicita su liberación, aquellos que han cumplido la condena y continúan presos detenidos y torturados, y el hecho de que para febrero de 2021 los militares en SEBIN, Ramo Verde y La Pica tienen once meses sin visita familiar ni de abogados. Miguel Pizarro, comisionado ante las Naciones Unidas designado por Juan Guaidó, sostuvo que la relatora siguió la narrativa de Nicolás Maduro de las sanciones.
De acuerdo con el economista venezolano Manuel Sutherland, a pesar de que alimentos, medicinas y otros insumos calificados como ayuda humanitaria están exentos de sanciones directas, su importación termina siendo afectada indirectamente. Sin embargo, Sutherland asegura que las sanciones individuales no tuvieron ningún impacto en la economía venezolana, pero sí las pertinentes a sanciones financieras —en específico contra el Banco Central de Venezuela y el bloqueo de cuentas en el extranjero— que iniciaron en 2017, y las económicas y petroleras de mayor énfasis en 2018 y 2019. Asimismo, aunque Sutherland insiste en afirmar que las sanciones generales han afectado «terriblemente» la economía venezolana, él defiende que «ellas agravan una crisis previa», pero no son la causa de la misma. Sin embargo la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan le responde que las sanciones fueron aplicadas unos meses antes de declararse en Default a Venezuela y que existe una economía subterránea fuerte y más grande que la economía formal, la relatora afirma que ha crecido la corrupción en la venta de petróleo triangulado y hay mucha dificultad para obtener información real y de primera mano de lo que se vende de petróleo.
A fines de 2020, Transparencia Venezuela publicó un informe en el que analiza el impacto de las sanciones internacionales sobre Venezuela, describe el contexto económico y político antes de su aplicación, las razones proporcionadas y ofrece diferentes interpretaciones de sus efectos políticos, sociales y económicos, y por ende la calidad de vida venezolana. también. El informe concluye que un análisis documental dejó claro que las sanciones económicas habían afectado las finanzas públicas en Venezuela, limitando las fuentes de ingresos y el gasto público, así como restringiendo Petróleos de Venezuela, todo lo cual a su vez ha causado daños en la actividad económica del país. Sin embargo, el informe continúa concluyendo que esto no significó que dichas sanciones fueran responsables de la "crisis institucional, política, económica, social y ambiental que ha caracterizado a Venezuela por más de una década"; por el contrario, señala que la evolución de los indicadores en estos campos antes de las sanciones reveló el desarrollo de una crisis provocada por la administración venezolana "cleptocrática, ineficiente y autoritaria".
La consultora ANOVA Policy Research publicó el 20 de enero de 2021 un informe sobre el impacto de las sanciones internacionales contra Venezuela. El informe concluyó que las sanciones estuvieron vinculadas a una disminución en la producción mensual de petróleo, un aumento en la importación mensual de alimentos y un aumento en la importación mensual de medicamentos, detallando que a pesar de una responsabilidad parcial de la disminución de la producción de petróleo, no hubo evidencia de efectos negativos. sobre la importación de alimentos y medicinas.
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