La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue la asamblea constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela que finalmente no promulgó, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado. Su vigencia abarcó más de 3 años, desde el 4 de agosto de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2020. Fue promovida por el mandatario Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2017 mediante decreto presidencial N° 2830, el cual contemplaba la convocatoria y las bases comiciales.
Después de su establecimiento, varios países, incluyendo los miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea, desconocieron a la asamblea. Sin embargo, países aliados del gobierno venezolano reconocieron los resultados, incluyendo a Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
El 30 de julio fueron realizadas elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo (también sede de la Asamblea Nacional).
En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como Secretario de la ANC y Carolys Pérez como subsecretaria. Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes. Y se estableció su hemiciclo de sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el antiguo Senado del extinto Congreso de la República.
En el principio estuvo conformada por 545 integrantes pero para enero de 2018, esta perdió al menos 40 miembros que fueron llamados a ocupar cargos como alcaldes o gobernadores, tomando en cuenta además el deceso de dos de ellos: Tomás Lucena quien fue asesinado y Dionisia Mijoba que falleció de causas naturales.
Aunque inicialmente se planteó que la Asamblea Constituyente tendría una vigencia de dos años, el 2° presidente del organismo, Diosdado Cabello, reiteró que ese lapso podía ser prolongado en caso de ser necesario. El 21 de mayo de 2019 la asamblea aprobó un decreto mediante el cual extendía su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. El 15 de diciembre de 2020, Cabello fijó como fecha de disolución de la ANC tres días después, el 18 de diciembre argumentando que cumplió todos sus objetivos exceptuando el de crear una nueva Constitución. El día de su disolución aprueba por unanimidad, el proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados del poder plenipotenciario y da por concluida su actividad.
En 1999, el presidente Hugo Chávez propuso una convocatoria a referéndum para preguntarle al pueblo venezolano si estaba de acuerdo con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la constitución vigente, acto que se llevó a cabo el 25 de abril de ese año, resultando aprobada por votación popular. Tres meses después, en julio de 1999, el Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones de constituyentistas. Este proceso fue inédito en la historia política venezolana.
En marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento.
Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional", lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.
El presidente Maduro (quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156.
Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas jurídicos y políticos para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia.
Posteriormente, se realizaron protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
Elvis Amoroso (2017)
Aristóbulo Istúriz (2017-2018)
Tania Díaz (2018)
Elvis Amoroso (2017-2018)
Partido Socialista Unido de Venezuela
Comisiones permanentes durante la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Comisión Presidencial para la Constituyente estuvo coordinada por Elías Jaua y como secretario Adán Chávez, y sus miembros fueron:
Según el decreto Nº 2830 firmado por el presidente Nicolás Maduro y el Consejo de Ministros los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serían elegidos mediante voto universal, directo y secreto (artículo 2), en un ámbito territorial y sectorial, bajo el control del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE propuso como fecha de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio. El 4 de junio la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que se inscribieron 18 976 candidaturas para las elecciones territoriales, y 35 438 para las elecciones sectoriales, las cuales elegirían 364 y 173 representantes, respectivamente, además de 8 representantes indígenas, para un total de 545 constituyentes.
El 7 de junio el órgano electoral informó que fueron incorporadas modificaciones a las bases comiciales, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, precisó que en la modificación quedó plasmado de forma clara un artículo que exhortaba a la ANC a que los acuerdos resultantes de sus deliberaciones fuesen sometidos a consulta a través de un referendo y ratificó el 30 de julio como fecha de los comicios.
El 16 de junio, durante una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno organizó en contraparte un simulacro de elección para la Asamblea Constituyente. Según el diputado Henry Ramos Allup, 203 032 personas participaron en dicha simulación, mientras que en la consulta popular participaron más de 7 millones de ciudadanos.
El gobierno invitó a la oposición a participar en el proceso pero fueron muy pocos los electores, las mesas se mantuvieron solas durante las votaciones . Un día después, Nicolás Maduro ordenó la captura de varios líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma por considerar que violaron las restricciones de su arresto domiciliario. Posteriormente Maduro dijo a la oposición: "Ríndanse, están derrotados".
El 30 de julio se realizaron las elecciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, en primer boletín emitido por la presidenta del CNE, se informó que participaron 8.089.320 de venezolanos, lo que representa el 41,53 % del padrón electoral. Sin embargo, según Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien habla de un "fraude evidente", habrían participado solo unos tres millones de venezolanos. Antonio Mugica, representante de Smartmatic, la empresa a cargo del sistema electrónico de votación, en una conferencia de prensa en la ciudad de Londres advirtió que habían detectado una diferencia de al menos un millón de votos. En sus palabras, "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores".. Hizo estas declaraciones desde el exterior para evitar represalias por parte del gobierno junto a él otros 20 gerentes que salieron del país, nunca más volvió a Venezuela
La Constitución de Venezuela de 1999 contempla la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Especialmente en los artículos 347, 348 y 349 citados a continuación:
Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, existen juristas que sostienen que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso y que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, y que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.
Para agosto de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente había allanado la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados. El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Constituyente levantó la inmunidad parlamentaria que gozaba el diputado y esposo de la fiscal destituida Germán Ferrer por presuntos casos de corrupción, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, cuyo poder es el único facultado para realizar tal acción.
El 6 de noviembre de 2017 la Asamblea Constituyente autorizó el enjuiciamiento del diputado opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile en Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia pidiera a al órgano levantarle la inmunidad. La Constituyente decidió “autorizar la continuación del enjuiciamiento” de Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por presunta instigación a la violencia y asociación para delinquir. El presidente del parlamento Julio Borges rechazó esta acción y acotó que la única instancia autorizada para remover la inmunidad es la misma Asamblea Nacional.
El 7 de agosto de 2018 se acusó al parlamentario Juan Requesens junto al también diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, ambos pertenecientes al partido Primero Justicia, de estar presuntamente involucrados en el atentado contra Nicolás Maduro; Diosdado Cabello presidente de la ANC anunció que se trataría el retiro del fuero parlamentario «a diputados implicados en el magnicidio.» El día siguiente la Fiscalía General pidió al Tribunal Supremo de Justicia emitir sentencia para dar pie a la remoción de la inmunidad parlamentaria de Requesens y Borges, la cual fue efectuada y remitida a la Asamblea Nacional Constituyente, quien lo aprobó.
Una de las primeras medidas adoptadas por la ANC, el 5 de agosto, fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que estaba previamente suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia. Dada la destitución, la Guardia Nacional impidió a Ortega entrar en el edificio. Tarek William Saab, hasta entonces defensor del pueblo, fue nombrado nuevo fiscal general.
El 16 de agosto comenzó a funcionar la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, creada por la ANC para estudiar los casos de violencia política entre 1999 y 2017. La comisión estaba dirigida por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.
El constituyente Earle Herrera propuso en sesión extraordinaria de 11 de agosto de 2017 que las elecciones regionales pautadas para el 10 de diciembre fuesen adelantadas al mes de octubre, sin embargo la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez decidió diferir la discusión de la propuesta para una siguiente sesión.
En la sesión del 12 de agosto se aprobó la propuesta y ANC procede a convocar las elecciones regionales.
Posteriormente el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, decide no prestar juramento ante la Constituyente ya que consideraba era algo "contrario a la ley", la ANC había ordenado a que ningún Consejo Legislativo juramentara a quien no se subordinara a ella, por tal motivo pasado los 10 días máximos reglamentarios para su juramentación es destituido por el órgano legislativo estatal, designando a una gobernadora encargada y convocando nuevas elecciones, fijándose la fecha para el mismo día que las elecciones municipales.
Por decreto del 26 de octubre de 2017 la ANC ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país. Posteriormente el Consejo Nacional Electoral las programó para el 10 de diciembre.
La ANC estableció que todos los alcaldes que resultaran electos debían juramentarse ante los constituyentes de cada estado para poder asumir sus funciones.
El 26 de octubre de 2017 la ANC destituyó a Isaías Rodríguez, quien hasta entonces tenía el cargo de segundo vicepresidente en el ente, y fue sustituido por Elvis Amoroso. Esto ocurrió luego de que Rodríguez diera declaraciones en medio de una entrevista transmitida por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), donde reconoció que el organismo del que formaba parte no representaba la solución para los problemas sociales, económicos y políticos que sufría el país.
La Ley contra el Odio fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente el 8 de noviembre de 2017 con el propósito de promover "el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política". El proyecto de ley fue consignado a la Asamblea el 10 de agosto por el presidente Maduro, quien declaró ante los constituyentes que “ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente”, y la discusión del proyecto inició el 4 de septiembre. La ley establece penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos, entre otras sanciones. La ley es polémica y ha sido criticada en Venezuela, cuyos detractores señalan que está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, que establece restricciones a la libertad personal y que promueve tanto la autocensura como la censura.
El 10 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales que estaban pautadas legalmente para diciembre de 2016. En dichos comicios los principales partidos políticos opositores, Voluntad Popular y Primero Justicia, decidieron no participar debido a las pocas garantías electorales que ofrecía el CNE, pues según los presidentes de estos partidos, el CNE funciona como un miembro del gobierno chavista.
Luego de efectuadas las elecciones, Maduro amenazó a Voluntad Popular y Primero Justicia de impedir que participaran en las elecciones presidenciales previstas para 2018. "Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más", afirmó el mandatario tras acudir a votar.
Ese es el criterio que la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo, "ha esgrimido constitucional y legalmente", añadió sin dar más detalles.
El 20 de diciembre de 2017 la ANC estableció por decreto que los partidos que no participaron en elecciones anteriores debían volver a revalidarse ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ya lo habían hecho a principios de año.
El 20 de diciembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente suprime por decreto ambos distritos metropolitanos, con el motivo de que "se alejaban de sus funciones".
Varios dirigentes de la oposición venezolana criticaron gravemente estos hechos por violación a la Constitución, a las leyes y por la cantidad de personas desempleadas debido a esta acción.
El 23 de enero de 2018 la constituyente de Maduro decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril. El decreto de la constituyente fue rechazado por la oposición venezolana, OEA, mayoría de los países de América y todo el continente europeo, por haber sido convocadas estas elecciones por un organismo de cuestionable legalidad, además de que deroga la Constitución venezolana vigente aún al adelantar un proceso que legalmente está pautado para finales de 2018.
Posteriormente Diosdado Cabello, uno de los integrantes de la constituyente propuso adelantar las elecciones parlamentarias legalmente previstas para 2021, pues a su juicio el Parlamento venezolano dejó de existir a raíz de las sanciones ilegales que el TSJ le aplicó al órgano legislativo, anulando todas sus facultades constitucionales. Dicha proposición fue secundada por Nicolás Maduro, quien hizo entrega formal de la propuesta por escrito al polémico organismo, añadiendo a la propuesta de Cabello, la realización de elecciones de Consejos Estadales y Municipales.
El 23 de febrero, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, declaró en rueda de prensa que el día 22 de abril se harían solamente las elecciones presidenciales pues no estaban preparados técnicamente para realizar todas los comicios propuestos por Maduro. El 1 de marzo Lucena rectifica la fecha de los comicios, fijando para el 20 de mayo de 2018 la realización de las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones de Consejos Estatales.
La mayoría de los países del continente americano y la totalidad de países que conforman Europa anunciaron que desconocerían los resultados de dichos comicios por ser ilegales y que quien resultara electo en los mismos, sería un gobernante de facto.
El 2 de agosto de 2018, mediante Decreto Constituyente publicado en la Gaceta Oficial N° 41.452, página 442.670, fue derogado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, con lo cual se abre paso a la libre convertibilidad del bolívar con el libre comercio y libre negociación de las divisas en el país. Este Decreto Constituyente finaliza así el control cambiario que estuvo vigente durante quince años en el territorio nacional.
El 2 de abril del año 2019, después de ser sometido al debate de la plenaria de este Poder Plenipotenciario; es aprobado por unanimidad de la plenaria quedando constituido por dos documentos esenciales para su divulgación en la Gaceta Oficial de Venezuela:
GOE-6.442: Ley Constituyente del Plan de la Patria.
GOE-6.446: Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025.
Los mismos representan las metas e indicadores para el país proyectados a alcanzar para el año 2025, fecha en la que culmina el mandato presidencial de Nicolás Maduro.
El 9 de octubre de 2020 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley antibloqueo que le da poderes especiales al gobierno de Nicolás Maduro para vender empresas públicas y hacer nuevos contratos con empresas privadas. Se publica esta Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos por motivo al fracaso del socialismo siglo XXI implantado por Chávez desde 1999 y la crisis económica que atraviesa el país con una alargada hiperinflación desde el 2017 con más de 600 empresas públicas en crisis.
Después de más de un año sin conocimiento sobre la constitución siendo redactada por la Asamblea Constituyente, el medio Panorama publicó un presunto borrador del texto constitucional compuesto por 411 artículos, contrastado con 350 artículos de la constitución de 1999, citando fuentes vinculadas a la Constituyente. Entre los cambios más importantes se destacarían la extensión del período presidencial por siete años, comparados con los seis años de la constitución vigentes, el establecimiento de Venezuela como un "Estado federal centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente", a diferencia del "Estado federal descentralizado" y el cambio de redacción del artículo 350, el cual hace referencia a la desobediencia civil.
El borrador del texto constitucional también limita el derecho a la propiedad privada, a la libertad económica y al derecho de la ganancia, además del derecho a la manifestación, la protestas y la libertad de expresión y constitucionaliza el control social. Es el primer borrador de texto constitucional con un preámbulo que contenía una mención política y partidista de Hugo Chávez, llamándolo "amado y eterno Comandante".
Hermann Escarrá en ese entonces indicó que el texto se inclinaba a incluir la forma de organización y gobierno de las comunas, la acogida a las llamadas milicias como un componente de las Fuerzas Armadas y la inclusión de un apartado para castigar severamente a quienes incurrieran en el delito de traición a la patria. Por su parte, Efecto Cocuyo publicó una lista oficial de los integrantes de la comisión de la Constituyente quienes se encargarían de la redacción del texto, conformada por 29 integrantes, 20 de los cuales eran constituyentes, el resto abogados, asesores y asistentes administrativos y presidida por Escarrá.
Existió mucha controversia en torno a la constitucionalidad de su convocatoria. Uno de los puntos cuestionados era sobre si el presidente está facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Parte de los juristas afines al gobierno afirmaban que el Ejecutivo sí estaba facultado por el artículo 348 de la Constitución. Otra parte de los expertos sostenía que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso y que solo el pueblo tenía la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. La mayoría de las encuestas de interés nacional afirmaron que una extensa mayoría de la población civil concordaba con dicha interpretación, y que por ello rechazaban la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.
Otro punto controvertido fueron las bases comiciales del proceso que, según el artículo 2 del decreto 2830, eran "sectoriales y territoriales". Varios expertos en derecho, incluyendo la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, argumentaban que este aspecto violaba el principio de universalidad del voto consagrado en el artículo 63 de la constitución.
Dentro del Poder Público Nacional surgieron críticas y rechazos al proceso. La mayoría opositora dentro del Parlamento, Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Tellez diputados por la coalición Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional (AN), Luis Emilio Rondón rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República, Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Marisela Godoy magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gabriela Ramírez exdefensora del pueblo, mayor general Alexis López Ramírez secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) quien también presentó su renuncia, rechazaron la convocatoria con el argumento común de que tal proceso no fue convocado por el pueblo como lo establece el artículo 347 de la constitución y por el carácter sectorial y territorial de las bases comiciales planteados en el artículo 2 del decreto.
El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378 Archivado el 22 de marzo de 2019 en la Wayback Machine. en donde decidió que el presidente estaba facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo:
De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.
Al día siguiente de conocida la decisión del Poder Judicial, la Fiscal General de la República introdujo ante el TSJ un recurso de aclaratoria sobre la sentencia 378 Archivado el 22 de marzo de 2019 en la Wayback Machine., donde solicita explicar cuatro puntos: Retroceso de derechos humanos, vigencia de la democracia participativa y protagónica, diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una ANC y modificación del texto constitucional sin aprobación del Pueblo.
En respuesta a estas controversias; el presidente Maduro anunció que haría la propuesta al CNE de convocar a un referéndum consultivo para la nueva constitución, alegando que una vez que los tentativos cambios sean anunciados, estos se someterían a unas elecciones aprobatorias, de manera que el pueblo apruebe o desapruebe una nueva constitución. La propuesta fue entregada por el comando de campaña Zamora 200 al CNE el 5 de junio.
El 8 de junio, Ortega Díaz interpuso ante la Sala Electoral del TSJ contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, y, subsidiariamente, medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la Constituyente, solicitando la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la convocatoria a la ANC por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales y argumentando que «el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria». Dicho recurso fue apoyado por el Foro Penal Venezolano, cuyo director Alfredo Romero, informó que la institución prestaría su plataforma para apoyar a los ciudadanos que se quisieran adherir al mismo. El 12 de junio la Sala Electoral del TSJ declaró como inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal general, alegando que el amparo cautelar es inoficioso por la «inepta acumulación de pretensiones». Después de declarada la inadmisibilidad, dos tribunales de Nueva Esparta rechazaron otro recurso contra la Constituyente introducido por un grupo de ciudadanos del estado.
Según el Observatorio Electoral Venezolano, el Consejo Nacional Electoral obvió en su cronograma electoral 14 auditorías, varias etapas del proceso y se saltó 70 de 100 actividades previas a cualquier elección contempladas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Tras una denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Cecilia Sosa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior declaró el 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Constituyente, solicitando su disolución y haciendo un llamado a su desconocimiento.
Entre las observaciones que se hicieron, para criticar su elección eran:
Otra controversia resultó de la denuncia que hizo la empresa Smartmatic, que brindó soporte tecnológico a los comicios quienes se sintieron obligados a inflar los resultados en un millón de votantes la denuncia televisada en una entrevista en Londres a su director Antonio Múgica por parte del gobierno la presidente del Consejo Electoral Tibisay Lucena calificó la denuncia de irresponsable y sin fundamento.
Para analizar la crisis de Venezuela, el 8 de agosto de 2017, en Lima (Perú) se efectuó una reunión con los cancilleres de 17 países del continente americano, cuya resulta fue un documento denominado la Declaración de Lima, la cual fue suscrita por 12 países en donde acuerdan, entre varios puntos, condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela y desconocer la Asamblea Nacional Constituyente así como los actos emanados de esta por ser ilegítimos. En la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, sentenció que la constituyente de Maduro representa el quiebre definitivo de la democracia en Venezuela, al mismo tiempo que calificó que en Venezuela hay una dictadura. La declaración fue suscrita por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Más de 40 países han declarado que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente. La Unión Europea y la Santa Sede tampoco reconocieron la legitimidad de la Asamblea. Después del establecimiento de la ANC, Argentina, Colombia, Francia Perú, y los Estados Unidos han caracterizado al gobierno venezolano como una dictadura. Los aliados del presidente Nicolás Maduro, tales como Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Rusia y Siria, rechazaron la injerencia externa en las políticas venezolanas, felicitaron al presidente y reconocieron los resultados de las elecciones.
El 26 de marzo de 2018 a la delegación de la Asamblea Constituyente se le rechazó la entrada a la sesión de la Unión Interparlamentaria que se desarrollaba en Ginebra, Suiza. A la delegación de la Asamblea Nacional se le permitió la entrada como representación legítima; la vicepresidente del comité de derechos humanos de la Unión Interparlamentaria y líder de la delegación de la Asamblea Delsa Solórzano publicó la lista de los representantes en la reunión, en la cual no figuraba la delegación de la Constituyente. Delegación de Constituyentes rechazados
Durante su gestión, tres años de instalada la Asamblea Constituyente de 2017, no se discutió ni se aprobó ningún proyecto de reforma y su objetivo principal fue bloquear el ejercicio de la Asamblea Nacional de mayoría opositora; culminó su periodo el 18 de diciembre de 2020 descartando tal reforma. Su existencia fue considerada ilegal e inconstitucional y estuvo conformada por 545 miembros, todos pertenecientes al partido del gobierno sin la participación de partidos opositores. Estuvo integrada por cuatro veces más diputados y su periodo duró doce veces más tiempo que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El organismo promulgó durante su vigencia 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales y 40 “actos de otra naturaleza”.
El día de su claudicación, desde el salón elíptico del parlamento el mandatario Nicolás Maduro arengó en la última sesión del órgano oficialista que “el objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente (...) era restablecer la paz de la república, la seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país. Hoy puedo decir: Asamblea Nacional Constituyente, ¡misión cumplida!”, e informó que la ANC seguiría "vigilante" hasta finalizar el año.
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