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Sistema Nacional Anticorrupción



El Sistema Nacional Anticorrupción de México, o SNA, es una instancia descentralizada que coordina a las autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para castigar, prevenir e investigar la corrupción en México, tanto la corrupción política como la pública y la policial. Está compuesto por 7 organismos independientes e interconectados, sus funciones incluyen: diseñar políticas anticorrupción, dar seguimiento a reportes ciudadanos, investigar y sancionar delitos de corrupción, y transparentar la información de los funcionarios públicos y del gasto público en México.[1]

Desde la década de los noventa, México ha realizado esfuerzos fragmentados y aislados para combatir la corrupción. La propuesta del SNA es que las instituciones dedicadas a combatir la corrupción coordinen sus esfuerzos en un esquema de pesos y contrapesos capaz de detectar y corregir prácticas sistemáticas de corrupción.

La corrupción en México es considerado uno de los problemas más graves a nivel nacional, algunos estudiosos la consideran más preocupante que la pobreza[2]​pues impide el desarrollo económico y el correcto aprovechamiento de los recursos públicos, es decir, consideran que sin corrupción, la pobreza se erradicaría. Según el índice de percepción de corrupción 2017 emitido por Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 135 de los países más corruptos al obtener sólo 29 puntos de 100.[3]​ Los únicos países de América que obtuvieron peores calificaciones son Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala.

Los niveles de corrupción difícilmente pueden disminuir si las violaciones a la ley no son debidamente castigadas. Esto se conoce como impunidad. De acuerdo al Índice Global de Impunidad, el promedio nacional de delitos denunciados que quedan sin castigar es de 69.84%.[4]​ Sin embargo la mayoría de los estados de la república tienen índices más altos de impunidad. Por ejemplo, en 2018 en el Estado de México se abrieron 202,205 carpetas de investigación por delitos, la cantidad más alta en todo el país, y únicamente 1,209 recibieron una sentencia, es decir el 0.59%.[4]

Entre 1998 y diciembre de 2018, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado 971 denuncias penales por actos de corrupción pública dentro del gobierno de México,[5]​ sólo el 3.5% han sido consignadas.[6]

Durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto propuso la Comisión Nacional Anticorrupción (México) que sirvió para plantear la necesidad de un organismo autónomo, con facultades plenas de investigación y penalización de los delitos de corrupción. Además esta propuesta de proyecto puso en marcha varias reformas constitucionales, las primeras de una larga lista de labores legislativas que permiten la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción y le dan facultades jurídicas plenas.

En 2014 la sociedad civil comenzó la iniciativa ciudadana 3de3 para promover la transparencia y legalidad entre los servidores públicos, legisladores, miembros de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, previo al periodo electoral 2015 y 2016. Consistía en la creación de una plataforma web para que estos individuos publiquen voluntariamente su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos. En febrero de 2016 organizaciones y académicos presentaron una propuesta para la Ley General de Responsabilidades Administrativas,[7]​ que contiene la iniciativa 3de3, junto con otras medidas. El 18 de julio del mismo año, el Congreso de la Unión aprobó el primer paquete de leyes anticorrupción.[8]

Para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el Senado de México emitió 4 leyes nuevas: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,[9]​ la Ley General de Responsabilidades Administrativas,[10]​la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa[11]​y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.[12]​ Y se reformaron 3 leyes: el Código Penal Federal,[13]​la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal[14]​y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.[15]​ Estas leyes implican nuevas responsabilidades y sanciones tanto para funcionarios públicos como para civiles y personas morales.

La primera acción legislativa entorno al Sistema Nacional Anticorrupción fue la reforma del artículo 6º de la constitución que dio pie a la creación de la Ley General de Acceso a la Información Pública.[16]​ Los objetivos de esta ley son:

Considera como datos abiertos los datos digitales y accesibles en línea sobre el ejercicio de la administración pública o de recursos públicos. Deben ser:

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015,[22]​ consta de reformas, adiciones o derogaciones a 14 artículos Constitucionales y es la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. Destacan cuatro: la primera, es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 Constitucional. La segunda, es el reconocimiento de la facultad que tiene el Congreso para expedir las leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 73 Constitucional. La tercera, establece las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción en los artículos 108, 109 y 114 Constitucionales. Y, por último, la cuarta reforma amplía y fortalece las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación en el artículo 79 Constitucional.

En el mismo artículo se reforma sobre la existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa en el Distrito Federal y sus facultades.

Busca establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.[27]​ Los artículos de esta Ley abarcan: integrantes, responsabilidades, nombramientos, atribuciones, procedimientos, patrimonio, sesiones, determinaciones, requisitos, facultades y obligaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.[28]​ Esta Ley busca fijar: 132

Y tiene por objetivo establecer las bases para:

Fue creada para distribuir competencias entre órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas y obligaciones de los Servidores Públicos, las sanciones de las faltas graves para ellos o particulares y sus procedimientos. Queda explícito en esta ley:[29]

Deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,[30]​ tiene por objeto determinar la integración, organización. atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.[31]​ Se destaca por otorgar autonomía constitucional fuera del poder judicial, capacidad de juzgar y emitir sentencias, el principio de verdad material y el principio de proporcionalidad. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

El Tribunal se integra por una Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y Salas regionales.

Se reformó el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubiernamental que tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: I. La Cuenta Pública; II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales.[32]

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Comité Coordinador del SNA, abreviado dentro de los sitios web del gobierno de México con CC, se dedica a realizar mejoras en la coordinación entre las autoridades responsables de fiscalización, control y prevención de corrupción y faltas administrativas. También aprueba, promueve y evalúa las políticas nacionales, establece la coordinación con los Sistemas Locales y aprueba el diseño y funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional.[33]

El Comité Coordinador está integrado por 7 integrantes, titulares de las seis instituciones nacionales dedicadas a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y el titular del CPC:

Este Comité Coordinador se reúne periódicamente en sesiones para intercambiar información y propuestas, así como evaluar resultados. Fue instalado el 4 de abril de 2017.[34]

El Comité de Participación Ciudadana, o C.P.C., busca fomentar que los ciudadanos y académicos tengan un rol activo en combatir la corrupción y que las nuevas políticas reflejen las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en materia de corrupción, por eso están al centro del Sistema Nacional Anticorrupción. Cinco ciudadanos considerados honestos y que gozan de prestigio componen el Comité de Participación Ciudadana, dirigen el sistema y vigilan que funcione. Sus integrantes son:

Algunas de sus funciones son:

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda concretar sus objetivos depende de su Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo:

Esto le permite ser independiente de otros organismos para coordinar las actividades del SNA, tomar decisiones técnicas. El objetivo de la Secretaría Ejecutiva es dar apoyo técnico al Comité Coordinador mediante propuestas para prevenir, controlar e investigar la corrupción.

Por ello, sus funciones son:

La Secretaría Ejecutiva ejecuta y da seguimiento a lo que el Comité Coordinador del SNA se propone hacer.

La Comisión Ejecutiva es el órgano técnico de la Secretaría Ejecutiva. Está compuesta por el secretario técnico de la SESNA y los miembros del CPC, menos su presidente. La Comisión Ejecutiva acuerda la realización de insumos técnicos para proponerlos al Comité Coordinador del SNA.

Algunas de sus propuestas son:

El Sistema Nacional de Fiscalización tiene como objetivo mejorar la coordinación y cumplimiento de responsabilidades de las autoridades de fiscalización y auditoría. Está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, o ASF, la Secretaría de la Función Pública, o SFP, las Entidades de Fiscalización Superiores Locales o Auditorias Locales y los Órganos Estatales de Control o Contralorías.

Cuenta con un Comité Rector configurado como un órgano colegiado que toma las decisiones. Está presidido de manera conjunta por los titulares de la ASF y de la SFP y rotatoriamente integrado por 7 titulares de las Auditorias Locales o de las Contralorías Estatales.

Algunas de sus responsabilidades son:

Parte del Sistema Nacional Anticorrupción está compuesto de 32 Sistemas Estatales Anticorrupción, también conocidos como Sistemas Locales Anticorrupción o por sus dos acrónimos SEA y SLA, se establece uno por cada estado de la república para tener mayor coordinación y alcance de las acciones anticorrupción en los estados del país.

Estos Sistemas Locales deben ser equivalentes al SNA en estructura, competencias y responsabilidades, además de que toman en cuenta las prioridades de cada entidad, por lo que permiten mayor precisión de acción en cada estado del país.

Para lograr establecer su Sistema Estatal Anticorrupción cada entidad debe ajustar su marco legal y con ello establecer los organismos responsables de guiar el combate a la corrupción.

Todos los sistemas locales son regulados por el Sistema Nacional Anticorrupción y se organizan con este para aplicar políticas y acciones coordinadas, por lo que deben cooperar entre ellos.

Los SLA se encargan de prestar apoyo técnico a las autoridades locales de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Emiten: recomendaciones, políticas públicas e informes con atribuciones y procedimientos para darles seguimiento. Sus informes públicos dan aviso de las acciones anticorrupción, los riesgos que identificaron, los costos potenciales generados por la corrupción y los resultados de sus recomendaciones.

Para mayo de 2019 habían sido instalados 29 de los 32 Sistemas Estatales Anticorrupción; sin embargo, para el 16 de mayo de 2019 aún estaba pendiente la ratificación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte del Senado.[35]

Como resultado de análisis de datos oficiales y evidencias generadas por distintas instancias de la sociedad civil, nace la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción.[36]

El Comité de Participación Ciudadana, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva del SNA, tiene la facultad de opinar y realizar propuestas para la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción.[37]​ Para la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción se determinó un mecanismo de Consulta Pública Nacional para la realización del documento.[38]

Como resultado de este proceso colaborativo con fundamentos empíricos, se elaboró la propuesta de política pública en la que la corrupción se concibe de forma sistémica como un orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en particularismo y el favoritismo.

La PNA cuenta con un diagnóstico general dividido en diez temáticas, las cuales se articularon en torno a cuatro ejes estratégicos:[39]

Combatir la impunidad

Controlar la arbitrariedad

Involucrar a la sociedad

Fortalecer los puntos de contacto gobierno - sociedad

Para la articulación de estos ejes estratégicos se definieron cuatro principios transversales, que son: coordinación, derechos humanos, gobierno abierto, e inteligencia y tecnologías.

La Plataforma Digital Nacional es un medio para el intercambio de datos sobre anticorrupción del Gobierno, qué busca ser una fuente de información pública con datos que ayuden a combatir la corrupción.[40]

Mediante el uso de nuevas tecnologías, metodologías de trabajo, ciencia de datos e inteligencia artificial, la PDN busca tener el apoyo y los insumos necesarios para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.[41]

Tiene como objetivos:

Las instituciones de Gobierno continuarán generando datos propios, pero tendrán que ser estandarizados y distribuidos mediante la PDN.

Debido a la complejidad y magnitud del problema de la corrupción en México, el Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta críticas y escepticismo por múltiples frentes como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,[43]​ el público general,[44]​ estudiosos[45]​ y periodistas.[46]

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Secretaría de la Función Pública

Auditoría Superior de la Federación

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Consejo de la Judicatura Federal

Casar, María Amparo (2015). México: Anatomía de la Corrupción. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Le Clerq Ortega, Juan Antonio & Rodríguez Sánchez Lara, Rodrigo. (2018) La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018. Fundación Universidad de las Américas, Puebla. ISBN 978-607-7690-80-1

Myers Gallardo, Alfonso & Rouzaud, Diana Laura (2016). Sistema Nacional Anticorrupción: Análisis de Contenido y una Mirada desde la Obra de Alonso Lujambio. ITAM, Estudios 119, vol. xiv, invierno 2016, p. 136-159.

Ley DOF 18-07-2016. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.

Ley DOF 18-07-2016. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.

Ley DOF 18-07-2016. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 18 de julio de 2016.

Ley DOF 04-05-2015. Ley General de Acceso a la Información Pública. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México, 4 de mayo de 2015.

Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Taller Introductorio (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

El sistema nacional anticorrupción de México, su práctica y experiencia normativa: el caso de México; Alicia Eguía Casis, 2015

Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, para Servidoras y Servidores Públicos Federales

Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Taller Introductorio (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ACUERDO mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el Análisis para la Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional

Objetivo de las leyes anticorrupción, Forbes México

‘Un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza

Iniciativa #3de3

Guía Ciudadana del SNA

Sistema Nacional Anticorrupción de México - Declaración del Secretario General de la OCDE Ángel Gurría

¿Qué pasará con el Sistema Nacional Anticorrupción?

Sitio oficial de la Plataforma Digital Nacional

Sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción

Sitio gubernamental de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Sitio Oficial del Comité de Participación Ciudadana

Sitio Oficial del Sistema Nacional de Fiscalización



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