Estado de bienestar, Estado benefactor, Estado providencial o sociedad del bienestar es un concepto de la ciencia política y económica con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. El sociólogo británico Thomas H. Marshall describió el estado de bienestar moderno como una combinación distintiva de democracia, bienestar social y capitalismo. A pesar de lo anterior, el estado de bienestar es algo poco defendido, y en ocasiones, atacado por el capitalismo, pues el capitalismo aboga más por el bien individual que por el bien común.
Como un tipo de economía mixta, el estado de bienestar financia a las instituciones gubernamentales para el cuidado de la salud y la educación junto con beneficios directos otorgados a ciudadanos individuales. Las primeras características del estado de bienestar, como las pensiones públicas y el seguro social, se desarrollaron a partir de la década de 1880 en la industrialización de los países occidentales. La Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se han caracterizado como eventos importantes que marcaron el comienzo de las expansiones del estado de bienestar. El estado de bienestar moderno surgió como una manera de superar la Gran Depresión de la década de 1930 bajo una forma de intervencionismo estatal para abordar el desempleo, la pérdida de producción y el colapso del sistema financiero. A fines de la década de 1970, el estado de bienestar capitalista contemporáneo comenzó a declinar, en parte debido a la crisis económica del capitalismo y el keynesianismo de la Segunda Guerra Mundial, y en parte debido a la falta de una base ideológica bien articulada para el estado de bienestar.
El Estado del bienestar, en relación a los Derechos económicos, sociales y culturales, considerados como Derechos humanos, se define como:
En la ciencia política, el término Estado del bienestar (Welfare State) tiene en parte usos o significados distintos y se considera que es principalmente una categoría empírica para el análisis comparativo de las actividades de los Estados modernos.
Los estudios acerca del Estado del bienestar se pueden dividir entre los dedicados a su origen, características o función general y los que se centran en la implementación específica por los Estados de tales esquemas y en ambos casos tanto de forma aislada como de forma comparativa.
La noción de «Estado benefactor» tiene su origen en el año 1946, como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión, que, generalmente, se considera que culminó en la Segunda Guerra Mundial. que trajo el desempleo y la miseria a millones, fueron fundamentales en el cambio al estado de bienestar en muchos países. Durante la Gran Depresión, el estado de bienestar fue visto como un "camino intermedio" entre los extremos del comunismo de la izquierda y el laissez-faire del capitalismo de la derecha.
De acuerdo a Claus Offe, es uno de los dos factores ―junto a la existencia de partidos políticos masivos y en competencia― que hace posible la existencia del capitalismo democrático o «Estado de economía mixta».
David Anisi sugirió que es un tipo de pacto social en el que se estableció un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población con objeto de evitar el malestar social que llevó a las sociedades europeas a la Segunda Guerra Mundial. La expresión económica del Estado del bienestar fue el pacto keynesiano que durante la postguerra pretendía un desarrollo económico equilibrado socialmente, así como el pleno empleo.
El Estado del bienestar, en relación a los Derechos económicos, sociales y culturales, considerados como Derechos humanos, se define como:
Las nociones actuales de «Estado del bienestar» corresponden al término inglés Welfare State (del que se traduce literalmente), cuyo uso quedó acuñado a partir de 1945, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a partir de una expresión original de William Temple, entonces Arzobispo de Canterbury, en la que contraponía las políticas keynesianas de posguerra al Warfare State (‘Estado de guerra’) de la Alemania Nazi.
Sin embargo, con anterioridad ya se venían utilizando otros términos que expresan aproximadamente las mismas aspiraciones. En Inglaterra se hablaba de asistencia social o asistencia pública (social assistance o public assistance) organizada bajo las «leyes de pobres» («poor laws»). En Francia, durante el Segundo Imperio (1852-1870), el término «Estado-providencia» («État-Providence») fue acuñado por los republicanos que preconizaban un «Estado social» (État social) y criticaban la filosofía individualista de ciertas leyes (como la Ley Le Chapelier, que prohibía los sindicatos). En la Alemania del Segundo Reich (1871) los «socialistas de cátedra» (universitarios) introdujeron el término Wohlfahrtsstaat para describir el sistema diseñado por las políticas bismarckianas en materia social (ver Estado Social).
A pesar de que existen algunos antecedentes en sistemas políticos anteriores, se ha alegado que la percepción del mejoramiento del bienestar material general de la población, como una de las funciones centrales de la Sociedad o Estado, realmente se inició con los orígenes de la Ilustración. En ese período, a pesar de que el poder de los monarcas llegó a ser absoluto, aparece el concepto del déspota ilustrado, cuya función era, especialmente en Alemania, traer progreso y bienestar social y económico a su pueblo ―ver Características y evolución del cameralismo―.
De acuerdo a Gertrude Himmelfarb ―historiadora neoconservadora―, esto culminó alrededor del comienzo del siglo XIX:
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en la mayor parte de los países de la Europa Occidental, la llamada «cuestión social» ―expresada en la presión política de movimientos sociales, especialmente los movimientos obreros― impulsó a los Gobiernos a adaptar la legislación sobre la condición social de la clase trabajadora y el trabajo, legislación que fue progresivamente modificada. La mayor parte de estas medidas fueron puntuales y de alcance mínimo, con características que dependen tanto de la historia como de las circunstancias político-sociales de cada país. Sin embargo, es posible notar un movimiento hacia servicios incrementalmente más comprensivos.
Esta situación culmina en las crisis económicas del Período de entreguerras y concomitantes crisis sociopolíticas (ver Gran Depresión), dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de resolver las crisis de forma más efectiva que las democracias. Tanto la Unión Soviética con el Plan Quinquenal, como la Alemania Nazi de preguerra, la Italia de Mussolini (quien fue elogiado por «hacer que los trenes funcionaran a tiempo», es decir, por poner fin a las huelgas y el caos económico que había dominado a ese país) y el Japón imperial, países todos que impusieron fuertes controles estatales a la economía, resolvieron la crisis a mediados de los años treinta. Esto llevó al auge de proyectos políticos totalitarios, y no solo entre el ciudadano común y corriente. Por ejemplo, el 20 de enero de 1927, durante una visita a Roma, el entonces conservador y autodeclarado «constitucionalista y antisocialista» Winston Churchill declaró que si él hubiera sido italiano, se habría unido a Mussolini:
Alrededor de esas fechas, Churchill sugirió ametrallar a huelguistas como manera práctica de terminar la huelga. Aun tan tarde como en 1938, en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill declaró que si alguna vez Inglaterra llegara a tener los mismos problemas que Alemania de postguerra, él esperaba que llegara a encontrar su «Sr. Hitler» amenazando las concepciones del Estado liberal y la democracia, lo que a su vez amenazó la estabilidad mundial, culminando en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Es en ese sentido que Waligorsky dice que se propuso la intervención estatal «como un resguardo contra el poder del mercado para socavar nuestras instituciones políticas y sociales más valuables. [...] Un mercado totalmente libre es definitivamente no el mejor mercado para una democracia, un mercado sin regulaciones no garantiza ni justicia ni prosperidad.»
Se admite generalmente que el resumen que Claus Offe hace de ese desarrollo es correcto:
A fin de evitar errores, es necesario agregar específicamente la influencia de sectores liberales y demócrata-cristianos, con personajes tales como David Lloyd George y Konrad Adenauer, respectivamente.
A partir de lo anterior ―y comenzando en 1945― se implementaron en la Europa Occidental las políticas socioeconómicas que llegaron a ser conocidas como «Estado del bienestar» moderno. Esa implementación dio origen a lo que Eric Hobsbawm ―entre otros― ha llamado «la edad de oro del capitalismo», ya que ocasionó el período de crecimiento económico sostenido más exitoso en el siglo XX.
Algunas autoridades argumentan que tales desarrollos se efectuaron bajo la propuesta general del keynesianismo. Otras aducen que fue bajo las propuestas generales del ordoliberalismo (ver Estado Social). Sin embargo, la mayoría de los estudiosos del tema sugieren que hay una similitud básica entre estas visiones y aun otras, tales como las del dirigismo propuesto en Francia en ese período etc. (ver también: Economía del bienestar).
En 1956, Karl Popper describió los logros de esa propuesta en los siguientes términos:
Popper continúa:
Y da la siguiente lista de lo que él considera ―desde el punto de vista liberal― los males que pueden ser resueltos o remediados por la cooperación social:
Desde un punto de vista conservador, los beneficios del Estado del bienestar son dobles: por un lado, la generación de consenso social de forma que el sistema funcione de forma armónica y eficiente. y, por el otro, siguiendo de lo anterior, una función de creación y reforzamiento de valores éticos fundamentales a la existencia y estabilidad de relaciones sociales, llevando así a una creciente integración social: «La provisión de los beneficios (del Estado del bienestar) es sobre la base de ayudar a los menos privilegiados a adquirir la disciplina necesaria para adherirse a los estándares morales (sociales o comunes)»:
Conviene recordar que la visión conservadora del Estado es que ese existe para satisfacer las necesidades humanas (desde el punto de vista liberal es promover la libertad ciudadana) y como tal los conservadores aceptan el Estado del bienestar (ver también Alfred Müller-Armack).
Las ventajas desde el punto de vista de la socialdemocracia son, generalmente, los de un avance reformista ―paulatino pero seguro― hacia el socialismo, asegurando al mismo tiempo la protección y profundización de la democracia a través del reconocimiento del derecho legítimo de los sindicatos y representantes de comunidades y minorías sociales marginadas en la toma de decisiones gubernamentales, así como la creciente integración a esas decisiones de los principios de la justicia social, dignidad humana y participación ciudadana.
Para comenzar, por lo menos en parte debido a esas diferencias de aproximación y como la cita de Popper sugiere, los proyectos en diferentes países se veían como disímiles, posiblemente opuestos. Sin embargo, con el paso del tiempo se nota que las políticas practicadas en los países europeos occidentales convergen en relación a dar un rol económico activo al Estado con el fin de obtener ciertos objetivos sociales comunes (tales como el bienestar social y crecimiento económico) y se hace evidente que el progreso y la estabilidad de cada país europeo dependen de la de sus vecinos. Así, se crea un consenso que abarca desde los sectores más izquierdistas de los partidos social demócratas hasta los más derechistas o conservadores en los demócrata cristianos. Ese consenso es lo que llegó a ser conocido como el modelo europeo de gobernanza, basado no solo en la idea de que la sociedad ―a través del Estado― tiene una responsabilidad por sus ciudadanos, sino también en que el bienestar de cada uno, tanto individuos como países, depende del bienestar del vecino y que ese bien común, a pesar de visiones e intereses diferentes, puede lograrse a través de la práctica de la política de los consensos (ver democracia deliberativa). Se empieza a hablar entonces de las "construcciones de comunidades". Véase Tratados de Roma y Comunidades Europeas. El resultado de todo lo anterior es lo que se conoce como el modelo del Estado del bienestar.
Posteriormente, y a partir de una crítica temprana al Estado del bienestar desde el punto de vista de la escuela austriaca, algunos políticos ―por ejemplo, Margaret Thatcher en el Reino Unido buscaron implementar lo que fue generalmente percibido como una tentativa de «desmantelar el Estado del bienestar».
Más allá de una discusión acerca de las posibles intenciones de Thatcher y otros, el hecho es que esos personajes introdujeron modificaciones profundas al Estado del bienestar ―por lo menos tal y como se practicaba en Inglaterra― motivados principalmente ―se ha sugerido― tanto por una malinterpretación de la posición de Hayek como lo que algunos consideran una falta de comprensión de las consecuencias socioeconómicas de tales tentativas y las dificultades envueltas en las mismas.
Consecuentemente los resultados del proyecto de la Sra. Thatcher no fueron, quizás, los esperados por los partidarios de la «liberación de las fuerzas económicas». En los años que siguieron a la implementación de tales medidas, la inflación en Inglaterra alcanzó un 20 %. Tanto las tasas de interés como las de desempleo subieron excesivamente y la base industrial británica fue diezmada.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Ronald Reagan sería elegido con una promesa de “reducir impuestos, aumentar el presupuesto de defensa y equilibrar y reducir el gasto fiscal”. implementó políticas similares que, en su conjunto, llegaron a ser conocidas como neoliberalismo. Durante esa presidencia comenzó el aumento desmesurado de la deuda tanto pública como privada en Estados Unidos. Contrariamente a lo esperado por sus partidarios, el déficit fiscal estadounidense creció desde 0,9 billones de dólares a más de 3 billones, la tasa de inversiones industriales declinó precipitadamente ―siendo reemplazada por grandes inversiones en instrumentos financieros en lo que ha sido llamado una orgía especulativa―, el desempleo llegó al 10 % de la fuerza de trabajo y la seguridad de trabajo y los ingresos reales del resto decayeron. El continuado desarrollo de esas tendencias llevó finalmente a la crisis de las hipotecas basura, que forzó al ahora presidente George W. Bush (hijo del anterior) a la mayor intervención estatal en la historia de Estados Unidos: la inyección de 700 000 millones de dólares para sostener los bancos amenazados por la quiebra en ese país, duplicando en el proceso la «deuda pública». En septiembre de 2007, esa deuda llegó a 8,9 billones de dólares (8,9 trillions, según el sistema inglés). En noviembre de 2008, cuando Barack Obama asumió la presidencia, la deuda ascendía a 10,56 billones de dólares.
A nivel mundial, la imposición de tales políticas llevó a la decadencia del crecimiento económico mundial, de una tasa promedio de casi 3 % anual en el periodo 1950-1973 a uno de menos de 1,5 % en el 1973-2000. Al mismo tiempo, el ingreso per cápita del cuartil de mayores ingresos ha sido mucho más rápido que el de menores ingresos, lo que ha aumentado dramáticamente la desigualdad social. Situación que ha continuado en la primera década del siglo XXI. En octubre de 2010 el Fondo Monetario internacional publicó una tabla que muestra que el crecimiento económico mundial ha declinado (con la excepción de Asia incluyendo China) incluso en relación a 1980.
A pesar de lo anterior, los mecanismos, logros y objetivos del Estado del bienestar aún se mantienen, en Europa, no solo como fundamento moral de cohesión social, sino también como base realista y necesaria del bienestar socioeconómico común. Por ejemplo, el Libro verde sobre los servicios de interés general, presentado por la Comisión Europea en mayo de 2002, define la noción del interés general europeo como «la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y la preservación de bienes públicos, cuando el mercado falla».
Más recientemente, como consecuencia de la Crisis económica de 2008-2009, la demócrata cristiana Angela Merkel ―haciéndose eco del sentimiento keynesiano― proclamó: «Solo el Estado es capaz de restaurar la confianza necesaria», y tanto el socialista no marxista ―con influencia cristiana y fabiana― Gordon Brown como el conservador Nicolas Sarkozy han opinado que «el laissez-faire tuvo su hora» e incluso el periódico The Economist ―bastión del pensamiento liberal clásico moderno― ha dicho:
Se entiende por Estado del bienestar, como concepto general, uno en el cual corresponde al Estado o a la Sociedad asumir la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros. Esta responsabilidad es entendida generalmente como comprensiva y universal, porque «bienestar» es un concepto amplio que se aplica a todos. Adicionalmente, para algunos, tal bienestar es un derecho. A pesar de que la propuesta original en ese sentido se basaba en el simple argumento que administrar prestaciones como derechos ciudadanos o de los habitantes sería más simple y de menor costo que administrarlos de alguna otra manera, el debate al respecto se extendió a examinar muchos otros aspectos y fundamentos de los derechos sociales, con mucha influencia de la obra seminal de Beatrice Webb, debate que finalmente dio origen, por parte del sociólogo Thomas H. Marshall, al concepto de «ciudadanía social», que sugiere que el concepto de ciudadanía debe entenderse como implicando derechos. En la actualidad, la mayoría de esos argumentos se basan en la sugerencia rawlasiana de la Justicia como equidad.
Para otros, tal derecho no existe como tal, sino que más bien hay un deber ya sea del Estado, la sociedad o sus miembros ―la llamada responsabilidad social― que puede o no concebirse como emanada o fundada ya sea en el concepto de bien común. o en la responsabilidad moral o en el concepto legal de obligación conjunta derivada de un hipotético contrato social. que, a su vez, puede o no ser explícito en una Constitución (ver también Interés público).
Sin embargo, para otros, el asunto no trata de principios, sino de objetivos: el propósito del Estado no puede ser otro que promover el Interés público o «social» o «común» de manera práctica. Además, siempre según Suárez, incluye la posibilidad de lograr bienes terrenales para una existencia digna del hombre, mientras que John Locke aduce que: «El fin del gobierno es el bien de la humanidad», en «Chapter XIX: “Of the Dissolution of Goverment”, en Second Treatise of Government; y James Madison agrega: «El bien público, el verdadero bienestar de la gran masa del pueblo, es el objetivo a ser perseguido; y ninguna forma de gobierno en absoluto tiene otro valor que el adecuarse al logro de ese objetivo». Así, se sugiere, si fuera el caso que los gastos que el sistema implica son de beneficio a la sociedad en su conjunto, tales gastos serían ampliamente justificados. Desde este punto de vista, los gastos de «bienestar» pueden ser considerados no solo gastos de «buen funcionamiento» de la sociedad, sino también como inversión social, pudiendo ser vistos no solo como aumentando la cohesión social sino también la productividad común. Adicionalmente se alega que tales gastos pueden implicar un ahorro o disminución de costos, ya sea para obtener bienes y servicios de interés general o que los gastos sociales son más efectivos y cuestan menos que otras medidas de reducción de problemas sociales, por ejemplo, criminalidad, etc. A extremis, esta visión puede ser concebida como utilitaria, con una concepción de la sociedad como grupo de interés: sería, se puede alegar, más efectivo y eficiente gastar en asuntos sociales que eliminar o controlar los problemas que de otra manera se multiplicarían (Ver también anomia). Sin embargo, y a pesar de que tal percepción facilita y ordena el discurso político-social en relación a los gastos sociales, en la medida que centra la atención en ventajas comunes promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de técnicas y conceptos de utilidad social se ha alegado, en contra, que esta aproximación empobrece la visión tanto académica como social.
Lo anterior da origen a tres interpretaciones principales sobre la idea de Estado del bienestar:
Deborah Mitchell identifica cinco aproximaciones principales a esos estudios comparativos:
Es frecuente escuchar decir que existe un solo modelo social europeo, como contraposición al modelo social existente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. Existen en realidad distintos modelos sociales (es decir, Estados del bienestar) tanto en el seno de la Unión Europea como en algunos países europeos que no forman parte de ella. A pesar de que cada país tiene unas particularidades propias, se pueden distinguir cuatro modelos distintos:
Como se puede observar en el gráfico, presenta el nivel más alto de protección social y su característica principal es la provisión universal basada en el principio de ciudadanía, es decir, que existe un acceso más generalizado, con menos condiciones, a las prestaciones sociales.
En lo que se refiere al mercado de trabajo, estos países se caracterizan por importantes gastos (relativos) en políticas activas con el objetivo de la reinserción rápida en el mercado de trabajo de los desempleados. Se caracterizan también por un elevado número de empleos públicos. Los sindicatos tienen una elevada afiliación y un importante poder de decisión lo que provoca una baja dispersión de los salarios (una distribución más equitativa de la renta).
El modelo nórdico se caracteriza también por una elevada cuña fiscal.
Los países nórdicos son estados pequeños, relativamente homogéneos en términos de etnicidad y religión, de larga tradición democrática, de respeto por los derechos humanos y de estado de derecho. Entre 1870 y 1918 tuvo lugar la abolición del trabajo de menores, pensiones para personas adultas pobres, seguros de riesgos profesionales, fondos para seguro de enfermedad. Entre 1919 y 1950 se produjo una importante extensión de los derechos sociales, el movimiento obrero tuvo un papel fundamental consiguiendo la extensión de relaciones laborales autónomas, por medio de acuerdos entre patrones y sindicatos, una tasa alta de organización de todos los asalariados, incluyendo mujeres. Una colaboración efectiva entre los líderes de clases sociales y el nuevo grupo de «ingenieros sociales» que se unieron a los partidos socialdemócratas. El universalismo es una de las principales características del modelo nórdico, junto con la financiación por impuestos, la provisión pública de transferencias y servicios, énfasis en los servicios sociales personales, provisiones de alta calidad y tasas de compensaciones altas e igualitarias.
Es similar al nórdico pero con una mayor proporción de gastos orientados a las pensiones. Se basa en el principio de «asistencia» (ayuda) y «sécurité sociale» (sistema de seguros), con un sistema de subsidios parcialmente no condicionado a la permeabilidad (por ejemplo en Francia, donde existen subsidios cuyo único requisito es tener más de 25 años. Sin embargo, otros beneficios dependen de contribuciones voluntarias a sociedades ya sea estatales, mutualistas o privadas de seguros).
En lo que se refiere al mercado de trabajo, las políticas activas son menos importantes y a pesar de que los sindicatos tienen una afiliación muy baja, estos tienen un importante poder de decisión en las negociaciones colectivas.
Otro elemento importante del modelo continental son los subsidios por invalidez.
Este modelo está caracterizado por una previsión o medidas preventivas menores que otros modelos y por una asistencia social de tipo último recurso más importante (los beneficios dependiendo en parte de ahorros, etc). Los subsidios se dirigen en mayor medida hacia la población en edad de trabajar y los jóvenes (por ejemplo, cada familia recibe una asignación por hijo, que se transforma en «ingreso mínimo» a los 16 años a quienes continúen estudiando), y en menor medida hacia las pensiones. El acceso a los subsidios está condicionado en mayor medida a la empleabilidad (por ejemplo, se condicionan los subsidios a que la persona haya trabajado anteriormente o esté buscando trabajo).
En lo que se refiere al mercado de trabajo, los gastos en políticas activas ―de promoción de empleos, educación y calificación de trabajadores―son relativamente importantes. Sin embargo, medidas de Seguridad Industrial son menores que otros modelos y los sindicatos tienen un menor poder de participación en decisiones ya sea gubernamentales o patronales. Esta es una de las razones por las que estos países tienen una mayor dispersión de la renta y un mayor número de empleos con bajos salarios.
Sin embargo, el modelo anglosajón es considerado uno de los más eficientes ―solo superado por el nórdico― en lo relacionado con reducción de la pobreza y en promover incentivos para trabajar, lo que, de acuerdo a algunos, lo hace preferible puesto que sus mejores resultados en materia de empleo lo hacen más sostenible financieramente a largo plazo.
Este modelo corresponde a los países que han desarrollado un Estado del bienestar más tardíamente (años setenta y ochenta). Se trata del modelo social con menores gastos y está fuertemente basado en las pensiones y en unos gastos de asistencia social muy bajos. Existe en estos países una mayor segmentación de los derechos y estatus de las personas que reciben subsidios, que se refleja en un acceso muy condicionado a las prestaciones.
La característica principal del mercado del trabajo es una fuerte protección del empleo (no confundir con protección del trabajador o subsidio de desempleo) y el recurso a la jubilación anticipada como forma de mejora del empleo. Los sindicatos tienen una presencia importante asegurada por la extensión de los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas más allá de la presencia real de los sindicatos. Nuevamente, esto tiene como resultado una menor dispersión en los salarios que en el modelo anterior.
La primera pregunta a la que hay que responder cuando se pretende evaluar los distintos modelos sociales europeos es qué criterios utilizar. Los tres criterios utilizados por Boeri (2002) y Sapir (2005) son:
El gráfico de la derecha muestra la reducción en las desigualdades después de tomar en consideración los impuestos y las transferencias, es decir, en qué medida cada modelo social reduce la pobreza sin tener en cuenta la reducción de esta provocada por los impuestos y las transferencias. En general, la capacidad de reducción de la pobreza está en línea con la talla del Estado del bienestar: a mayor proporción del PIB dedicado a los gastos sociales, mayor reducción de la pobreza. Sin embargo, otro aspecto a tener en cuenta es ver si algunos modelos son más eficientes en la reducción de la pobreza que otros. Por esto se entiende que con un menor gasto social se consiga una mayor reducción de la pobreza.
En este caso, el gráfico de la derecha muestra que los modelos anglosajón y nórdico son más eficientes que el continental y mediterráneo, pero sobre todo muestra que el continental es el menos eficiente. Dado su elevado gasto social, se esperaría una mayor reducción de la pobreza que la que consigue este modelo. Obsérvese como el modelo anglosajón se encuentra por encima de la línea trazada, indicando que reduce más de lo esperado (teniendo en cuenta el resto de modelos) la pobreza. En cambio el modelo continental se encuentra por debajo de la línea y más alejado que el modelo mediterráneo, indicando que es el que menos reduce la pobreza dado su gasto social.
La protección contra los riesgos del mercado de trabajo puede ser, en general, de dos tipos:
Como se observa en el gráfico, existe un claro trade-off (palabra frecuente en la jerga económica que significa sacrificar algo por conseguir otro objetivo) entre estos dos instrumentos de protección del mercado de trabajo; obsérvese cómo se podría trazar una línea de media con pendiente negativa. Como se observa, los distintos países europeos han seleccionado distintas medidas de protección (se observan distintos puntos en el gráfico). En esta elección, las diferencias se pueden resumir de la siguiente forma:
La evaluación de ambas medidas de protección es complicada. En general, existe un consenso entre economistas en que la protección del trabajo genera ineficiencia en las empresas: puesto que las empresas no pueden despedir a los trabajadores libremente, quizá decidan no despedir a pesar de no necesitar a tales trabajadores, dañando su eficiencia. No existe tal consenso en cuanto a si la protección del trabajo genera un mayor desempleo que la protección del trabajador.
Los incentivos al trabajo y las recompensas por la participación al trabajo de cada modelo se pretenden analizar a través de lo que se define como ratio de empleo por población, como en el gráfico adjunto. Allí se comparan los diferentes grupos de países a través de dos tasas definidas particularmente con este objeto: una tasa de empleo (entendida como el porcentaje de trabajadores ocupados sobre la población en edad laboral) y una tasa de desempleo (entendida como el porcentaje de trabajadores desempleados sobre la población en edad laboral). Hay que tener en cuenta que las tasas utilizadas en este gráfico se han calculado no en términos de población activa (puesto que en ese caso sumarían siempre 100, al ser sus la población ocupada y la población en paro dos únicos componentes) que es la manera habitual de publicarlas en las estadísticas que miden la estructura laboral de la población; sino en términos de población en edad laboral (distinta según las legislaciones de cada país, pero habitualmente entre 16 y 65 años). La manera más habitual de denominar la relación entre población activa y población en edad laboral es «tasa de incorporación».
La denominada Estrategia de Lisboa de la Unión Europea estableció en 2001 que la tasa de empleo de los países de la UE debería alcanzar como mínimo el 70 % para el año 2010.
En este caso, el gráfico muestra que son los países del modelo nórdico y anglosajón los que tienen una mayor tasa de empleo mientras que los continentales y mediterráneos tienen una tasa de empleo por debajo del objetivo de Lisboa.
A modo de evaluación general, los modelos sociales de los diferentes tipos de Estado del bienestar se han valorado en función de dos criterios:
Como se observa en el gráfico, el mejor modelo en función de la combinación de estos dos criterios es el nórdico. El modelo continental tiene menor eficiencia, mientras que el modelo anglosajón tiene menor equidad. El modelo mediterráneo es inferior en ambos aspectos.
Algunos economistas consideran que entre el modelo continental y el anglosajón es este último el preferible, debido a su rentabilidad a largo plazo y a sus mejores resultados en materia de empleo, mientras que el nivel de equidad depende de las preferencias de cada país (Sapir, 2005). Otros economistas consideran que el modelo continental no puede considerarse peor que el anglosajón puesto que este también es el resultado de las preferencias de sus ciudadanos (Fitoussi et al., 2000; Blanchard, 2004).
El concepto del Estado del bienestar sigue siendo polémico, y es continua la discusión sobre la responsabilidad de los gobiernos en relación con el bienestar de sus ciudadanos.
Aportan los siguientes argumentos contra el Estado del bienestar:
Thatcher centró sus ataques en ciertos aspectos, que ella percibía como debidos al socialismo ―específicamente la ineficiencia y los abusos del sistema de economía mixta―:
Ella incluía la tendencia a la dependencia que ―en su opinión― ese sistema habría engendrado en la población inglesa en general:
Alegaba incluso que los «servicios sociales» estaban mejor como consecuencia de sus reformas:
De hecho, en ese libro Hayek va tan lejos como para sugerir que el poder político tiene el derecho de «garantizar un mínimo de ingresos a todo el mundo; distribuir el gasto público para tomar medidas cuando decaiga la inversión privada; restringir la venta de algunos bienes peligrosos como las armas o las drogas, así como establecer regulaciones sanitarias y de seguridad».
Uprimny alega que lo mismo se puede decir de la relación ley-economía.
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