El Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República del Ecuador es el máximo organismo de sufragio en dicho país. Tiene su sede en la ciudad de Quito, está constituido por 5 vocales elegidos mediante un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para un período de 6 años debiendo renovarse una mitad cada 3 años, de entre los vocales se elige a un Presidente y un Vicepresidente; el CNE goza de completa autonomía financiera y administrativa. Antes de la promulgación de la Constitución del Ecuador de 2008, las funciones del CNE eran ejercidas por el Tribunal Supremo Electoral, organismo que desapareció después de la entrada en vigencia de dicha constitución.
Sus funciones son organizar, controlar las elecciones, puede castigar a partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales; y tiene que inscribir y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos.
Actualmente el Consejo Nacional Electoral está presidido por Diana Atamaint, su vicepresidente es Enrique Pita García y además hay 3 consejeros vocales más. Además, tiene 24 delegaciones Provinciales en cada una de las provincias para desconcentrar los servicios electorales en todo el país. Este organismo conforma, junto al Tribunal Contencioso Electoral, la Función Electoral el cual es una de las cinco funciones del estado ecuatoriano.
Desde 1945 en el Ecuador existe un organismo electoral independiente en cuya designación tenía una influencia el Congreso Nacional. Era el Tribunal Supremo Electoral quien se encargaba de los procesos electorales del país, sin embargo sufrió dificultades graves a partir del 2003 con Lucio Gutiérrez, con cambios en el pleno del TSE hechos por las mayorías legislativas que al final llevaron a Jorge Acosta de Sociedad Patriótica a la presidencia del organismo. Este como presidente sería uno de los actores de la crisis legislativa de 2007, en la cual una pugna de poderes entre el TSE y el Congreso llevaría al final a la destitución de los diputados de la "empacadora" y un nuevo referéndum que llevaría a la Asamblea Constituyente.
En la nueva Constitución se crearia dos nuevos organismo que reemplazarian al TSE: el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral. Tras aprobarse la nueva Carta Magna la Asamblea Constituyente eligió y posesionó el 24 de octubre de 2008 a los nuevos consejeros que serían Omar Simon, Carlos Cortez, Manuel Cabascango, Fausto Camacho y Marcia Caicedo; de los cuales los dos primeros serían respectivamente presidente y vicepresidente del nuevo CNE de Transición.
El nuevo organismo iniciará sus labores organizando el sorteo para definir los 21 magistrados que integraron la nueva Corte Nacional de Justicia. A su vez las Elecciones presidenciales, legislativas y seccionales del 2009 sería la primera votación popular dirigida por este organismo. Para el 2011 tuvo que dirigir también la consulta popular con la cual se modificó por primera vez la Constitución del 2008.
Para el 2011 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizó el primer concurso público de oposición y méritos para designar al primer CNE oficial. Este organismo estuvo compuesto por cinco vocales principales: Domingo Paredes, Paúl Salazar, Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Roxana Silva; siendo los primeros en la lista presidente y vicepresidente del organismo. Este se encargaría de los procesos electorales de 2013 y 2014, donde el movimiento oficialista Alianza País obtuvo victorias, así como otros 17 comicios por distintos temas, como la provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El 3 de julio de 2014 tras las elecciones seccionales el CNE quitaría la personalidad jurídica al Movimiento Popular Democrático (MPD), el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Ruptura; siendo ratificado el 4 de agosto al ser negados los recursos de impugnación. Esto sucedió el mismo año que el primer titular del CNE, Omar Simon, fuese nombrado secretario de Presidencia.
Para el 2015, el CNE fue renovado parcialmente con el relevo de Domingo Paredes y Roxana Silva por Carlos Tayupanta y Gloria Toapanta, estas designaciones ensombrecidas por las acusaciones de manipulación hechas por Solanda Goyes. Durante un breve periodo Paúl Salazar asume la presidencia, hasta que finalmente el renuncia y asume Juan Pablo Pozo.
El año 2017 llegaría con nuevas elecciones presidenciales y legislativas con una fuerte impopularidad de Alianza País en las encuestas. Sin embargo, al llegar los resultados Alianza País obtendría nuevamente la victoria con la mayoría en la Asamblea Nacional y más tarde la victoria en la segunda vuelta contra Guillermo Lasso apoyado por la oposición. Las protestas contra el CNE se dieron en los dos tiempos bajo la acusación de fraude electoral mientras se iniciaban juicios contra la encuestadora Cedatos cuyos cálculos determinaron la victoria de Lasso. A su vez Juan Pablo Pozo recibía de Rafael Correa la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz por su trabajo durante el proceso electoral.
El 29 de noviembre de 2017, en medio de la ruptura de Alianza País, Juan Pablo Pozo renuncia a su cargo y lo remplaza Nubia Villacís quien al siguiente día anunció el llamado al referéndum constitucional y consulta popular. La consulta popular fue apoyada por todos los partidos inscritos en el CNE, mientras la facción correísta de Alianza País uso al llamado Foro Nacional de Mujeres para inscribirse en el CNE como organización social.
El 16 de enero de 2018 recibirían la desafiliación masiva de los simpatizantes de Correa y el inicio del trámite para formar el Partido Revolución Ciudadana que no sería aprobada por el CNE, debido a que "el uso del eslogan como del logo es de Alianza PAIS". Al llegar la consulta popular el CNE no recibió el mismo "descrédito" obtenido en el 2017.
El 2 de agosto de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio destituyó a todos los miembros del CNE y designó un consejo transitorio con una duración de máximo 70 días, hasta la elección de los nuevos vocales. El CNE transitorio se enfocó en fiscalizar la labor de las administraciones previas, depurar el padrón electoral y cambiar el protocolo y proceso de designación de candidatos para la elección de los consejeros del CPCCS.
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