El Contragolpe de Estado en Perú de 1992 fue un fallido golpe de Estado propiciado el 13 de noviembre por un grupo de militares del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, encabezados por el general en retiro Jaime Salinas Sedó, en respuesta al autogolpe del 5 de abril del presidente del Perú Alberto Fujimori que dio inicio al Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y el periodo de ruptura democrática en el periodo de mayor poder del Fujimorato. Los oficiales sublevados tenían como objetivo la restauración democrática en el Perú.
Tras el golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el gobierno resultante, llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, disolvió las instituciones democráticas, alegando el bloqueo parlamentario, la ineficacia del Poder Judicial y la amenaza terrorista.
Este régimen se afianzó en el poder gracias a la exitosa operación de captura de Abimael Guzmán, líder de grupo terrorista Sendero Luminoso, y su cúpula, y a la represión política a la oposición. A esto se sumó el fin de la presión de la OEA por el atropello a la legalidad democrática debido a la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático.
Los militares conjurados, capitaneados por los generales en retiro Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Obando Salas, planificaron una operación al amparo del derecho a la insurrección consagrado en la Constitución de 1979, que en su artículo 82 rezaba:
Jaime Salinas Sedó y sus aliados no pretendían tomar el poder, sino restaurar el orden democrático y entregar el mando de la nación a Máximo San Román, a la sazón presidente por sucesión constitucional pero no reconocido.
El plan era arrestar de madrugada al presidente Fujimori, a Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Pero el día 12 de noviembre la trama fue develada y se cancelaron las operaciones.
El presidente Fujimori, al enterarse del golpe buscó refugio en la embajada de Japón en Lima y ordenó la detención de los 25 conspiradores de alto rango, sin orden judicial. Algunos de los militares sublevados sufrieron tortura y detención ilegal.
En marzo de 1993 los veinticinco militares conjurados fueron condenados por un tribunal castrense a ocho años de prisión por delito de rebelión e intento de homicidio contra el presidente Alberto Fujimori. En mayo, once de ellos fueron indultados. Los que no fueron amnistiados cumplieron su sentencia primero en el penal de Castro Castro y luego fueron trasladados a la prisión de la Fortaleza del Real Felipe hasta que pudieron beneficiarse por la Ley de Amnistía de 1995.
El 15 de marzo del 2001, por la Ley 27436, fueron reincorporados al servicio activo. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la anulación de las sentencias, pero el Fuero Militar se negó y solo declaró extinguida la sentencia por prescripción en 2010.
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