El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. Creado en 2016 por decreto presidencial de necesidad y urgencia, se encarga del cumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley 27.078 Argentina Digital —conocida como Ley de Telecomunicaciones—, hasta ese momento responsabilidad de AFSCA y AFTIC.
El 23 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri intervino por decreto de necesidad y urgencia 243 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, hizo lugar a una medida precautelar para evitar la intervención de los entes.
Mediante el decreto número 267/2015 del 19 de diciembre de 2015 se dispuso la fusión de AFSCA y AFTIC en un nuevo organismo que lleva el nombre de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Además se prorrogaron las licencias actuales por otros diez años, se amplió la cantidad de licencias que puede tener cada medio y se permite transferirlas.
La creación de ENACOM generó repudio de parte del arco político opositor al gobierno de Cambiemos, debido a que se utilizó un DNU para modificar una ley sancionada por el parlamento, que se encontraba en receso durante enero. Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA hasta la intervención, consideró que el decreto es «brutal, ilegal, anticonstitucional» e indicó que está desobedeciendo una orden judicial. La Defensora del Público, Cinthia Ottaviano, reclamó una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado que se «vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad».
Mediante el decreto 7/2016, Miguel de Godoy fue oficializado como presidente de directorio del ENACOM con rango y jerarquía de secretario de Estado, y fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional, Heber Martínez, Alejandro Pereyra y Agustín Garzón, quien fue reemplazado posteriormente por Silvana Myriam Giudici cuando pudo presentar su renuncia ante la Legislatura Porteña.
Miguel de Godoy presentó su renuncia a la presidencia del ente efectiva a partir del 1 de junio de 2018. Su lugar fue ocupado por Silvana Giudici, quien ya formaba parte del directorio. Giudici se mantuvo en el cargo hasta el final de la gestión de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2019.
Durante los cuatro años de gestión de Cambiemos se otorgaron 195 licencias definitivas a emisoras de radio FM que operaban con Permisos Precarios y Provisorios (PPP). Según especialistas en medios existen entre 2000 y 3000 radios que operan sin licencia o permiso legal en el país.
Las resoluciones 2064-E/2017 y 9435 del ENACOM publicadas el 31 de marzo de 2017 le otorgan la facultad de disponer "la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, utilizando la fuerza pública, en caso de ser necesario." Esta medida fue aplicada a diversos medios independientes o comunitarios en el país:
La Red Nacional de Medios Alternativos declaró que se trataba de un intento de “acallar las voces alternativas, comunitarias y populares" y que esta resolución le daba al Estado "discrecionalidad para embestir contra las voces disidentes”. La Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza denunció que Cambiemos busca "cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación populares" y pidió cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad. El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Federal, aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución que apunta a “defender la libertad de prensa y expresión de los medios radiales de la ciudad”.
Desde 2015 el Enacom abrió distintas líneas de concursos del Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (Fomeca), que permiten la actualización tecnológica y producción de contenidos de radios, canales y productoras. Se destinaron cerca de $355 millones y adjudicaron 541 proyectos Fomeca que beneficiaron a 206 entidades.
En 2016 la ENACOM autorizó a Nextel Argentina, del Grupo Clarín, a prestar 4G sin licitación y sin pagar por las frecuencias. La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado Nacional citó a funcionarios del ENaCom para que brinden explicaciones. Telefónica advirtió que iría al CIADI por trato discriminatorio debido a que debió pagar las bandas para dar 4G, mientras que Nextel iba a poder hacerlo sin pagar. El procedimiento permite a Nextel-Clarín dar 4G sin límite en años para el uso de las frecuencias, aun cuando las adjudicadas a Movistar, Personal y Claro en 2014 tienen una vigencia de 15 años. Mientras que Telefónica, Telecom y Claro participaron de la licitación en 2014 pagaron en total más de 1.500 millones de dólares por las frecuencias, en cambio a la empresa del grupo Clarín se le asignaron frecuencias para dar 4G sin licitación y sin pagar por las mismas.
Mediante el decreto de creación de la ENACOM se dispuso la transferencia de Argentina Conectada, Argentina Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) y Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) al ámbito del Ministerio de Comunicaciones. ENACOM actúa como organismo de control de estas empresas.
En 2017, el diputado Tailhade (FpV-PJ) denunció que el Enacom desistió de cobrarle al Grupo Macri casi 300 mil pesos, correspondientes a una multa que le habían aplicado al Correo Argentino (en ese momento propiedad del holding) y que había tenido un fallo favorable de la justicia en 2015.
El directorio del ENACOM tendrá cuatro integrantes del Poder Ejecutivo sobre un total de siete. Los otros tres serán designados por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso de la Nación Argentina, los que serán seleccionados por esta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentaria. De los siete miembros, cuatro corresponden al poder ejecutivo por lo que este siempre tendrá mayoría.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 establece que los directores tendrán mandato por cuatro años, con posibilidad de una renovación, aunque podrán ser removidos «en forma directa y sin expresión de causa» por el Poder Ejecutivo.
El ente es objeto de control de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.
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