La ambientalismo de libre mercado o ecologismo de libre mercado, es una posición del ecologismo que sostiene que el mercado libre, los derechos de propiedad privada y la responsabilidad civil proporcionan las mejores herramientas para preservar la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Su principales tesis son: a) que un bien natural pueda ser bien privado o de usufructo privado provocaría un estímulo económico para su conservación y renovación, y b) que la responsabilidad privada permitiría delimitar más claramente las esferas de derechos y obligaciones particulares a la hora de resolver conflictos ambientales.
Para Anderson (2016) el ambientalismo de libre mercado se fundamenta en tres cuerpos teóricos complementarios: la teoría de la escuela austriaca de economía, la teoría de la elección pública, y la teoría económica de los derechos de propiedad.
Los ambientalistas de mercado libre argumentan que los problemas ambientales surgen a causa de:
Porque los ecologistas de mercado piensan esto, como ejes básicos, consideran que la mejor manera de proteger el medio ambiente es cambiar las leyes que rigen los derechos de propiedad y las reclamaciones extracontractuales para que esas leyes ya no sufran de los defectos que piensan dan a las personas y las empresas los incentivos perjudiciales para no proteger el medio ambiente.
En respuesta a estas preocupaciones, los economistas que prefieren el enfoque ecologista de mercado sostienen que:
Para que estas propuestas se puedan llevar a cabo es necesario que las cualidades de los recursos sean tangibles y mesurables, que los derechos de propiedad sean defendibles fácilmente y que puedan ser transferibles. Para cada uno de ellos se proponen varios principios:
En el ecologismo de mercado existen varias corrientes, pero son especialmente notables los coasianos (que proponen el comercio supranacional de carbono, y sustentan su viabilidad según el análisis económico del derecho), y los libertarios, tanto los minarquistas, como los anarcocapitalistas (que se oponen al comercio de carbono por ser una industria gubernamental). Dentro del ecologismo, los ambientalistas de mercado pueden ser calificados como radicales y/o heterodoxos.
Desde el anarcocapitalismo se sostiene que las zonas contaminadas y deterioradas son aquellas públicas o estatales, es decir donde la responsabilidad se diluye: los bienes naturales cuando son públicos no son mantenidos o renovados por nadie y nadie se responsabiliza por ellos. En contraste, los bienes privados tendrían responsables específicos a cargo de su mantenimiento. Así sostienen que la legislación estatal medioambiental es contraproducente y es parte misma del problema al fortalecer los privilegios y la irresponsabilidad de ciertos sectores.
El anarcocapitalista Walter Block plantea en Ecologismo y libertad económica: La defensa de los derechos de propiedad privada que el ecologismo y la libertad económica pueden reconciliarse demostrando que la libre empresa es el mejor camino para la protección del medio ambiente. Según Block, el capitalismo laissez-faire se opone a las invasiones o cruces de fronteras, y así interpreta la polución atmosférica y los vertidos de petróleo, por ejemplo, señalando que la razón del daño medioambiental es el fracaso del gobierno para proteger los derechos a la propiedad.
Para Anderson (1993) la propuesta del desarrollo sostenible es un pretexto más para la intervención estatal. Argumenta que gracias a políticas intervencionistas del Estado y la arrogancia gubernamental no se han dado los cambios adecuados en cuestiones ambientales.
Críticos antimercado y ecologistas socialistas e intervencionistas sostienen que los ambientalistas de libre mercado no tienen ningún método para tratar con problemas colectivos como la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales debido a su rechazo de la regulación y el control colectivos. Ellos consideran que los recursos naturales son demasiado difíciles de privatizar (por ejemplo, el agua), así como la responsabilidad legal por la contaminación y la degradación de la biodiversidad como demasiado difíciles de rastrear.
En el mercado, un recurso renovable sólo se vería preservado cuando, en determinadas condiciones, el propietario vea razonable no expoliarlo. Sin embargo, al ser la tasa de descuento mayor a la tasa de crecimiento generalmente el mercado condicionaría que el propietario vea más razonable expoliar antes de otorgarle margen a la renovación.
En cuanto a los recursos no renovables, como los mercados son imperfectos, los precios generalmente no reflejarían su condición real de agotamiento y el riesgo de su irreversibilidad pues, al suceder, los precios variarían erráticamente provocando subreproducciones y tenencias especulativas.
Los principios de universalidad, exclusividad y transferibilidad son principios que no se pueden ajustar a muchas condiciones. Hay muchos medios y recursos difícilmente tangibles, mesurables o manipulables ocasionando que el principio de universalidad sea muy difícil de aplicar, como en el caso del aire. Para aplicar los principios de exclusividad, transferibilidad y un sistema de responsabilidad por daños se requiere de instancias reguladoras y de una serie de entornos legales muy ajustados para garantizar el uso e intercambio de recursos. Además, muchos de los problemas medioambientales se caracterizan por tener costos elevados de transacción, costes y beneficios no monetarios, irreversibilidades e incertidumbres a futuro y con derechos de propiedad indefinidas.
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