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Ecologismo de mercado



La ambientalismo de libre mercado o ecologismo de libre mercado, es una posición del ecologismo que sostiene que el mercado libre, los derechos de propiedad privada y la responsabilidad civil proporcionan las mejores herramientas para preservar la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Su principales tesis son: a) que un bien natural pueda ser bien privado o de usufructo privado provocaría un estímulo económico para su conservación y renovación, y b) que la responsabilidad privada permitiría delimitar más claramente las esferas de derechos y obligaciones particulares a la hora de resolver conflictos ambientales.[1]

Para Anderson (2016) el ambientalismo de libre mercado se fundamenta en tres cuerpos teóricos complementarios: la teoría de la escuela austriaca de economía, la teoría de la elección pública, y la teoría económica de los derechos de propiedad.[2]

Los ambientalistas de mercado libre argumentan que los problemas ambientales surgen a causa de:

Porque los ecologistas de mercado piensan esto, como ejes básicos, consideran que la mejor manera de proteger el medio ambiente es cambiar las leyes que rigen los derechos de propiedad y las reclamaciones extracontractuales para que esas leyes ya no sufran de los defectos que piensan dan a las personas y las empresas los incentivos perjudiciales para no proteger el medio ambiente.

En respuesta a estas preocupaciones, los economistas que prefieren el enfoque ecologista de mercado sostienen que:

Para que estas propuestas se puedan llevar a cabo es necesario que las cualidades de los recursos sean tangibles y mesurables, que los derechos de propiedad sean defendibles fácilmente y que puedan ser transferibles.[2]​ Para cada uno de ellos se proponen varios principios:[3]

En el ecologismo de mercado existen varias corrientes, pero son especialmente notables los coasianos (que proponen el comercio supranacional de carbono, y sustentan su viabilidad según el análisis económico del derecho), y los libertarios, tanto los minarquistas, como los anarcocapitalistas (que se oponen al comercio de carbono por ser una industria gubernamental).[4]​ Dentro del ecologismo, los ambientalistas de mercado pueden ser calificados como radicales y/o heterodoxos.

Desde el anarcocapitalismo se sostiene que las zonas contaminadas y deterioradas son aquellas públicas o estatales, es decir donde la responsabilidad se diluye: los bienes naturales cuando son públicos no son mantenidos o renovados por nadie y nadie se responsabiliza por ellos. En contraste, los bienes privados tendrían responsables específicos a cargo de su mantenimiento. Así sostienen que la legislación estatal medioambiental es contraproducente y es parte misma del problema al fortalecer los privilegios y la irresponsabilidad de ciertos sectores.

El anarcocapitalista Walter Block plantea en Ecologismo y libertad económica: La defensa de los derechos de propiedad privada que el ecologismo y la libertad económica pueden reconciliarse demostrando que la libre empresa es el mejor camino para la protección del medio ambiente. Según Block, el capitalismo laissez-faire se opone a las invasiones o cruces de fronteras, y así interpreta la polución atmosférica y los vertidos de petróleo, por ejemplo, señalando que la razón del daño medioambiental es el fracaso del gobierno para proteger los derechos a la propiedad.[5]

Para Anderson (1993) la propuesta del desarrollo sostenible es un pretexto más para la intervención estatal.[2]​ Argumenta que gracias a políticas intervencionistas del Estado y la arrogancia gubernamental no se han dado los cambios adecuados en cuestiones ambientales.[2]

Críticos antimercado y ecologistas socialistas e intervencionistas sostienen que los ambientalistas de libre mercado no tienen ningún método para tratar con problemas colectivos como la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales debido a su rechazo de la regulación y el control colectivos.[6]​ Ellos consideran que los recursos naturales son demasiado difíciles de privatizar (por ejemplo, el agua), así como la responsabilidad legal por la contaminación y la degradación de la biodiversidad como demasiado difíciles de rastrear.[7]

En el mercado, un recurso renovable sólo se vería preservado cuando, en determinadas condiciones, el propietario vea razonable no expoliarlo. Sin embargo, al ser la tasa de descuento mayor a la tasa de crecimiento generalmente el mercado condicionaría que el propietario vea más razonable expoliar antes de otorgarle margen a la renovación.[8][9]

En cuanto a los recursos no renovables, como los mercados son imperfectos, los precios generalmente no reflejarían su condición real de agotamiento y el riesgo de su irreversibilidad pues, al suceder, los precios variarían erráticamente provocando subreproducciones y tenencias especulativas.[8]

Los principios de universalidad, exclusividad y transferibilidad son principios que no se pueden ajustar a muchas condiciones. Hay muchos medios y recursos difícilmente tangibles, mesurables o manipulables ocasionando que el principio de universalidad sea muy difícil de aplicar, como en el caso del aire.[8]​ Para aplicar los principios de exclusividad, transferibilidad y un sistema de responsabilidad por daños se requiere de instancias reguladoras y de una serie de entornos legales muy ajustados para garantizar el uso e intercambio de recursos.[8]​ Además, muchos de los problemas medioambientales se caracterizan por tener costos elevados de transacción, costes y beneficios no monetarios, irreversibilidades e incertidumbres a futuro y con derechos de propiedad indefinidas.[8]



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