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Elecciones municipales españolas de 1931



Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 tuvieron lugar en esta fecha y determinaron el advenimiento de la Segunda República Española.

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el fracaso de la «dictablanda» del general Berenguer, el rey Alfonso XIII decidió nombrar en febrero de 1931 al almirante Juan Bautista Aznar para que presidiera un gobierno de concentración monárquica y colaboración regionalista.[1]​ Este convocó elecciones municipales, en lugar de generales, para el 12 de abril de 1931, según el procedimiento de la ley electoral de 1907, sin tener en cuenta el Estatuto Municipal de 1924, que había otorgado un restringido sufragio femenino[2]​ Debían elegirse unos ochenta mil concejales en todos los ayuntamientos de España,[3]​ pero lo que estaba en juego era la continuidad de la propia monarquía de la Restauración. El lunes 23 de marzo quedaron restablecidas las garantías constitucionales; se suprimió la censura y se reconoció la plena libertad de reunión y asociación. El domingo 5 de abril tuvo lugar con normalidad la presentación de candidaturas de los 81.099 concejales en los 8943 distritos. Nota de revisión: la suma de los concejales de la lista de resultados electorales que se presenta en esta página es igual a 81.440 concejales, por lo cual no cuadran los números. Se requiere un análisis crítico de la bibliografía.

Las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en 43 capitales de provincia, hecho determinante para el cambio de forma de gobierno. La victoria de los partidos monárquicos se produjo en 9 capitales de provincia: Ávila, Burgos, Cádiz, Lugo, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria y Vitoria. El proceso electoral se vio regido por la Ley de 1907. Según el artículo 29 de esta Ley la elección de los concejales era inmediata, sin necesidad de votación, en aquellas localidades donde el número de candidatos fuese igual al de puestos a cubrir, lo que favorecía el caciquismo en los municipios rurales, caciquismo antidemocrático que precisamente se pretendía eliminar. La Ley de 1907 y la presión del caciquismo explican por qué en la mayoría de los municipios rurales no hubo votaciones y la cantidad de concejales monárquicos elegidos, impidiendo el sufragio electoral a miles de electores rurales. Se consideraba, por tanto, que la mayoría de los concejales monárquicos afines a los intereses políticos y económicos de los caciques no habían sido elegidos legítimamente en sufragio electoral, y así lo entendieron hasta las propias instituciones monárquicas antes de su exilio. Es por ello que solo se consideraron legales las votaciones de las capitales de provincia y de los grandes municipios, donde los republicanos fueron mayoritarios.

En palabras del ministro de la Gobernación, el día de las elecciones, domingo 12 de abril, sobre las cinco y media de la tarde «las informaciones recibidas de los pueblos pequeños acusaban favorables impresiones, pero las de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas».[4]

En Vitoria y Pamplona, donde triunfaron los jaimistas, tras la proclamación de la Segunda República se repitieron las votaciones el 31 de mayo, con sendas victorias republicanas.[5]


Miguel Martínez Cuadrado publicó en 1969 el recuento de todos los concejales electos: 19 035 proclives a Alfonso XIII, 39 568 republicanos y 15 198 tradicionalistas, integristas, nacionalistas vascos, independientes, etc., que no podían incluirse propiamente en ninguno de los dos grupos anteriores.[8]​ Para Javier Tusell[¿dónde?] los monárquicos obtuvieron 40 324, los republicanos 34 688, los socialistas 4813, los indefinidos 1207 y los comunistas 67.

El almirante Aznar presentó su dimisión. Los ministros Gabino Bugallal y La Cierva apostaron por hacer uso del ejército para mantener la legalidad. Al ser preguntado si había motivos para una crisis, Aznar contestó: «¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?». Así lo entendieron el conde de Romanones y el propio rey, al constatar su falta de apoyo popular en las ciudades. Aquel inició contactos con Niceto Alcalá-Zamora para obtener seguridades sobre la vida del monarca. Pero el que iba a designarse jefe del Estado y presidente del Gobierno provisional solo unas horas más tarde, había obtenido el apoyo de Sanjurjo, y con él el de la Guardia Civil y el Ejército; se eximió de poder garantizar nada, exigiendo en cambio el inmediato abandono del país del que había entregado el Gobierno a sucesivos dictadores. Tal exigencia fue repetida por el Comité Revolucionario, que se iba a convertir en Gobierno provisional, en un manifiesto publicado en los distintos diarios. El monarca marchó hacia el exilio la noche del mismo 14 de abril de 1931. El día 16 de abril se hizo público el siguiente manifiesto, redactado por el duque de Maura, hermano del líder republicano Miguel Maura, y que el día 17 solo publicó el diario ABC, en portada:

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.

Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar formalmente y se trasladó a París, fijando posteriormente su residencia en Roma. En enero de 1941 abdicó en favor de su tercer hijo, Juan. Falleció el 28 de febrero del mismo año.

Éibar fue, hacia las seis de la mañana, la primera localidad española en la que se hizo ondear la bandera tricolor y en la que se proclamó la Segunda República.[9]​ Por este motivo fue, junto a la ciudad de Jaca, primer Ayuntamiento en España en proclamar la República cuatro meses antes, durante la llamada sublevación de Jaca, honrada con el título de «muy ejemplar ciudad» por parte del Gobierno republicano.[10]

El escritor eibarrés Toribio Echeverría redacta, en su libro Viaje por el país de los recuerdos la proclamación de la Segunda República en Éibar de esta forma:



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